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Por pedido de la Intendente Blanca Osuna, en la sesión de hoy del Concejo Deliberante de Paraná, el Bloque oficialista volvió a concederle facultades para allanarse y desistir en los juicios y procedimientos judiciales.
Miguel Rettore.
En este marco recordó que “el mes de febrero del año 2012, cuando iniciaba su gestión, Blanca Osuna envió el proyecto de estructura orgánica, donde la Secretaría Legal y Administrativa tenía entre sus funciones solicitar que este HCD autorizara a allanarse, transar o desistir en los juicios y procedimientos judiciales que tuviere a su cargo, conforme lo dictamina el art. 108°, inc. K, de la Ley 10027, lo cual se aprobó por unanimidad y quedó consagrado en la Ordenanza N° 8993″.
Seguidamente subrayó que “contrariamente a lo que solicitara en esa oportunidad, en el proyecto de hoy, da por tierra groseramente todo lo sostenido y argumentado entonces, dejando sin efecto facultades y procedimientos que ella misma había propuesto, utilizando términos muy duros contra sus propios argumentos de entonces”.
El concejal señaló que en distintos párrafos de la norma que hoy estan analizando, la Intendente decía:
“…es una exorbitancia normativa, toda vez que esa ordenanza exige más de lo que la Ley Provincial 10027 dispone respecto a las obligaciones atribuidas al Departamento Ejecutivo Municipal”.
“Es un injustificado cercenamiento en sus funciones y atenta contra la posibilidad cierta y conveniente para la administración municipal de poner fin a conflictos judiciales, evitando mayores costos y gastos judiciales”.
“Introduce una exigencia, antes inexistente, que cercena directamente las atribuciones y deberes del Presidente Municipal, sin que se conozcan razones de tal exageradas e incomprensibles modificaciones”.
“Realmente, escuchar este fuerte rechazo a los argumentos que ella misma dio hace un año y medio atrás, es algo que nos debe preocupar, y mucho. Esto nos muestra una vez más el perfil de este gobierno municipal que con conductas erráticas y zigzagueantes en las medidas de gobierno que toma, no escatima en revertir y repudiar, sin ruborizarse, las argumentaciones y decisiones de gobierno tomadas solo algunos meses atrás”, lanzó.
Y agregó: “Hemos dicho en reiteradas oportunidades que este gobierno toma medidas intermitentes y espasmódicas, sin seguir ninguna lógica ni plan de gobierno, y este es un ejemplo más”.
” Hace sólo dos meses, en este mismo recinto, debatimos y sancionamos por unanimidad otro proyecto enviado por Blanca Osuna donde argumentaba que para ajustarse estrictamente a lo normado por la Ley provincial de Municipios 10027, los Recursos de Apelación y Nulidad debían dejar de estar en la órbita del HCD y pasar al Departamento Ejecutivo Municipal, lo que nosotros acompañamos porque así lo dice la Ley; pero lo que no puede hacer Blanca Osuna es someterse a la ley cuando le conviene y desconocerla y/o debilitarla groseramente en otros casos, como en éste” mencionó.
De igual manera, sostuvo que “en oportunidad de proponer la Ordenanza que terminó promulgada con el número 8993, la Intendente Municipal, a lo obligado por el art. 108°, inc. K, de la Ley 10027, por lo cual debe pedir autorización al HCD para “Transar” judicialmente, le agregó las posibilidades de “allanarse” y “desistir”, que fue en definitiva lo que se aprobó por unanimidad. En el proyecto que hoy estamos tratando, el Departamento Ejecutivo quiere dejar sin efecto el tener que pedir autorización para desistir y para allanarse judicialmente; lo que manifiestamente, no solo que es una incoherencia con lo que propuso hace solo un año y medio atrás, sino que es un nuevo avance sobre las facultades de este Honorable Concejo Deliberante y un nuevo capítulo en su objetivo de sometimiento de los Concejales que forman parte de este Cuerpo”.
“Cuando la Intendente municipal, en sus argumentos, hace referencia como ejemplo que la Fiscalía de Estado Provincial solo debe recabar del Poder Ejecutivo la autorización para producir allanamientos, transacciones y desistimientos en los juicios y procedimientos judiciales a su cargo; debemos recordarle a Blanca Osuna que este ejemplo no es aplicable en este municipio, ya que la Secretaría Legal y Administrativa de su gobierno no tiene el mismo status constitucional que tiene la Fiscalía de Estado provincial, razón por la cual no tiene la entidad equivalente ni suficiente como para asemejarla a estos efectos”, especificó.
