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La nueva conducción local del PJ de la capital entrerriana acusó al intendente Sergio Varisco de pretender que el Concejo Deliberante le asigne “facultades dictatoriales”, con el impulso a un proyecto de declaración de emergencia administrativa y judicial. El documentó no contó con el aval de todos los miembros, según fuentes internas.
El Consejo Departamental pidió a los concejales del PJ que no voten normas que le otorguen superpoderes al Ejecutivo.
La departamental del PJ de Paraná, que asumió hace dos semanas, parece decidida a jugar políticamente fuerte. En su primera declaración política, la nueva conducción del peronismo que encabeza el diputado Gustavo Guzmán expresó un duro rechazo a un proyecto de declaración de emergencia administrativa y judicial impulsado por Cambiemos, que ingresó en la última sesión y pasó a comisión.
La declaración política llega a decir que el proyecto otorga al Departamento Ejecutivo Municipal “facultades dictatoriales, propias de una concepción política autocrática” y representa “un frontal atentado contra el correcto ordenamiento y la eficiencia de las estructuras del estado municipal”.
“Acaso subestiman a nuestros ciudadanos, quienes verían claramente postergadas las respuestas a sus reclamos al doble del tiempo que las normas actuales prevén, creen que nuestra sociedad no percibe la inoperancia e incapacidad de los equipos de gobierno”, cuestiona el PJ.
A juicio de la conducción del PJ, que contiene a las principales expresiones internas del peronismo de Paraná, la declaración de emergencia administrativa “sólo escondería por un tiempo bajo la alfombra la incapacidad e improvisación de un gobierno que lamentablemente aún no ha comenzado a caminar”.
CONTROLES. Mencionan que el artículo 80 de la Ley 10.027, establece que la principal función del Concejo Deliberante, junto con la de sancionar ordenanzas, es fiscalizar y controlar al Departamento Ejecutivo, una obligación que “lisa y llanamente desaparece en caso de sancionarse la emergencia”.
“Cabe entonces preguntarse si el objetivo de un proyecto de semejante envergadura no es más bien que el Concejo Deliberante de pie a que se avale cualquier acto de gobierno, sin importar su finalidad, y hacer incurrir a sus concejales en una flagrante trasgresión a su deber de contralor, atándolos de pies y manos, obligándolos inclusive a responder ante la Justicia por los daños y perjuicios que el Municipio pudiere ocasionar a los particulares (Art. 115° Ley 10027)”, advierten.
“El intendente Varisco, adalid de la lucha contra la corrupción, ha instruido a sus ediles para que le otorguen el poder de imponer, sin control alguno, su criterio personal por sobre las reglamentaciones establecidas por las ordenanzas que rigen, no sólo los trámites de habilitación comercial, sino además el código fiscal municipal, código de edificación, código urbano, código de faltas y procesos de sumarios administrativos”, alertan.
Remarcan que el proyecto pretende extender la emergencia “a toda norma que establezca un procedimiento administrativo específico”, permitiendo, además, “por su sola voluntad, allanarse, desistir y transar juicios pendientes o los que se inicien durante la emergencia establecida”. “Si la fundamentación de este proyecto, y en particular el dictado de la emergencia judicial, es el volumen de los expedientes en trámite y el vencimiento de los plazos judiciales por la mora administrativa, no se explica por qué requiere autorización previa y sin poner en conocimiento del HCD en particular el Juicio sobre el que versa –en violación de lo dispuesto por el art. 108 inc. k-, si no existe judicialmente plazo alguno para desistir, allanarse o transar un pleito, pudiendo hacerlo en cualquier oportunidad”, observan.
ARDID. Para el PJ “no es jurídicamente viable la emergencia judicial” y “la sociedad sabe que no responde a una mora administrativa como se intenta solapadamente justificar”
El proyecto “claramente persigue, bajo el ropaje de la mora administrativa, conseguir del HCD facultades amplias para desistir, allanarse o transar juicios, que de otra forma, en relación a cuestiones puntuales, jamás obtendría por parte del Concejo, porque de someterlo a la aprobación del Cuerpo, conforme lo establece el art. 108, inc. k, la respuesta seguramente sería negativa”.
“Acaso los concejales de Cambiemos no saben que con este ardid el presidente municipal puede, por ejemplo, beneficiar a particulares o empresas a las que el municipio le está ejecutando multas. Para que quede claro, el desistimiento de procesos judiciales, con la venia previa del HCD, haría responsables penales a sus concejales por incumplimiento de sus funciones”, subrayan.En la interpretación del PJ, con la emergencia “bastaría al intendente Varisco judicializar una deuda de alguna obligación para que después, con su sola firma, pueda desistir de la misma, beneficiando a particulares en detrimento del municipio”.
Finalmente, el Consejo Departamental del PJ pide a los concejales que “no voten normas que le otorguen superpoderes absolutamente innecesarios” al Ejecutivo y que “controlen su correcto desenvolvimiento y acompañen todas aquellas acciones que beneficien a Paraná y a sus ciudadanos”.
También invitan “a las fuerzas vivas de la ciudad, representantes políticos y funcionarios públicos de todos los poderes del estado, a poner en evidencia el carácter lesivo y las nefastas implicancias que puede acarrear la sanción de una ordenanza de semejantes características al ordenamiento institucional de la ciudad”. Sin embargo, fuentes consultadas aseguraron que no todos los miembros estuvieron de acuerdo y que la letra nació de los sectores más vinculados a la ex intendenta Blanca Osuna. (Fuente: El diario)
El nuevo PJ de Paraná debutó con fuertes críticas a Varisco
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La nueva conducción local del PJ de la capital entrerriana acusó al intendente Sergio Varisco de pretender que el Concejo Deliberante le asigne “facultades dictatoriales”, con el impulso a un proyecto de declaración de emergencia administrativa y judicial. El documentó no contó con el aval de todos los miembros, según fuentes internas.
