El miércoles se definirá si va a juicio la causa que investiga al ex gobernador Sergio Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito

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La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijó para el miércoles 28 a las 9:30 la continuidad de la audiencia de remisión a juicio de la causa que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, y el empresario, Diego Armando Cardona Herreros, por presunto enriquecimiento ilícito. Las defensas pidieron precisión de los montos endilgados, mientras que Fiscalía quiere discutirlos en el debate.

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De acuerdo a lo que informó el juez de Garantías de Paraná N° 7 de Paraná, Mariano Budasoff, el miércoles 21 en la última audiencia de la discusión de la remisión a juicio de la causa que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, y en empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito entre enero de 2008 y diciembre de 2015, el primero como autor y el segundo como partícipe necesario, dos días antes de la audiencia, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) notificó a las partes que el miércoles 28 a las 9:30 se continuará con la remisión a juicio.

La audiencia tiene la importancia de que revelará si la causa va a juicio o se decide hacer lugar a los planteos de las defensas de los dos imputados, la de Urribarri, en manos de Miguel Cullen, y la de Cardona Herreros, a cargo de Ignacio Díaz y José Velázquez.

En las última tres audiencias de la alongada remisión, Budasoff escuchó la profusa evidencia que los fiscales, Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, desarrollaron como fundamentos de la solicitud de remisión de la causa a juicio oral y público. En el mismo sentido prestó atención a los planteos de las defensas que cuestionaron la vulneración del derecho de defensa y de debido proceso por indeterminación de la acusación, destacando la diferencia que existiría entre los montos atribuidos en el relato del hecho y los que surgen del informe contable que realizaron peritos de Fiscalía y de las defensas, que arrojaría otros montos. En este sentido, las defensas pidieron que se realice una nueva pericia con profesionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En el comienzo de la remisión, otro imputado, vinculado a la firma Relevamientos Catastrales SA, de la que Cardona Herreros es presidente, identificado como Ángel Rubén Martínez, dirimió su situación en un juicio abreviado.

Urribarri y Cardona Herreros también comparten acusaciones por el presunto delito de Negociaciones incompatibles, Cohecho pasivo y Fraude. Es en la causa que investiga la contratación que se habría realizado mediante el pago de coimas a ex funcionarios de las gestiones de Urribarri, de un sistema de software para la Administración Pública que se adjudicó a la empresa Relevamientos Catastrales SA de la que Cardona Herreros es presidente. En este legajo, numerosos ex funcionarios resolvieron sus situaciones procesales en juicio abreviados en los que reconocieron los cargos que se les formularon.

Los fiscales, tras detallar los montos y la evidencia con la que cuentan para llevar a los imputados a debate, adelantaron que en el fututo juicio solicitarán para el ex gobernador, como autor, la pena de cinco años y 10 meses de prisión –Urribarri ya cumple condena en el penal de Gualeguaychú por cinco hechos de corrupción que se dirimieron en un solo debate-, una multa del 100% del monto del presunto enriquecimiento, que actualizado y según las pericias que sostienen la imputación alcanzó la suma de 11.546.740,92 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros; y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto que, para Cardona Herreros, como partícipe necesario, solicitará la pena de cinco años, más la pena de multa por el 100% del monto investigado, que ascendería a 8.673,275,42 pesos, 7.155.783,71 dólares y 14.100 euros.

En la audiencia del lunes 19 de octubre, Budasoff recordó que ya se agotaron las cuestiones preliminares y se resolvieron los recursos que presentaron las defensas, que atacaron la extracción de evidencia digital, la inobservancia de protocolos de actuación en materia de evidencia digital, plantearon la extinción de la acción penal por prescripción, y solicitaron la nulidad de la remisión y el sobreseimiento de los imputados. Así, se ingresó de lleno a los fundamentos de cada parte. (Fuente: APFDigital)

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