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Según supo APF, la información surge de un informe que realizó la Comisión Fiscalizadora Permanente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que detectó irregularidades y advirtió omisiones graves relacionadas con posibles perjuicios fiscales. El presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos comunicó a Fiscalía sobre la decisión adoptada en el marco del expediente judicial Nº 200/2025, que investiga presuntas irregularidades en la obra social.
El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Diego Lara, remitió al Ministerio Público Fiscal (MPF) la denuncia sobre posibles hechos de corrupción ocurridos en el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) que surgieron de la Auditoría Especial Interdisciplinaria, Dictamen Fiscal N° 2108/25, del que se indicó que de “cuyo texto se infiere que podría estarse ante la posible configuración de un delito de acción pública…”.
Lara se dirigió al procurador general de la provincia, Jorge García, “atento a lo resuelto en virtud de lo establecido por el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Provincia, en el marco del Expediente Nº 200/2025 en trámite por ante este Tribunal caratulado ‘Comisión Fiscalizadora Permanente del 1osper informa irregularidades’”.
El Tribunal de Cuentas señaló que no tiene competencia para investigar delitos penales y como se está ante hechos que podrían constituirlos y exceden la competencia del Tribunal de Cuentas, se decidió remitir todo el expediente al Ministerio Público Fiscal, incluyendo una copia certificada de 372 fojas útiles. La finalidad es que la Fiscalía analice el caso y actúe si es que corresponde.
Connivencia
El texto al que accedió esta agencia añadió que “… al afirmar la Señora Fiscal que ‘debieron los integrantes de la Comisión Fiscalizadora formalizar la pertinente denuncia penal’, afirmación que fundamenta en lo expresado por la propia comisión en su nota dirigida a este Tribunal y a la que cita al decir: “… los hechos, y omisiones puestos en conocimiento del Presidente, y ahora en trámite ante los Vocales asimismo, revisten gran gravedad, además de referirse a la producción de posibles perjuicios fiscales…”.
El texto también mencionó “… en la presentación la existencia de una, y cito literalmente…connivencia entre el Prestador y el Instituto que minimizaba los riesgos para el primero de pérdida mensual, proveyendo sólo hasta determinada cantidad…”. También se indicó: “’…Entendemos esta situación no se hubiese podido llevar adelante sin la asociación/connivencia entre las partes, proveedor y contratante…’, no surgiendo de la presentación realizada por la Comisión Fiscalizadora que haya sido puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal el contenido de los presentes actuados, excedida la competencia de este Tribunal, y en cumplimiento de los deberes previstos en el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Provincia, se dispone librar oficio al Ministerio Público Fiscal, con copia íntegra y certificada de los presentes actuados, para su análisis y, de corresponder, para intervención de su competencia”. (Fuente: APFDigital)
El Tribunal de Cuentas denunció en Fiscalía presuntas irregularidades en el Iosper
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Según supo APF, la información surge de un informe que realizó la Comisión Fiscalizadora Permanente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que detectó irregularidades y advirtió omisiones graves relacionadas con posibles perjuicios fiscales. El presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos comunicó a Fiscalía sobre la decisión adoptada en el marco del expediente judicial Nº 200/2025, que investiga presuntas irregularidades en la obra social.
El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Diego Lara, remitió al Ministerio Público Fiscal (MPF) la denuncia sobre posibles hechos de corrupción ocurridos en el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) que surgieron de la Auditoría Especial Interdisciplinaria, Dictamen Fiscal N° 2108/25, del que se indicó que de “cuyo texto se infiere que podría estarse ante la posible configuración de un delito de acción pública…”.
Lara se dirigió al procurador general de la provincia, Jorge García, “atento a lo resuelto en virtud de lo establecido por el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Provincia, en el marco del Expediente Nº 200/2025 en trámite por ante este Tribunal caratulado ‘Comisión Fiscalizadora Permanente del 1osper informa irregularidades’”.
El Tribunal de Cuentas señaló que no tiene competencia para investigar delitos penales y como se está ante hechos que podrían constituirlos y exceden la competencia del Tribunal de Cuentas, se decidió remitir todo el expediente al Ministerio Público Fiscal, incluyendo una copia certificada de 372 fojas útiles. La finalidad es que la Fiscalía analice el caso y actúe si es que corresponde.
Connivencia
El texto al que accedió esta agencia añadió que “… al afirmar la Señora Fiscal que ‘debieron los integrantes de la Comisión Fiscalizadora formalizar la pertinente denuncia penal’, afirmación que fundamenta en lo expresado por la propia comisión en su nota dirigida a este Tribunal y a la que cita al decir: “… los hechos, y omisiones puestos en conocimiento del Presidente, y ahora en trámite ante los Vocales asimismo, revisten gran gravedad, además de referirse a la producción de posibles perjuicios fiscales…”.
El texto también mencionó “… en la presentación la existencia de una, y cito literalmente…connivencia entre el Prestador y el Instituto que minimizaba los riesgos para el primero de pérdida mensual, proveyendo sólo hasta determinada cantidad…”. También se indicó: “’…Entendemos esta situación no se hubiese podido llevar adelante sin la asociación/connivencia entre las partes, proveedor y contratante…’, no surgiendo de la presentación realizada por la Comisión Fiscalizadora que haya sido puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal el contenido de los presentes actuados, excedida la competencia de este Tribunal, y en cumplimiento de los deberes previstos en el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Provincia, se dispone librar oficio al Ministerio Público Fiscal, con copia íntegra y certificada de los presentes actuados, para su análisis y, de corresponder, para intervención de su competencia”. (Fuente: APFDigital)