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*Por Sebastián Juan Aguilar
En tiempos modernos y complejos como los actuales, los problemas en materia de Seguridad plantean inconvenientes de legitimidad a los sistemas políticos democráticos. Es cierto, no estamos ante una situación definitiva salvo que comiencen acciones concretas para revertir la situación.
Tanto el delito como la violencia aparecen de forma que han gestado cambios en la Seguridad y ello se refleja en los avances de paradigmas destacando la importancia de las sociedades.
Los abordajes suponen conceptos acordes a tales y conllevan, como se sostiene en el mundo académico y de seguridad, de un nuevo concepto de Seguridad Global. Se puede partir con el concepto de Seguridad Humana el cual consiste “en garantizar que la población esté libre de incertidumbres y temores como carencias materiales básicas para la subsistencia y la vida digna”.
Esto permite respuestas a los desafíos del mundo actual en los que el Estado posee un rol protagónico para prevenir, reaccionar y reconstruir acciones en relación a la sociedad. Destaco la inicial Declaración sobre Seguridad de las Américas de la Conferencia Especial sobre Seguridad de 2003, que concluyo en la existencia y aceptación de amenazas tradicionales y no tradicionales.
Por ejemplo, dos tipos de amenazas que son determinantes: las llamadas amenazas duras, como el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos y el tráfico ilícito de armas y las llamadas amenazas de origen social donde se destaca la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población y ello es determinante en la legitimidad de los sistemas políticos democráticos.
Esto tiene su correlato en la profunda heterogeneidad y complejidad del propio universo del delito, siendo el Narcotráfico su aspecto más trágico y de difícil abordaje. Más allá de las diferentes acciones llevadas a cabo por los Estados y siendo cada vez más presente en la agenda estatal, parece correcto sostener que la denominada lucha contra el Narcotráfico sigue teniendo baches, intersticios, que no permiten pensar en una solución de mediano y largo plazo pero que debe asumirse lo más pronto posible.
La necesidad de establecer, proyectar y generar instancias culturales de prevención presupone una perspectiva sociológica y política a la vez, dar mayor cohesión social y calidad de vida de los ciudadanos.
Para gobernar en estos tiempos se exigen acciones que permitan un desarrollo sostenible y seguro. La problemática del narcotráfico involucra decisiones estatales, cuyas acciones deben contar con niveles de planificación y equipos profesionales altamente calificados, formados desde lo inter y multidisciplinario.
A priori ello permitirá dos (2) cuestiones centrales para al abordaje específico, 1) la formulación adecuada de una Estrategia y 2) la posibilidad de una intervención focalizada y concreta. Entonces, es responsabilidad del Estado el establecer instancias de coordinación de los recursos materiales y humanos que permitan poder pensar acciones de política en el mediano y largo plazo. Ello se traduce como una Política de Estado pero tendrá sentido y efectividad si se plantea la coordinación de todas y cada una de las fuerzas de seguridad para aunar criterios organizativos y protocolos de intervención sin que se generen fisuras a la hora de combatir el Narcotráfico.
Entiendo que la Prevención debe ser la estructura medular de las estrategias del combate al Narcotráfico. Para que ello suceda, se requiere que los diversos organismos del Estado interactúen de manera que puedan darse oportunidades de re inserción laboral como proyectar condiciones socio, recreativa y educacionales concretas de los sectores sociales vulnerables ampliando la mirada del abordaje.
Entonces serán claves los trabajos de planificación, articulación y estudio de las diferentes acciones de los organismos o instituciones que trabajan en el tema de drogas y analizar la efectividad de las acciones en materia de rehabilitación, re inserción y formación de quienes están en el negocio o dependen de las drogas donde todos los actores de la sociedad civil adquieren enorme relevancia.
Así, cualquier Política para combatir el Narcotráfico tendrá efectividad, solo si se basa ampliamente en la legitimidad de las instituciones, en particular en los actores del sistema penal.
*Licenciado en Relaciones Internacionales. Magister en Ciencias Políticas. Doctor en Educación. Profesor Universitario.
