Leido 328 veces
El procurador General de la provincia, Jorge García, adelantó que esta semana “los fiscales estarán pidiendo al elevación de la causa a juicio” por el crimen de Priscila Hartman. En relación a la denuncia sobre apremios ilegales que habría recibido Facundo Bressan, único imputado por el crimen de la joven, García sostuvo que “se va a investigar en una causa aparte porque, como es sabido, él se abstuvo de declarar, por lo que nunca hubo posibilidad de que de los supuestos apremios que pudo haber sufrido, que nosotros negamos en principio, se hubiera obtenido cualquier elemento probatorio, ninguno de éstos se obtuvo de la palabra de Bressan”, planteó.
Priscila Hartman.
García también habló sobre el nuevo sistema de enjuiciamiento penal y recordó que en el caso de Priscila, “los fiscales con la Policía se movilizaron inmediatamente y descubrieron el hecho de una manera contundente, abrumadora” y adelantó que “tal es así que la semana que viene los fiscales estarán pidiendo al elevación de la causa a juicio, que es otro dato interesante porque en el sistema anterior en el que había una cierta desnaturalización de la función titánica del juez de instrucción, que a la vez investigaba y guarecía las garantías constitucionales, las causas se atrasaban por la burocracia del sistema escrito, porque el escriturismo, que es un sistema medieval, permitía el alongamiento por parte de las defensas de aquellas causas donde había pruebas”.
En este punto resaltó que “también debo reconocer con respeto la tarea de los defensores que tiene que bregar por la mejor defensa posible, si un sistema les posibilita alongar las causas indefinidamente, léase las causas como la de Liliana Rivas, la de Gorosito, que duró más de diez años, la de los delitos de lesa humanidad o corrupción económico política como la causa Pacayut o Alanis. Esto es porque los defensores hacen bien su trabajo en un sistema que se los permite, que es el sistema escrito. Esto cambia, en un sistema como el actual, todos los planteos para alongar no los pueden hacer porque la Investigación Penal Preparatoria es meramente para juntar los elementos y después ir a juicio y en el juicio es donde se ventila todo”.
Por otra parte, el procurador habló del rol de los fiscales con el nuevo Código Penal en causas de gran repercusión pública y sentó su posición respecto al impacto de la información que circula en redes sociales.
“En el sistema anterior en el que había una cierta desnaturalización de la función titánica del juez de instrucción, que a la vez investigaba y guarecía las garantías constitucionales, las causas se atrasaban por la burocracia del sistema escrito, porque el escriturismo, que es un sistema medieval, permitía el alongamiento por parte de las defensas de aquellas causas donde había pruebas”. En este punto resaltó que “también debo reconocer con respeto la tarea de los defensores que tiene que bregar por la mejor defensa posible, si un sistema les posibilita alongar las causas indefinidamente, léase las causas como la de Liliana Rivas, la de Gorosito, que duró más de diez años, la de los delitos de lesa humanidad o corrupción económico política como la causa Pacayut o Alanis. Esto es porque los defensores hacen bien su trabajo en un sistema que se los permite, que es el sistema escrito. Esto cambia, en un sistema como el actual, todos los planteos para alongar no los pueden hacer porque la Investigación Penal Preparatoria es meramente para juntar los elementos y después ir a juicio y en el juicio es donde se ventila todo”.
García contextualizó que la emergencia de estos temas de gran auge se enmarca en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal que “da una participación preponderante a los fiscales en un marco de unidad de acción, de oralidad permanente, de celeridad y transparencia y de direccionamiento de la política criminal para llevar toda la batería de instrumentos y herramientas para la persecución penal legítima hacia los delito más graves”.
En este sentido, el jefe de los fiscales hizo eje en el caso del crimen de Priscila Hartman para explicar el juego de roles en el actual sistema. “Es un caso gravísimo donde todos los fiscales han actuado inmediatamente y se los ve permanentemente en la calle a altas horas de la noche discutiendo o llevando adelante audiencias donde se plantean cuestiones por nuestra parte o de la defensa. Esto le da una notoria celeridad al trámite y además sincera la posición del fiscal, quien además de que haya querella, es decir representante particular de las víctimas, interviene en representación del colectivo social, en representación de todas las víctimas, esta es la representación que tenemos nosotros” y añadió: “El fiscal está afectado por el deber de legalidad, pero no es un sujeto procesal imparcial. La imparcialidad en este juego de nuevos roles es para los jueces. El fiscal es parcial, busca, legítimamente las pruebas que lleven a la condena si consideramos que debe ser llevada a juicio y si el principio de legalidad le dice que no hay pruebas suficientes, no avanza”, explicó.
En relación a las presiones que reciben los fiscales en el desarrollo de su función, García resaltó: “Nosotros estamos acostumbrados, este es uno de los riesgos del rol, estamos preparados para este riesgo. Se puede recordar una causa importante por asociación ilícita, drogas y homicidio, de hace tiempo, que involucra a (Gustavo) Petaco Barrientos, también nos organizaron una marcha con patoteros de la hinchada de Patronato que pretendieron de alguna manera influenciar, inútilmente por supuesto, porque se ganaron una causa penal en trámite”.
