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Dijo que antes de aplicar una suba de tarifas debe contemplarse la situación salarial. Señaló que el incremento del gas a boca de pozo que propone el gobierno hasta 2019 constituye un 215% para la categoría de usuarios que consume menos. Resta el análisis del transporte y distribución. Objetó la modalidad de convocatoria de la audiencia pública: fue el único expositor en la provincia.
Audienia Pública.
Luis Garay, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, fue el único expositor por la provincia de Entre Ríos en la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional con el fin de aplicar un nuevo aumento de tarifas para el servicio de gas natural. La audiencia se realizó este miércoles, en la Casa de la Costa de Paraná, contó con un profuso operativo de seguridad y con un único participante.
Ese punto –la ausencia de asistentes- ocupó el comienzo de la exposición del Defensor de Paraná, quien dijo que si bien celebra cada vez que se llama a una audiencia pública, observa con preocupación la modalidad de la convocatoria y los resultados. “Siento que no hay voluntad política para que las audiencias públicas sean públicas”, sostuvo, tras lo que se refirió al concepto “público” y dijo que esta instancia (la audiencia) tiene sentido en cuanto haya participación ciudadana en temas relevantes, como es –en este caso- el aumento del gas. En vista de que su exposición estaba siendo escuchada en vivo en Buenos Aires y en otras partes del país, donde se habilitaron audiencias públicas, recordó que Entre Ríos tiene más de 1,3 millones de habitantes y Paraná uno 300 mil y sin embargo, dijo: “Soy el único orador”. Un planteo similar hizo el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, quien expuso en soledad en Rosario.
Seguidamente, afirmó que se tratan de “cuestiones que hay que cambiar” y mencionó el hecho de que las inscripciones para participar en las audiencias públicas deban realizarse personalmente o por vía postal en Concordia, en la sede del Enargas, a casi 300 kilómetros de Paraná. “Estamos hablando del voto electrónico y de otras herramientas informáticas y se sigue utilizando el correo postal para estos casos”, mencionó.
A continuación, se refirió a lo público y al rol del Estado. Se preguntó cómo el gobierno fija los precios, como el de boca de pozo, un ítem que tiene un impacto del 70% en la factura del gas. Consideró que en los valores propuestos y la modalidad de aplicación de los aumentos se está desconociendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia que no solamente obligó a la convocatoria de las audiencias públicas sino que estableció que se respeten los conceptos de progresividad y razonabilidad a la hora de aplicar subas de tarifas. Y explicó que progresividad, para los Defensores del Pueblo, “no tiene que ver con aumentos en cuotas o programados, sino con el poder adquisitivo de los usuarios”, con el derecho y la capacidad económica de los ciudadanos de acceder a un servicio esencial como el gas.
En cuanto a los incrementos previstos por el gobierno, el Defensor se detuvo en un cuadro elaborado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que refleja el tenor de los aumentos propuestos y la baja total de los subsidios, hasta igualar en 2019 el valor del gas para todas las categorías de consumidores. Citó, a modo de ejemplo, la categoría más baja de consumidores: en octubre de 2016, el valor fue de 2,16 dólares y se pretende que llegue a 6,80 en 2019. “Estamos hablando de un aumento del 215%”, dijo el Defensor, quien advirtió que luego deberá sumársele el costo de transporte, distribución e impuestos.
Sobre el concepto de razonabilidad, planteó que se refiere a “lo justo y lo justo para quién”. Los números –dijo- tienen que cerrar para todos y la ciudadanía necesita tarifas accesibles, acordes a sus ingresos, para así poder ejercer un derecho que es al de la energía u otros servicios que hacen a una vida digna.
Tarifa social.
Respecto de la tarifa social pidió que los requisitos para acceder no sean taxativos, sino que admitan la consideración de las situaciones de las personas. Para esa tarea, propuso la colaboración de Defensores del Pueblo y el Enargas. Y puso el ejemplo de uno de los requisitos: no tener ingresos mayores al equivalente a dos haberes mínimos garantizados. Se tratan de unos 16 mil pesos por mes, monto que para una familia que alquile y tenga hijos a cargo resulta escaso.
