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Un total de 14 testigos comenzarán a brindar su testimonio desde hoy en Tribunales en el marco de la causa penal que investiga los abusos producidos en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993, en la que se acusa al cura Justo Ilarraz.
Cuatro sacerdotes fueron citados.
Un total de 14 testigos comenzarán a brindar su testimonio desde hoy en Tribunales en el marco de la causa penal que investiga los abusos producidos en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993.
El expediente, que tramita la jueza Susana María Paola Firpo, a cargo del Juzgado de Transición Nº 2, tiene como principal acusado al cura Justo José Ilarraz, quien fuera prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, y además director espiritual y confesor de sus víctimas, entonces adolescentes que cursaban la secundaria como pupilos.
Entre los testimonios que escuchará la jueza, está el de una de las víctimas, principal impulsor de la investigación judicial contra Ilarraz, que vuelve a declarar. Esos nuevos testimonios se sumarán a las declaraciones que hicieran en la causa judicial en diciembre último cuatro sacerdotes de la diócesis de Paraná.
En la primera semana del último mes de 2014, estuvieron en el despacho de la jueza Firpo los sacerdotes Javier Balcar y Alfonso Dittler –actual párroco de Hasenkamp–, así como el rector del Seminario, Eduardo Jacob y el recientemente renunciado párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, Gustavo Mendoza.
La jueza Firpo, que tiene a su cargo la causa “Ilarraz Justo José s/Promoción agravada”, recibirá los testimonios hasta fin de marzo, de acuerdo al cronograma ya comunicado a las partes, los querellantes Milton Urrutia, Marcos Rodríguez Allende y Rosario Romero, y al fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.
Entre los testigos que pasarán durante los próximos días por el despacho de la jueza figuran cuatro sacerdotes de la diócesis de Paraná.
Entre éstos, el decano de la sede Paraná de la Universidad Católica Argentina (UCA), Luis Alfredo Anaya, quien en 2010 integró el consejo presbiteral, especie de consejo de ministros y el exarzobispo Mario Maulión, que también está citado.
La incorporación del testimonio de Anaya a la causa surge a partir de un dato preciso: en el mes de septiembre de 2010, un grupo de sacerdotes, integrantes del decanato III –uno de los nueve decanatos en los que se divide jurisdiccionalmente el obispado de Paraná– elevó a Maulión una nota pidiendo que se investigue a Ilarraz, y se lo denuncie en la Justicia por los abusos que ya entonces muchos conocían. Esa carta fue evaluada por Maulión y su consejo presbiteral, del que formaba parte Anaya.
Impulso. La causa Ilarraz, que comenzó a tramitarse en septiembre de 2012, luego de su ventilación pública y por impulso del procurador general de la Provincia, Jorge Amílcar García, cobró nuevo impulso luego de la última feria judicial de verano, tras el pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal, que rechazó un nuevo recurso de prescripción presentada por el abogado del sacerdote, Juan Ángel Fornerón.
El 18 de noviembre de 2014, la Cámara de Casación Penal resolvió rechazar el recurso de casación contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Primera, que no hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa de Ilarraz, y confirmó la denegación de la prescripción.
Entonces, el vocal Rubén Chaia, integrante de la Cámara de Casación, hizo propio un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición de Walter Bulacio, y sostuvo que “son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos”.
En realidad, durante 2 años la causa Ilarraz se mantuvo frenada por los sucesivos recursos presentados por la defensa del sacerdote, a quien se acusa de haber abusado de menores que cursaban la escuela secundaria en calidad de pupilos en el Seminario entre mediados de 1980 y principios de 1990. En ese período, Ilarraz ocupó el cargo de prefecto de disciplina en el Seminario, y además fue director espiritual y confesor de muchas de las víctimas que luego lo acusaron en la Justicia.
Esos planteos fueron demorando una y otra vez la declaración indagatoria del cura, pieza clave en la investigación judicial. De momento, no se ha escuchado jamás el pensamiento de Ilarraz. Ni siquiera ocurrió en 1995, cuando el exarzobispo Estanislao Karlic ordenó investigar las denuncias de abuso, y resolvió aplicar la sanción del destierro. La investigación, y la pena, tuvieron lugar en ausencia del principal acusado, que después de eso se mudó a Tucumán.
Espera. El 29 de abril de 2013, el primer juez de la causa, Alejandro Grippo, rechazó de plano el planteo de prescripción de la defensa, sentencia que fue desestimada en segunda instancia. Pero ese segundo pronunciamiento fue recurrido por el fiscal de cámara Rafael Martín Cotorruelo, y fue así como en noviembre de 2013, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló por mayoría la decisión de prescripción de la causa.
