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El director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció que el nuevo proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca eliminar los límites a la compra de campos por parte de capitales foráneos. Advirtió que, en un contexto de crisis climática y carrera tecnológica por el litio, la entrega de tierras con espejos de agua pone en riesgo recursos estratégicos y vitales para el futuro de los argentinos. Lo expresó en diálogo con el portal Debate Abierto.
La disputa por la Ley de Tierras ha vuelto al centro de la escena política. Tras el intento fallido de derogarla mediante el DNU 70/2023 —frenado por la justicia tras una acción de excombatientes de Malvinas—, el Gobierno nacional insiste con un nuevo proyecto que se trataría en el Congreso el próximo 6 de agosto.
Para el Dr. Lucas Micheloud, director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, esta iniciativa no es aislada, sino que responde a una obsesión por insertar a la Argentina en una disputa geopolítica global marcada por la demanda de litio, cobre y tierras raras.
Un recurso finito frente a capitales infinitos
El principal cambio que introduce esta reforma es la eliminación de los límites establecidos en la ley de 2011, que restringía la propiedad extranjera a un máximo de 1.000 hectáreas por titular y a un 15% de la superficie total por distrito.
Micheloud alertó que “liberar estas trabas equivale a entrar en un gran remate, permitiendo que corporaciones trasnacionales adquieran superficies sin ningún tipo de control. El agua es finita, la tierra es finita… el problema es tener tierras finitas frente a un capital trasnacional infinito”, sentenció el abogado.
Esta presión sobre el territorio nacional está vinculada también al avance de la Inteligencia Artificial, que requiere la instalación de enormes centros de datos (data centers) con un consumo masivo de energía, tierra y, fundamentalmente, agua dulce para refrigeración.
Según Micheloud, figuras como Peter Thiel o Elon Musk miran con interés los recursos argentinos para sus industrias tecnológicas y de transición energética.
El agua: el verdadero botín de guerra
Uno de los puntos más sensibles de la actual legislación es la prohibición de vender tierras que contengan espejos de agua (lagos, lagunas o ríos).
Con la derogación, este resguardo desaparecería, permitiendo que capitales extranjeros se apropien de cuencas estratégicas, especialmente en la Patagonia y en la zona del Río Paraná.
Micheloud aclaró que la extranjerización no ocurre por un saqueo físico inmediato, sino mediante la adquisición de grandes superficies para desarrollar actividades extractivas y direccionar esos bienes comunes hacia las matrices de las potencias globales.
Responsabilidad política y movilización
Finalmente, el referente ambientalista cuestionó duramente el rol de la oposición dialoguista en el Congreso, a la que acusó de ser cómplice en la entrega de la soberanía por intereses económicos personales. “El legislador que apruebe esto debe ser consciente de que está entregando la naturaleza y el bienestar de las comunidades, afirmó a Debate Abierto el abogado ambientalista.
Ante este escenario, diversas organizaciones convocan a un “banderazo federal” para el 6 de agosto, instando a la ciudadanía a interpelar a sus representantes para evitar que avance una reforma que califica de “burda y grosera”. (Fuente: Debate Abierto)
Lucas Micheloud alerta sobre la extranjerización del territorio: “La derogación de la Ley de Tierras es un remate de nuestra soberanía”
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El director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció que el nuevo proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca eliminar los límites a la compra de campos por parte de capitales foráneos. Advirtió que, en un contexto de crisis climática y carrera tecnológica por el litio, la entrega de tierras con espejos de agua pone en riesgo recursos estratégicos y vitales para el futuro de los argentinos. Lo expresó en diálogo con el portal Debate Abierto.
La disputa por la Ley de Tierras ha vuelto al centro de la escena política. Tras el intento fallido de derogarla mediante el DNU 70/2023 —frenado por la justicia tras una acción de excombatientes de Malvinas—, el Gobierno nacional insiste con un nuevo proyecto que se trataría en el Congreso el próximo 6 de agosto.
Para el Dr. Lucas Micheloud, director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, esta iniciativa no es aislada, sino que responde a una obsesión por insertar a la Argentina en una disputa geopolítica global marcada por la demanda de litio, cobre y tierras raras.
Un recurso finito frente a capitales infinitos
El principal cambio que introduce esta reforma es la eliminación de los límites establecidos en la ley de 2011, que restringía la propiedad extranjera a un máximo de 1.000 hectáreas por titular y a un 15% de la superficie total por distrito.
Micheloud alertó que “liberar estas trabas equivale a entrar en un gran remate, permitiendo que corporaciones trasnacionales adquieran superficies sin ningún tipo de control. El agua es finita, la tierra es finita… el problema es tener tierras finitas frente a un capital trasnacional infinito”, sentenció el abogado.
Esta presión sobre el territorio nacional está vinculada también al avance de la Inteligencia Artificial, que requiere la instalación de enormes centros de datos (data centers) con un consumo masivo de energía, tierra y, fundamentalmente, agua dulce para refrigeración.
Según Micheloud, figuras como Peter Thiel o Elon Musk miran con interés los recursos argentinos para sus industrias tecnológicas y de transición energética.
El agua: el verdadero botín de guerra
Uno de los puntos más sensibles de la actual legislación es la prohibición de vender tierras que contengan espejos de agua (lagos, lagunas o ríos).
Con la derogación, este resguardo desaparecería, permitiendo que capitales extranjeros se apropien de cuencas estratégicas, especialmente en la Patagonia y en la zona del Río Paraná.
Micheloud aclaró que la extranjerización no ocurre por un saqueo físico inmediato, sino mediante la adquisición de grandes superficies para desarrollar actividades extractivas y direccionar esos bienes comunes hacia las matrices de las potencias globales.
Responsabilidad política y movilización
Finalmente, el referente ambientalista cuestionó duramente el rol de la oposición dialoguista en el Congreso, a la que acusó de ser cómplice en la entrega de la soberanía por intereses económicos personales. “El legislador que apruebe esto debe ser consciente de que está entregando la naturaleza y el bienestar de las comunidades, afirmó a Debate Abierto el abogado ambientalista.
Ante este escenario, diversas organizaciones convocan a un “banderazo federal” para el 6 de agosto, instando a la ciudadanía a interpelar a sus representantes para evitar que avance una reforma que califica de “burda y grosera”. (Fuente: Debate Abierto)