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El peronismo se opuso a los artículos que autorizan mayor endeudamiento y aumentan la discrecionalidad en la obra pública en el proyecto de Presupuesto 2027.

El bloque “Más Para Entre Ríos” acompañó en general este jueves la sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto de Presupuesto para 2027 que envió el Poder Ejecutivo, pero no apoyó numerosos artículos que se refieren a autorizar mayor endeudamiento y modificación del régimen de obras públicas, entre otros aspectos. (Los artículos no votados fueron del 5 al 8 y del 26 hasta el 31).
Durante el tratamiento del proyecto, la diputada Laura Stratta expuso la posición de su bloque y rechazó los artículos que “hipotecan el futuro de los entrerrianos”, refiriéndose especialmente al debilitamiento de los controles y transparencia, a que el presupuesto no otorga prioridad a los salarios de los trabajadores públicos, al fuerte crecimiento del endeudamiento y a la falta de obras prioritarias que sufren numerosos municipios.

“Siempre repito lo mismo. El presupuesto es una herramienta fundamental de gestión y una hoja de ruta del gobernador de la provincia”, señaló inicialmente la legisladora, pero luego advirtió que el proyecto oficial de 2027 es “un presupuesto electoralista, que poco se atan a la realidad y mucho menos a la evolución de la ejecución presupuestaria de los años que Rogelio Frigerio lleva gobernando esta provincia”. Para Stratta, “el problema no es lo que el presupuesto autoriza sino lo que la gestión viene demostrando que puede ejecutar. Y en eso los datos son incontrastables”, dijo señalando los bajos niveles de ejecución en las inversiones en obra pública autorizada: el 27,5% en en 2024, el 37% en 2025 y al momento el gobierno llevaba ejecutado a agosto el 28%. “Esto no tiene que ver con cuestiones políticos o ideológicas, sino con el dato de lo efectivamente ejecutado.
La presidenta de la bancada opositora advirtió que el debate no se limitaba a las cuentas del presupuesto, sino a una nueva modificación de la Ley de Contrataciones del Estado. Recordó que, pocas semanas atrás, el oficialismo impulsó cambios similares en la ley de modernización y leyes de emergencia:
“Desde que comenzó esta gestión venimos votando excepciones (leyes de emergencia y modificaciones a la ley de contrataciones) que atentan contra la transparencia que tanto declama esta gestión. Venimos haciendo modificaciones parciales y parches que solo sirven a un interés en particular y no al estado en general.”
La diputada señaló que en comisión se propuso una reforma integral de la Ley 5140 con plazos concretos para fin de año, ofrecimiento que fue ignorado. “Quiero dejar algo en claro y alertar que esta modificación a la 5140 debilita los controles, los pisos de transparencia y las exigencias de licitaciones públicas transparentes. Modificar los mecanismos de contratación directa bajo el argumento de la agilidad puede abrir la puerta a la merma de oferentes y un control más laxo en las contrataciones públicas justo en un año electoral”, enfatizó.
En cuanto a las prioridades económicas del presupuesto 2027, la diputada advirtió que “no otorga a los salarios una prioridad, pero sí consolida un peso mayor a compras y contrataciones. Esto es toda una definición”. En el contexto del debate, y ante alusiones del oficialismo al mensaje de la reciente visita del Papa León XIV al país, Stratta señaló: “Quiero contarles a los que hablan del Papa que si uno mira el presupuesto por programas, los adultos mayores pierden en este presupuesto, los jóvenes pierden en este presupuesto, los programas de violencia de género pierden en este presupuesto, la discapacidad pierde en este presupuesto y las políticas comunitarias pierden en este presupuesto, entre otras”.
Sobre el endeudamiento, cuestionó que se intente negar su incremento constante. Citando los datos de autorizaciones de recursos corrientes -que escalaron desde el 2,2% en 2022-2023 hasta el 9,4% en 2026 y el 6,3% proyectado para 2027-, indicó: “Esta gestión se ha endeudado incluso para financiar gastos corrientes, algo que estaba expresamente prohibido en presupuestos anteriores”. Asimismo, criticó que se presente el equilibrio fiscal de forma incompleta y que se avalen incrementos de deuda en moneda extranjera sin destinos claros.
Respecto de las promesas de “revolución de obra pública” Stratta se refirió a lo que sucede en la ciudad de Victoria: “Recuerdo haber escuchado mucho la palabra histórica, billón de pesos para obras públicas. Y la verdad es que cuando recorremos la provincia no se encuentran esas obras ni ese nivel de inversión.”
