Se firmó un convenio para investigar la implementación del Juicio por Jurados

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En el marco del V Congreso Internacional de Juicio por Jurados, el  Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, representado por su presidente, Dr. Emilio Castrillon y el Vocal Dr. Miguel Giorgio, firmaron con Valerie Hans de la Universidad de Cornell (New York) y Alfredo Pérez Galimberti por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), un convenio orientado a  la investigación preparatoria para una futura reforma del Sistema Acusatorio e implementación del  Juicio por Jurados en la provincia. También participó del acto el presidente del Foro Dr. Sergio Barotto.

En el marco del V Congreso Internacional de Juicio por Jurados.

En el marco del V Congreso Internacional de Juicio por Jurados.

La rúbrica fue ayer durante la clausura del encuentro internacional que se desarrolló en Villa La Angostura, donde se analizó y relataron las experiencias en las provincias y otros países donde se implementó el Juicio por Jurados.

Castrillon destacó la importancia de la necesidad de la implementación del Juicio por Jurados, considerando que es una herramienta de las sociedades  modernas y de participación ciudadana en el servicio de justicia.

Actualmente Juicios por Jurados hay en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco y Río Negro.

Castrillon recordó que “en 1997 se presentó en la Legislatura de Entre Ríos el primer proyecto de ley para implementar el juicio por jurados” y consideró que al tema podría tomárselo “como una deuda de cumplimento de una manda constitucional, puesto que la Constitución provincial de 1933 lo prevé y se sigue manteniendo”.

Asimismo consideró que el debate debe llegar a la Legislatura provincial, y el juicio por jurados tiene que aplicarse para los delitos más aberrantes, de mayor gravedad, “los que no estén vinculados con la posibilidad de operaciones mediáticas que politicen la actividad de la decisión popular”.

En relación a la evaluación del sistema acusatorio, Castrillon se mostró proclive a propiciar la reforma del Código de Procedimiento Penal y la Ley del Ministerio Público Fiscal. A su criterio eso permitiría fortalecer la garantía, favorecer la defensa y el propiciar el contralor de las pruebas, limitando a la acusación en el manejo de las mismas, de los tiempos y de las personas. (Fuente: STJ)