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La semana que pasó dejó un hecho trascendente para la vida ciudadana de Paraná. Después de 48 años, se volvió a discutir integralmente el servicio de colectivos. En una sesión especial que duró tres jornadas, los concejales elaboraron un proyecto (con despachos de mayoría y minoría) sobre el marco regulatorio del transporte de pasajeros. La iniciativa será votada mañana en el recinto, tanto en general como en particular. La incorporación de esta cuestión en la agenda política, fue la oportunidad para que las fuerzas con representación parlamentaria argumenten y voten sobre las cuestiones vinculadas a la mencionada prestación pública. Punto por punto se debatió la redacción de más de 100 artículos. También tuvieron participación, a través del instituto de voz ciudadana y de reuniones con los ediles, los usuarios de la Asamblea Ciudadana Vecinalista.
Hubo tres jornadas de trabajo sobre el proyecto.
La sesión legislativa fue de largo aliento y de intensa disputa. Entre otras cuestiones centrales, los concejales se ocuparon de acordar y disentir (lo que derivó en distintos despachos) sobre los derechos de los usuarios, las obligaciones de las empresas, la autoridad de aplicación, la conformación del Órgano de Control, la continuidad laboral del personal del sector, la accesibilidad, el cuadro tarifario, los medios de pago, los subsidios, las concesiones, las caducidades, las penalidades, etc.
En términos generales, oficialismo y oposición esgrimieron dos criterios disidentes. El bloque mayoritario de Cambiemos defendió la “generalidad” de los artículos porque entiende que de este modo la norma tiene flexibilidad con miras al futuro y que el lugar de las especificaciones y garantías puntuales es la ordenanza del pliego de la concesión. Por el contrario, el Frente para la Victoria considera que el marco regulatorio necesita de precisiones para consolidar los derechos de los usuarios y las obligaciones de las empresas. Desde el bloque del Frente Renovador – UNA oscilaron entre una y otra de estas posturas. Incluso, sus integrantes no siempre estuvieron de acuerdo entre sí y esto se tradujo en que sus intervenciones no necesariamente coincidieron.
Con el nuevo marco regulatorio, el Concejo Deliberante recupera facultades en relación a la definición de tarifas y controles del servicio. Al mismo tiempo, queda en entredicho la participación directa de los ciudadanos en el sistema integral del trasporte.
Participación
El proyecto base contempla que en el ente de contralor esté representado el Ejecutivo, los bloques mayoritario y minoritario del Concejo Deliberante, las empresas, los trabajadores, las Defensoría del Consumidor y del Pueblo. También está incluida la participación de especialistas en costos y transporte. Desde la bancada opositora se pidió incorporar también a representantes de los usuarios, de los diferentes bloques con representación en el HCD, de la defensoría de adultos mayores y de los estudiantes. Desde el oficialismo consideraron que la ciudadanía está representada por los concejales elegidos por el voto popular y las defensorías incorporadas. Como complemento, Cambiemos propuso incluir otro artículo que dispone la posible consulta a distintos sectores como el de los usuarios y el de los estudiantes.
Si el punto que dispone la composición del organismo de control es aprobado mañana como lo propone la bancada oficialista, desde la Asamblea Vecinalista adelantaron que el lunes a las 20 convocan a una nueva reunión en la sede de la Vecinal Santa Lucía (De Bueno 2449) para elaborar un documento en desacuerdo con tal decisión.
Por otra parte, hubo coincidencias generales en cuanto al plazo de la concesión. La misma se otorgará por el término de ocho años, pudiendo prorrogarse por cuatro años más.
También se discutió si el boleto estudiantil debía estar o no especificado en el marco regulatorio. Las posturas se repitieron. El FpV propuso su incorporación y Cambiemos sostuvo que el mismo estará contemplado en el pliego. Desde la presidencia del Cuerpo se dejó sentada posición (como en varios otros puntos de la discusión) para que quede consagrado en la ordenanza “madre” el derecho al boleto gratuito.
Si el nuevo marco regulatorio sobre el transporte público de pasajeros es aprobado mañana, el Ejecutivo deberá elevar al Concejo Deliberante, en un plazo de 30 días, el pliego de la concesión. Esta iniciativa necesita contar con el respaldo del Concejo Deliberante para convertirse en ordenanza y concretar finalmente el llamado a licitación.
