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La Justicia realizó este miércoles una serie de procedimientos que incluyó a las empresas constructoras Szczech & Szczech, de Iván Szczech; Caballi SA, de Miguel Marizza; Luis Losi SA, presidida por Gabriel Losi.
Feltes asumió hace dos meses.
La mañana política en la provincia fue poco menos que un polvorín ni bien se conoció la noticia de que se estaban realizando allanamientos simultáneos en las principales empresas constructoras de la provincia en la causa por las controvertidas contrataciones para la Cumbre del Mercorsur –realizada en Paraná en los días 18 y 19 de diciembre- y que contó con la presencia de los principales mandatarios latinoamericanos.
Como si algo faltara, la presencia de los oficiales de Justicia en la oficina de la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Feltes, requiriendo su teléfono celular y la información disponible en su computadora personal le otorgaron un alto grado de incertidumbre al momento, en medio del secreto de sumario de las actuaciones.
Es que a los operativos en las empresas de los constructores Miguel Marizza, Iván Szczech, Luis Losi, que dio a conocer Página Judicial, se sumó la presión sobre Feltes, quien durante el proceso de preparación de la Cumbre se desempeñó como coordinadora del Comité Operativo, representando al Estado, en tanto que el titular de Caballi S.A. lo hizo en representación de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos.
Según algunas fuentes presentes en Vialidad, el momento del encuentro con la funcionaria no habría estado exenta de tensiones, y todo indicaba que Feltes había quedado envuelta en una trama de la investigación judicial que se viene urdiendo desde algunos meses, en tanto que su situación política tampoco era holgada.
Fue allí que surgieron las fuertes y crecientes versiones de que la titular del ente habría presentado su renuncia, aunque el hecho no fue confirmado oficialmente y al cierre de esta edición la incertidumbre aún reinaba sobre el tema para el periodismo.
“Estaba muy tensionada y tenía pensado llamarlo a Gustavo Bordet para presentarle la renuncia”, aseguró una fuente calificada de Vialidad ante la consulta, versión que fue confirmada por dirigentes y un legislador provincial en off the record ante la consulta. Sin embargo no había certezas sobre la materia y ese estado se mantuvo durante todo el día.
Dudas. Por la noche de este miércoles, nos comunicamos con autoridades del Gobierno que confirmaron que Alicia Feltes no había presentado aún su dimisión y aportó más dudas al asegurar que una cosa es que la funcionaria piense en renunciar, otra que efectivamente lo haga y finalmente que el gobernador la acepte. Tangencialmente se dio a entender que no habría mucho ánimo de aceptar tal renuncia en caso que Feltes la presentara. Es que –aseguran- la considera una buena funcionaria, preparada y con buen perfil técnico. Sin embargo, en la agitada vida política entrerriana, donde todavía no terminan de decantar los procesos políticos y los tiempos de gestión, a seguro lo llevaron preso, como se dice popularmente para graficar un momento de incertidumbre. En este marco, y con poca información certera, algunos dejaron correr en la Casa de Gobierno el rumor que no habría definiciones hasta que no se consiga un nombre con el perfil adecuado para sustituir a Feltes, que tuvo un día cargado de tensiones y presiones, estado que no pudo dejar de reflejar en su rostro. Feltes había asumido en el cargo el 19 de agosto pasado.
Seguramente este jueves, durante el día, se sucederán más precisiones en un hecho que sacó de la somnolencia a una causa compleja que disparó hacia fuertes connotaciones políticas. En uno y otro lado del mostrador parecen abrirse Cajas de Pandora que no estaban previstas para el gran público.
Irregularidades
La causa se inició a raíz de informes periodísticos que revelaron datos llamativos sobre contrataciones de servicios que se hicieron para la cumbre de presidentes. En ese expediente que lleva adelante el fiscal Santiago Brugo se recopilaron informes administrativos y del análisis de esa documentación surgieron “una serie de irregularidades en la contratación de la obra pública y de la provisión de bienes y servicios en el marco de la cumbre” e hizo que se iniciara de oficio otra causa, explicó el fiscal Malvasio al programa En el dos mil también (FM Litoral).
Luego de los allanamientos, el fiscal sostuvo que “toda la documentación e información secuestrada ahora deberá ser peritada” y agregó que “de la documentación analizada hasta ahora surgen una serie de irregularidades en la contratación de las empresas y en los procedimientos de selección de las ofertas. Eso pudo haber causado un perjuicio patrimonial para el Estado”.
La causa, por el momento, no tiene imputados. El delito que se investiga es el de fraude contra la administración pública, por los sobreprecios en las contrataciones, pero no se descarta que en el transcurso de la investigación surjan otras figuras delictivas.
