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Lo expresó al portal Debate Abierto, Fernando Cañete, presidente del directorio de IOSPER.
Cañete, preocupado por los elevados costos de los tratamientos especiales
Cañete en dialogo con este portal afirmó que “la situación de la obra social en todo este contexto se puede decir que se encuentra equilibrada. El tema es que el contexto es muy difícil, que en realidad nos ubica en un escenario que aparecen nuevas figuras constantemente que van poniendo en jaque al sistema. Pero entre el ingreso a la obra social y el egreso que tenemos, se puede decir que está equilibrado. El problema físico es que nos encontramos en un escenario donde aparece otro tipo de situaciones que la verdad que nos complica muchísimo. El sistema de salud está, por lo menos a mi juicio, bastante complicado. Ahora se aprobó una ley en el Senado de la Nación, que seguramente pronto va a ser promulgar, la ley sobre fibrosis quística. Esto obliga al sistema a una cobertura integral, una cobertura del 100 por 100, pero nadie dice dónde van a salir los recursos. Entonces esta ley, una vez que se instrumente a IOSPER le representa una inversión más de 314 millones de pesos”, dijo.
“Yo no me opongo, lo que digo es, si van a dar cobertura integral a distintas patologías, lo mínimo que pedimos, es decir cómo financiamos el sistema, de dónde va a salir el dinero?, se preguntó.
“A lo mejor para las obras sociales sindicales, que también creo que es un problema, pero ellos pueden tener tal vez algún tipo de recupero a través del sistema sur, es lo que hace la Superintendencia ahora. Pero las obras sociales provinciales no tenemos ningún tipo de recupero y contamos con un presupuesto acotado, es lo que aporta el trabajador y la contribución patronal, no hay otra cosa. No tenemos otro ingreso, no tenemos subsidios, no tenemos ayuda del Estado nacional. Si a ese ingreso, que ya nos está costando mucho poder mantenerlo equilibrado, le sumamos el compromiso de erogar más en el año, sumar 315 millones de pesos. O sea, con la misma plata, hay que brindar mayor cantidad de cobertura y eso implica a corto plazo que al sistema lo va a dejar totalmente desfinanciado”, argumentó Cañete.
“Nosotros venimos hablando de este tema con todos los legisladores que han asumido, con los que se fueron y con lo que asumieron ahora, pidiéndoles por favor que no se promulgue, que no se sancionen leyes con características especiales, salvo que se haga algo con la particularidad de decir de dónde van a salir los fondos. Lamentablemente no hemos tenido respuesta, pero nosotros avanzamos para algún tipo de solución, que era crear un seguro para enfermedades catastróficas, sin crear ningún tipo de impuesto, simplemente utilizando recursos de ingresos que tiene el Estado provincial, para dar respuesta a esta demanda que se viene. ¿Qué factores afectan al sistema de salud? Las leyes especiales. Las nuevas tecnologías y los medicamentos de alto costo. Si no atacamos estas cuestiones, el sistema va a colapsar muy pronto porque, insisto, necesitamos muchos recursos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos políticas. ¿Qué tipo de política? Mínima, tres: Una, que es una política de financiamiento, Iosper necesita una política de financiamiento; una política de concientización, pero de todos los afiliados de la obra social. Y la tercera, que es fundamental, una política de aplicación para poder determinar la acción prescriptiva de los profesionales, porque todo lo que surge como demanda está elaborado por un profesional, y nosotros tenemos recursos del tercer mundo, y nuestros afiliados nos requieren servicios del primer mundo. Pero este es un debate que hay que darse porque el sistema de salud tal cual está, está en peligro”, dijo a Debate Abierto.
Seguidamente sostuvo que “en principio tenemos que tener un criterio equilibrado con lo que tienen el resto de la obra social. La contribución patronal de los activos, en cualquier obra social provincial el porcentaje mínimo es el 6 por ciento. Nosotros recibimos 4,5%, ahí tenemos un 1,5 por ciento de diferencia y la contribución patronal del sector pasivo mínimo es un 6 por ciento y nosotros tenemos un 2%. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a buscar el equilibrio y aplicar algunas acciones que permitan llegar a cubrir esa expectativa o ese porcentaje que tiene cualquier obra social formal”, sintetizó.
“En principio tendría que tomar la decisión el gobierno de la provincia. Nosotros desde la aplicación de la ley de emergencia del 95 nos quedamos con el 2 por ciento de la patronal de los pasivos. Ahora resulta que tenemos el 2 por ciento, pero si hay que aportar algo a los pasivos de otras obras sociales, por cierto que se aporta el porcentaje que corresponde, el 6, pero nosotros nos otorgan el dos por ciento. Me parece que habría que trabajar en ese sentido, como para ir progresivamente teniendo los recursos que se necesitan, amén de seguir trabajando con estas políticas para prevenir y que no haya medicamentos de alto costo o si los hay de dónde van a salir los fondos”, criticó.