Citando el caso de Victoria, denunció que los proyectos prioritarios para los vecinos no tienen crédito presupuestario o directamente fueron excluidos, quedando la ciudad entre las últimas en inversión por habitante. Sobre las pocas obras en ejecución, ironizó: “Es realmente un chiste cuando uno ve carteles del gobierno que dicen obra paralizada y reactivada por el gobierno. Los mismos que las paralizaron las reactivan y lo muestran como logro”.
En su tramo final, Stratta resumió el posicionamiento frente a la norma: “Lo que me gustaría decirle a los entrerrianos es que no se ilusionen con los títulos que este gobierno promete porque luego los hechos y las acciones los desmienten, que sepan que en este presupuesto meten por la ventana excepciones a la ley de contrataciones del estado, que la discrecionalidad crece a pasos agigantados en esta y en cada ley que presentan, que la transparencia queda linda en el discurso pero la borran de las leyes, que además generan un fideicomiso sin reglas de juego claras, que el endeudamiento ha crecido fuerte en el marco de esta gestión pero las obras no se ven y las políticas públicas son insuficientes. Es imposible callarlo. Es imposible acompañar en particular estos artículos. Si en el marco de la responsabilidad política vamos a hacerlo en general.”
Otras intervenciones
En tanto, en su intervención, la diputada Andrea Zoff señaló que, históricamente, el margen del Poder Ejecutivo para realizar modificaciones presupuestarias ha ido en aumento, restando previsibilidad a lo que finalmente se debate y aprueba en el recinto. Al desglosar los números, la legisladora cuestionó las estimaciones de recaudación: mientras se proyectan ingresos por 8,43 billones de pesos —apostando a un crecimiento optimista del 30% en recursos nacionales—, la realidad del año anterior demostró caídas reales del 1,5% en la coparticipación frente al cierre de empresas y la pérdida de empleos. Ante este escenario, advirtió que si los recursos previstos no ingresan, el impacto recaerá inevitablemente en recortes o ajustes.
En cuanto al gasto público, la diputada remarcó que el 89,6% corresponde a gastos corrientes destinados al funcionamiento del Estado y pago de salarios, dejando un margen sumamente vulnerable para la inversión y la obra pública. Al referirse a los datos del Ministerio de Planeamiento, Zoff denunció que a falta de dos meses y medio para concluir el ejercicio, apenas se había ejecutado un 36,8% de la obra pública proyectada. Puso como ejemplo emblemático el ambicioso plan vial de 320 millones de dólares en créditos internacionales que debía iniciar en agosto: su ejecución al cierre del 2026 es nula.
Asimismo, la legisladora cuestionó la manipulación conceptual entre “rehabilitación integral” e “intervención” (equiparable a bacheos) tanto en rutas como en escuelas, y señaló que la relación entre inversión y gasto primario proyectada para 2027 se retrotrae a los niveles mínimos del 2023, dejando en evidencia el estancamiento de las grandes promesas de infraestructura.
La legisladora señaló que, si bien se repite que este es el cuarto año consecutivo de equilibrio, los números reales muestran un déficit persistente de 242.000 millones de pesos, sumado a los millonarios anticipos solicitados a la Nación al cierre del año anterior. Zoff cuestionó que cada nueva autorización de endeudamiento votada en los últimos dos años (que acumula cifras monumentales y herramientas de contratación directa) presenta cada vez más imprecisiones. Recordó que mientras el presupuesto 2024 prohibía expresamente el uso de deuda para gastos corrientes y exigía el regreso de los excedentes a la Legislatura, los ejercicios posteriores flexibilizaron las restricciones, diluyeron los fondos específicos para municipios y profundizaron la discrecionalidad.
Por su parte, la diputada Lorena Arrozogaray señaló que, al analizar los presupuestos consecutivos y la realidad concreta de las obras públicas, muchas de estas aún no se han finalizado pese a estar presupuestadas en años anteriores. Señaló que funcionarios le manifestaron que existe una decisión política para que el próximo año esas obras se concreten, lo que asoció a que se trata de un año electivo. La diputada también cuestionó por insuficientes las partidas para la reparación y mantenimiento de infraestructura escolar.
El diputado Enrique Cresto cuestionó los mensajes del gobierno provincial respecto de las obras que difunde el gobierno de Frigerio y sostuvo que “la mayor compra de equipamiento es una mentira” y que la idea de que los caminos intervenidos están en buenas condiciones es otra falsedad. Para ilustrarlo, relató que al consultar a un técnico vial sobre si tuvieran todas las máquinas a disposición las 24 horas daría el tiempo físico para hacer las obras anunciadas, la respuesta técnica fue negativa, reafirmando que “los que saben que es una mentira son los 2021 de vialidad” y que “los entrerrianos creen muchas veces ese relato”. (Fuente: Bloque Diputados PJ)
Se aprobó el Presupuesto Provincial 2027
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El peronismo se opuso a los artículos que autorizan mayor endeudamiento y aumentan la discrecionalidad en la obra pública en el proyecto de Presupuesto 2027.
