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“Este decreto lo que hace es llenar ese vacío legal, estableciendo con claridad cuáles son las pautas para fumigar y disponiendo una serie de controles”, afirmó el dirigente de la Federación Agraria, Alfredo Bel, refiriéndose al decreto del Gobernador que regula la aplicación de agroquímicos.
El decreto regula la aplicación de agroquímicos.
El viernes pasado se conoció el decreto Nº 4.407 con el que el Gobierno provincial da respuesta a la orden que la Justicia le dirigió al Ejecutivo entrerriano para que le ponga límites a las fumigaciones luego de que el juez Oscar Benedetto hiciera lugar a un amparo presentado por Agmer y el Foro Ecologista tendiente a proteger la salud de alumnos y docentes de esos establecimientos.
El decreto de Gustavo Bordet prohíbe las fumigaciones terrestres con agroquímicos a menos de “100 metros de escuelas rurales y cultivos”, y a menos de “500 metros”, para el caso de las aéreas.
Se trata de distancias que quedan por debajo de los 3.000 metros para las aspersiones aéreas y de los mil metros para las terrestres que había fijado Benedetto en su fallo de octubre, ratificado por el Superior Tribunal de Justicia.
El sector rural manifestó su conformidad con el decreto gubernamental: “El compromiso del Gobierno provincial con el sector era que iba a ver una clarificación respecto de lo que demandaba el fallo, que planteaba que había un vacío legal”, sostuvo el dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel.
“La mitad de la biblioteca planteará una cosa y la otra mitad otra, pero la realidad es que el amparo se presentó por principios precautorios ante la imposibilidad de tener la certeza de que adecuadamente se protegiera la salud de los niños y los docentes. Este decreto lo que hace es llenar ese vacío legal estableciendo con claridad cuáles son las pautas para fumigar y disponiendo una serie de controles”, indicó Bel.
“Las anteriores normas que regían eran resoluciones, aunque tenían su valor. Pero ahora este decreto tiene todavía más peso: es inobjetable”, aseveró.
“Probablemente alguno de los actores involucrados recurra este decreto y luego el tema seguirá sus pasos legales”, estimó luego.
“Hay una postura del sector ambiental que tiene una serie de cuestionamientos hacia el modelo productivo, pero nosotros producimos bajo condiciones avaladas por el Senasa y por el INTA. Y, además, en los últimos tiempos, la Provincia ha profundizado los controles, se han realizado múltiples capacitaciones y demás”.
¿Están conformes con la letra del decreto?, consultó esta Agencia, a lo que Bel respondió: “Sí, aunque su demora ha representado un problema para muchos productores y ha producido un impacto imposible de remediar”.
“Para nosotros el decreto es la solución a las dudas que planteó el juez respecto a cómo se actuaba para cuidar la salud de los niños y docentes”, concluyó. (Fuente: APFDigital)
Para el campo, el decreto de Bordet sobre la aplicación de agroquímicos “llena un vacío legal”
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“Este decreto lo que hace es llenar ese vacío legal, estableciendo con claridad cuáles son las pautas para fumigar y disponiendo una serie de controles”, afirmó el dirigente de la Federación Agraria, Alfredo Bel, refiriéndose al decreto del Gobernador que regula la aplicación de agroquímicos.
El decreto regula la aplicación de agroquímicos.
El viernes pasado se conoció el decreto Nº 4.407 con el que el Gobierno provincial da respuesta a la orden que la Justicia le dirigió al Ejecutivo entrerriano para que le ponga límites a las fumigaciones luego de que el juez Oscar Benedetto hiciera lugar a un amparo presentado por Agmer y el Foro Ecologista tendiente a proteger la salud de alumnos y docentes de esos establecimientos.
El decreto de Gustavo Bordet prohíbe las fumigaciones terrestres con agroquímicos a menos de “100 metros de escuelas rurales y cultivos”, y a menos de “500 metros”, para el caso de las aéreas.
Se trata de distancias que quedan por debajo de los 3.000 metros para las aspersiones aéreas y de los mil metros para las terrestres que había fijado Benedetto en su fallo de octubre, ratificado por el Superior Tribunal de Justicia.
El sector rural manifestó su conformidad con el decreto gubernamental: “El compromiso del Gobierno provincial con el sector era que iba a ver una clarificación respecto de lo que demandaba el fallo, que planteaba que había un vacío legal”, sostuvo el dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel.
“La mitad de la biblioteca planteará una cosa y la otra mitad otra, pero la realidad es que el amparo se presentó por principios precautorios ante la imposibilidad de tener la certeza de que adecuadamente se protegiera la salud de los niños y los docentes. Este decreto lo que hace es llenar ese vacío legal estableciendo con claridad cuáles son las pautas para fumigar y disponiendo una serie de controles”, indicó Bel.
“Las anteriores normas que regían eran resoluciones, aunque tenían su valor. Pero ahora este decreto tiene todavía más peso: es inobjetable”, aseveró.
“Probablemente alguno de los actores involucrados recurra este decreto y luego el tema seguirá sus pasos legales”, estimó luego.
“Hay una postura del sector ambiental que tiene una serie de cuestionamientos hacia el modelo productivo, pero nosotros producimos bajo condiciones avaladas por el Senasa y por el INTA. Y, además, en los últimos tiempos, la Provincia ha profundizado los controles, se han realizado múltiples capacitaciones y demás”.
¿Están conformes con la letra del decreto?, consultó esta Agencia, a lo que Bel respondió: “Sí, aunque su demora ha representado un problema para muchos productores y ha producido un impacto imposible de remediar”.
“Para nosotros el decreto es la solución a las dudas que planteó el juez respecto a cómo se actuaba para cuidar la salud de los niños y docentes”, concluyó. (Fuente: APFDigital)