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El secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental en Entre Ríos, Martín Cabrera, cuestionó la reforma de la Ley 26.657 que obtuvo media sanción en el Senado. Sostuvo que los cambios no resolverán la crisis de atención porque el problema de fondo no es normativo sino presupuestario.
“No creemos que estas modificaciones que se están proponiendo a través de esta reforma vayan a modificar la situación actual. Lo que sosteníamos es que no es un problema de la ley, es un problema de los recursos que se tienen que destinar y no se han destinado a lo largo de la historia desde la sanción de esta ley en el año 2010, o no se han destinado en la medida que es necesario, porque tampoco es que nada se ha hecho”, afirmó.
Cabrera dialogó con Un martillo para darle forma Radio Plaza, mientras el proyecto aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Según explicó, desde el organismo venían planteando que la salida no pasaba por modificar la norma sino por “dotar de recursos, destinar recursos para implementar la ley vigente”, frente a una problemática que “hoy está creciendo, con una gran demanda en salud mental y en atención en salud mental”.
“Si no va incorporada con mayores recursos…”
El funcionario advirtió que ampliar los criterios de internación sin fortalecer el sistema puede agravar la situación. “Si se amplía este criterio, hay que ver con qué recursos se puede sostener esta ley. Si no va incorporada con mayores recursos, mayores condiciones para los trabajadores de salud, ampliación de lo que es la atención, reforzar la red de atención tanto en hospitales generales como en centros de salud desde la perspectiva más comunitaria, difícilmente se pueda dar abasto y dar una respuesta adecuada a la problemática que se está suscitando”, sostuvo.
Cabrera reveló un dato que surge de los relevamientos del Órgano de Revisión en las guardias hospitalarias: la decisión de internar ya depende hoy de la disponibilidad de camas. “Al momento de evaluar una internación no solamente se evaluaba lo que es el riesgo cierto e inminente, sino también se evaluaba la capacidad de la institución, los recursos con los que se contaban para dar respuesta a esa situación”, explicó.
“Quizás una persona podía tener una situación de riesgo cierto e inminente, pero si no había camas o había otra con un riesgo mayor, entonces, si bien las dos tenían criterio de internación, se priorizaba aquella que estaba en situación más grave porque el recurso no estaba. En algunos momentos de este año, bueno, esto se nos informó”, agregó.
Del “riesgo cierto e inminente” al “riesgo grave”
Uno de los cambios centrales de la reforma es el reemplazo del criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave” para disponer internaciones involuntarias. Cabrera explicó cómo funciona hoy esa evaluación: “Cuando los equipos de salud constatan esa situación de riesgo cierto e inminente, que es un juicio de probabilidad, los profesionales evalúan si se detectan indicadores: riesgo de que vaya a ocurrir un daño a esa persona o a terceros; inminente, de que va a ocurrir en un plazo breve; y cierto, de que hay una gran probabilidad de que ocurra”.
Y advirtió sobre la nueva definición: “Ahora se habla de riesgo grave; se sacó lo de ‘cierto e inminente’. Entonces, eso también a veces puede ocasionar algunos abusos, porque la posibilidad de un riesgo grave es algo más indefinido”.
Más allá de la discusión técnica, insistió en lo material: “Si se va a internar y los profesionales de la salud consideran que hay criterio de internación, lo que hay que garantizar es que existan los lugares para internación, que existan las salas para poder internar, que existan los cuidados, que esté el personal capacitado para realizar los cuidados que se necesitan durante el tiempo de internación, que tengas la accesibilidad a la medicación”.
“Se venía informando mal”: sí se puede internar
Cabrera salió al cruce de la idea de que la ley vigente impide las internaciones involuntarias. “Eso también es algo que se venía informando mal. Se decía que ahora con la reforma de la ley se va a poder internar”, señaló. Explicó que la norma actual establece como regla general el consentimiento de la persona, “a excepción de cuando se está ante una situación de riesgo cierto e inminente”.
