El diputado justicialista Diego Lara apoyó la aprobación en la Cámara baja del proyecto de creación de la Compañía Entrerriana de Tierras, que obtuvo media sanción anoche. Dicha compañía tendrá por objeto “la compra y venta de bienes inmuebles para facilitar el acceso a la tierra y construcción de vivienda, realizar loteos, urbanizaciones, mejoramientos de espacio del hábitat y regularización dominial, atendiendo especialmente las necesidades de trabajadores, jóvenes, familias numerosas, desocupados y en general población con ingresos medios y bajos”.

La iniciativa retoma el objetivo propuesto el año pasado por Lara cuando presentó un proyecto -el 19 de marzo de 2012- un proyecto de creación del plan para el acceso a la tierra y la inclusión habitacional Programa “Mi Terrreno, Mi Hogar” (Expediente N° 19.000).

La Sociedad del Estado a crearse estará facultada, entre otros, para adquirir bienes inmuebles para destinarlos a loteo urbanos o suburbano; realizar los loteos de urbanización y espacios de hábitat “a precios justo”; además de transmitir y adjudicar el dominio a los beneficiarios “transmitir a título gratuito”, de acuerdo a lo que con posterioridad se reglamente para el sector que así lo amerite.

Lara destacó dos aspectos del proyecto. Por un lado, lo que tiene que ver con su significación social, ya que coincide con los objetivos de su proyecto presentado en 2012.

Por otro lado, y en respuesta a algunos de los cuestionamientos que le formularon legisladores opositores, se refirió a la legitimidad del proyecto al que consideró “absolutamente ajustado a derecho”, señalando que “para nada transgrede ninguna norma jurídica , ni mucho menos la Constitución provincial”.

Lara indicó que el proyecto votado ayer -al igual que el suyo- persiguen un objetivo similar “que no es otro que el de redefinir el rol del Estado, ubicando al Estado provincial en el centro del escenario del mercado inmobiliario, para abordar un tema de significativa importancia, que es el derecho universal de acceso a la tierra”, resumió. “En el mundo entero se ventilan discusiones por grandes intereses, entre ellos la discusión de las fuentes de energía, el agua y los alimentos, y también la cuestión de los Estados de permitir a sus habitantes el acceso a la tierra”, añadió.

Para Lara la función fundamental del Estado “dejó de ser la prestación de servicios y la obra pública solamente; sino que debe arrogarse un rol más complejo, que es el del Estado promotor y regulador. Hoy, en esta ley, debemos asignarle al Estado provincial ese rol imprescindible en los tiempos que corren”.

Lara señaló que “el crecimiento trae aparejadas paradójicamente situaciones de injusticia, ya que generalmente el crecimiento de las ciudades viene como consecuencia de un crecimiento demográfico y económico. En los últimos años, y en la última década especialmente, hubo un crecimiento económico, con mejor calidad de vida, mejores salarios y menor desempleo. Pero el razonamiento a veces es contradictorio porque si bien en estos diez años pasó todo esto, el acceso a la tierra se volvió más difícil y no solo para los sectores de menores ingresos, sino también de sectores medios”.

En ese sentido señaló lo ocurrido en María Grande -ciudad de la que fue intendente en dos períodos- donde “se presenta un fuerte desfasaje de los valores de la tierra, con valores desproporcionados, que las hace muy difícil de adquirir. En María Grande el sector agropecuario tiene una fuerte incidencia en el mercado inmobiliario, del mismo modo que la política turística de la ciudad; y seguramente esto pasa en muchas otras localidades entrerrianas donde el costo de la tierra vuelve inalcanzable un lote para una familia”.

Por eso, señaló: “No debemos considerar al mercado nuestro enemigo, pero el Estado debe necesariamente intervenir en este contexto. Si lo dejamos librado al mercado, se van a perder de vista los fines para contemplar las situaciones mediambientales, las culturales y por supuesto cada vez menos gente podrá acceder a un terreno propio”, destacó.

Concretamente Lara dijo que asignarle al Estado el rol “de adquirir tierras para venderla en un justo precio a las clases medias y asignarlas en donación a la gente de menores recursos, no es estar en contra de la renta inmobiliaria, sino definir el rol del Estado en los tiempos que corren. Pueden existir el mercado inmobiliario y la renta inmobiliaria, pero el Estado debe estar por encima llevando adelante una política de asignación de tierras a los sectores que más lo necesitan”, precisó.

En otro orden, el legislador mariagrandense se refirió al argumento de diputados opositores vertido en el mismo debate señalando que la creación de la compañía viola el articulo 81 de la Constitución de Entre Ríos que establece que toda adquisición, venta o transferencia debe hacerse con dos tercios de los votos de las Cámaras legislativas. “Lo del artículo 81 no tiene solidez. Lo que estamos autorizando es la constitución de una Sociedad del Estado en el marco de la Ley nacional Nº 20705 y por lo tanto no es el Estado el que acciona, sino una nueva persona jurídica. Una Sociedad del Estado está excluida de la mayoría de las leyes del control administrativo, ya que va a estar regida por el derecho privado. El régimen de las Sociedades del Estado establece que tienen patrimonio y capacidad jurídica propia”, señaló. (Fuente: Debate Abierto)