Leido 12 veces
La jueza Marina Barbagelata, dispuso otorgar la Suspensión del juicio a prueba o Probation a nueve de 10 imputados en la Causa Contratos Truchos. Hoy se sumó al grupo una nueva imputada que también accedió al beneficio. Tres que viven en Trenque Lauquen y Tandil y no estuvieron presentes este martes resolverán su situación el miércoles a las 13.30. Fiscalía de Estado aceptó las reparaciones simbólicas y adelantó que reclamará una suma mayor de acuerdo a la determinación del monto sustraído.
Tal como se había adelantado en la audiencia preliminar ordenatoria de lo que será una alongada audiencia de remisión a juicio de la causa Contratos Truchos en la Legislatura de Entre Ríos, que investiga una millonaria sustracción de dinero de las arcas del Estado en el período comprendido entre enero de 2008 y el 29 de septiembre de 2018, este martes se realizó la audiencia de solicitud de Suspensión del juicio a Prueba o Probation ante la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata. Los imputados comparecieron en la audiencia acusados por el delito de Peculado, 11 hechos, en concurso real con Asociación ilícita, como partícipes necesarios.
Tras escuchar los fundamentos de los fiscales, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y de recabar la conformidad del representante de la Fiscalía de Estado, Gustavo Acosta, Barbagelata homologó los pedidos tal cual las partes se lo solicitaron. Así, dispuso otorgar el beneficio por el plazo de tres años, durante los que deberán realizar tareas no remuneradas en una institución de bien público a definir por la Oficina de Medios Alternativas (OMA), por 96 horas globales por cada año de la Probation y otras medidas de conducta.
Reparación
Las partes acordaron reparaciones económicas “simbólicas” de acuerdo a su capacidad económica y por el 10% de las sumas que “aparecieron cobrando” por cheques que correspondían a personas que solo prestaban su nombre a cambio de recibir una ínfima suma del contrato que suscribían. En este sentido, Fiscalía resaltó que las sumas acordadas no “fueron arbitrarias”.
El corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla, se comprometió a pagar como reparación del daño la suma de 5.464.000 pesos; el informático, Nicolás Beber, 4.000.000 pesos; Verónica Caíno, 5.000.000 pesos; Fernando Gastón Sarnaglia, 1.800.000 pesos; Jorge Alejandro Rubén Ferreyra, 1.096.000 pesos; María Victoria Álvarez y María Macarena Álvarez, 785.000 pesos y 750.000 pesos, respectivamente; y Andrea Noemí Beatriz Demartin, que se sumó este martes al lote de probados, 850.000 pesos.
Quedaron fuera de esta audiencia por problemas de “traslado y logística” Pablo Balladares, que vive en Trenque Lauquen, en Buenos Aires; María Jazmín Mena Gioveni y Viviana Gisele Mena Gioveni, que viven en Tandil, Córdoba. Los tres accederán al beneficio en una audiencia que se dispuso este martes para mañana a las 13.30. El primero abonará 1.500.00, en tanto que las dos hermanas repararán con 750.000 y 785.000 pesos respectivamente.
Fiscalía explicó que dividió a los ahora probados en dos grupos. El primero integrado por todos los imputados menos los profesionales Mansilla y Beber, que prestaban funciones en el estudio contable Integral Asesoría, considerado vital para la consumación del presunto delito.
Así, recordó que respecto de todos, en noviembre de 2028, cuando la causa llevaba al menos un mes y medio de proceso, los fiscales informaron a las autoridades de la Legislatura que iban a adoptar el temperamento que explicitaron en esta audiencia. En este sentido, también se recordó que para el grupo más numeroso se había adelantado un pedido de pena en expectativa de tres años de prisión y para Mansilla y Beber, de cinco. Los primeros podían acceder al beneficio por el monto de la pena, porque no tienen antecedentes penales, porque no accedieron anteriormente a una Probation y porque no eran funcionarios públicos.
Respecto de Mansilla y Beber se recordó que en el pedido de pena que se formalizó en el escrito de remisión de la causa a juicio se solicitó la pena de cinco años de prisión. Por el monto de la pena no podrían acceder al instituto, pero se explicó que si bien ambos eran contratados en la Legislatura y revestían la condición de funcionario público, se consideró que el ámbito en el que realizaron el aporte que se les atribuyó fue el privado, en el estudio contable, donde si bien no eran contadores, cobraban sus contratos y los de otros contratados. Así, se trazó un vínculo entre la actuación del grupo más numeroso y el integrado por los dos profesionales. (Fuente: APFDigital)
Contratos Truchos: Otorgan Probation por tres años con una reparación económica a nueve acusados
Leido 12 veces
La jueza Marina Barbagelata, dispuso otorgar la Suspensión del juicio a prueba o Probation a nueve de 10 imputados en la Causa Contratos Truchos. Hoy se sumó al grupo una nueva imputada que también accedió al beneficio. Tres que viven en Trenque Lauquen y Tandil y no estuvieron presentes este martes resolverán su situación el miércoles a las 13.30. Fiscalía de Estado aceptó las reparaciones simbólicas y adelantó que reclamará una suma mayor de acuerdo a la determinación del monto sustraído.