“Ha crecido la demanda porque hay muchos medicamentos que tienen valor dólar en su gran mayoría. Nosotros tenemos afiliados que anualmente reciben medicamentos por tres millones de dólares. Se trata de seis afiliados, e insumen a la obra social tres millones de dólares anuales. Entonces esta es la realidad que estoy planteando, y por ahí uno se siente como que está pegando gritos en el desierto porque nadie escucha. Me preocupa que no se escuche fundamentalmente por los propios afiliados, y porque me preocupa el sistema de salud. Entonces lo que necesitamos es unificar criterios como para poder trabajar y empezar a defenderlo.
La obra social cuenta con 300.000 afiliados y “de este gobernador (Bordet) hemos tenido un reconocimiento del 0,5 %, recibíamos de contribución patronal el 4 por ciento y nos dió el 0,5 por ciento que nos llevó al 4,5%, y en este momento debe asumir un compromiso como para ver si progresivamente nos otorgar otro 0,5 por ciento por año para llegar al 6%, eso era previsto. Pero luego surgió la devaluación, la inflación y con el tema de la pandemia, está bastante complicado. Uno lo entiende así que trata de manejarse de la mejor manera posible, cubriendo todas las necesidades. Fundamentalmente, no cortar la cadena de pagos con ningún prestador”, indicó.
Finalmente subrayó que “la alternativa pasa por tomar definiciones políticas, no del Estado provincial, sino de política nacional. Nosotros necesitamos tener, en principio lo hemos expresado en la Cámara de Diputados de la Nación, en oportunidades en que he tenido la posibilidad ante la Comisión de Salud, la derogación del artículo 4 del decreto 150/92, que es la que habilita a que cualquier medicamento en cualquier lugar del mundo se otorgue, sin interesar si se tiene que está evaluado el costo-beneficio sea efectivo o no se puede comercializar en Argentina a través de criterios de uso compasivo. Eso hay que tomar una decisión política y dejarlo sin efecto y luego hacer una evaluación. Se debe evaluar qué es lo que tiene que ingresar al país y si se lo ingresa si tiene realmente efectividad o no. Lo que ocurre es que la Argentina entra y una vez que ingresó en el mercado comercial cualquier prestador lo pide y la obra social sostiene que no tiene evidencia científica, por lo tanto no lo autoriza, inmediatamente aparece un recurso de amparo y tenemos que brindarlo. Eso hay que erradicarlo”, resumió Cañete.(Fuente: Debate Abierto)
“El sistema de salud está en peligro”
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Lo expresó al portal Debate Abierto, Fernando Cañete, presidente del directorio de IOSPER.
Cañete, preocupado por los elevados costos de los tratamientos especiales
Cañete en dialogo con este portal afirmó que “la situación de la obra social en todo este contexto se puede decir que se encuentra equilibrada. El tema es que el contexto es muy difícil, que en realidad nos ubica en un escenario que aparecen nuevas figuras constantemente que van poniendo en jaque al sistema. Pero entre el ingreso a la obra social y el egreso que tenemos, se puede decir que está equilibrado. El problema físico es que nos encontramos en un escenario donde aparece otro tipo de situaciones que la verdad que nos complica muchísimo. El sistema de salud está, por lo menos a mi juicio, bastante complicado. Ahora se aprobó una ley en el Senado de la Nación, que seguramente pronto va a ser promulgar, la ley sobre fibrosis quística. Esto obliga al sistema a una cobertura integral, una cobertura del 100 por 100, pero nadie dice dónde van a salir los recursos. Entonces esta ley, una vez que se instrumente a IOSPER le representa una inversión más de 314 millones de pesos”, dijo.
“Yo no me opongo, lo que digo es, si van a dar cobertura integral a distintas patologías, lo mínimo que pedimos, es decir cómo financiamos el sistema, de dónde va a salir el dinero?, se preguntó.
“A lo mejor para las obras sociales sindicales, que también creo que es un problema, pero ellos pueden tener tal vez algún tipo de recupero a través del sistema sur, es lo que hace la Superintendencia ahora. Pero las obras sociales provinciales no tenemos ningún tipo de recupero y contamos con un presupuesto acotado, es lo que aporta el trabajador y la contribución patronal, no hay otra cosa. No tenemos otro ingreso, no tenemos subsidios, no tenemos ayuda del Estado nacional. Si a ese ingreso, que ya nos está costando mucho poder mantenerlo equilibrado, le sumamos el compromiso de erogar más en el año, sumar 315 millones de pesos. O sea, con la misma plata, hay que brindar mayor cantidad de cobertura y eso implica a corto plazo que al sistema lo va a dejar totalmente desfinanciado”, argumentó Cañete.
