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El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó de una jornada abierta de información sobre el proyecto del nuevo enlace entre la capital provincial y Santa Fe, realizada este miércoles, en el recinto de la Cámara de Senadores. Fue el primer orador, de una lista de ocho, luego de que el vicegobernador, Adán Bahl, dejara abierta la actividad, y que el espacio físico fuera desbordado por vecinos portando carteles con la consigna “Sí al puente, no en la ciudad”.
Defensor Luis Garay.
La actividad fue promovida por Despierta Paraná, un movimiento de ciudadanos formado justamente ante el proyecto de avanzar con la obra y la carencia de información respecto de las trazas, el financiamiento e impactos ambientales y urbanísticos en Paraná, entre otros aspectos.
El Defensor del Pueblo comenzó su exposición aclarando que no se iba a referir a cuestiones técnicas de la obra, sino a Despierta Paraná. “Es un movimiento que nace como reacción hacia un derecho vulnerado por parte del Estado como es el derecho a la información pública”, dijo y agregó: “Me consta porque los hemos acompañado desde la primera vez que fueron a la Defensoría. Sabemos que hicieron todas las presentaciones, como corresponde, por expediente en mesa de entrada, pidiendo todas las explicaciones referidas al proyecto y nunca tuvieron respuestas concretas”.
Seguidamente, señaló que como contrapartida recibieron la crítica y menosprecio de parte de funcionarios que, a través de declaraciones periodísticas, minimizaron el tema, el movimiento, “planteando que era una cuestión de unos poquitos revoltosos, que tenían intereses individuales o partidarios”. Concluyó, que así se pretendió “llevar un tema colectivo a uno individual con argumentos poco sólidos como decir que estos vecinos están en contra del progreso”. En ese punto se preguntó qué se entiende por progreso para esta ciudad y citó el informe titulado Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible: Equilibrio Territorial para la Equidad Social, Ambiental y Productiva, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 2013 y 2014. De esa investigación surgió que la ciudad tiene un problema serio de cloacas: sólo la mitad de los paranaenses está conectado al servicio. También, se detectaron graves inconvenientes en el suministro de agua: el 38% de la producción se pierde por fallas en las redes. Y continúo con la problemática de la basura y mencionó el caso del Volcadero que debió ser judicializado, también las falencias en desagües pluviales y en políticas de hábitat, viviendas. La resolución de esas cuestiones básicas -acotó el Defensor- sería el progreso, es decir que redunde en una mejor calidad de vida para los paranaenses. Además, se refirió a la necesidad de tener una ciudad planificada que permita la previsión de expansión urbana y de servicios básicos.
A continuación, preguntó “cuál es el beneficio de tener hoy un puente paralelo al túnel (subfluvial)” y expresó su preocupación respecto a la posibilidad de que se constituya en una competencia directa para el viaducto. Al respecto, detalló que el túnel es un ente biprovincial y lo que se recauda es para Entre Ríos y Santa Fe. En cambio, cuando se construya un puente a poca distancia del túnel, los recursos que surjan del nuevo enlace “seguramente irán a una empresa privada hasta que se termine de pagar la obra y después a la jurisdicción nacional”. Aunque, reiteró que se carece de información oficial.
Más adelante, aclaró que “todos queremos un puente” que sea una conexión bioceánica, que sea una vía especialmente para el tránsito pesado con el fin de volverlo más fluido y seguro. Sin embargo, la traza anunciada impactaría directamente sobre la zona del barrio de la Toma Vieja y desembocaría en los accesos a la ruta 168, con lo que no se cumpliría con el objetivo de desviar el tránsito pesado.
En cuanto al túnel subfluvial, informó que mantuvo una reunión con los directores del ente de ambas provincias (Entre Ríos y Santa Fe), quienes le manifestaron que carecen de informes oficiales respecto a si la obra podría tener impacto en el viaducto.
Tras la enumeración, dijo que se tratan de interrogantes sobre el tema que deberían responderse a través de un acceso libre, por parte de la ciudadanía, de la información pública. Por ese “montón de dudas que tenemos es que decidimos acompañar el movimiento Despierta Paraná”, dijo.
Por último, leyó un texto sobre El derecho de los ciudadanos a la ciudad. La ciudad como célula madre del Estado-Nación, de Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación. El autor cita al filósofo y geógrafo francés, Henri Lefébvre, para fundamentar la necesidad de humanizar las ciudades. Enunció que, entre “los derechos básicos de los ciudadanos, junto al derecho de libertad, trabajo, salud o educación, se debía incluir el derecho a la ciudad, es decir, el derecho de los ciudadanos a vivir en territorios propicios a la convivencia y ricos en usos diversos, en los que el espacio y los equipamientos públicos sean factores de desarrollo colectivo e individual. El derecho de todos a disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad cultural”. Tras lo expuesto, el Defensor Luis Garay concluyó en que los dirigentes políticos, una vez en el gobierno, deben hacer realidad las promesas referidas a la participación ciudadana y a gestiones de puertas abiertas. (Fuente: Prensa Defensoría Paraná)
Puente Paraná – Santa Fe: El Defensor del Pueblo dijo que hay “muchas dudas” y reclamó información
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El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó de una jornada abierta de información sobre el proyecto del nuevo enlace entre la capital provincial y Santa Fe, realizada este miércoles, en el recinto de la Cámara de Senadores. Fue el primer orador, de una lista de ocho, luego de que el vicegobernador, Adán Bahl, dejara abierta la actividad, y que el espacio físico fuera desbordado por vecinos portando carteles con la consigna “Sí al puente, no en la ciudad”.
