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Desde las oficinas que tiene en Paraná la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)dijeron que el equipo legal y de inspectores tomaron cartas en el caso de Agustín Nahuel Kohner . Se trata del hijo de la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Sosa, que tiene un contrato mensual de 42 mil pesos y está inscripto como monotributista en la Categoría B, es decir la más baja hasta diciembre del año pasado. Una fuente del organismo federal que pidió no ser identificada por cuestiones laborales, afirmó que “cuando hay presunción de delito fiscal o ante la denuncia de una persona o incluso ante una denuncia anónima, hay que actuar” y que es en ese marco en que se están haciendo eco de la denuncia que un medio de comunicación paranaense.
Desde AFIP, se refirieron al caso de Agustín Kohner, hijo de la presidenta del bloque de concejales paranaenses del FpV.
En ese sentido, dijo que –según las primeras observaciones- la situación del familiar de la concejal se enmarcaría en los delitos tributarios que se puntualizan en el artículo 40 de la Ley 11.683, debido a que su situación no encuadra en la registrada por AFIP.
“Lo que debió hacer el contribuyente es darse de baja él mismo en el monotributo, si es que, como se presume, tiene ganancias por sobre los 400 mil pesos anuales. A partir de ese monto, hay que salir del régimen de monotributo, ingresar al régimen general y pedir que se cobren IVA y Ganancias”, sostuvo la fuente.
Cabe recordar que el caso fue revelado por diario Uno, a partir de lo cual el secretario Medios y Comunicación Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, José Escsobar, desafió a que la edil opositora y presidente del bloque del Frente para la Victoria (FpV), la osunista Cristina Sosa, “explique, confirme o niegue la veracidad de la noticia aparecida en medios locales que la vinculan con la comisión de un posible delito de evasión fiscal y un oneroso contrato con un familiar directo en el ámbito del Concejo Deliberante. “Llama poderosamente la atención que la concejal Sosa guarde silencio ante acusación tan grave no sólo desde el punto de vista legal sino también político y fundamentalmente ético”, dijo Escobar.
“Entendemos que desde la Administradora Tributaria de Entre Ríos tienen las mismas facultades de acción, pero desconocemos si hay voluntad allí de actuar”, dijo la fuente de AFIP ante una consulta de ANALISIS DIGITAL. La misma fuente afirmó que el caso no reviste ni más ni menos interés por tratarse de un caso en el ámbito político, además de negar que haya instrucción de avanzar o frenar el caso. “Nos encargamos como si fuera cualquier otro caso, aunque sabemos que puede tener una repercusión especial por tratarse de funcionarios públicos”, entendió.
En su momento, Escobar le pidió a Sosa que se explaye sobre si quien posee el contrato por 42 mil pesos mensuales está inscripto en los órganos fiscales como la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP) o la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) “como pequeño contribuyente categoría D, cuya facturación máxima sería de hasta 96.000 pesos al año, con lo cual, de ser verdad, se estaría evadiendo una suma importante de aportes fiscales con el silencio de la dirigente”, advirtió.
La fuente consultada por este medio, que realiza tareas de asesoramiento legal del organismo federal, dijo que “en principio hay una obligación de AFIP de dar de baja el monotributo y encuadrar en el caso que corresponda. A partir de ahí, se debe cobrar una multa, sin que lo pagado en concepto de monotributo se pueda considerar. Hay que comenzar a pagar de cero, a partir del monto que cobró el contribuyente”, afirmó. En ese punto agregó que “si bien no se podría encuadrar en el delito de evasión fiscal, no deja de ser una acción claramente contemplada y penada a partir del artículo 40, de la Ley 11.683, de Procedimiento Fiscal”. (Fuente. analisis digital)
Desde AFIP afirman que se debe actuar de oficio en el caso del contrato del familiar de la concejal Cristina Sosa
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Desde las oficinas que tiene en Paraná la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)dijeron que el equipo legal y de inspectores tomaron cartas en el caso de Agustín Nahuel Kohner . Se trata del hijo de la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Sosa, que tiene un contrato mensual de 42 mil pesos y está inscripto como monotributista en la Categoría B, es decir la más baja hasta diciembre del año pasado. Una fuente del organismo federal que pidió no ser identificada por cuestiones laborales, afirmó que “cuando hay presunción de delito fiscal o ante la denuncia de una persona o incluso ante una denuncia anónima, hay que actuar” y que es en ese marco en que se están haciendo eco de la denuncia que un medio de comunicación paranaense.
Desde AFIP, se refirieron al caso de Agustín Kohner, hijo de la presidenta del bloque de concejales paranaenses del FpV.
En ese sentido, dijo que –según las primeras observaciones- la situación del familiar de la concejal se enmarcaría en los delitos tributarios que se puntualizan en el artículo 40 de la Ley 11.683, debido a que su situación no encuadra en la registrada por AFIP.
“Lo que debió hacer el contribuyente es darse de baja él mismo en el monotributo, si es que, como se presume, tiene ganancias por sobre los 400 mil pesos anuales. A partir de ese monto, hay que salir del régimen de monotributo, ingresar al régimen general y pedir que se cobren IVA y Ganancias”, sostuvo la fuente.
Cabe recordar que el caso fue revelado por diario Uno, a partir de lo cual el secretario Medios y Comunicación Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, José Escsobar, desafió a que la edil opositora y presidente del bloque del Frente para la Victoria (FpV), la osunista Cristina Sosa, “explique, confirme o niegue la veracidad de la noticia aparecida en medios locales que la vinculan con la comisión de un posible delito de evasión fiscal y un oneroso contrato con un familiar directo en el ámbito del Concejo Deliberante. “Llama poderosamente la atención que la concejal Sosa guarde silencio ante acusación tan grave no sólo desde el punto de vista legal sino también político y fundamentalmente ético”, dijo Escobar.
“Entendemos que desde la Administradora Tributaria de Entre Ríos tienen las mismas facultades de acción, pero desconocemos si hay voluntad allí de actuar”, dijo la fuente de AFIP ante una consulta de ANALISIS DIGITAL. La misma fuente afirmó que el caso no reviste ni más ni menos interés por tratarse de un caso en el ámbito político, además de negar que haya instrucción de avanzar o frenar el caso. “Nos encargamos como si fuera cualquier otro caso, aunque sabemos que puede tener una repercusión especial por tratarse de funcionarios públicos”, entendió.
En su momento, Escobar le pidió a Sosa que se explaye sobre si quien posee el contrato por 42 mil pesos mensuales está inscripto en los órganos fiscales como la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP) o la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) “como pequeño contribuyente categoría D, cuya facturación máxima sería de hasta 96.000 pesos al año, con lo cual, de ser verdad, se estaría evadiendo una suma importante de aportes fiscales con el silencio de la dirigente”, advirtió.
La fuente consultada por este medio, que realiza tareas de asesoramiento legal del organismo federal, dijo que “en principio hay una obligación de AFIP de dar de baja el monotributo y encuadrar en el caso que corresponda. A partir de ahí, se debe cobrar una multa, sin que lo pagado en concepto de monotributo se pueda considerar. Hay que comenzar a pagar de cero, a partir del monto que cobró el contribuyente”, afirmó. En ese punto agregó que “si bien no se podría encuadrar en el delito de evasión fiscal, no deja de ser una acción claramente contemplada y penada a partir del artículo 40, de la Ley 11.683, de Procedimiento Fiscal”. (Fuente. analisis digital)