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Este viernes, a las 14, los Defensores del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay (Titular) y Pablo Donadío (Adjunto) asistirán junto a defensores del país, a una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con la titular Carolina Stanley, para expresar formalmente el impacto que está teniendo la decisión de dar de baja Pensiones No Contributivas (PNC) en sectores de alta vulnerabilidad y solicitar, en consecuencia, se retrotraiga la medida, se recomponga el pago de los beneficios y recién después, se inicie un análisis caso por caso.
Defensores del Pueblo.
La audiencia fue pedida por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), organización de la que forma parte la institución local, y en representación de la provincia –ante la falta de una Defensoría del Pueblo de Entre Ríos- fue invitada a participar la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce.
La preocupación por la interrupción sorpresiva de los pagos de los beneficios empezó a registrarse en la Defensoría del Pueblo de Paraná hace más de un mes. Fueron algunos casos hasta esta semana cuando el flujo de ciudadanos buscando información y ayuda se incrementó notablemente.
A principios de mayo, la Defensoría de Paraná llevó el problema al II Plenario Anual de Adpra realizado en la localidad de Vicente López, Buenos Aires. En la oportunidad, se expuso el caso de ciudadanos de Paraná, de escasos recursos, único sostén de familia, que manifestaban haber dejado de percibir el monto correspondiente a la PNC. En la mayoría de los planteos, la pensión constituía el principal ingreso de la familia y habría sido interrumpido a partir de la aplicación de requisitos como la imposibilidad de percibir otro haber en el grupo familiar (en casos atendidos por la institución, el cónyuge cobraba el beneficio provincial de la Ley 4035 cuyo monto rondaba $950). Y se trata de montos exiguos, en relación al costo de vida. Las Pensiones No Contributivas abarcan tres grupos con sus respectivos requisitos: casos de invalidez, $4.476; por madre con siete y más hijos, $6.394 y por adulto mayor, que desde el año pasado es tramitada por Ansés, ronda los $5.100, según se pudo averiguar.
Ante la situación, la Defensoría del Pueblo de Paraná consiguió en mayo establecer una comunicación con el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Guillermo Badino, quien fundamentó la medida en la vigencia de un decreto (432/97, reglamentario de la Ley N° 13478 ) y accedió a considerar los planteos que elevara la institución. La semana pasada, se le envió un listado de 14 casos y por estas horas, se engrosa el registro que se espera poder entregar en mano a la ministra Stanley.
“Queremos que se revierta esta injusticia”, dijo el Defensor Garay, al referirse a la interrupción masiva y sin previo aviso de los pagos. “Si hay alguna pensión que ha sido mal otorgada, debería haberse notificado a esa persona, y en todo caso, dado de baja a esa persona y no a todas”, afirmó, para expresar luego que el procedimiento viola la Convención de las personas con discapacidad, pues se trata de un derecho y no de mero asistencialismo. (Fuente: Defensoria del Pueblo)
Defensores del Pueblo de Paraná participarán de una reunión con la ministra Stanley
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Este viernes, a las 14, los Defensores del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay (Titular) y Pablo Donadío (Adjunto) asistirán junto a defensores del país, a una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con la titular Carolina Stanley, para expresar formalmente el impacto que está teniendo la decisión de dar de baja Pensiones No Contributivas (PNC) en sectores de alta vulnerabilidad y solicitar, en consecuencia, se retrotraiga la medida, se recomponga el pago de los beneficios y recién después, se inicie un análisis caso por caso.
Defensores del Pueblo.
La audiencia fue pedida por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), organización de la que forma parte la institución local, y en representación de la provincia –ante la falta de una Defensoría del Pueblo de Entre Ríos- fue invitada a participar la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce.
La preocupación por la interrupción sorpresiva de los pagos de los beneficios empezó a registrarse en la Defensoría del Pueblo de Paraná hace más de un mes. Fueron algunos casos hasta esta semana cuando el flujo de ciudadanos buscando información y ayuda se incrementó notablemente.
A principios de mayo, la Defensoría de Paraná llevó el problema al II Plenario Anual de Adpra realizado en la localidad de Vicente López, Buenos Aires. En la oportunidad, se expuso el caso de ciudadanos de Paraná, de escasos recursos, único sostén de familia, que manifestaban haber dejado de percibir el monto correspondiente a la PNC. En la mayoría de los planteos, la pensión constituía el principal ingreso de la familia y habría sido interrumpido a partir de la aplicación de requisitos como la imposibilidad de percibir otro haber en el grupo familiar (en casos atendidos por la institución, el cónyuge cobraba el beneficio provincial de la Ley 4035 cuyo monto rondaba $950). Y se trata de montos exiguos, en relación al costo de vida. Las Pensiones No Contributivas abarcan tres grupos con sus respectivos requisitos: casos de invalidez, $4.476; por madre con siete y más hijos, $6.394 y por adulto mayor, que desde el año pasado es tramitada por Ansés, ronda los $5.100, según se pudo averiguar.
Ante la situación, la Defensoría del Pueblo de Paraná consiguió en mayo establecer una comunicación con el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Guillermo Badino, quien fundamentó la medida en la vigencia de un decreto (432/97, reglamentario de la Ley N° 13478 ) y accedió a considerar los planteos que elevara la institución. La semana pasada, se le envió un listado de 14 casos y por estas horas, se engrosa el registro que se espera poder entregar en mano a la ministra Stanley.
“Queremos que se revierta esta injusticia”, dijo el Defensor Garay, al referirse a la interrupción masiva y sin previo aviso de los pagos. “Si hay alguna pensión que ha sido mal otorgada, debería haberse notificado a esa persona, y en todo caso, dado de baja a esa persona y no a todas”, afirmó, para expresar luego que el procedimiento viola la Convención de las personas con discapacidad, pues se trata de un derecho y no de mero asistencialismo. (Fuente: Defensoria del Pueblo)