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El fallo de la Corte Suprema que otorga el beneficio del 2×1 a los genocidas que torturaron, asesinaron y robaron bebés durante la última dictadura civico-militar, es una verdadera aberración y significa un enorme retroceso en materia de DDHH y una burla infame a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esto debe ser denunciado en todos los organismos internacionales y con el Pueblo movilizado en las calles y las plazas de todo el país.
Gervasoni: “Es una burla infame a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”
Que de los cinco jueces que integran la nueva Corte, los dos últimos, impulsados por el actual gobierno, voten a favor de este fallo, junto con la jueza Highton de Nolasco, que dio un llamativo cambio de postura después de ser beneficiada con la continuidad en la Corte a pesar de superar los 75 años de edad, habla de la falta de institucionalidad e imparcialidad del Poder Judicial, siempre permeable a los intereses más conservadores y reaccionarios de nuestro país. Este fallo además, representa una vergüenza internacional, después de haber sido Argentina vanguardia en materia de DDHH.
El negacionismo al que apelaron altos funcionarios nacionales, el apoyo a este fallo del Secretario de DDHH de la nación, el permanente reclamo de cárcel domiciliaria y otros beneficios para presos por delitos de Lesa Humanidad del diario La Nación y el muy reciente pedido de reconciliación de la cúpula de la iglesia argentina, no son en absoluto elementos aislados, sino más bien piezas engarzadas de una misma estrategia: que vuelva a reinar la impunidad para los genocidas en Argentina.
En este sentido, creemos necesario analizarlo como un fallo netamente político, que está en sintonía con lo que viene sucediendo desde que asumió el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Decimos esto, porque desde el punto de vista jurídico es un mamarracho, ya que equiparan delitos comunes con delitos de lesa humanidad perpetrados por el aparato del Estado.
Exigimos justicia para los familiares y nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Los delitos de los torturadores y desaparecedores no pertenecen al pasado, son una herida que sigue abierta hoy al impedirnos conocer el destino de nuestros desaparecidos y el de los más de 400 jóvenes apropiados.
Es nuestro deber como ciudadanos impedir que vuelva la impunidad. Es nuestro deber como militantes mantener bien alto las banderas por las cuales nuestras Madres y Abuelas empezaron su lucha hace más de 40 años. Ni olvido, ni perdón. Sin justicia no hay reconciliación. (Fuente: Debate Abierto)
Gervasoni propone denunciar a organismos internacionales
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El fallo de la Corte Suprema que otorga el beneficio del 2×1 a los genocidas que torturaron, asesinaron y robaron bebés durante la última dictadura civico-militar, es una verdadera aberración y significa un enorme retroceso en materia de DDHH y una burla infame a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esto debe ser denunciado en todos los organismos internacionales y con el Pueblo movilizado en las calles y las plazas de todo el país.
Gervasoni: “Es una burla infame a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”
Que de los cinco jueces que integran la nueva Corte, los dos últimos, impulsados por el actual gobierno, voten a favor de este fallo, junto con la jueza Highton de Nolasco, que dio un llamativo cambio de postura después de ser beneficiada con la continuidad en la Corte a pesar de superar los 75 años de edad, habla de la falta de institucionalidad e imparcialidad del Poder Judicial, siempre permeable a los intereses más conservadores y reaccionarios de nuestro país. Este fallo además, representa una vergüenza internacional, después de haber sido Argentina vanguardia en materia de DDHH.
El negacionismo al que apelaron altos funcionarios nacionales, el apoyo a este fallo del Secretario de DDHH de la nación, el permanente reclamo de cárcel domiciliaria y otros beneficios para presos por delitos de Lesa Humanidad del diario La Nación y el muy reciente pedido de reconciliación de la cúpula de la iglesia argentina, no son en absoluto elementos aislados, sino más bien piezas engarzadas de una misma estrategia: que vuelva a reinar la impunidad para los genocidas en Argentina.
En este sentido, creemos necesario analizarlo como un fallo netamente político, que está en sintonía con lo que viene sucediendo desde que asumió el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Decimos esto, porque desde el punto de vista jurídico es un mamarracho, ya que equiparan delitos comunes con delitos de lesa humanidad perpetrados por el aparato del Estado.
Exigimos justicia para los familiares y nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Los delitos de los torturadores y desaparecedores no pertenecen al pasado, son una herida que sigue abierta hoy al impedirnos conocer el destino de nuestros desaparecidos y el de los más de 400 jóvenes apropiados.
Es nuestro deber como ciudadanos impedir que vuelva la impunidad. Es nuestro deber como militantes mantener bien alto las banderas por las cuales nuestras Madres y Abuelas empezaron su lucha hace más de 40 años. Ni olvido, ni perdón. Sin justicia no hay reconciliación. (Fuente: Debate Abierto)