El dato
84.577.000,29 PESOS es lo que admitió el gobierno haber gastado en obras y servicios para la celebración de la Cumbre del Mercosur, según consta en las planillas que el titular de la UOCM, Hugo Céspedes, envió en marzo de 2015 a la Legislatura.
Cinco constructoras bajo la lupa
Cinco empresas de la construcción fueron allanadas este miércoles por orden del fiscal Juan Francisco Malvasio, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de obras y en la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Paraná los días 17 y 18 de diciembre de 2014, con la presencia de seis presidentes latinoamericanos.
Los procedimientos estuvieron a cargo de policías provinciales, peritos contadores y delegados judiciales en las empresas Caballi SA, que preside Miguel Marizza; Szczech & Szczech, a cargo de Iván Szczech; Luis Losi SA, presidida por Gabriel Losi; Cemyc SRL, cuyo responsable es Enrique Morosoli; y Oicsa, de Daniel Hereñú. También se allanó la sede de la Cámara de la Construcción, que preside Marizza.
Según indicaron fuentes judiciales, se buscaba documentación contable relacionada con las contrataciones para la Cumbre del Mercosur, computadoras, pendrives, otros medios de almacenamiento de información, teléfonos celulares y elementos que podrían ser de interés para la investigación.
Además, hubo un procedimiento en el despacho de la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes, que fue coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM). El titular del organismo era Hugo Céspedes. A la funcionaria se le secuestró el teléfono celular y los peritos informáticos extrajeron información de su computadora personal.
Solo estas cinco empresas facturaron 41,9 millones de pesos por la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur; pero la más beneficiada fue Caballi SA, dado que de las 20 obras de infraestructura que se ejecutaron, realizó 12, todas por contratación directa, y le facturó al Estado entrerriano una suma de 11.722.585 pesos.
Por ahora se investiga un posible fraude contra la administración pública, por los sobreprecios en las contrataciones, pero podrían surgir otros delitos, por ejemplo, negociaciones incompatibles con la función pública, dado que Marizza, además, integraba la UOCM por el sector privado y en representación de la Cámara de Construcción de Entre Ríos y, a la vez, contrató a su propia empresa. (Fuente: El Diario)
Destino incierto para Feltes tras los allanamientos en Vialidad
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La Justicia realizó este miércoles una serie de procedimientos que incluyó a las empresas constructoras Szczech & Szczech, de Iván Szczech; Caballi SA, de Miguel Marizza; Luis Losi SA, presidida por Gabriel Losi.
Feltes asumió hace dos meses.
La mañana política en la provincia fue poco menos que un polvorín ni bien se conoció la noticia de que se estaban realizando allanamientos simultáneos en las principales empresas constructoras de la provincia en la causa por las controvertidas contrataciones para la Cumbre del Mercorsur –realizada en Paraná en los días 18 y 19 de diciembre- y que contó con la presencia de los principales mandatarios latinoamericanos.
Como si algo faltara, la presencia de los oficiales de Justicia en la oficina de la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Feltes, requiriendo su teléfono celular y la información disponible en su computadora personal le otorgaron un alto grado de incertidumbre al momento, en medio del secreto de sumario de las actuaciones.
Es que a los operativos en las empresas de los constructores Miguel Marizza, Iván Szczech, Luis Losi, que dio a conocer Página Judicial, se sumó la presión sobre Feltes, quien durante el proceso de preparación de la Cumbre se desempeñó como coordinadora del Comité Operativo, representando al Estado, en tanto que el titular de Caballi S.A. lo hizo en representación de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos.
Según algunas fuentes presentes en Vialidad, el momento del encuentro con la funcionaria no habría estado exenta de tensiones, y todo indicaba que Feltes había quedado envuelta en una trama de la investigación judicial que se viene urdiendo desde algunos meses, en tanto que su situación política tampoco era holgada.
Fue allí que surgieron las fuertes y crecientes versiones de que la titular del ente habría presentado su renuncia, aunque el hecho no fue confirmado oficialmente y al cierre de esta edición la incertidumbre aún reinaba sobre el tema para el periodismo.
“Estaba muy tensionada y tenía pensado llamarlo a Gustavo Bordet para presentarle la renuncia”, aseguró una fuente calificada de Vialidad ante la consulta, versión que fue confirmada por dirigentes y un legislador provincial en off the record ante la consulta. Sin embargo no había certezas sobre la materia y ese estado se mantuvo durante todo el día.
