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*Por Jorge D’Agostino
Umberto Eco reflexionaba sobre los reduccionismos diciendo: “La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión critica, y no una invitación a la hipnosis”. Bajar la edad de imputabilidad no da como resultado la reducción del crimen causado por jóvenes. De hecho, a mi manera de ver, no hay tensión en reducir la edad a 14 años, mientras haya un cambio en la estructura del sistema penal especial juvenil. Porque aunque bajemos la edad a 7 años, como en Trinidad y Tobago, con el pésimo sistema de ahora, tendremos las mismas consecuencias.
A mi criterio, es el sistema educativo argentino y la carencia en amplios sectores de Argentina para adquirir conocimientos, (hoy es 1/3 de los Hab) lo que ha llevado al país al deterioro en las relaciones interpersonales por necesidades básicas insatisfechas, que confluyen en un aumento de la delincuencia en general y de los jóvenes en particular.
De datos oficiales de hoy, (no hay entre 2009 y 2013) la tasa de homicidios en 2008 fue de 6 víctimas cada 100.000 Hab. y aumentó un 10 por ciento para 2015 (6,6). En 2014, por su parte, llegó a 7,6 personas asesinadas cada cien mil argentinos. En números absolutos, en 2015 se registraron 2.837 asesinatos.Los delitos contra la propiedad crecieron entre 2008 y 2015 un 10 por ciento. Entre los delitos sexuales, las violaciones en 2015 llegan a casi 4000, acentuándose en las zonas geográficas de mayor vulnerabilidad socioeconómica del país, como por ejemplo en Salta. De todos estos datos, y a pesar de la tormenta de información seleccionada sobre la criminalidad juvenil, que es alta, no se informa que según el Programa de Juventud de las Naciones Unidas, las estadísticas muestran que, entre todos los sectores de la población, los jóvenes son quienes delinquen más activamente aunque, a la larga, la mayoría de ellos desisten de las actividades delictivas y antisociales, siendo mayoritariamente pobres y víctimas de las adicciones y rehenes del narcotráfico, de manera que aquí, vale de nuevo leer la cita de Umberto Eco sobre la hipnosis para no cometer errores de diagnóstico, ni generar expectativas donde el colectivo de víctimas, sería el juez de los victimarios, cosa que impediría absolutamente impartir justicia.
Explicítamente, el bombardeo mediático sobre la delincuencia juvenil, lleva a la irracionalidad de creer que su castigo debe ser duro e igual que el de los adultos en vez de exigir al Estado que provea los esquemas especiales para su recuperación, a la que los jóvenes son moldeables.
Un nuevo sistema penal especial para jóvenes, adolescentes y niños para la Argentina no representa la reducción de la edad para ser imputable de un delito simplemente, sino que se conjugan variables subjetivas que tienen que ver con su personalidad, maduración, ambiente social, nivel educativo, la alimentación en la niñez y el tipo de delito, entre otros, para poder resolver por vías alternativas del derecho penal el conflicto del joven delincuente con la sociedad y reinsertarlo, constatando la gravedad de su peligrosidad. Entiendo que esta es la intención de la iniciativa gubernamental.
La Argentina es parte del sistema interamericano de DDHH y concluir que un niño puede ser encarcelado igual que los adultos, como hoy ocurre, viola elementales garantías, demostrando que el Estado no sirve a los fines para los que se creó.
Esta Justicia especializada debe contar con recursos que permitan una intervención interdisciplinaria e infraestructura (que la debería tener hoy) para poder determinar cada medida o solución alternativa hasta la sanción privativa de la libertad.
Los Estados deben fijar, según la Constitución, pautas para que con los menores de 18 años se reaccione o intervenga institucionalmente con normas especiales desde el ámbito de la Justicia penal y para los totalmente inimputables, por vía de los organismos de protección de la infancia, según el caso a través de la reparación del daño causado; la prestación de servicios a la comunidad; la libertad asistida y finalmente con la privación de libertad en ámbitos adecuados que jamás podrán ser los mismos que el de los adultos, asegurando sin excepción el acceso a una defensa efectiva con conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos.
Por ello, habiendo cambiado los factores socioeconómicos, educativos, nutricionales y de conductas sociales, reducir la edad lleva primero, a complejas definiciones de un nuevo sistema especial de imputación penal, sin que esto implique enviar a nuestra sociedad sofocada por la pobreza y la narcocriminalidad un mensaje donde con sólo reducir la edad, se evitará la delincuencia y nos anotemos otro fracaso.
*Diputado nacional por Cambiemos-Entre Ríos.