“Cuando en otros párrafos de los fundamentos hace referencia y da como ejemplos normativas de Córdoba y La Pampa, la intendente olvida que las provincias son autónomas y tienen la facultad, cada una de ellas, de darse su propio ordenamiento jurídico; caso contrario podría caer en el grotesco de querer gobernar la ciudad de Paraná, adaptando sus normas a los ordenamientos jurídicos de otras provincias argentinas y contraviniendo la constitución y las leyes de Entre Ríos”, dijo el edil radical.
“En definitiva, el proyecto que hoy estamos tratando no resiste ningún análisis y forma parte de todo el conjunto de decisiones espasmódicas e incoherentes a que nos tiene acostumbrado este gobierno municipal que, a dos años de gestión, aún no se ha dado cuenta que las gestiones de gobierno necesitan fijar rumbos, marcar perfiles, planificar en el tiempo y plantear políticas de estado; y no se puede estar cambiando el ordenamiento jurídico que nos rige de acuerdo a su estado de ánimo o de acuerdo a su conveniencia.
En definitiva, si al gobierno municipal no le gusta el ordenamiento jurídico existente, o bien si quiere desprenderse definitivamente del ordenamiento provincial que nos rige, debería convocar a la Asamblea Estatuyente para que todos los ciudadanos paranaenses podamos debatir el perfil de ciudad que queremos, darnos nuestro propio ordenamiento jurídico y ser autónomos definitivamente, tal como lo faculta nuestra Constitución Provincial. Pero, hasta que esto no ocurra, debemos tener un ordenamiento jurídico serio, estable, armónico y que la gestión de turno deje de plantear modificaciones normativas en forma caprichosa e incoherente que solo demuestra la inconsistencia de su gobierno y una total falta de planificación”. (Fuente: Debate Abierto)
Rettore tildó de “incoherente” la modificación de la Ordenanza 8993
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Por pedido de la Intendente Blanca Osuna, en la sesión de hoy del Concejo Deliberante de Paraná, el Bloque oficialista volvió a concederle facultades para allanarse y desistir en los juicios y procedimientos judiciales.
Miguel Rettore.
En este marco recordó que “el mes de febrero del año 2012, cuando iniciaba su gestión, Blanca Osuna envió el proyecto de estructura orgánica, donde la Secretaría Legal y Administrativa tenía entre sus funciones solicitar que este HCD autorizara a allanarse, transar o desistir en los juicios y procedimientos judiciales que tuviere a su cargo, conforme lo dictamina el art. 108°, inc. K, de la Ley 10027, lo cual se aprobó por unanimidad y quedó consagrado en la Ordenanza N° 8993″.
Seguidamente subrayó que “contrariamente a lo que solicitara en esa oportunidad, en el proyecto de hoy, da por tierra groseramente todo lo sostenido y argumentado entonces, dejando sin efecto facultades y procedimientos que ella misma había propuesto, utilizando términos muy duros contra sus propios argumentos de entonces”.
El concejal señaló que en distintos párrafos de la norma que hoy estan analizando, la Intendente decía:
“…es una exorbitancia normativa, toda vez que esa ordenanza exige más de lo que la Ley Provincial 10027 dispone respecto a las obligaciones atribuidas al Departamento Ejecutivo Municipal”.
“Es un injustificado cercenamiento en sus funciones y atenta contra la posibilidad cierta y conveniente para la administración municipal de poner fin a conflictos judiciales, evitando mayores costos y gastos judiciales”.
“Introduce una exigencia, antes inexistente, que cercena directamente las atribuciones y deberes del Presidente Municipal, sin que se conozcan razones de tal exageradas e incomprensibles modificaciones”.
“Realmente, escuchar este fuerte rechazo a los argumentos que ella misma dio hace un año y medio atrás, es algo que nos debe preocupar, y mucho. Esto nos muestra una vez más el perfil de este gobierno municipal que con conductas erráticas y zigzagueantes en las medidas de gobierno que toma, no escatima en revertir y repudiar, sin ruborizarse, las argumentaciones y decisiones de gobierno tomadas solo algunos meses atrás”, lanzó.
