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El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Cosso, destacó que los aportes del bloque justicialista le dieron al proyecto lo que le faltaba: control patrimonial todos los años, sanciones concretas y una Ficha Limpia que pueda sostenerse en la Justicia.
El proyecto de Ley de Ética y Transparencia de la Función Pública obtuvo dictamen favorable este miércoles, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano.
“El texto que llega al recinto es mejor que el que ingresó, y eso se debe a los cambios que propuso el Bloque de Senadores del Partido Justicialista”; señaló.
“Los entrerrianos nos piden transparencia en serio, no otro anuncio. Para eso hace falta una ley con controles concretos, que permita conocer cómo evoluciona el patrimonio de quienes gobiernan y que tenga consecuencias cuando las obligaciones no se cumplen”, sostuvo.
Del control al inicio y al final, al control permanente
El proyecto original exigía la declaración jurada patrimonial solo al asumir y al dejar el cargo. Durante todo el mandato, nadie podía saber cómo cambiaba el patrimonio de un funcionario.
Con los aportes del bloque, el dictamen establece:
Declaración jurada anual, con plazo hasta el 31 de julio de cada año.
Bienes en el país y en el exterior, participaciones societarias e ingresos de cualquier origen.
Billeteras virtuales y criptoactivos, incluidos de manera expresa.
Publicación en internet de las declaraciones y de la lista de quienes cumplieron y quienes no, con resguardo de los datos sensibles.
Multas de hasta el 50 % del sueldo por no presentar la declaración o presentarla incompleta, que llegan al 100 % si el funcionario reincide.
“Una declaración jurada que no se actualiza y cuyo incumplimiento no tiene consecuencias es un trámite, no un control. La transparencia requiere información periódica, acceso público y herramientas para exigir que la ley se respete”, remarcó Cosso.
Ficha Limpia eficaz, pero también sólida
El senador puso el foco en los artículos 23 y 24, que impiden ejercer cargos públicos o ser candidato a quienes tengan condenas por corrupción y otros delitos graves.
Según explicó, el trabajo de comisión permitió:
Exigir que la condena esté confirmada en dos instancias, como mandan la Constitución y los tratados internacionales.
Vincular la duración de la restricción a la condena, en lugar de un plazo fijo igual para todos los casos.
Identificar con precisión los delitos alcanzados, corrigiendo remisiones normativas incorrectas.
Exigir el certificado de antecedentes penales a quienes asuman funciones y a todos los candidatos de cada lista.
“Ficha Limpia no puede ser una consigna para la foto. Tiene que ser una herramienta eficaz y jurídicamente sólida. No alcanza con aprobar una norma que después se caiga en tribunales por errores de redacción o por no respetar las garantías constitucionales. Una ley mal hecha termina beneficiando a quien se quería alcanzar”, advirtió.
El rol de la oposición
Cosso destacó que el bloque justicialista asumió el debate con responsabilidad. “No vinimos a obstaculizar ni a acompañar a libro cerrado. Vinimos a leer el proyecto artículo por artículo y a mejorarlo. Si hoy la ley tiene controles reales, es porque hubo trabajo serio en comisión”, afirmó.
“Una ley de ética pública no puede quedar sólo en una declaración de principios. Tiene que establecer obligaciones claras, controles permanentes y sanciones que se puedan hacer efectivas. Trabajamos con esa responsabilidad: para que la transparencia sea una práctica real y para que la ley se cumpla”, concluyó.
Fuente: Debate Abierto
Cosso:”Trabajamos para que la Ley de Ética Pública no quede sólo en una declaración de principios”
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El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Cosso, destacó que los aportes del bloque justicialista le dieron al proyecto lo que le faltaba: control patrimonial todos los años, sanciones concretas y una Ficha Limpia que pueda sostenerse en la Justicia.
El proyecto de Ley de Ética y Transparencia de la Función Pública obtuvo dictamen favorable este miércoles, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano.
“El texto que llega al recinto es mejor que el que ingresó, y eso se debe a los cambios que propuso el Bloque de Senadores del Partido Justicialista”; señaló.
“Los entrerrianos nos piden transparencia en serio, no otro anuncio. Para eso hace falta una ley con controles concretos, que permita conocer cómo evoluciona el patrimonio de quienes gobiernan y que tenga consecuencias cuando las obligaciones no se cumplen”, sostuvo.
Del control al inicio y al final, al control permanente
El proyecto original exigía la declaración jurada patrimonial solo al asumir y al dejar el cargo. Durante todo el mandato, nadie podía saber cómo cambiaba el patrimonio de un funcionario.
Con los aportes del bloque, el dictamen establece:
Declaración jurada anual, con plazo hasta el 31 de julio de cada año.
Bienes en el país y en el exterior, participaciones societarias e ingresos de cualquier origen.
Billeteras virtuales y criptoactivos, incluidos de manera expresa.
Publicación en internet de las declaraciones y de la lista de quienes cumplieron y quienes no, con resguardo de los datos sensibles.
Multas de hasta el 50 % del sueldo por no presentar la declaración o presentarla incompleta, que llegan al 100 % si el funcionario reincide.
“Una declaración jurada que no se actualiza y cuyo incumplimiento no tiene consecuencias es un trámite, no un control. La transparencia requiere información periódica, acceso público y herramientas para exigir que la ley se respete”, remarcó Cosso.
Ficha Limpia eficaz, pero también sólida
El senador puso el foco en los artículos 23 y 24, que impiden ejercer cargos públicos o ser candidato a quienes tengan condenas por corrupción y otros delitos graves.
Según explicó, el trabajo de comisión permitió:
Exigir que la condena esté confirmada en dos instancias, como mandan la Constitución y los tratados internacionales.
Vincular la duración de la restricción a la condena, en lugar de un plazo fijo igual para todos los casos.
Identificar con precisión los delitos alcanzados, corrigiendo remisiones normativas incorrectas.
Exigir el certificado de antecedentes penales a quienes asuman funciones y a todos los candidatos de cada lista.
“Ficha Limpia no puede ser una consigna para la foto. Tiene que ser una herramienta eficaz y jurídicamente sólida. No alcanza con aprobar una norma que después se caiga en tribunales por errores de redacción o por no respetar las garantías constitucionales. Una ley mal hecha termina beneficiando a quien se quería alcanzar”, advirtió.
El rol de la oposición
Cosso destacó que el bloque justicialista asumió el debate con responsabilidad. “No vinimos a obstaculizar ni a acompañar a libro cerrado. Vinimos a leer el proyecto artículo por artículo y a mejorarlo. Si hoy la ley tiene controles reales, es porque hubo trabajo serio en comisión”, afirmó.
“Una ley de ética pública no puede quedar sólo en una declaración de principios. Tiene que establecer obligaciones claras, controles permanentes y sanciones que se puedan hacer efectivas. Trabajamos con esa responsabilidad: para que la transparencia sea una práctica real y para que la ley se cumpla”, concluyó.
Fuente: Debate Abierto