Defensor Luis Garay.
La actividad fue promovida por Despierta Paraná, un movimiento de ciudadanos formado justamente ante el proyecto de avanzar con la obra y la carencia de información respecto de las trazas, el financiamiento e impactos ambientales y urbanísticos en Paraná, entre otros aspectos.
El Defensor del Pueblo comenzó su exposición aclarando que no se iba a referir a cuestiones técnicas de la obra, sino a Despierta Paraná. “Es un movimiento que nace como reacción hacia un derecho vulnerado por parte del Estado como es el derecho a la información pública”, dijo y agregó: “Me consta porque los hemos acompañado desde la primera vez que fueron a la Defensoría. Sabemos que hicieron todas las presentaciones, como corresponde, por expediente en mesa de entrada, pidiendo todas las explicaciones referidas al proyecto y nunca tuvieron respuestas concretas”.
Seguidamente, señaló que como contrapartida recibieron la crítica y menosprecio de parte de funcionarios que, a través de declaraciones periodísticas, minimizaron el tema, el movimiento, “planteando que era una cuestión de unos poquitos revoltosos, que tenían intereses individuales o partidarios”. Concluyó, que así se pretendió “llevar un tema colectivo a uno individual con argumentos poco sólidos como decir que estos vecinos están en contra del progreso”. En ese punto se preguntó qué se entiende por progreso para esta ciudad y citó el informe titulado Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible: Equilibrio Territorial para la Equidad Social, Ambiental y Productiva, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 2013 y 2014. De esa investigación surgió que la ciudad tiene un problema serio de cloacas: sólo la mitad de los paranaenses está conectado al servicio. También, se detectaron graves inconvenientes en el suministro de agua: el 38% de la producción se pierde por fallas en las redes. Y continúo con la problemática de la basura y mencionó el caso del Volcadero que debió ser judicializado, también las falencias en desagües pluviales y en políticas de hábitat, viviendas. La resolución de esas cuestiones básicas -acotó el Defensor- sería el progreso, es decir que redunde en una mejor calidad de vida para los paranaenses. Además, se refirió a la necesidad de tener una ciudad planificada que permita la previsión de expansión urbana y de servicios básicos.
A continuación, preguntó “cuál es el beneficio de tener hoy un puente paralelo al túnel (subfluvial)” y expresó su preocupación respecto a la posibilidad de que se constituya en una competencia directa para el viaducto. Al respecto, detalló que el túnel es un ente biprovincial y lo que se recauda es para Entre Ríos y Santa Fe. En cambio, cuando se construya un puente a poca distancia del túnel, los recursos que surjan del nuevo enlace “seguramente irán a una empresa privada hasta que se termine de pagar la obra y después a la jurisdicción nacional”. Aunque, reiteró que se carece de información oficial.
Más adelante, aclaró que “todos queremos un puente” que sea una conexión bioceánica, que sea una vía especialmente para el tránsito pesado con el fin de volverlo más fluido y seguro. Sin embargo, la traza anunciada impactaría directamente sobre la zona del barrio de la Toma Vieja y desembocaría en los accesos a la ruta 168, con lo que no se cumpliría con el objetivo de desviar el tránsito pesado.
En cuanto al túnel subfluvial, informó que mantuvo una reunión con los directores del ente de ambas provincias (Entre Ríos y Santa Fe), quienes le manifestaron que carecen de informes oficiales respecto a si la obra podría tener impacto en el viaducto.
Tras la enumeración, dijo que se tratan de interrogantes sobre el tema que deberían responderse a través de un acceso libre, por parte de la ciudadanía, de la información pública. Por ese “montón de dudas que tenemos es que decidimos acompañar el movimiento Despierta Paraná”, dijo.
Por último, leyó un texto sobre El derecho de los ciudadanos a la ciudad. La ciudad como célula madre del Estado-Nación, de Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación. El autor cita al filósofo y geógrafo francés, Henri Lefébvre, para fundamentar la necesidad de humanizar las ciudades. Enunció que, entre “los derechos básicos de los ciudadanos, junto al derecho de libertad, trabajo, salud o educación, se debía incluir el derecho a la ciudad, es decir, el derecho de los ciudadanos a vivir en territorios propicios a la convivencia y ricos en usos diversos, en los que el espacio y los equipamientos públicos sean factores de desarrollo colectivo e individual. El derecho de todos a disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad cultural”. Tras lo expuesto, el Defensor Luis Garay concluyó en que los dirigentes políticos, una vez en el gobierno, deben hacer realidad las promesas referidas a la participación ciudadana y a gestiones de puertas abiertas. (Fuente: Prensa Defensoría Paraná)