Los números de Entre Ríos lo respaldan: “Nosotros tenemos registrado el año pasado aproximadamente 1.900 internaciones en toda la provincia, de las cuales 1.600 son internaciones involuntarias”, precisó. La cifra incluye el ámbito público y el privado.
Tampoco es nuevo, aclaró, que las adicciones formen parte de la salud mental: “Eso también es otra información que es falsa, que decía que a partir de esta reforma las adicciones o los consumos problemáticos van a ser parte de los abordajes en salud mental, lo cual es falso, porque ya el artículo 4 de la ley actual prevé que las adicciones, los consumos problemáticos son parte de los abordajes en salud mental. Ya las incluye en el año 2010”.
Dónde se interna en Entre Ríos
Según detalló, la provincia cuenta con cuatro hospitales monovalentes, en Rosario del Tala, Diamante, Federal y Paraná. Además, todos los hospitales generales cabecera de departamento realizan internaciones por salud mental, “algunos con mayores dificultades y otros con menos dificultades”. Mencionó también casos en hospitales de localidades más pequeñas, como Viale y Santa Elena.
En Paraná se interna en el Hospital Escuela de Salud Mental, en el San Martín y en el Hospital de Niños San Roque, que atiende a menores de 15 años. “Esto es importante: han aumentado considerablemente las internaciones de personas menores de 15 años”, alertó. Como ejemplo del interior, mencionó que el Hospital Salaberry de Victoria registró 95 internaciones el año pasado.
Medicamentos: de 180 a 6
Cabrera vinculó la demanda de internaciones con el acceso a la medicación. “La medicación en salud mental es un tema también importante. Hoy en día, lo que se habló mucho ahí es que el plan Remediar, que tenía 180 medicamentos, pasó a tener seis”, señaló.
“Si la persona no tiene acceso a la medicación, puede ser que genere mayores descompensaciones y provoque mayores internaciones, y ahí los servicios de salud van a estar mayormente requeridos, más de los que están. Entonces, todo se relaciona, y todo impacta en los servicios de salud”, explicó.
La “puerta giratoria”
Consultado sobre qué ocurre con las personas que son internadas y luego vuelven al mismo contexto sin recursos para sostener el tratamiento, describió el circuito de la “puerta giratoria”: “Entran, salen, entran, salen. Sí, eso es un problema (…) las personas se van deteriorando cada vez más”.
Por eso, defendió el enfoque comunitario que promueve la ley vigente: “Los abordajes de salud mental también incluyen esto: no solamente es compensar los síntomas, sino cómo se trabaja con el entorno, cómo se trabaja con la familia, con la comunidad para posibilitar el regreso, la inclusión de estas personas”.
“Ahí aparece la necesidad de apoyo, recurso, acompañante terapéutico, la atención ambulatoria, dispositivo intermedio, hospitales de día, todo esto que la ley de salud mental promueve y que es necesario a los fines de evitar futuras internaciones. En la medida que se pueda sostener un tratamiento ambulatorio, sostener la continuidad de los cuidados de esa persona en su medio, se va a poder evitar lo que es una internación, llegar a una crisis”, sostuvo.
Solo 39 psiquiatras en el sistema público
Cabrera confirmó que la escasez de psiquiatras, uno de los reclamos más frecuentes por las demoras en los turnos, es real. “Son pocos los psiquiatras, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Según lo informado por el Ministerio, y esto es un dato de hace un par de meses, 39 profesionales de la psiquiatría están trabajando en el sistema público de la provincia”, precisó.
Ese déficit, recordó, tuvo impacto en el propio debate de la reforma. Las primeras versiones del proyecto exigían que la evaluación de una internación involuntaria incluyera sí o sí a un médico psiquiatra. Según relató, los directores de salud mental de las provincias advirtieron que, con esa exigencia, iba a haber menos internaciones porque no podían sostenerla. “Entonces, ahí se cambió y se puso la posibilidad de que sea un médico”, explicó.
