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Los fiscales pidieron que se eleve a juicio la causa contra el exgobernador, su cuñado y otros exfuncionarios, quienes fueron imputados por los delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Para lo cuál reclamarán prisión efectiva y el desafuero de los diputados.
Pedirán ocho años de cárcel.
Exministro. El actual diputado provincial fue acusado por su paso al frente de Comunicación y Cultura.
Exministro. El actual diputado provincial fue acusado por su paso al frente de Comunicación y Cultura.
La Procuración General del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos informó que los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, dieron por concluida la investigación penal preparatoria en el Legajo Nº 31253, “Aguilera Juan Pablo y otros – Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y otros”, habiéndose solicitado en esta jornada, la remisión de la causa a juicio.
Los fiscales informaron a través del organismo de prensa del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que lo delitos investigados consistieron en el direccionamiento durante los años 2010 a 2015, de un monto total de $24.204.918,69, por parte de Sergio Daniel Urribarri y Pedro Báez, en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del ex – gobernador.
Sostuvieron que las empresas TEP SRL y NEXT SRL absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción. También, que otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas, como “J. M. Bustamante Publicidad” y “Montañana Publicidad”, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos.
Por otro lado, se consideró probado con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del S.T.J., que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento.
En mérito de las evidencias recolectadas los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Urribarri y Pedro Baez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Cargnel, Jesús María Bustamante, Hugo Montañana y Gustavo Ruben Tamay, como, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y a Maximiliano Romeo Sena, como partícipes secundarios -art. 46 del C.P.
Pedidos de condenas
En función de la gravedad y reiteración de los hechos, se estimó provisoriamente como monto de pena a requerir en juicio para Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, ocho años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Corina Cargnel, Jesús Bustamante y Hugo Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; para Gustavo Tamay, seis años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Luciana Amada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y Maximiliano Romeo Sena, cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
Finalmente, se requirió al Juez de Garantías que solicite a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia el desafuero de los diputados Urribarri y Báez, para permitir su juzgamiento conforme a lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Provincial. (Fuente: Uno)
Piden elevar a juicio una causa contra Urribarri
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Los fiscales pidieron que se eleve a juicio la causa contra el exgobernador, su cuñado y otros exfuncionarios, quienes fueron imputados por los delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Para lo cuál reclamarán prisión efectiva y el desafuero de los diputados.
Pedirán ocho años de cárcel.
Exministro. El actual diputado provincial fue acusado por su paso al frente de Comunicación y Cultura.
Exministro. El actual diputado provincial fue acusado por su paso al frente de Comunicación y Cultura.
La Procuración General del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos informó que los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, dieron por concluida la investigación penal preparatoria en el Legajo Nº 31253, “Aguilera Juan Pablo y otros – Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y otros”, habiéndose solicitado en esta jornada, la remisión de la causa a juicio.
Los fiscales informaron a través del organismo de prensa del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que lo delitos investigados consistieron en el direccionamiento durante los años 2010 a 2015, de un monto total de $24.204.918,69, por parte de Sergio Daniel Urribarri y Pedro Báez, en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del ex – gobernador.
Sostuvieron que las empresas TEP SRL y NEXT SRL absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción. También, que otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas, como “J. M. Bustamante Publicidad” y “Montañana Publicidad”, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos.
Por otro lado, se consideró probado con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del S.T.J., que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento.
En mérito de las evidencias recolectadas los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Urribarri y Pedro Baez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Cargnel, Jesús María Bustamante, Hugo Montañana y Gustavo Ruben Tamay, como, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y a Maximiliano Romeo Sena, como partícipes secundarios -art. 46 del C.P.
Pedidos de condenas
En función de la gravedad y reiteración de los hechos, se estimó provisoriamente como monto de pena a requerir en juicio para Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, ocho años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Corina Cargnel, Jesús Bustamante y Hugo Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; para Gustavo Tamay, seis años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Luciana Amada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y Maximiliano Romeo Sena, cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
Finalmente, se requirió al Juez de Garantías que solicite a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia el desafuero de los diputados Urribarri y Báez, para permitir su juzgamiento conforme a lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Provincial. (Fuente: Uno)