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*Por Emiliano Gómez Tutau
Durante mucho tiempo, hablar de política habitacional fue casi sinónimo de hablar de acceso a la propiedad: créditos hipotecarios, programas de vivienda, ahorro o, para quienes tienen esa posibilidad, patrimonio familiar o herencia. Pero la realidad cambió. Para una porción cada vez mayor de la población, acceder a una vivienda significa poder celebrar un contrato de alquiler.
Los datos muestran esa transformación. Los hogares argentinos que alquilan pasaron del 13,8% en 2007 al 18,4% en 2026, el nivel más alto de las últimas dos décadas. Más de 5,5 millones de personas viven hoy en hogares inquilinos y, entre los 30 y 45 años, aproximadamente uno de cada cuatro alquila. Pero mientras cambió la forma de acceder a la vivienda, también cambió profundamente el mundo del trabajo.
Hoy una parte muy importante de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad y, al mismo tiempo, crecen el monotributo, el cuentapropismo y distintas formas de trabajo y profesionales independiente. En los últimos cinco años, por ejemplo, la cantidad de monotributistas creció mucho más que el empleo asalariado registrado. Cada vez más personas generan ingresos por vías distintas al tradicional empleo estable con recibo de sueldo.
El mercado de alquileres necesita (legítimamente) darle seguridad al propietario. Por eso exige garantías propietarias, recibos de sueldo suficientes, garantes solventes o seguros de caución. El problema es que existe un universo creciente de personas que pueden pagar todos los meses un alquiler, pero no cuentan con el patrimonio familiar o la formalidad laboral necesaria para demostrarlo de la manera tradicional.
El alquiler creció. El trabajo cambió. Pero muchas de las herramientas, e instituciones que garantizan un contrato siguen pensadas para una realidad distinta. Garantía Paraná nace para trabajar exactamente sobre esa distancia.
El Municipio no sale de garante, no paga alquileres ni reemplaza a aseguradoras, bancos, mutuales o cooperativas. Al contrario: busca aprovechar esas capacidades ya existentes.
El Estado municipal es la puerta de entrada: verifica condiciones y capacidad de pago del solicitante, y articula con entidades especializadas que emiten el seguro de caución u otro instrumento de garantía. La entidad sigue evaluando el riesgo y respondiendo ante el propietario; el Municipio solo construye las condiciones para que esa relación sea posible.
La herramienta, para eso se crea el Fondo Municipal de Garantía Locativa, que respalda la operatoria, baja riesgos y ayuda a reducir el costo de las garantías. Así, una persona con capacidad de pago pero sin propiedad ni respaldo patrimonial puede acceder a mejores condiciones. La Escala inicial del régimen arranca con 300 garantías, de manera prudente, para evaluar resultados y construir una herramienta sostenible.
El Financiamiento del Régimen de Garantía se constituirá sobre un porcentaje de lo recaudado por el actual del sistema de Foto Multas. Sobre las foto multas hay otra discusión legítima aparte: hoy la mayoría de esos recursos queda en el esquema provincial, con participación de una empresa privada, y está abierto el debate sobre cuánto debería quedar en Paraná, cómo administrarse y cómo garantizar que su fin sea ordenar el tránsito y bajar la siniestralidad.
Mientras esos recursos existen tal como están hoy, se propone que un 1,5 pequeña parte de lo que el Municipio efectivamente recibe vuelva a la comunidad como una oportunidad concreta de acceso a la vivienda. No implica más cámaras ni más multas: es darle un destino específico y socialmente útil a una recaudación que ya existe.
Garantía Paraná expresa una forma de entender al Estado: ni uno que lo resuelve todo, ni uno que mira cómo se profundizan los problemas escudándose en que “el mercado ya tiene herramientas”. Los seguros de caución existen; por eso se busca trabajar con quienes los ofrecen. La pregunta no es si la herramienta existe, sino por qué tantas personas con capacidad de pago igual no pueden acceder a ella. Ahí aparece la política pública: conectando capacidades que hoy están separadas.
Más previsibilidad para el propietario; que la capacidad real de pago valga más que el patrimonio familiar para el inquilino; un mercado más amplio y formalizado para aseguradoras, mutuales, cooperativas y entidades financieras; y para el Municipio, resolver un problema cooperando en vez de sustituir a quienes ya trabajan en esto.
No es propietarios contra inquilinos, ni Estado contra mercado: es entender una realidad nueva y construir una institución a la altura. El trabajo cambió, el alquiler cambió, y las políticas públicas también tienen que cambiar. Porque entre alguien que puede pagar y un propietario dispuesto a alquilar, muchas veces no falta capacidad económica. Falta confianza. Y creemos que la confianza también puede ser una política pública.
*Concejal Más para Paraná.