El voto argumental fue del vocal Carlos Chiara Díaz, al que adhirió Daniel Carubia; la presidenta del cuerpo, Claudia Mizawak, se abstuvo de votar.
De ese modo, la causa debió volver a otra Cámara, diferente a la que ya había fallado. El nuevo tribunal en el que recayó la causa Ilarraz fue la Sala II de la Cámara del Crimen, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Ricardo Bonazzola.
Ese tribunal resolvió, el 11 de junio de 2014, rechazar por mayoría el planteo de prescripción hecho por la defensa de Ilarraz. Lo que siguió fue un recurso de casación, que en noviembre último fue resuelto: un nuevo rechazo al pedido de prescripción.
Ahora, el planteo de prescripción está a resolución de la Sala Penal del STJ a partir de recurso extraordinario planteado por la defensa de Ilarraz.
Mientras eso todavía no se define en el máximo tribunal provincial, en el Juzgado de Transición Nº 2 se avanza con la instrucción de la causa, de cara a una fecha clave: el 6 de abril, a las 9 de la mañana, es la fecha fijada para el inicio de la pericia física y psiquiátrica al cura Ilarraz por parte del equipo médico forense del STJ.
Voceros judiciales señalan que ese paso, que se dará una vez que concluyan la serie de testimoniales pedidas por la jueza, podría sobrevenir la declaración indagatoria de Ilarraz como principal imputado en la causa de los abusos en el Seminario. Los querellantes ya han hecho saber que pedirán a la magistrada que, tras la pericia, fije fecha de la indagatoria, aspiración que también tiene el procurador General García.
Aunque también la Justicia está al aguardo de los testimonios de dos obispos, el diocesano de Concepción, Tucumán, José María Rossi (último superior de Ilarraz), y el emérito de Paraná, Mario Luis Bautista Maulión, residente en Rosario. Ambos han sido notificados, pero de momento no han respondido.
Quiénes
El listado de testigos citados por la jueza se compone de 14 personas, de las cales cuatro son sacerdotes de la diócesis.
El secretario privado del arzobispo Juan Alberto Puiggari, Mario Gervasoni, fue citado a Tribunales; y también el decano de la UCA Paraná, Luis Alfredo Anaya.
Pero hay otros miembros del clero citados: el sacerdote Diego Rausch, de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús; y el párroco de Cristo Peregrino, José Barreto. Fuente: (Fuente. El Diario).
Inician nuevas testimoniales en la causa contra Ilarraz
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Un total de 14 testigos comenzarán a brindar su testimonio desde hoy en Tribunales en el marco de la causa penal que investiga los abusos producidos en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993, en la que se acusa al cura Justo Ilarraz.
Cuatro sacerdotes fueron citados.
Un total de 14 testigos comenzarán a brindar su testimonio desde hoy en Tribunales en el marco de la causa penal que investiga los abusos producidos en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993.
El expediente, que tramita la jueza Susana María Paola Firpo, a cargo del Juzgado de Transición Nº 2, tiene como principal acusado al cura Justo José Ilarraz, quien fuera prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, y además director espiritual y confesor de sus víctimas, entonces adolescentes que cursaban la secundaria como pupilos.
Entre los testimonios que escuchará la jueza, está el de una de las víctimas, principal impulsor de la investigación judicial contra Ilarraz, que vuelve a declarar. Esos nuevos testimonios se sumarán a las declaraciones que hicieran en la causa judicial en diciembre último cuatro sacerdotes de la diócesis de Paraná.
En la primera semana del último mes de 2014, estuvieron en el despacho de la jueza Firpo los sacerdotes Javier Balcar y Alfonso Dittler –actual párroco de Hasenkamp–, así como el rector del Seminario, Eduardo Jacob y el recientemente renunciado párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, Gustavo Mendoza.
La jueza Firpo, que tiene a su cargo la causa “Ilarraz Justo José s/Promoción agravada”, recibirá los testimonios hasta fin de marzo, de acuerdo al cronograma ya comunicado a las partes, los querellantes Milton Urrutia, Marcos Rodríguez Allende y Rosario Romero, y al fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.
Entre los testigos que pasarán durante los próximos días por el despacho de la jueza figuran cuatro sacerdotes de la diócesis de Paraná.
Entre éstos, el decano de la sede Paraná de la Universidad Católica Argentina (UCA), Luis Alfredo Anaya, quien en 2010 integró el consejo presbiteral, especie de consejo de ministros y el exarzobispo Mario Maulión, que también está citado.
La incorporación del testimonio de Anaya a la causa surge a partir de un dato preciso: en el mes de septiembre de 2010, un grupo de sacerdotes, integrantes del decanato III –uno de los nueve decanatos en los que se divide jurisdiccionalmente el obispado de Paraná– elevó a Maulión una nota pidiendo que se investigue a Ilarraz, y se lo denuncie en la Justicia por los abusos que ya entonces muchos conocían. Esa carta fue evaluada por Maulión y su consejo presbiteral, del que formaba parte Anaya.