Por último, solicitó que por este año no se apliquen subas al gas y, antes de aumentarlo, se acuerden salarios e ingresos acorde a los precios. (Fuente: Defensoria del Pueblo)
El Defensor del Pueblo rechazó un nuevo aumento del gas
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Dijo que antes de aplicar una suba de tarifas debe contemplarse la situación salarial. Señaló que el incremento del gas a boca de pozo que propone el gobierno hasta 2019 constituye un 215% para la categoría de usuarios que consume menos. Resta el análisis del transporte y distribución. Objetó la modalidad de convocatoria de la audiencia pública: fue el único expositor en la provincia.
Audienia Pública.
Luis Garay, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, fue el único expositor por la provincia de Entre Ríos en la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional con el fin de aplicar un nuevo aumento de tarifas para el servicio de gas natural. La audiencia se realizó este miércoles, en la Casa de la Costa de Paraná, contó con un profuso operativo de seguridad y con un único participante.
Ese punto –la ausencia de asistentes- ocupó el comienzo de la exposición del Defensor de Paraná, quien dijo que si bien celebra cada vez que se llama a una audiencia pública, observa con preocupación la modalidad de la convocatoria y los resultados. “Siento que no hay voluntad política para que las audiencias públicas sean públicas”, sostuvo, tras lo que se refirió al concepto “público” y dijo que esta instancia (la audiencia) tiene sentido en cuanto haya participación ciudadana en temas relevantes, como es –en este caso- el aumento del gas. En vista de que su exposición estaba siendo escuchada en vivo en Buenos Aires y en otras partes del país, donde se habilitaron audiencias públicas, recordó que Entre Ríos tiene más de 1,3 millones de habitantes y Paraná uno 300 mil y sin embargo, dijo: “Soy el único orador”. Un planteo similar hizo el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, quien expuso en soledad en Rosario.
Seguidamente, afirmó que se tratan de “cuestiones que hay que cambiar” y mencionó el hecho de que las inscripciones para participar en las audiencias públicas deban realizarse personalmente o por vía postal en Concordia, en la sede del Enargas, a casi 300 kilómetros de Paraná. “Estamos hablando del voto electrónico y de otras herramientas informáticas y se sigue utilizando el correo postal para estos casos”, mencionó.
A continuación, se refirió a lo público y al rol del Estado. Se preguntó cómo el gobierno fija los precios, como el de boca de pozo, un ítem que tiene un impacto del 70% en la factura del gas. Consideró que en los valores propuestos y la modalidad de aplicación de los aumentos se está desconociendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia que no solamente obligó a la convocatoria de las audiencias públicas sino que estableció que se respeten los conceptos de progresividad y razonabilidad a la hora de aplicar subas de tarifas. Y explicó que progresividad, para los Defensores del Pueblo, “no tiene que ver con aumentos en cuotas o programados, sino con el poder adquisitivo de los usuarios”, con el derecho y la capacidad económica de los ciudadanos de acceder a un servicio esencial como el gas.
En cuanto a los incrementos previstos por el gobierno, el Defensor se detuvo en un cuadro elaborado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que refleja el tenor de los aumentos propuestos y la baja total de los subsidios, hasta igualar en 2019 el valor del gas para todas las categorías de consumidores. Citó, a modo de ejemplo, la categoría más baja de consumidores: en octubre de 2016, el valor fue de 2,16 dólares y se pretende que llegue a 6,80 en 2019. “Estamos hablando de un aumento del 215%”, dijo el Defensor, quien advirtió que luego deberá sumársele el costo de transporte, distribución e impuestos.
Sobre el concepto de razonabilidad, planteó que se refiere a “lo justo y lo justo para quién”. Los números –dijo- tienen que cerrar para todos y la ciudadanía necesita tarifas accesibles, acordes a sus ingresos, para así poder ejercer un derecho que es al de la energía u otros servicios que hacen a una vida digna.
Tarifa social.
Respecto de la tarifa social pidió que los requisitos para acceder no sean taxativos, sino que admitan la consideración de las situaciones de las personas. Para esa tarea, propuso la colaboración de Defensores del Pueblo y el Enargas. Y puso el ejemplo de uno de los requisitos: no tener ingresos mayores al equivalente a dos haberes mínimos garantizados. Se tratan de unos 16 mil pesos por mes, monto que para una familia que alquile y tenga hijos a cargo resulta escaso.
Por último, solicitó que por este año no se apliquen subas al gas y, antes de aumentarlo, se acuerden salarios e ingresos acorde a los precios. (Fuente: Defensoria del Pueblo)