“Nosotros venimos hablando de este tema con todos los legisladores que han asumido, con los que se fueron y con lo que asumieron ahora, pidiéndoles por favor que no se promulgue, que no se sancionen leyes con características especiales, salvo que se haga algo con la particularidad de decir de dónde van a salir los fondos. Lamentablemente no hemos tenido respuesta, pero nosotros avanzamos para algún tipo de solución, que era crear un seguro para enfermedades catastróficas, sin crear ningún tipo de impuesto, simplemente utilizando recursos de ingresos que tiene el Estado provincial, para dar respuesta a esta demanda que se viene. ¿Qué factores afectan al sistema de salud? Las leyes especiales. Las nuevas tecnologías y los medicamentos de alto costo. Si no atacamos estas cuestiones, el sistema va a colapsar muy pronto porque, insisto, necesitamos muchos recursos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos políticas. ¿Qué tipo de política? Mínima, tres: Una, que es una política de financiamiento, Iosper necesita una política de financiamiento; una política de concientización, pero de todos los afiliados de la obra social. Y la tercera, que es fundamental, una política de aplicación para poder determinar la acción prescriptiva de los profesionales, porque todo lo que surge como demanda está elaborado por un profesional, y nosotros tenemos recursos del tercer mundo, y nuestros afiliados nos requieren servicios del primer mundo. Pero este es un debate que hay que darse porque el sistema de salud tal cual está, está en peligro”, dijo a Debate Abierto.
Seguidamente sostuvo que “en principio tenemos que tener un criterio equilibrado con lo que tienen el resto de la obra social. La contribución patronal de los activos, en cualquier obra social provincial el porcentaje mínimo es el 6 por ciento. Nosotros recibimos 4,5%, ahí tenemos un 1,5 por ciento de diferencia y la contribución patronal del sector pasivo mínimo es un 6 por ciento y nosotros tenemos un 2%. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a buscar el equilibrio y aplicar algunas acciones que permitan llegar a cubrir esa expectativa o ese porcentaje que tiene cualquier obra social formal”, sintetizó.
“En principio tendría que tomar la decisión el gobierno de la provincia. Nosotros desde la aplicación de la ley de emergencia del 95 nos quedamos con el 2 por ciento de la patronal de los pasivos. Ahora resulta que tenemos el 2 por ciento, pero si hay que aportar algo a los pasivos de otras obras sociales, por cierto que se aporta el porcentaje que corresponde, el 6, pero nosotros nos otorgan el dos por ciento. Me parece que habría que trabajar en ese sentido, como para ir progresivamente teniendo los recursos que se necesitan, amén de seguir trabajando con estas políticas para prevenir y que no haya medicamentos de alto costo o si los hay de dónde van a salir los fondos”, criticó.
“Ha crecido la demanda porque hay muchos medicamentos que tienen valor dólar en su gran mayoría. Nosotros tenemos afiliados que anualmente reciben medicamentos por tres millones de dólares. Se trata de seis afiliados, e insumen a la obra social tres millones de dólares anuales. Entonces esta es la realidad que estoy planteando, y por ahí uno se siente como que está pegando gritos en el desierto porque nadie escucha. Me preocupa que no se escuche fundamentalmente por los propios afiliados, y porque me preocupa el sistema de salud. Entonces lo que necesitamos es unificar criterios como para poder trabajar y empezar a defenderlo.
La obra social cuenta con 300.000 afiliados y “de este gobernador (Bordet) hemos tenido un reconocimiento del 0,5 %, recibíamos de contribución patronal el 4 por ciento y nos dió el 0,5 por ciento que nos llevó al 4,5%, y en este momento debe asumir un compromiso como para ver si progresivamente nos otorgar otro 0,5 por ciento por año para llegar al 6%, eso era previsto. Pero luego surgió la devaluación, la inflación y con el tema de la pandemia, está bastante complicado. Uno lo entiende así que trata de manejarse de la mejor manera posible, cubriendo todas las necesidades. Fundamentalmente, no cortar la cadena de pagos con ningún prestador”, indicó.
Finalmente subrayó que “la alternativa pasa por tomar definiciones políticas, no del Estado provincial, sino de política nacional. Nosotros necesitamos tener, en principio lo hemos expresado en la Cámara de Diputados de la Nación, en oportunidades en que he tenido la posibilidad ante la Comisión de Salud, la derogación del artículo 4 del decreto 150/92, que es la que habilita a que cualquier medicamento en cualquier lugar del mundo se otorgue, sin interesar si se tiene que está evaluado el costo-beneficio sea efectivo o no se puede comercializar en Argentina a través de criterios de uso compasivo. Eso hay que tomar una decisión política y dejarlo sin efecto y luego hacer una evaluación. Se debe evaluar qué es lo que tiene que ingresar al país y si se lo ingresa si tiene realmente efectividad o no. Lo que ocurre es que la Argentina entra y una vez que ingresó en el mercado comercial cualquier prestador lo pide y la obra social sostiene que no tiene evidencia científica, por lo tanto no lo autoriza, inmediatamente aparece un recurso de amparo y tenemos que brindarlo. Eso hay que erradicarlo”, resumió Cañete.(Fuente: Debate Abierto)