La edad para la imputabilidad en los menores de 18 años
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*Por Jorge D’Agostino
Umberto Eco reflexionaba sobre los reduccionismos diciendo: “La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión critica, y no una invitación a la hipnosis”. Bajar la edad de imputabilidad no da como resultado la reducción del crimen causado por jóvenes. De hecho, a mi manera de ver, no hay tensión en reducir la edad a 14 años, mientras haya un cambio en la estructura del sistema penal especial juvenil. Porque aunque bajemos la edad a 7 años, como en Trinidad y Tobago, con el pésimo sistema de ahora, tendremos las mismas consecuencias.
A mi criterio, es el sistema educativo argentino y la carencia en amplios sectores de Argentina para adquirir conocimientos, (hoy es 1/3 de los Hab) lo que ha llevado al país al deterioro en las relaciones interpersonales por necesidades básicas insatisfechas, que confluyen en un aumento de la delincuencia en general y de los jóvenes en particular.
De datos oficiales de hoy, (no hay entre 2009 y 2013) la tasa de homicidios en 2008 fue de 6 víctimas cada 100.000 Hab. y aumentó un 10 por ciento para 2015 (6,6). En 2014, por su parte, llegó a 7,6 personas asesinadas cada cien mil argentinos. En números absolutos, en 2015 se registraron 2.837 asesinatos.Los delitos contra la propiedad crecieron entre 2008 y 2015 un 10 por ciento. Entre los delitos sexuales, las violaciones en 2015 llegan a casi 4000, acentuándose en las zonas geográficas de mayor vulnerabilidad socioeconómica del país, como por ejemplo en Salta. De todos estos datos, y a pesar de la tormenta de información seleccionada sobre la criminalidad juvenil, que es alta, no se informa que según el Programa de Juventud de las Naciones Unidas, las estadísticas muestran que, entre todos los sectores de la población, los jóvenes son quienes delinquen más activamente aunque, a la larga, la mayoría de ellos desisten de las actividades delictivas y antisociales, siendo mayoritariamente pobres y víctimas de las adicciones y rehenes del narcotráfico, de manera que aquí, vale de nuevo leer la cita de Umberto Eco sobre la hipnosis para no cometer errores de diagnóstico, ni generar expectativas donde el colectivo de víctimas, sería el juez de los victimarios, cosa que impediría absolutamente impartir justicia.
Explicítamente, el bombardeo mediático sobre la delincuencia juvenil, lleva a la irracionalidad de creer que su castigo debe ser duro e igual que el de los adultos en vez de exigir al Estado que provea los esquemas especiales para su recuperación, a la que los jóvenes son moldeables.
Un nuevo sistema penal especial para jóvenes, adolescentes y niños para la Argentina no representa la reducción de la edad para ser imputable de un delito simplemente, sino que se conjugan variables subjetivas que tienen que ver con su personalidad, maduración, ambiente social, nivel educativo, la alimentación en la niñez y el tipo de delito, entre otros, para poder resolver por vías alternativas del derecho penal el conflicto del joven delincuente con la sociedad y reinsertarlo, constatando la gravedad de su peligrosidad. Entiendo que esta es la intención de la iniciativa gubernamental.
La Argentina es parte del sistema interamericano de DDHH y concluir que un niño puede ser encarcelado igual que los adultos, como hoy ocurre, viola elementales garantías, demostrando que el Estado no sirve a los fines para los que se creó.
Esta Justicia especializada debe contar con recursos que permitan una intervención interdisciplinaria e infraestructura (que la debería tener hoy) para poder determinar cada medida o solución alternativa hasta la sanción privativa de la libertad.
Los Estados deben fijar, según la Constitución, pautas para que con los menores de 18 años se reaccione o intervenga institucionalmente con normas especiales desde el ámbito de la Justicia penal y para los totalmente inimputables, por vía de los organismos de protección de la infancia, según el caso a través de la reparación del daño causado; la prestación de servicios a la comunidad; la libertad asistida y finalmente con la privación de libertad en ámbitos adecuados que jamás podrán ser los mismos que el de los adultos, asegurando sin excepción el acceso a una defensa efectiva con conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos.
Por ello, habiendo cambiado los factores socioeconómicos, educativos, nutricionales y de conductas sociales, reducir la edad lleva primero, a complejas definiciones de un nuevo sistema especial de imputación penal, sin que esto implique enviar a nuestra sociedad sofocada por la pobreza y la narcocriminalidad un mensaje donde con sólo reducir la edad, se evitará la delincuencia y nos anotemos otro fracaso.
*Diputado nacional por Cambiemos-Entre Ríos.