Fuente: Análisis Digital
Salud Mental: “No es un problema de la ley, es un problema de los recursos”, advirtió Cabrera
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El secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental en Entre Ríos, Martín Cabrera, cuestionó la reforma de la Ley 26.657 que obtuvo media sanción en el Senado. Sostuvo que los cambios no resolverán la crisis de atención porque el problema de fondo no es normativo sino presupuestario.
“No creemos que estas modificaciones que se están proponiendo a través de esta reforma vayan a modificar la situación actual. Lo que sosteníamos es que no es un problema de la ley, es un problema de los recursos que se tienen que destinar y no se han destinado a lo largo de la historia desde la sanción de esta ley en el año 2010, o no se han destinado en la medida que es necesario, porque tampoco es que nada se ha hecho”, afirmó.
Cabrera dialogó con Un martillo para darle forma Radio Plaza, mientras el proyecto aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Según explicó, desde el organismo venían planteando que la salida no pasaba por modificar la norma sino por “dotar de recursos, destinar recursos para implementar la ley vigente”, frente a una problemática que “hoy está creciendo, con una gran demanda en salud mental y en atención en salud mental”.
“Si no va incorporada con mayores recursos…”
El funcionario advirtió que ampliar los criterios de internación sin fortalecer el sistema puede agravar la situación. “Si se amplía este criterio, hay que ver con qué recursos se puede sostener esta ley. Si no va incorporada con mayores recursos, mayores condiciones para los trabajadores de salud, ampliación de lo que es la atención, reforzar la red de atención tanto en hospitales generales como en centros de salud desde la perspectiva más comunitaria, difícilmente se pueda dar abasto y dar una respuesta adecuada a la problemática que se está suscitando”, sostuvo.
Cabrera reveló un dato que surge de los relevamientos del Órgano de Revisión en las guardias hospitalarias: la decisión de internar ya depende hoy de la disponibilidad de camas. “Al momento de evaluar una internación no solamente se evaluaba lo que es el riesgo cierto e inminente, sino también se evaluaba la capacidad de la institución, los recursos con los que se contaban para dar respuesta a esa situación”, explicó.
“Quizás una persona podía tener una situación de riesgo cierto e inminente, pero si no había camas o había otra con un riesgo mayor, entonces, si bien las dos tenían criterio de internación, se priorizaba aquella que estaba en situación más grave porque el recurso no estaba. En algunos momentos de este año, bueno, esto se nos informó”, agregó.
Del “riesgo cierto e inminente” al “riesgo grave”
Uno de los cambios centrales de la reforma es el reemplazo del criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave” para disponer internaciones involuntarias. Cabrera explicó cómo funciona hoy esa evaluación: “Cuando los equipos de salud constatan esa situación de riesgo cierto e inminente, que es un juicio de probabilidad, los profesionales evalúan si se detectan indicadores: riesgo de que vaya a ocurrir un daño a esa persona o a terceros; inminente, de que va a ocurrir en un plazo breve; y cierto, de que hay una gran probabilidad de que ocurra”.
Y advirtió sobre la nueva definición: “Ahora se habla de riesgo grave; se sacó lo de ‘cierto e inminente’. Entonces, eso también a veces puede ocasionar algunos abusos, porque la posibilidad de un riesgo grave es algo más indefinido”.
Más allá de la discusión técnica, insistió en lo material: “Si se va a internar y los profesionales de la salud consideran que hay criterio de internación, lo que hay que garantizar es que existan los lugares para internación, que existan las salas para poder internar, que existan los cuidados, que esté el personal capacitado para realizar los cuidados que se necesitan durante el tiempo de internación, que tengas la accesibilidad a la medicación”.
“Se venía informando mal”: sí se puede internar
Cabrera salió al cruce de la idea de que la ley vigente impide las internaciones involuntarias. “Eso también es algo que se venía informando mal. Se decía que ahora con la reforma de la ley se va a poder internar”, señaló. Explicó que la norma actual establece como regla general el consentimiento de la persona, “a excepción de cuando se está ante una situación de riesgo cierto e inminente”.
