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Propuso una ley para que la provincia actúe como Nación ante el decomiso de bienes robados.

Viola impulsó la ley de extinción de dominio en la provincia.

“Hay familias que luchan toda la vida para prosperar y otros  que van por el  atajo. Es tiempo de que los que robaron devuelvan a los entrerrianos hasta el último peso”, reclamó.

La diputada provincial María Alejandra Viola, que preside la banca de Cambiemos en la Cámara baja impulsa una ley provincial que apunta, como la Nación, a recuperar para el Estado los bienes robados por la corrupción.

“Este miércoles presenté un proyecto de ley en la Cámara baja. No es una adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Macri, sino un proyecto de ley que recepta los lineamientos de ese DNU”, informó la legisladora.

“No es cierto, como se ha intentado instalar en la discusión mediática, que en Entre Ríos funciona la extinción de dominio. Sí se han decomisado bienes a algunos condenados por corrupción, por ejemplo en el caso de Hugo Righelato, pero ese decomiso fue simbólico. No se ha recuperado realmente lo que se sustrajo de las arcas públicas”, subrayó.

La diputada dijo que la política “tiene que ser ejemplar y dar las primeras señales sobre transparencia”. “Hay familias que luchan toda la  vida para prosperar y otros  que van por el  atajo. Es tiempo de que los que robaron devuelvan a los entrerrianos hasta el último peso”, reclamó.

Viola elaboró un proyecto de ley para poner en funcionamiento la extinción de dominio en Entre Ríos. El texto fue presentado este lunes en la Cámara Baja. Según explicó, en la provincia se han decomisado bienes mal habidos a ex funcionarios públicos, producto de la corrupción, pero los decomisos han sido simbólicos. “Tenemos que entender que los bienes se multiplican, porque el dinero se pone a trabajar, no queda congelado en el tiempo. Así ocurre con todo tipo de bienes, incluidos los robados de las arcas del Estado. Por eso, cuando se procesa a un funcionario público por peculado, sustracción de bienes o enriquecimiento ilícito, se calcula un monto inicial de lo robado. Los embargos se traban sobre ese monto y los decomisos se hacen sobre eso, pero nunca sobre lo que produjo lo sustraído”, diferenció.

Luego añadió: “A eso hay que sumar el tiempo que se tarda en resolver una causa, el tiempo que están abiertas y el tiempo que lleva desde la apertura de una pesquisa hasta que se dicta una medida cautelar como un embargo. Mientras todo esto transcurre, los bienes sustraídos al Estado se multiplican en manos privadas. Esa multiplicación de dinero también es de todos”.

“No es cierto que en la provincia funcione la extinción de dominio tal como se impulsa desde el Gobierno Nacional. Sí es cierto que hubo casos como el del ex titular de Obras Sanitarias, Hugo Righelato, a quien se le decomisaron bienes sustraídos pero a través del acuerdo de juicio abreviado. Eso fue simbólico, justamente porque fue un acuerdo y porque se recuperó lo que se consideró una apropiación ilegal pero no todo el provecho que produjo esa apropiación ilegal de bienes. Sí es destacable de este caso particular lo expeditivo que resultó el trámite judicial, porque se aplicó bien el nuevo Código Procesal Penal”, reconoció. Y de inmediato acotó: “Pero se quiso colocar con el mismo sentido casos como los de los ex senadores Abelardo Pacayut y Mario Yedro. Realmente no son un buen ejemplo. Estas causas demoraron muchísimos años hasta que tuvieron un resultado condenatorio y mucho más hasta que se decomisaron los bienes que inicialmente se consideraron un robo al Estado”. (Fuente: debate Abierto)