El dato
El servicio es utilizado por 100 mil personas, esto equivale a un tercio de la población de la capital entrerriana. Además de que se trata de un servicio público, la cifra por sí misma da un parámetro de la central importancia del asunto. La norma será la base para el llamado a una nueva licitación. Esto no ocurre desde hace más de tres décadas. (Fuente: El Diario)
El HCD de Paraná votará la ordenanza sobre el transporte
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La semana que pasó dejó un hecho trascendente para la vida ciudadana de Paraná. Después de 48 años, se volvió a discutir integralmente el servicio de colectivos. En una sesión especial que duró tres jornadas, los concejales elaboraron un proyecto (con despachos de mayoría y minoría) sobre el marco regulatorio del transporte de pasajeros. La iniciativa será votada mañana en el recinto, tanto en general como en particular. La incorporación de esta cuestión en la agenda política, fue la oportunidad para que las fuerzas con representación parlamentaria argumenten y voten sobre las cuestiones vinculadas a la mencionada prestación pública. Punto por punto se debatió la redacción de más de 100 artículos. También tuvieron participación, a través del instituto de voz ciudadana y de reuniones con los ediles, los usuarios de la Asamblea Ciudadana Vecinalista.
Hubo tres jornadas de trabajo sobre el proyecto.
La sesión legislativa fue de largo aliento y de intensa disputa. Entre otras cuestiones centrales, los concejales se ocuparon de acordar y disentir (lo que derivó en distintos despachos) sobre los derechos de los usuarios, las obligaciones de las empresas, la autoridad de aplicación, la conformación del Órgano de Control, la continuidad laboral del personal del sector, la accesibilidad, el cuadro tarifario, los medios de pago, los subsidios, las concesiones, las caducidades, las penalidades, etc.
En términos generales, oficialismo y oposición esgrimieron dos criterios disidentes. El bloque mayoritario de Cambiemos defendió la “generalidad” de los artículos porque entiende que de este modo la norma tiene flexibilidad con miras al futuro y que el lugar de las especificaciones y garantías puntuales es la ordenanza del pliego de la concesión. Por el contrario, el Frente para la Victoria considera que el marco regulatorio necesita de precisiones para consolidar los derechos de los usuarios y las obligaciones de las empresas. Desde el bloque del Frente Renovador – UNA oscilaron entre una y otra de estas posturas. Incluso, sus integrantes no siempre estuvieron de acuerdo entre sí y esto se tradujo en que sus intervenciones no necesariamente coincidieron.
Con el nuevo marco regulatorio, el Concejo Deliberante recupera facultades en relación a la definición de tarifas y controles del servicio. Al mismo tiempo, queda en entredicho la participación directa de los ciudadanos en el sistema integral del trasporte.
Participación
El proyecto base contempla que en el ente de contralor esté representado el Ejecutivo, los bloques mayoritario y minoritario del Concejo Deliberante, las empresas, los trabajadores, las Defensoría del Consumidor y del Pueblo. También está incluida la participación de especialistas en costos y transporte. Desde la bancada opositora se pidió incorporar también a representantes de los usuarios, de los diferentes bloques con representación en el HCD, de la defensoría de adultos mayores y de los estudiantes. Desde el oficialismo consideraron que la ciudadanía está representada por los concejales elegidos por el voto popular y las defensorías incorporadas. Como complemento, Cambiemos propuso incluir otro artículo que dispone la posible consulta a distintos sectores como el de los usuarios y el de los estudiantes.
Si el punto que dispone la composición del organismo de control es aprobado mañana como lo propone la bancada oficialista, desde la Asamblea Vecinalista adelantaron que el lunes a las 20 convocan a una nueva reunión en la sede de la Vecinal Santa Lucía (De Bueno 2449) para elaborar un documento en desacuerdo con tal decisión.
Por otra parte, hubo coincidencias generales en cuanto al plazo de la concesión. La misma se otorgará por el término de ocho años, pudiendo prorrogarse por cuatro años más.
También se discutió si el boleto estudiantil debía estar o no especificado en el marco regulatorio. Las posturas se repitieron. El FpV propuso su incorporación y Cambiemos sostuvo que el mismo estará contemplado en el pliego. Desde la presidencia del Cuerpo se dejó sentada posición (como en varios otros puntos de la discusión) para que quede consagrado en la ordenanza “madre” el derecho al boleto gratuito.
Si el nuevo marco regulatorio sobre el transporte público de pasajeros es aprobado mañana, el Ejecutivo deberá elevar al Concejo Deliberante, en un plazo de 30 días, el pliego de la concesión. Esta iniciativa necesita contar con el respaldo del Concejo Deliberante para convertirse en ordenanza y concretar finalmente el llamado a licitación.
El dato
El servicio es utilizado por 100 mil personas, esto equivale a un tercio de la población de la capital entrerriana. Además de que se trata de un servicio público, la cifra por sí misma da un parámetro de la central importancia del asunto. La norma será la base para el llamado a una nueva licitación. Esto no ocurre desde hace más de tres décadas. (Fuente: El Diario)