Tal como se había adelantado en la audiencia preliminar ordenatoria de lo que será una alongada audiencia de remisión a juicio de la causa Contratos Truchos en la Legislatura de Entre Ríos, que investiga una millonaria sustracción de dinero de las arcas del Estado en el período comprendido entre enero de 2008 y el 29 de septiembre de 2018, este martes se realizó la audiencia de solicitud de Suspensión del juicio a Prueba o Probation ante la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata. Los imputados comparecieron en la audiencia acusados por el delito de Peculado, 11 hechos, en concurso real con Asociación ilícita, como partícipes necesarios.
Tras escuchar los fundamentos de los fiscales, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y de recabar la conformidad del representante de la Fiscalía de Estado, Gustavo Acosta, Barbagelata homologó los pedidos tal cual las partes se lo solicitaron. Así, dispuso otorgar el beneficio por el plazo de tres años, durante los que deberán realizar tareas no remuneradas en una institución de bien público a definir por la Oficina de Medios Alternativas (OMA), por 96 horas globales por cada año de la Probation y otras medidas de conducta.
Reparación
Las partes acordaron reparaciones económicas “simbólicas” de acuerdo a su capacidad económica y por el 10% de las sumas que “aparecieron cobrando” por cheques que correspondían a personas que solo prestaban su nombre a cambio de recibir una ínfima suma del contrato que suscribían. En este sentido, Fiscalía resaltó que las sumas acordadas no “fueron arbitrarias”.
El corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla, se comprometió a pagar como reparación del daño la suma de 5.464.000 pesos; el informático, Nicolás Beber, 4.000.000 pesos; Verónica Caíno, 5.000.000 pesos; Fernando Gastón Sarnaglia, 1.800.000 pesos; Jorge Alejandro Rubén Ferreyra, 1.096.000 pesos; María Victoria Álvarez y María Macarena Álvarez, 785.000 pesos y 750.000 pesos, respectivamente; y Andrea Noemí Beatriz Demartin, que se sumó este martes al lote de probados, 850.000 pesos.
Quedaron fuera de esta audiencia por problemas de “traslado y logística” Pablo Balladares, que vive en Trenque Lauquen, en Buenos Aires; María Jazmín Mena Gioveni y Viviana Gisele Mena Gioveni, que viven en Tandil, Córdoba. Los tres accederán al beneficio en una audiencia que se dispuso este martes para mañana a las 13.30. El primero abonará 1.500.00, en tanto que las dos hermanas repararán con 750.000 y 785.000 pesos respectivamente.
Fiscalía explicó que dividió a los ahora probados en dos grupos. El primero integrado por todos los imputados menos los profesionales Mansilla y Beber, que prestaban funciones en el estudio contable Integral Asesoría, considerado vital para la consumación del presunto delito.
Así, recordó que respecto de todos, en noviembre de 2028, cuando la causa llevaba al menos un mes y medio de proceso, los fiscales informaron a las autoridades de la Legislatura que iban a adoptar el temperamento que explicitaron en esta audiencia. En este sentido, también se recordó que para el grupo más numeroso se había adelantado un pedido de pena en expectativa de tres años de prisión y para Mansilla y Beber, de cinco. Los primeros podían acceder al beneficio por el monto de la pena, porque no tienen antecedentes penales, porque no accedieron anteriormente a una Probation y porque no eran funcionarios públicos.
Respecto de Mansilla y Beber se recordó que en el pedido de pena que se formalizó en el escrito de remisión de la causa a juicio se solicitó la pena de cinco años de prisión. Por el monto de la pena no podrían acceder al instituto, pero se explicó que si bien ambos eran contratados en la Legislatura y revestían la condición de funcionario público, se consideró que el ámbito en el que realizaron el aporte que se les atribuyó fue el privado, en el estudio contable, donde si bien no eran contadores, cobraban sus contratos y los de otros contratados. Así, se trazó un vínculo entre la actuación del grupo más numeroso y el integrado por los dos profesionales. (Fuente: APFDigital)