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*Por Joaquín La Madrid

En noviembre del año pasado se dio media sanción de la Cámara de Senadores a un Proyecto de Ley para implementar en la provincia de Entre Ríos la Revisión Técnica Vehicular Obligatoria (conocida como VTV). A la iniciativa -que fue remitida para su tratamiento a la Cámara Baja- se sumó otra, en el actual período legislativo, que va en la misma línea y es de autoría de la Diputada Rosario Romero. Este tema se aborda en la Comisión de Comunicaciones, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales, que me toca presidir.

Lo primero que, creo, debemos considerar es que el tránsito –y aquello que lo determina- es una construcción colectiva y, concomitantemente, nos refleja como sociedad. En este sentido me gustaría que el reflejo que empecemos a generar sea más positivo; porque aunque se han experimentado algunos avances, se están haciendo cosas al respecto y se ha tomado más conciencia, aún hay mucho por trabajar en todos los niveles sociopolíticos.

Por otro lado, es necesario que entendamos, primero, que es tan peligroso un vehículo conducido de manera incorrecta como un auto que no esté en condiciones de circulación, por cualquiera de las circunstancia que fuera: frenado, cubiertas, dirección, luces, etc; y, luego, que la responsabilidad de circular en un vehículo no se acaba en la excelsa conducción, sino que implica también ser consciente del estado general del mismo y hacerse cargo de ello: evitando salir a la calle si el auto no cumple con las exigencias o reparando -en tiempo y forma- lo que sea necesario. Por lo antes dicho, considero que no se puede analizar la VTV como una cuestión meramente recaudatoria. No se trata de un impuesto más.

En mi punto de vista, los costos que se establezcan tendrán que contemplar las posibilidades económicas de las personas de menores recursos, que son -en general- quienes tienen vehículos de modelos antiguos, es decir, con más riesgo de no estar en condiciones y de averiarse. Los legisladores, entonces, nos encontramos ante el desafío de darle a la Ley “equidad”, al pensar en los costos de la verificación, e “igualdad”, a la hora de establecer la responsabilidad y la prudencia que nos cabe a todos los que conducimos.

Una de las diferencias entre los proyectos que se están analizando en Comisión, radica en quién tendrá a cargo la prestación del servicio de verificación: El Estado o entes privados. Sé que la estructura que hay que crear para la verificación no es simple -y ponerla en funcionamiento mucho menos, por los costos que implica-, pero creo que quedando el Poder de Policía y el control de las condiciones para la verificación en manos del Estado, bien se podría gestar una estructura mixta, con costos regulados, para el gerenciamiento de los talleres de verificación vehicular – estructura mixta que, por otra parte, es una modalidad que hace a la impronta de mi pensamiento político-.

Otro detalle no menor, que estamos contemplando en la discusión parlamentaria, es el plan de instrumentación de la verificación. Ésta no puede ser ni de un día para el otro, ni para todos los vehículos del parque automotor en el mismo momento. Por tanto hay que establecer un esquema por el cual se vayan realizando las verificaciones de manera gradual, contemplando estado y modelo (año) vehicular; de lo contrario se generaría un cuello de botella imposible de mitigar.

Quienes conformamos la Comisión que presido sabemos de la urgencia que este tema demanda, no sólo porque ya existe en la mayoría de las provincias argentinas, sino por el nivel de impacto -en siniestros o vidas perdidas- del que estamos hablando. Todos tenemos la voluntad de que el tema VTV sea resuelto a la brevedad posible, pero estamos concentrados también en que la letra de la ley sea producto de un trabajo concienzudo y prudente.

*Diputado Provincial Cambiemos.