Catorce de los acusados de integrar la organización narcocriminal encabezada por los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis apelaron el procesamiento y solicitaron la libertad ante la Cámara Federal.

Se trata de la banda que fue desarticulada a fines de mayo, en el mismo momento en que varias personas descargaban más de trescientos kilos de marihuana de una avioneta en un campo de Colonia Avellaneda.

Los hermanos Celis lideraban una organización que operaba en distintos barrios de Paraná y extendía sus redes a otras localidades e incluso hasta Santa Fe. El negocio consistía en la venta de marihuana al menudeo y en el aprovisionamiento a otras pequeñas bandas.

Los planteos de la defensa coincidieron en cuestionar la investigación y buscaron desacreditar los fundamentos del juez Leandro Ríos (“está basado en una fundamentación aparente y, por lo tanto, es arbitraria”, dijo uno de los defensores); se quejaron de que las imputaciones están formuladas en forma genérica, lo que vulneraría el derecho de defensa; reprobaron la interpretación que hizo el juez de las escuchas telefónicas y plantearon que no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones. En un caso también se pidió la nulidad del auto de procesamiento porque “no hay una imputación precisa, delimitada en el tiempo y circunstanciada” y “es imposible rebatir una imputación genérica”.

También solicitaron la excarcelación, por considerar que la investigación está prácticamente finalizada y no hay modo en que los acusados puedan entorpecer la producción de pruebas; como tampoco existe riesgo de fuga, según dijeron.

En tanto, el fiscal general Ricardo Álvarez dijo que se trata de una “megacausa dada la complejidad y extensión en el tiempo que tuvo la investigación”. No obstante, admitió que tal vez deberían hacerse algunos ajustes en cuanto al tiempo en que cada uno de los imputados hizo su aporte a la organización, en función de los elementos de prueba recolectados entre marzo de 2016 y abril de 2017 en que tramitó la pesquisa.

Asimismo, aseguró que “lo que se debe analizar es si la resolución del juez tiene buen semblante normativo y razonabilidad” y, tras analizar el rol de los imputados, no dudó en que el auto de procesamiento “debe ser ratificado” en su totalidad, como también la prisión preventiva de cada uno de los integrantes de la organización.

El tribunal integrado por Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Daniel Alonso tiene ahora diez días para resolver.

Los que recurrieron la decisión judicial

De las 23 personas que fueron procesadas por el juez, 14 recurrieron la decisión judicial ante la Cámara Federal de Apelaciones: María Fernanda Orundes Ayala y Yamila María José Corradini, parejas de Daniel y Miguel Ángel Celis, respectivamente; Eduardo Ramón Celis, el padre; y Miguela Valde, todos imputados por el comercio de sustancias estupefacientes.

También apelaron Cristian Javier Silva, Hernán Jesús Rivero -ex funcionario municipal-, Patricio Facundo Larrosa, Marcos Javier Velázquez, María Laura Zurita, Renzo Bertana, Miqueas Julio Córdoba y Jonatan Iván Romero, que ejercían distintos roles de provisión, organización, distribución, logística para el transporte, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta.

En tanto, los hermanos Omar Horacio Ghibaudo y José Raúl Ghibaudo, que son los dueños del campo donde aterrizó la avioneta y de otro que había sido acondicionado por la organización para el aprovisionamiento de combustible de la aeronave, no recurrieron el procesamiento sino que solicitaron su excarcelación, para lo cual ofrecieron como fianza el campo en el que viven, en María Grande. En su caso, el fiscal replicó que deberían llevar el planteo al propio juez Ríos. (Fuente: El Diario)