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El abogado de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enzo Culasso Orué denunció que la reprivatización de la vía navegable prioriza los costos logísticos de multinacionales por sobre el derecho al agua de 12 millones de personas. Alertó sobre el riesgo de contaminación por el dragado y la falta de participación de las provincias en una concesión otorgada por 25 años.
El manejo del canal de navegación del río Paraná ha entrado en una nueva etapa que el abogado Enzo Culasso Orué, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas, define como una “reprivatización”. Tras el vencimiento de la concesión de los años 90, el Gobierno Nacional adjudicó nuevamente el servicio a la empresa belga Jan De Nul.
Según el especialista, este proceso avanza de forma irracional y hasta inconstitucional, ya que se está licitando una mayor profundización del calado sin contar con estudios de impacto ambiental previos que determinen las consecuencias para el ecosistema y la población.
El riesgo para el agua potable
Uno de los puntos más críticos señalados por Culasso Orué es la intención de llevar la profundidad del río de 32 a unos 42 o 44 pies (casi 13 metros) para permitir que buques de ultramar salgan con sus bodegas completas desde Rosario. Esta modificación estructural pone en riesgo el derecho humano al agua potable.
El abogado recordó el antecedente de la ciudad de Victoria, que estuvo a punto de quedarse sin suministro durante la última bajante histórica. Además, advirtió que el dragado intensivo remueve sedimentos del fondo que contienen metales pesados y agrotóxicos, los cuales quedan en suspensión y pueden terminar en las redes de consumo familiar.
Intereses corporativos vs. bienestar general
Para el abogado ambientalista, el objetivo de esta obra es puramente comercial: abaratar costos logísticos para un puñado de empresas agroexportadoras multinacionales.
Sin embargo, aclaró a Debate Abierto que este beneficio no alcanza a los productores locales ni a los consumidores argentinos, quienes siguen pagando el sistema de transporte por camión, uno de los más caros del mundo. En la cuenca del río Paraná no gobierna el Estado nacional argentino, sino que gobiernan las corporaciones transnacionales del agronegocio”, sentenció.
La batalla judicial y la soberanía provincial
Ante este escenario, la Asociación de Abogados Ambientalistas ha presentado una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia para frenar las obras hasta que se realicen los estudios pertinentes y se constituya un Comité de Cuenca.
Culasso Orué denunció que se está violando la Constitución Nacional al no dar participación a las provincias, que son las dueñas originarias de los recursos naturales.
Con una concesión firmada por 25 años, el abogado advirtió que se está hipotecando la soberanía y la sustentabilidad del río por un cuarto de siglo más, por lo que no descartan denunciar a los funcionarios responsables por incumplimiento de sus deberes. (Fuente: Debate Abierto)
Advertencia sobre el impacto de la hidrovía: “Es irracional avanzar sin estudios ambientales”
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El abogado de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enzo Culasso Orué denunció que la reprivatización de la vía navegable prioriza los costos logísticos de multinacionales por sobre el derecho al agua de 12 millones de personas. Alertó sobre el riesgo de contaminación por el dragado y la falta de participación de las provincias en una concesión otorgada por 25 años.
El manejo del canal de navegación del río Paraná ha entrado en una nueva etapa que el abogado Enzo Culasso Orué, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas, define como una “reprivatización”. Tras el vencimiento de la concesión de los años 90, el Gobierno Nacional adjudicó nuevamente el servicio a la empresa belga Jan De Nul.
Según el especialista, este proceso avanza de forma irracional y hasta inconstitucional, ya que se está licitando una mayor profundización del calado sin contar con estudios de impacto ambiental previos que determinen las consecuencias para el ecosistema y la población.
El riesgo para el agua potable
Uno de los puntos más críticos señalados por Culasso Orué es la intención de llevar la profundidad del río de 32 a unos 42 o 44 pies (casi 13 metros) para permitir que buques de ultramar salgan con sus bodegas completas desde Rosario. Esta modificación estructural pone en riesgo el derecho humano al agua potable.
El abogado recordó el antecedente de la ciudad de Victoria, que estuvo a punto de quedarse sin suministro durante la última bajante histórica. Además, advirtió que el dragado intensivo remueve sedimentos del fondo que contienen metales pesados y agrotóxicos, los cuales quedan en suspensión y pueden terminar en las redes de consumo familiar.
Intereses corporativos vs. bienestar general
Para el abogado ambientalista, el objetivo de esta obra es puramente comercial: abaratar costos logísticos para un puñado de empresas agroexportadoras multinacionales.
Sin embargo, aclaró a Debate Abierto que este beneficio no alcanza a los productores locales ni a los consumidores argentinos, quienes siguen pagando el sistema de transporte por camión, uno de los más caros del mundo. En la cuenca del río Paraná no gobierna el Estado nacional argentino, sino que gobiernan las corporaciones transnacionales del agronegocio”, sentenció.
La batalla judicial y la soberanía provincial
Ante este escenario, la Asociación de Abogados Ambientalistas ha presentado una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia para frenar las obras hasta que se realicen los estudios pertinentes y se constituya un Comité de Cuenca.
Culasso Orué denunció que se está violando la Constitución Nacional al no dar participación a las provincias, que son las dueñas originarias de los recursos naturales.
Con una concesión firmada por 25 años, el abogado advirtió que se está hipotecando la soberanía y la sustentabilidad del río por un cuarto de siglo más, por lo que no descartan denunciar a los funcionarios responsables por incumplimiento de sus deberes. (Fuente: Debate Abierto)