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El ex presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) denunció que se busca blindar una inconstitucionalidad manifiesta, advirtió sobre una catarata de juicios por derechos adquiridos y cuestionó que el ajuste recaiga sobre los trabajadores mientras no se le reclama a la Nación la deuda histórica con la Caja de Jubilaciones. En diálogo con el programa Debate Abierto Radio, Emilio Castrillón analizó con dureza el proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura.
Para el ex magistrado, el concepto de “emergencia” utilizado por el gobierno es falaz, ya que el déficit de la Caja no es un evento imprevisto como una catástrofe natural o una pandemia, sino un problema estructural de hace 40 años que la Nación debería estar cubriendo según convenios vigentes.
“Emergencia es un choque en una esquina, o que caiga un rayo de forma imprevista, pero no un problema que hace 40 años viene siendo deficitaria la caja”, sentenció.
Facultades delegadas y judicialización masiva
Uno de los puntos más críticos señalados por Castrillón es la delegación de facultades al gobernador o al presidente de la Caja, calificándola como una “verdadera barbaridad” que atenta contra el sistema democrático, donde tales decisiones deberían pasar exclusivamente por el debate legislativo.
Según su visión, el gobierno busca reglamentar la Constitución para entorpecer las declaraciones de inconstitucionalidad, previendo que la norma será atacada judicialmente en al menos cinco puntos claves.
Castrillón advirtió que, de aprobarse la ley sin cambios, habrá una demanda masiva de recursos de amparo por parte de los jubilados, ya que se afectan derechos adquiridos. “No es lo mismo lo que me pagan hoy que lo que pretenden pagarme después”, explicó a Debate Abierto, señalando que los cambios en el cálculo del haber (pasando de 10 a 20 años) reducirán significativamente los ingresos de los futuros pasivos.
Un ajuste que no mueve el amperímetro
El abogado y ex legislador también puso en duda la eficacia financiera del proyecto. Estimó que, tras el “zafarrancho” generado y el malestar social, el ahorro real para la provincia apenas alcanzaría los 5.000 millones de pesos, una cifra mínima frente al déficit mensual de 42.000 millones.
Además, cuestionó la ética de algunos legisladores oficialistas que se apuraron a presentar sus trámites de jubilación antes de que la nueva norma entre en vigencia.
Finalmente, Castrillón criticó la participación del Fiscal de Estado en el debate legislativo, recordándole que el es abogado de parte del gobernador y que, por ende, su opinión no puede ser tomada como una visión neutral frente a un proyecto que deberá defender en futuros litigios.(Fuente: Debate Abierto)
Castrillón advierte sobre la reforma previsional: “Es una payasada la delegación de facultades, absurda e improcedente”
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El ex presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) denunció que se busca blindar una inconstitucionalidad manifiesta, advirtió sobre una catarata de juicios por derechos adquiridos y cuestionó que el ajuste recaiga sobre los trabajadores mientras no se le reclama a la Nación la deuda histórica con la Caja de Jubilaciones. En diálogo con el programa Debate Abierto Radio, Emilio Castrillón analizó con dureza el proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura.
Para el ex magistrado, el concepto de “emergencia” utilizado por el gobierno es falaz, ya que el déficit de la Caja no es un evento imprevisto como una catástrofe natural o una pandemia, sino un problema estructural de hace 40 años que la Nación debería estar cubriendo según convenios vigentes.
“Emergencia es un choque en una esquina, o que caiga un rayo de forma imprevista, pero no un problema que hace 40 años viene siendo deficitaria la caja”, sentenció.
Facultades delegadas y judicialización masiva
Uno de los puntos más críticos señalados por Castrillón es la delegación de facultades al gobernador o al presidente de la Caja, calificándola como una “verdadera barbaridad” que atenta contra el sistema democrático, donde tales decisiones deberían pasar exclusivamente por el debate legislativo.
Según su visión, el gobierno busca reglamentar la Constitución para entorpecer las declaraciones de inconstitucionalidad, previendo que la norma será atacada judicialmente en al menos cinco puntos claves.
Castrillón advirtió que, de aprobarse la ley sin cambios, habrá una demanda masiva de recursos de amparo por parte de los jubilados, ya que se afectan derechos adquiridos. “No es lo mismo lo que me pagan hoy que lo que pretenden pagarme después”, explicó a Debate Abierto, señalando que los cambios en el cálculo del haber (pasando de 10 a 20 años) reducirán significativamente los ingresos de los futuros pasivos.
Un ajuste que no mueve el amperímetro
El abogado y ex legislador también puso en duda la eficacia financiera del proyecto. Estimó que, tras el “zafarrancho” generado y el malestar social, el ahorro real para la provincia apenas alcanzaría los 5.000 millones de pesos, una cifra mínima frente al déficit mensual de 42.000 millones.
Además, cuestionó la ética de algunos legisladores oficialistas que se apuraron a presentar sus trámites de jubilación antes de que la nueva norma entre en vigencia.
Finalmente, Castrillón criticó la participación del Fiscal de Estado en el debate legislativo, recordándole que el es abogado de parte del gobernador y que, por ende, su opinión no puede ser tomada como una visión neutral frente a un proyecto que deberá defender en futuros litigios.(Fuente: Debate Abierto)