Dudas. Por la noche de este miércoles, nos comunicamos con autoridades del Gobierno que confirmaron que Alicia Feltes no había presentado aún su dimisión y aportó más dudas al asegurar que una cosa es que la funcionaria piense en renunciar, otra que efectivamente lo haga y finalmente que el gobernador la acepte. Tangencialmente se dio a entender que no habría mucho ánimo de aceptar tal renuncia en caso que Feltes la presentara. Es que –aseguran- la considera una buena funcionaria, preparada y con buen perfil técnico. Sin embargo, en la agitada vida política entrerriana, donde todavía no terminan de decantar los procesos políticos y los tiempos de gestión, a seguro lo llevaron preso, como se dice popularmente para graficar un momento de incertidumbre. En este marco, y con poca información certera, algunos dejaron correr en la Casa de Gobierno el rumor que no habría definiciones hasta que no se consiga un nombre con el perfil adecuado para sustituir a Feltes, que tuvo un día cargado de tensiones y presiones, estado que no pudo dejar de reflejar en su rostro. Feltes había asumido en el cargo el 19 de agosto pasado.
Seguramente este jueves, durante el día, se sucederán más precisiones en un hecho que sacó de la somnolencia a una causa compleja que disparó hacia fuertes connotaciones políticas. En uno y otro lado del mostrador parecen abrirse Cajas de Pandora que no estaban previstas para el gran público.
Irregularidades
La causa se inició a raíz de informes periodísticos que revelaron datos llamativos sobre contrataciones de servicios que se hicieron para la cumbre de presidentes. En ese expediente que lleva adelante el fiscal Santiago Brugo se recopilaron informes administrativos y del análisis de esa documentación surgieron “una serie de irregularidades en la contratación de la obra pública y de la provisión de bienes y servicios en el marco de la cumbre” e hizo que se iniciara de oficio otra causa, explicó el fiscal Malvasio al programa En el dos mil también (FM Litoral).
Luego de los allanamientos, el fiscal sostuvo que “toda la documentación e información secuestrada ahora deberá ser peritada” y agregó que “de la documentación analizada hasta ahora surgen una serie de irregularidades en la contratación de las empresas y en los procedimientos de selección de las ofertas. Eso pudo haber causado un perjuicio patrimonial para el Estado”.
La causa, por el momento, no tiene imputados. El delito que se investiga es el de fraude contra la administración pública, por los sobreprecios en las contrataciones, pero no se descarta que en el transcurso de la investigación surjan otras figuras delictivas.
El dato
84.577.000,29 PESOS es lo que admitió el gobierno haber gastado en obras y servicios para la celebración de la Cumbre del Mercosur, según consta en las planillas que el titular de la UOCM, Hugo Céspedes, envió en marzo de 2015 a la Legislatura.
Cinco constructoras bajo la lupa
Cinco empresas de la construcción fueron allanadas este miércoles por orden del fiscal Juan Francisco Malvasio, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de obras y en la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Paraná los días 17 y 18 de diciembre de 2014, con la presencia de seis presidentes latinoamericanos.
Los procedimientos estuvieron a cargo de policías provinciales, peritos contadores y delegados judiciales en las empresas Caballi SA, que preside Miguel Marizza; Szczech & Szczech, a cargo de Iván Szczech; Luis Losi SA, presidida por Gabriel Losi; Cemyc SRL, cuyo responsable es Enrique Morosoli; y Oicsa, de Daniel Hereñú. También se allanó la sede de la Cámara de la Construcción, que preside Marizza.
Según indicaron fuentes judiciales, se buscaba documentación contable relacionada con las contrataciones para la Cumbre del Mercosur, computadoras, pendrives, otros medios de almacenamiento de información, teléfonos celulares y elementos que podrían ser de interés para la investigación.
Además, hubo un procedimiento en el despacho de la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes, que fue coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM). El titular del organismo era Hugo Céspedes. A la funcionaria se le secuestró el teléfono celular y los peritos informáticos extrajeron información de su computadora personal.
Solo estas cinco empresas facturaron 41,9 millones de pesos por la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur; pero la más beneficiada fue Caballi SA, dado que de las 20 obras de infraestructura que se ejecutaron, realizó 12, todas por contratación directa, y le facturó al Estado entrerriano una suma de 11.722.585 pesos.
Por ahora se investiga un posible fraude contra la administración pública, por los sobreprecios en las contrataciones, pero podrían surgir otros delitos, por ejemplo, negociaciones incompatibles con la función pública, dado que Marizza, además, integraba la UOCM por el sector privado y en representación de la Cámara de Construcción de Entre Ríos y, a la vez, contrató a su propia empresa. (Fuente: El Diario)