El bloque “Más Para Entre Ríos” acompañó en general este jueves la sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto de Presupuesto para 2027 que envió el Poder Ejecutivo, pero no apoyó numerosos artículos que se refieren a autorizar mayor endeudamiento y modificación del régimen de obras públicas, entre otros aspectos. (Los artículos no votados fueron del 5 al 8 y del 26 hasta el 31).
Durante el tratamiento del proyecto, la diputada Laura Stratta expuso la posición de su bloque y rechazó los artículos que “hipotecan el futuro de los entrerrianos”, refiriéndose especialmente al debilitamiento de los controles y transparencia, a que el presupuesto no otorga prioridad a los salarios de los trabajadores públicos, al fuerte crecimiento del endeudamiento y a la falta de obras prioritarias que sufren numerosos municipios.
“Siempre repito lo mismo. El presupuesto es una herramienta fundamental de gestión y una hoja de ruta del gobernador de la provincia”, señaló inicialmente la legisladora, pero luego advirtió que el proyecto oficial de 2027 es “un presupuesto electoralista, que poco se atan a la realidad y mucho menos a la evolución de la ejecución presupuestaria de los años que Rogelio Frigerio lleva gobernando esta provincia”. Para Stratta, “el problema no es lo que el presupuesto autoriza sino lo que la gestión viene demostrando que puede ejecutar. Y en eso los datos son incontrastables”, dijo señalando los bajos niveles de ejecución en las inversiones en obra pública autorizada: el 27,5% en en 2024, el 37% en 2025 y al momento el gobierno llevaba ejecutado a agosto el 28%. “Esto no tiene que ver con cuestiones políticos o ideológicas, sino con el dato de lo efectivamente ejecutado.
La presidenta de la bancada opositora advirtió que el debate no se limitaba a las cuentas del presupuesto, sino a una nueva modificación de la Ley de Contrataciones del Estado. Recordó que, pocas semanas atrás, el oficialismo impulsó cambios similares en la ley de modernización y leyes de emergencia:
“Desde que comenzó esta gestión venimos votando excepciones (leyes de emergencia y modificaciones a la ley de contrataciones) que atentan contra la transparencia que tanto declama esta gestión. Venimos haciendo modificaciones parciales y parches que solo sirven a un interés en particular y no al estado en general.”
La diputada señaló que en comisión se propuso una reforma integral de la Ley 5140 con plazos concretos para fin de año, ofrecimiento que fue ignorado. “Quiero dejar algo en claro y alertar que esta modificación a la 5140 debilita los controles, los pisos de transparencia y las exigencias de licitaciones públicas transparentes. Modificar los mecanismos de contratación directa bajo el argumento de la agilidad puede abrir la puerta a la merma de oferentes y un control más laxo en las contrataciones públicas justo en un año electoral”, enfatizó.
En cuanto a las prioridades económicas del presupuesto 2027, la diputada advirtió que “no otorga a los salarios una prioridad, pero sí consolida un peso mayor a compras y contrataciones. Esto es toda una definición”. En el contexto del debate, y ante alusiones del oficialismo al mensaje de la reciente visita del Papa León XIV al país, Stratta señaló: “Quiero contarles a los que hablan del Papa que si uno mira el presupuesto por programas, los adultos mayores pierden en este presupuesto, los jóvenes pierden en este presupuesto, los programas de violencia de género pierden en este presupuesto, la discapacidad pierde en este presupuesto y las políticas comunitarias pierden en este presupuesto, entre otras”.
Sobre el endeudamiento, cuestionó que se intente negar su incremento constante. Citando los datos de autorizaciones de recursos corrientes -que escalaron desde el 2,2% en 2022-2023 hasta el 9,4% en 2026 y el 6,3% proyectado para 2027-, indicó: “Esta gestión se ha endeudado incluso para financiar gastos corrientes, algo que estaba expresamente prohibido en presupuestos anteriores”. Asimismo, criticó que se presente el equilibrio fiscal de forma incompleta y que se avalen incrementos de deuda en moneda extranjera sin destinos claros.
Respecto de las promesas de “revolución de obra pública” Stratta se refirió a lo que sucede en la ciudad de Victoria: “Recuerdo haber escuchado mucho la palabra histórica, billón de pesos para obras públicas. Y la verdad es que cuando recorremos la provincia no se encuentran esas obras ni ese nivel de inversión.”