Régimen Garantía Paraná: la llave de la confianza
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*Por Emiliano Gómez Tutau
Durante mucho tiempo, hablar de política habitacional fue casi sinónimo de hablar de acceso a la propiedad: créditos hipotecarios, programas de vivienda, ahorro o, para quienes tienen esa posibilidad, patrimonio familiar o herencia. Pero la realidad cambió. Para una porción cada vez mayor de la población, acceder a una vivienda significa poder celebrar un contrato de alquiler.
Los datos muestran esa transformación. Los hogares argentinos que alquilan pasaron del 13,8% en 2007 al 18,4% en 2026, el nivel más alto de las últimas dos décadas. Más de 5,5 millones de personas viven hoy en hogares inquilinos y, entre los 30 y 45 años, aproximadamente uno de cada cuatro alquila. Pero mientras cambió la forma de acceder a la vivienda, también cambió profundamente el mundo del trabajo.
Hoy una parte muy importante de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad y, al mismo tiempo, crecen el monotributo, el cuentapropismo y distintas formas de trabajo y profesionales independiente. En los últimos cinco años, por ejemplo, la cantidad de monotributistas creció mucho más que el empleo asalariado registrado. Cada vez más personas generan ingresos por vías distintas al tradicional empleo estable con recibo de sueldo.
El mercado de alquileres necesita (legítimamente) darle seguridad al propietario. Por eso exige garantías propietarias, recibos de sueldo suficientes, garantes solventes o seguros de caución. El problema es que existe un universo creciente de personas que pueden pagar todos los meses un alquiler, pero no cuentan con el patrimonio familiar o la formalidad laboral necesaria para demostrarlo de la manera tradicional.
El alquiler creció. El trabajo cambió. Pero muchas de las herramientas, e instituciones que garantizan un contrato siguen pensadas para una realidad distinta. Garantía Paraná nace para trabajar exactamente sobre esa distancia.
El Municipio no sale de garante, no paga alquileres ni reemplaza a aseguradoras, bancos, mutuales o cooperativas. Al contrario: busca aprovechar esas capacidades ya existentes.
El Estado municipal es la puerta de entrada: verifica condiciones y capacidad de pago del solicitante, y articula con entidades especializadas que emiten el seguro de caución u otro instrumento de garantía. La entidad sigue evaluando el riesgo y respondiendo ante el propietario; el Municipio solo construye las condiciones para que esa relación sea posible.
La herramienta, para eso se crea el Fondo Municipal de Garantía Locativa, que respalda la operatoria, baja riesgos y ayuda a reducir el costo de las garantías. Así, una persona con capacidad de pago pero sin propiedad ni respaldo patrimonial puede acceder a mejores condiciones. La Escala inicial del régimen arranca con 300 garantías, de manera prudente, para evaluar resultados y construir una herramienta sostenible.
El Financiamiento del Régimen de Garantía se constituirá sobre un porcentaje de lo recaudado por el actual del sistema de Foto Multas. Sobre las foto multas hay otra discusión legítima aparte: hoy la mayoría de esos recursos queda en el esquema provincial, con participación de una empresa privada, y está abierto el debate sobre cuánto debería quedar en Paraná, cómo administrarse y cómo garantizar que su fin sea ordenar el tránsito y bajar la siniestralidad.
Mientras esos recursos existen tal como están hoy, se propone que un 1,5 pequeña parte de lo que el Municipio efectivamente recibe vuelva a la comunidad como una oportunidad concreta de acceso a la vivienda. No implica más cámaras ni más multas: es darle un destino específico y socialmente útil a una recaudación que ya existe.
Garantía Paraná expresa una forma de entender al Estado: ni uno que lo resuelve todo, ni uno que mira cómo se profundizan los problemas escudándose en que “el mercado ya tiene herramientas”. Los seguros de caución existen; por eso se busca trabajar con quienes los ofrecen. La pregunta no es si la herramienta existe, sino por qué tantas personas con capacidad de pago igual no pueden acceder a ella. Ahí aparece la política pública: conectando capacidades que hoy están separadas.
Más previsibilidad para el propietario; que la capacidad real de pago valga más que el patrimonio familiar para el inquilino; un mercado más amplio y formalizado para aseguradoras, mutuales, cooperativas y entidades financieras; y para el Municipio, resolver un problema cooperando en vez de sustituir a quienes ya trabajan en esto.
No es propietarios contra inquilinos, ni Estado contra mercado: es entender una realidad nueva y construir una institución a la altura. El trabajo cambió, el alquiler cambió, y las políticas públicas también tienen que cambiar. Porque entre alguien que puede pagar y un propietario dispuesto a alquilar, muchas veces no falta capacidad económica. Falta confianza. Y creemos que la confianza también puede ser una política pública.
*Concejal Más para Paraná.