Impulso. La causa Ilarraz, que comenzó a tramitarse en septiembre de 2012, luego de su ventilación pública y por impulso del procurador general de la Provincia, Jorge Amílcar García, cobró nuevo impulso luego de la última feria judicial de verano, tras el pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal, que rechazó un nuevo recurso de prescripción presentada por el abogado del sacerdote, Juan Ángel Fornerón.
El 18 de noviembre de 2014, la Cámara de Casación Penal resolvió rechazar el recurso de casación contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Primera, que no hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa de Ilarraz, y confirmó la denegación de la prescripción.
Entonces, el vocal Rubén Chaia, integrante de la Cámara de Casación, hizo propio un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición de Walter Bulacio, y sostuvo que “son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos”.
En realidad, durante 2 años la causa Ilarraz se mantuvo frenada por los sucesivos recursos presentados por la defensa del sacerdote, a quien se acusa de haber abusado de menores que cursaban la escuela secundaria en calidad de pupilos en el Seminario entre mediados de 1980 y principios de 1990. En ese período, Ilarraz ocupó el cargo de prefecto de disciplina en el Seminario, y además fue director espiritual y confesor de muchas de las víctimas que luego lo acusaron en la Justicia.
Esos planteos fueron demorando una y otra vez la declaración indagatoria del cura, pieza clave en la investigación judicial. De momento, no se ha escuchado jamás el pensamiento de Ilarraz. Ni siquiera ocurrió en 1995, cuando el exarzobispo Estanislao Karlic ordenó investigar las denuncias de abuso, y resolvió aplicar la sanción del destierro. La investigación, y la pena, tuvieron lugar en ausencia del principal acusado, que después de eso se mudó a Tucumán.
Espera. El 29 de abril de 2013, el primer juez de la causa, Alejandro Grippo, rechazó de plano el planteo de prescripción de la defensa, sentencia que fue desestimada en segunda instancia. Pero ese segundo pronunciamiento fue recurrido por el fiscal de cámara Rafael Martín Cotorruelo, y fue así como en noviembre de 2013, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló por mayoría la decisión de prescripción de la causa.
El voto argumental fue del vocal Carlos Chiara Díaz, al que adhirió Daniel Carubia; la presidenta del cuerpo, Claudia Mizawak, se abstuvo de votar.
De ese modo, la causa debió volver a otra Cámara, diferente a la que ya había fallado. El nuevo tribunal en el que recayó la causa Ilarraz fue la Sala II de la Cámara del Crimen, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Ricardo Bonazzola.
Ese tribunal resolvió, el 11 de junio de 2014, rechazar por mayoría el planteo de prescripción hecho por la defensa de Ilarraz. Lo que siguió fue un recurso de casación, que en noviembre último fue resuelto: un nuevo rechazo al pedido de prescripción.
Ahora, el planteo de prescripción está a resolución de la Sala Penal del STJ a partir de recurso extraordinario planteado por la defensa de Ilarraz.
Mientras eso todavía no se define en el máximo tribunal provincial, en el Juzgado de Transición Nº 2 se avanza con la instrucción de la causa, de cara a una fecha clave: el 6 de abril, a las 9 de la mañana, es la fecha fijada para el inicio de la pericia física y psiquiátrica al cura Ilarraz por parte del equipo médico forense del STJ.
Voceros judiciales señalan que ese paso, que se dará una vez que concluyan la serie de testimoniales pedidas por la jueza, podría sobrevenir la declaración indagatoria de Ilarraz como principal imputado en la causa de los abusos en el Seminario. Los querellantes ya han hecho saber que pedirán a la magistrada que, tras la pericia, fije fecha de la indagatoria, aspiración que también tiene el procurador General García.
Aunque también la Justicia está al aguardo de los testimonios de dos obispos, el diocesano de Concepción, Tucumán, José María Rossi (último superior de Ilarraz), y el emérito de Paraná, Mario Luis Bautista Maulión, residente en Rosario. Ambos han sido notificados, pero de momento no han respondido.
Quiénes
El listado de testigos citados por la jueza se compone de 14 personas, de las cales cuatro son sacerdotes de la diócesis.
El secretario privado del arzobispo Juan Alberto Puiggari, Mario Gervasoni, fue citado a Tribunales; y también el decano de la UCA Paraná, Luis Alfredo Anaya.
Pero hay otros miembros del clero citados: el sacerdote Diego Rausch, de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús; y el párroco de Cristo Peregrino, José Barreto. Fuente: (Fuente. El Diario).