Los números de Entre Ríos lo respaldan: “Nosotros tenemos registrado el año pasado aproximadamente 1.900 internaciones en toda la provincia, de las cuales 1.600 son internaciones involuntarias”, precisó. La cifra incluye el ámbito público y el privado.
Tampoco es nuevo, aclaró, que las adicciones formen parte de la salud mental: “Eso también es otra información que es falsa, que decía que a partir de esta reforma las adicciones o los consumos problemáticos van a ser parte de los abordajes en salud mental, lo cual es falso, porque ya el artículo 4 de la ley actual prevé que las adicciones, los consumos problemáticos son parte de los abordajes en salud mental. Ya las incluye en el año 2010”.
Dónde se interna en Entre Ríos
Según detalló, la provincia cuenta con cuatro hospitales monovalentes, en Rosario del Tala, Diamante, Federal y Paraná. Además, todos los hospitales generales cabecera de departamento realizan internaciones por salud mental, “algunos con mayores dificultades y otros con menos dificultades”. Mencionó también casos en hospitales de localidades más pequeñas, como Viale y Santa Elena.
En Paraná se interna en el Hospital Escuela de Salud Mental, en el San Martín y en el Hospital de Niños San Roque, que atiende a menores de 15 años. “Esto es importante: han aumentado considerablemente las internaciones de personas menores de 15 años”, alertó. Como ejemplo del interior, mencionó que el Hospital Salaberry de Victoria registró 95 internaciones el año pasado.
Medicamentos: de 180 a 6
Cabrera vinculó la demanda de internaciones con el acceso a la medicación. “La medicación en salud mental es un tema también importante. Hoy en día, lo que se habló mucho ahí es que el plan Remediar, que tenía 180 medicamentos, pasó a tener seis”, señaló.
“Si la persona no tiene acceso a la medicación, puede ser que genere mayores descompensaciones y provoque mayores internaciones, y ahí los servicios de salud van a estar mayormente requeridos, más de los que están. Entonces, todo se relaciona, y todo impacta en los servicios de salud”, explicó.
La “puerta giratoria”
Consultado sobre qué ocurre con las personas que son internadas y luego vuelven al mismo contexto sin recursos para sostener el tratamiento, describió el circuito de la “puerta giratoria”: “Entran, salen, entran, salen. Sí, eso es un problema (…) las personas se van deteriorando cada vez más”.
Por eso, defendió el enfoque comunitario que promueve la ley vigente: “Los abordajes de salud mental también incluyen esto: no solamente es compensar los síntomas, sino cómo se trabaja con el entorno, cómo se trabaja con la familia, con la comunidad para posibilitar el regreso, la inclusión de estas personas”.
“Ahí aparece la necesidad de apoyo, recurso, acompañante terapéutico, la atención ambulatoria, dispositivo intermedio, hospitales de día, todo esto que la ley de salud mental promueve y que es necesario a los fines de evitar futuras internaciones. En la medida que se pueda sostener un tratamiento ambulatorio, sostener la continuidad de los cuidados de esa persona en su medio, se va a poder evitar lo que es una internación, llegar a una crisis”, sostuvo.
Solo 39 psiquiatras en el sistema público
Cabrera confirmó que la escasez de psiquiatras, uno de los reclamos más frecuentes por las demoras en los turnos, es real. “Son pocos los psiquiatras, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Según lo informado por el Ministerio, y esto es un dato de hace un par de meses, 39 profesionales de la psiquiatría están trabajando en el sistema público de la provincia”, precisó.
Ese déficit, recordó, tuvo impacto en el propio debate de la reforma. Las primeras versiones del proyecto exigían que la evaluación de una internación involuntaria incluyera sí o sí a un médico psiquiatra. Según relató, los directores de salud mental de las provincias advirtieron que, con esa exigencia, iba a haber menos internaciones porque no podían sostenerla. “Entonces, ahí se cambió y se puso la posibilidad de que sea un médico”, explicó.
Fuente: Análisis Digital