Y agregó: “Hemos dicho en reiteradas oportunidades que este gobierno toma medidas intermitentes y espasmódicas, sin seguir ninguna lógica ni plan de gobierno, y este es un ejemplo más”.
” Hace sólo dos meses, en este mismo recinto, debatimos y sancionamos por unanimidad otro proyecto enviado por Blanca Osuna donde argumentaba que para ajustarse estrictamente a lo normado por la Ley provincial de Municipios 10027, los Recursos de Apelación y Nulidad debían dejar de estar en la órbita del HCD y pasar al Departamento Ejecutivo Municipal, lo que nosotros acompañamos porque así lo dice la Ley; pero lo que no puede hacer Blanca Osuna es someterse a la ley cuando le conviene y desconocerla y/o debilitarla groseramente en otros casos, como en éste” mencionó.
De igual manera, sostuvo que “en oportunidad de proponer la Ordenanza que terminó promulgada con el número 8993, la Intendente Municipal, a lo obligado por el art. 108°, inc. K, de la Ley 10027, por lo cual debe pedir autorización al HCD para “Transar” judicialmente, le agregó las posibilidades de “allanarse” y “desistir”, que fue en definitiva lo que se aprobó por unanimidad. En el proyecto que hoy estamos tratando, el Departamento Ejecutivo quiere dejar sin efecto el tener que pedir autorización para desistir y para allanarse judicialmente; lo que manifiestamente, no solo que es una incoherencia con lo que propuso hace solo un año y medio atrás, sino que es un nuevo avance sobre las facultades de este Honorable Concejo Deliberante y un nuevo capítulo en su objetivo de sometimiento de los Concejales que forman parte de este Cuerpo”.
“Cuando la Intendente municipal, en sus argumentos, hace referencia como ejemplo que la Fiscalía de Estado Provincial solo debe recabar del Poder Ejecutivo la autorización para producir allanamientos, transacciones y desistimientos en los juicios y procedimientos judiciales a su cargo; debemos recordarle a Blanca Osuna que este ejemplo no es aplicable en este municipio, ya que la Secretaría Legal y Administrativa de su gobierno no tiene el mismo status constitucional que tiene la Fiscalía de Estado provincial, razón por la cual no tiene la entidad equivalente ni suficiente como para asemejarla a estos efectos”, especificó.
“Cuando en otros párrafos de los fundamentos hace referencia y da como ejemplos normativas de Córdoba y La Pampa, la intendente olvida que las provincias son autónomas y tienen la facultad, cada una de ellas, de darse su propio ordenamiento jurídico; caso contrario podría caer en el grotesco de querer gobernar la ciudad de Paraná, adaptando sus normas a los ordenamientos jurídicos de otras provincias argentinas y contraviniendo la constitución y las leyes de Entre Ríos”, dijo el edil radical.
“En definitiva, el proyecto que hoy estamos tratando no resiste ningún análisis y forma parte de todo el conjunto de decisiones espasmódicas e incoherentes a que nos tiene acostumbrado este gobierno municipal que, a dos años de gestión, aún no se ha dado cuenta que las gestiones de gobierno necesitan fijar rumbos, marcar perfiles, planificar en el tiempo y plantear políticas de estado; y no se puede estar cambiando el ordenamiento jurídico que nos rige de acuerdo a su estado de ánimo o de acuerdo a su conveniencia.
En definitiva, si al gobierno municipal no le gusta el ordenamiento jurídico existente, o bien si quiere desprenderse definitivamente del ordenamiento provincial que nos rige, debería convocar a la Asamblea Estatuyente para que todos los ciudadanos paranaenses podamos debatir el perfil de ciudad que queremos, darnos nuestro propio ordenamiento jurídico y ser autónomos definitivamente, tal como lo faculta nuestra Constitución Provincial. Pero, hasta que esto no ocurra, debemos tener un ordenamiento jurídico serio, estable, armónico y que la gestión de turno deje de plantear modificaciones normativas en forma caprichosa e incoherente que solo demuestra la inconsistencia de su gobierno y una total falta de planificación”. (Fuente: Debate Abierto)