El gobierno entrerriano busca regular por ley los loteos en áreas rurales

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La legislación abarcaría el fraccionamiento referido al uso y transformación de la tierra de Rural a Urbano en actos de subdivisión y lo que no esté comprendido por la ley vigente. Busca garantizar criterios de responsabilidad en loteos.

En muchos casos no se cumplen "requisitos mínimos de factibilidad".

En muchos casos no se cumplen “requisitos mínimos de factibilidad”.

Ante el avance de urbanizaciones que en muchos casos no cumplen requisitos mínimos de factibilidad y a la solicitud de numerosas juntas de gobierno, el Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura un proyecto de ley tendiente a regular los fraccionamientos referidos al uso y transformación de la tierra de Rural a Urbano, en los llamados loteos.

La norma comprende diversos aspectos relacionados con la responsabilidad de las condiciones sobre las que se va a concretar la urbanización o loteo, como el trazado de calles, la obligatoriedad de espacios públicos, la implementación de los servicios y el impacto ambiental a tener en cuenta, entre otros importantes puntos.

El proyecto, en el que el Ejecutivo trabajó a través del Ministerio de Gobierno, consta de 81 artículos y tres anexos y detalla las obligaciones y requerimientos que se tienen que tener a la hora de urbanizar las tierras rurales. La iniciativa surgió ante las reiteradas inquietudes planteadas por Juntas de Gobierno a través de la Dirección que las nuclea, a raíz de los reclamos a las Juntas por parte de adquirentes de lotes, de servicios tales como agua, luz, recolección y procesamiento de residuos, seguridad y otros.

Bordet lo había anunciado en su discurso de la Asamblea Legislativa: dar un marco para “solucionar numerosos problemas” que hoy se tienen con las empresas que se radican fueras de los ejidos urbanos, que después exigen servicios pero que no cumplen con la tasas de contraprestación y también de numerosos loteos que se producen en las llamadas “zonas grises” de la provincia.

La propuesta de ley tuvo en cuenta trabajos de gestiones anteriores, que ya habían abordado la temática, y también apunta a regular las etapas y requisitos que imprime el trámite administrativo para la presentación y posterior aprobación de proyectos de subdivisión y urbanización de inmuebles rurales.

A su vez, persigue la necesidad de prevenir “probables efectos no deseados en el territorio” producto de la aplicación de las normas vigentes que no contemplan las nuevas dinámicas y efectos territoriales de la subdivisión de inmuebles rurales, señala el parte de prensa oficial. (Fuente: Informedigital)