El Consejo Departamental pidió a los concejales del PJ que no voten normas que le otorguen superpoderes al Ejecutivo.
La departamental del PJ de Paraná, que asumió hace dos semanas, parece decidida a jugar políticamente fuerte. En su primera declaración política, la nueva conducción del peronismo que encabeza el diputado Gustavo Guzmán expresó un duro rechazo a un proyecto de declaración de emergencia administrativa y judicial impulsado por Cambiemos, que ingresó en la última sesión y pasó a comisión.
La declaración política llega a decir que el proyecto otorga al Departamento Ejecutivo Municipal “facultades dictatoriales, propias de una concepción política autocrática” y representa “un frontal atentado contra el correcto ordenamiento y la eficiencia de las estructuras del estado municipal”.
“Acaso subestiman a nuestros ciudadanos, quienes verían claramente postergadas las respuestas a sus reclamos al doble del tiempo que las normas actuales prevén, creen que nuestra sociedad no percibe la inoperancia e incapacidad de los equipos de gobierno”, cuestiona el PJ.
A juicio de la conducción del PJ, que contiene a las principales expresiones internas del peronismo de Paraná, la declaración de emergencia administrativa “sólo escondería por un tiempo bajo la alfombra la incapacidad e improvisación de un gobierno que lamentablemente aún no ha comenzado a caminar”.
CONTROLES. Mencionan que el artículo 80 de la Ley 10.027, establece que la principal función del Concejo Deliberante, junto con la de sancionar ordenanzas, es fiscalizar y controlar al Departamento Ejecutivo, una obligación que “lisa y llanamente desaparece en caso de sancionarse la emergencia”.
“Cabe entonces preguntarse si el objetivo de un proyecto de semejante envergadura no es más bien que el Concejo Deliberante de pie a que se avale cualquier acto de gobierno, sin importar su finalidad, y hacer incurrir a sus concejales en una flagrante trasgresión a su deber de contralor, atándolos de pies y manos, obligándolos inclusive a responder ante la Justicia por los daños y perjuicios que el Municipio pudiere ocasionar a los particulares (Art. 115° Ley 10027)”, advierten.
“El intendente Varisco, adalid de la lucha contra la corrupción, ha instruido a sus ediles para que le otorguen el poder de imponer, sin control alguno, su criterio personal por sobre las reglamentaciones establecidas por las ordenanzas que rigen, no sólo los trámites de habilitación comercial, sino además el código fiscal municipal, código de edificación, código urbano, código de faltas y procesos de sumarios administrativos”, alertan.
Remarcan que el proyecto pretende extender la emergencia “a toda norma que establezca un procedimiento administrativo específico”, permitiendo, además, “por su sola voluntad, allanarse, desistir y transar juicios pendientes o los que se inicien durante la emergencia establecida”. “Si la fundamentación de este proyecto, y en particular el dictado de la emergencia judicial, es el volumen de los expedientes en trámite y el vencimiento de los plazos judiciales por la mora administrativa, no se explica por qué requiere autorización previa y sin poner en conocimiento del HCD en particular el Juicio sobre el que versa –en violación de lo dispuesto por el art. 108 inc. k-, si no existe judicialmente plazo alguno para desistir, allanarse o transar un pleito, pudiendo hacerlo en cualquier oportunidad”, observan.
ARDID. Para el PJ “no es jurídicamente viable la emergencia judicial” y “la sociedad sabe que no responde a una mora administrativa como se intenta solapadamente justificar”
El proyecto “claramente persigue, bajo el ropaje de la mora administrativa, conseguir del HCD facultades amplias para desistir, allanarse o transar juicios, que de otra forma, en relación a cuestiones puntuales, jamás obtendría por parte del Concejo, porque de someterlo a la aprobación del Cuerpo, conforme lo establece el art. 108, inc. k, la respuesta seguramente sería negativa”.
“Acaso los concejales de Cambiemos no saben que con este ardid el presidente municipal puede, por ejemplo, beneficiar a particulares o empresas a las que el municipio le está ejecutando multas. Para que quede claro, el desistimiento de procesos judiciales, con la venia previa del HCD, haría responsables penales a sus concejales por incumplimiento de sus funciones”, subrayan.En la interpretación del PJ, con la emergencia “bastaría al intendente Varisco judicializar una deuda de alguna obligación para que después, con su sola firma, pueda desistir de la misma, beneficiando a particulares en detrimento del municipio”.
Finalmente, el Consejo Departamental del PJ pide a los concejales que “no voten normas que le otorguen superpoderes absolutamente innecesarios” al Ejecutivo y que “controlen su correcto desenvolvimiento y acompañen todas aquellas acciones que beneficien a Paraná y a sus ciudadanos”.
También invitan “a las fuerzas vivas de la ciudad, representantes políticos y funcionarios públicos de todos los poderes del estado, a poner en evidencia el carácter lesivo y las nefastas implicancias que puede acarrear la sanción de una ordenanza de semejantes características al ordenamiento institucional de la ciudad”. Sin embargo, fuentes consultadas aseguraron que no todos los miembros estuvieron de acuerdo y que la letra nació de los sectores más vinculados a la ex intendenta Blanca Osuna. (Fuente: El diario)