Citando el caso de Victoria, denunció que los proyectos prioritarios para los vecinos no tienen crédito presupuestario o directamente fueron excluidos, quedando la ciudad entre las últimas en inversión por habitante. Sobre las pocas obras en ejecución, ironizó: “Es realmente un chiste cuando uno ve carteles del gobierno que dicen obra paralizada y reactivada por el gobierno. Los mismos que las paralizaron las reactivan y lo muestran como logro”.
En su tramo final, Stratta resumió el posicionamiento frente a la norma: “Lo que me gustaría decirle a los entrerrianos es que no se ilusionen con los títulos que este gobierno promete porque luego los hechos y las acciones los desmienten, que sepan que en este presupuesto meten por la ventana excepciones a la ley de contrataciones del estado, que la discrecionalidad crece a pasos agigantados en esta y en cada ley que presentan, que la transparencia queda linda en el discurso pero la borran de las leyes, que además generan un fideicomiso sin reglas de juego claras, que el endeudamiento ha crecido fuerte en el marco de esta gestión pero las obras no se ven y las políticas públicas son insuficientes. Es imposible callarlo. Es imposible acompañar en particular estos artículos. Si en el marco de la responsabilidad política vamos a hacerlo en general.”
Otras intervenciones
En tanto, en su intervención, la diputada Andrea Zoff señaló que, históricamente, el margen del Poder Ejecutivo para realizar modificaciones presupuestarias ha ido en aumento, restando previsibilidad a lo que finalmente se debate y aprueba en el recinto. Al desglosar los números, la legisladora cuestionó las estimaciones de recaudación: mientras se proyectan ingresos por 8,43 billones de pesos —apostando a un crecimiento optimista del 30% en recursos nacionales—, la realidad del año anterior demostró caídas reales del 1,5% en la coparticipación frente al cierre de empresas y la pérdida de empleos. Ante este escenario, advirtió que si los recursos previstos no ingresan, el impacto recaerá inevitablemente en recortes o ajustes.
En cuanto al gasto público, la diputada remarcó que el 89,6% corresponde a gastos corrientes destinados al funcionamiento del Estado y pago de salarios, dejando un margen sumamente vulnerable para la inversión y la obra pública. Al referirse a los datos del Ministerio de Planeamiento, Zoff denunció que a falta de dos meses y medio para concluir el ejercicio, apenas se había ejecutado un 36,8% de la obra pública proyectada. Puso como ejemplo emblemático el ambicioso plan vial de 320 millones de dólares en créditos internacionales que debía iniciar en agosto: su ejecución al cierre del 2026 es nula.
Asimismo, la legisladora cuestionó la manipulación conceptual entre “rehabilitación integral” e “intervención” (equiparable a bacheos) tanto en rutas como en escuelas, y señaló que la relación entre inversión y gasto primario proyectada para 2027 se retrotrae a los niveles mínimos del 2023, dejando en evidencia el estancamiento de las grandes promesas de infraestructura.
La legisladora señaló que, si bien se repite que este es el cuarto año consecutivo de equilibrio, los números reales muestran un déficit persistente de 242.000 millones de pesos, sumado a los millonarios anticipos solicitados a la Nación al cierre del año anterior. Zoff cuestionó que cada nueva autorización de endeudamiento votada en los últimos dos años (que acumula cifras monumentales y herramientas de contratación directa) presenta cada vez más imprecisiones. Recordó que mientras el presupuesto 2024 prohibía expresamente el uso de deuda para gastos corrientes y exigía el regreso de los excedentes a la Legislatura, los ejercicios posteriores flexibilizaron las restricciones, diluyeron los fondos específicos para municipios y profundizaron la discrecionalidad.
Por su parte, la diputada Lorena Arrozogaray señaló que, al analizar los presupuestos consecutivos y la realidad concreta de las obras públicas, muchas de estas aún no se han finalizado pese a estar presupuestadas en años anteriores. Señaló que funcionarios le manifestaron que existe una decisión política para que el próximo año esas obras se concreten, lo que asoció a que se trata de un año electivo. La diputada también cuestionó por insuficientes las partidas para la reparación y mantenimiento de infraestructura escolar.
El diputado Enrique Cresto cuestionó los mensajes del gobierno provincial respecto de las obras que difunde el gobierno de Frigerio y sostuvo que “la mayor compra de equipamiento es una mentira” y que la idea de que los caminos intervenidos están en buenas condiciones es otra falsedad. Para ilustrarlo, relató que al consultar a un técnico vial sobre si tuvieran todas las máquinas a disposición las 24 horas daría el tiempo físico para hacer las obras anunciadas, la respuesta técnica fue negativa, reafirmando que “los que saben que es una mentira son los 2021 de vialidad” y que “los entrerrianos creen muchas veces ese relato”. (Fuente: Bloque Diputados PJ)