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El Diputado Nacional Julio Solanas, presentó un proyecto que deroga un decreto simple, manifestante inconstitucional, dictado por el entonces Presidente Fernando De La Rúa y por Domingo Cavallo, que modificó la Ley de Ética Pública N° 25.188.
Julio Solanas.
“En este estado, adviértase que a la luz del texto constitucional, el Decreto 862/2001 es manifiestamente inconstitucional y debe ser derogado en su consecuencia”, sostuvo Solanas.
“Si bien el artículo 76 (CN) permite la delegación legislativa en el PEN en materias determinadas de administración o de emergencia pública, pero nunca podrá serlo en materia de control, atento la prohibición expresa contenida en la propia ley de delegación”, continuó.
La propuesta de Solanas busca derogar el artículo 2° del Decreto 862/2001, mediante el cual se sustituían los artículos 14 y 15 de la ley de Ética Pública N°25.188, permitiendo actualmente que funcionarios en situación de conflicto de interés puedan continuar en función, escudándose de las penalidades de la ley con su sola abstención en los asuntos de su interés y sobre los cuales conservan poder de decisión.
En razón de ello, el proyecto impulsado por Solanas propone la sustitución del Artículo 15 de la ley de Ética Pública, el cuál establecería que “Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, y de pleno derecho, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, cualquiera sea su rango, durante cinco años inmediatamente anteriores o posteriores, respectivamente. Será nula de nulidad absoluta toda decisión en los asuntos sometidos a su consideración y derivados de sus vínculos previos.”
Otro de los aspectos importantes del proyecto es darle intervención a la Oficina Anticorrupción y que su informe sea vinculante.
En los fundamentos del proyecto se citan además, una serie de ejemplos de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, en los que se evidencian claras situaciones de conflicto de intereses, los cuales por decisión de la titular de la Oficina Anticorrupción, han encontrado un atajo en la disposición del Artículo 15 inc. b) de la Ley 25.188: Juan José Aranguren (CEO DE Shell CAPSA y Accionista de Royal Dutch Shell PLC, actual Ministro de Energía y Minería), Miguel Braun (Secretario de Comercio); Mario Quintana, Luis Caputo, Gustavo Fabian Lopetegui, Alfonso Prat Gay, Hugo Aníbal Balboa (se desempeñó en Axion Energy y en Shell, actual Presidente de Enarsa).
“Sin lugar a dudas, la corrupción no sólo es un problema legal que debe preocupar a toda la sociedad sino por sobre todas las cosas es una cuestión de un hondo y profundo sentido ético y moral que evidencia la crisis de esos valores, por lo que resulta necesario restablecer una lógica que se ha visto alterada sin ofrecer garantías, alterando claramente cuál ha sido el espíritu de la Ley 25.188”, afirma Solanas en el proyecto.
Según el legislador, la iniciativa permite “poner en funcionamiento un estándar de control de situaciones de arbitrariedad en el uso de poder público”. (Fuente: Debate Abierto)
Solanas propone derogar un Decreto de De La Rúa
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El Diputado Nacional Julio Solanas, presentó un proyecto que deroga un decreto simple, manifestante inconstitucional, dictado por el entonces Presidente Fernando De La Rúa y por Domingo Cavallo, que modificó la Ley de Ética Pública N° 25.188.
Julio Solanas.
“En este estado, adviértase que a la luz del texto constitucional, el Decreto 862/2001 es manifiestamente inconstitucional y debe ser derogado en su consecuencia”, sostuvo Solanas.
“Si bien el artículo 76 (CN) permite la delegación legislativa en el PEN en materias determinadas de administración o de emergencia pública, pero nunca podrá serlo en materia de control, atento la prohibición expresa contenida en la propia ley de delegación”, continuó.
La propuesta de Solanas busca derogar el artículo 2° del Decreto 862/2001, mediante el cual se sustituían los artículos 14 y 15 de la ley de Ética Pública N°25.188, permitiendo actualmente que funcionarios en situación de conflicto de interés puedan continuar en función, escudándose de las penalidades de la ley con su sola abstención en los asuntos de su interés y sobre los cuales conservan poder de decisión.
En razón de ello, el proyecto impulsado por Solanas propone la sustitución del Artículo 15 de la ley de Ética Pública, el cuál establecería que “Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, y de pleno derecho, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, cualquiera sea su rango, durante cinco años inmediatamente anteriores o posteriores, respectivamente. Será nula de nulidad absoluta toda decisión en los asuntos sometidos a su consideración y derivados de sus vínculos previos.”
Otro de los aspectos importantes del proyecto es darle intervención a la Oficina Anticorrupción y que su informe sea vinculante.
En los fundamentos del proyecto se citan además, una serie de ejemplos de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, en los que se evidencian claras situaciones de conflicto de intereses, los cuales por decisión de la titular de la Oficina Anticorrupción, han encontrado un atajo en la disposición del Artículo 15 inc. b) de la Ley 25.188: Juan José Aranguren (CEO DE Shell CAPSA y Accionista de Royal Dutch Shell PLC, actual Ministro de Energía y Minería), Miguel Braun (Secretario de Comercio); Mario Quintana, Luis Caputo, Gustavo Fabian Lopetegui, Alfonso Prat Gay, Hugo Aníbal Balboa (se desempeñó en Axion Energy y en Shell, actual Presidente de Enarsa).
“Sin lugar a dudas, la corrupción no sólo es un problema legal que debe preocupar a toda la sociedad sino por sobre todas las cosas es una cuestión de un hondo y profundo sentido ético y moral que evidencia la crisis de esos valores, por lo que resulta necesario restablecer una lógica que se ha visto alterada sin ofrecer garantías, alterando claramente cuál ha sido el espíritu de la Ley 25.188”, afirma Solanas en el proyecto.
Según el legislador, la iniciativa permite “poner en funcionamiento un estándar de control de situaciones de arbitrariedad en el uso de poder público”. (Fuente: Debate Abierto)