Narcotráfico: la necesidad de establecer debates en torno a la definición de una Política de Prevención
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*Por Sebastián Juan Aguilar
En tiempos modernos y complejos como los actuales, los problemas en materia de Seguridad plantean inconvenientes de legitimidad a los sistemas políticos democráticos. Es cierto, no estamos ante una situación definitiva salvo que comiencen acciones concretas para revertir la situación.
Los abordajes suponen conceptos acordes a tales y conllevan, como se sostiene en el mundo académico y de seguridad, de un nuevo concepto de Seguridad Global. Se puede partir con el concepto de Seguridad Humana el cual consiste “en garantizar que la población esté libre de incertidumbres y temores como carencias materiales básicas para la subsistencia y la vida digna”.
Esto permite respuestas a los desafíos del mundo actual en los que el Estado posee un rol protagónico para prevenir, reaccionar y reconstruir acciones en relación a la sociedad. Destaco la inicial Declaración sobre Seguridad de las Américas de la Conferencia Especial sobre Seguridad de 2003, que concluyo en la existencia y aceptación de amenazas tradicionales y no tradicionales.
Por ejemplo, dos tipos de amenazas que son determinantes: las llamadas amenazas duras, como el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos y el tráfico ilícito de armas y las llamadas amenazas de origen social donde se destaca la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población y ello es determinante en la legitimidad de los sistemas políticos democráticos.
Esto tiene su correlato en la profunda heterogeneidad y complejidad del propio universo del delito, siendo el Narcotráfico su aspecto más trágico y de difícil abordaje. Más allá de las diferentes acciones llevadas a cabo por los Estados y siendo cada vez más presente en la agenda estatal, parece correcto sostener que la denominada lucha contra el Narcotráfico sigue teniendo baches, intersticios, que no permiten pensar en una solución de mediano y largo plazo pero que debe asumirse lo más pronto posible.
La necesidad de establecer, proyectar y generar instancias culturales de prevención presupone una perspectiva sociológica y política a la vez, dar mayor cohesión social y calidad de vida de los ciudadanos.
Para gobernar en estos tiempos se exigen acciones que permitan un desarrollo sostenible y seguro. La problemática del narcotráfico involucra decisiones estatales, cuyas acciones deben contar con niveles de planificación y equipos profesionales altamente calificados, formados desde lo inter y multidisciplinario.
A priori ello permitirá dos (2) cuestiones centrales para al abordaje específico, 1) la formulación adecuada de una Estrategia y 2) la posibilidad de una intervención focalizada y concreta. Entonces, es responsabilidad del Estado el establecer instancias de coordinación de los recursos materiales y humanos que permitan poder pensar acciones de política en el mediano y largo plazo. Ello se traduce como una Política de Estado pero tendrá sentido y efectividad si se plantea la coordinación de todas y cada una de las fuerzas de seguridad para aunar criterios organizativos y protocolos de intervención sin que se generen fisuras a la hora de combatir el Narcotráfico.
Entiendo que la Prevención debe ser la estructura medular de las estrategias del combate al Narcotráfico. Para que ello suceda, se requiere que los diversos organismos del Estado interactúen de manera que puedan darse oportunidades de re inserción laboral como proyectar condiciones socio, recreativa y educacionales concretas de los sectores sociales vulnerables ampliando la mirada del abordaje.
Entonces serán claves los trabajos de planificación, articulación y estudio de las diferentes acciones de los organismos o instituciones que trabajan en el tema de drogas y analizar la efectividad de las acciones en materia de rehabilitación, re inserción y formación de quienes están en el negocio o dependen de las drogas donde todos los actores de la sociedad civil adquieren enorme relevancia.
Así, cualquier Política para combatir el Narcotráfico tendrá efectividad, solo si se basa ampliamente en la legitimidad de las instituciones, en particular en los actores del sistema penal.
*Licenciado en Relaciones Internacionales. Magister en Ciencias Políticas. Doctor en Educación. Profesor Universitario.