García reiteró su reconocimiento a la tarea de las defensas al precisar: “Quiero dejar a salvo la tarea legítima de la defensa de declarar lo que quieran o establecer todos los argumentos que planteen en esta etapa o sobre todo en la que corresponde que es la del juicio y la tarea obstaculizadora de los familiares, amigos o quiénes fueran como sucedió en la causa Céparo donde sucedió lo mismo. El límite es el Derecho Penal, por eso, frente a una amenaza o acciones permanentes, como ha recibido la familia del querellante, que formalizó la denuncia vamos a proceder como cuando se pretende violentar la libertad de un testigo o se quiere destruir la prueba bajo encubrimiento amenazas o coacciones”.
Límites
García también se refirió a la complejidad que se plantea a partir que la opinión pública se forma ideas sobre una investigación penal en curso por la información parcial que surge o se expresa a través de las redes sociales por allegados a alguna de las partes involucradas. En este sentido indicó categórico que el límite lo plantea el Derecho Penal, y para esto se valió como ejemplo del caso por el homicidio del ex basquetbolista Enzo Benedetich. “El prototipo de todo esto lo tenemos en la causa (de la esposa de la víctima Liliana) Rivas. Allí se ha demostrado hasta el cansancio, desde dos jueces de instrucción que actuaron, dos Cámaras de juicio que condenaron a la imputada, y la Cámara de Casación del actual Superior Tribunal de Justicia que confirmó la sentencia condenatoria, más allá de una primera anulación, (encontraron) la culpabilidad de la imputada”.
Y el procurador añadió: “se confirmaron todas las pruebas; durante todos los años que duró este proceso, (Rivas) contó con los mejores abogados defensores del medio, contó con la más absoluta asistencia y control de todas las pruebas que se ofrecían, llevó adelante todas las estrategias defensivas, incluso hasta esta pequeña operatoria de prensa (N. del E.: se refiere a recientes declaraciones donde echa dudas sobre una de las testimoniales) de intentar desnaturalizar (el proceso), desde la propia voz de la acusada en momentos en que puede llegar a perder la libertad si es que el superior Tribunal rechaza, como lo hemos dictaminado desde la querella, el recurso extraordinario (contra su condena)”, apuntó.
En otro aspecto, continuó el funcionario, indicó que cuando se esgrimen opiniones en las redes sociales “no hay ningún problema si es en el marco de la libertad de prensa y de expresión; se puede expresar lo que se quiera. Ahora, el límite es el Derecho Penal: puedo expresar que alguien es inocente aunque haya pruebas; puedo creer como familiar de un genocida que es inocente, lo que no puedo hacer es amenazar a quienes están investigando para llevar agua al molino en el que creo, ahí es el límite que señalo del Derecho Penal, y contra eso vamos actuar porque ahí no rige la libertad de expresión, ahí rige el Derecho Penal”, afirmó. (Fuente. El Diario)
Esta semana se elevará a juicio la causa por el crimen de Priscila Hartman
Leido 328 veces
El procurador General de la provincia, Jorge García, adelantó que esta semana “los fiscales estarán pidiendo al elevación de la causa a juicio” por el crimen de Priscila Hartman. En relación a la denuncia sobre apremios ilegales que habría recibido Facundo Bressan, único imputado por el crimen de la joven, García sostuvo que “se va a investigar en una causa aparte porque, como es sabido, él se abstuvo de declarar, por lo que nunca hubo posibilidad de que de los supuestos apremios que pudo haber sufrido, que nosotros negamos en principio, se hubiera obtenido cualquier elemento probatorio, ninguno de éstos se obtuvo de la palabra de Bressan”, planteó.
Priscila Hartman.
García también habló sobre el nuevo sistema de enjuiciamiento penal y recordó que en el caso de Priscila, “los fiscales con la Policía se movilizaron inmediatamente y descubrieron el hecho de una manera contundente, abrumadora” y adelantó que “tal es así que la semana que viene los fiscales estarán pidiendo al elevación de la causa a juicio, que es otro dato interesante porque en el sistema anterior en el que había una cierta desnaturalización de la función titánica del juez de instrucción, que a la vez investigaba y guarecía las garantías constitucionales, las causas se atrasaban por la burocracia del sistema escrito, porque el escriturismo, que es un sistema medieval, permitía el alongamiento por parte de las defensas de aquellas causas donde había pruebas”.
En este punto resaltó que “también debo reconocer con respeto la tarea de los defensores que tiene que bregar por la mejor defensa posible, si un sistema les posibilita alongar las causas indefinidamente, léase las causas como la de Liliana Rivas, la de Gorosito, que duró más de diez años, la de los delitos de lesa humanidad o corrupción económico política como la causa Pacayut o Alanis. Esto es porque los defensores hacen bien su trabajo en un sistema que se los permite, que es el sistema escrito. Esto cambia, en un sistema como el actual, todos los planteos para alongar no los pueden hacer porque la Investigación Penal Preparatoria es meramente para juntar los elementos y después ir a juicio y en el juicio es donde se ventila todo”.
Por otra parte, el procurador habló del rol de los fiscales con el nuevo Código Penal en causas de gran repercusión pública y sentó su posición respecto al impacto de la información que circula en redes sociales.
“En el sistema anterior en el que había una cierta desnaturalización de la función titánica del juez de instrucción, que a la vez investigaba y guarecía las garantías constitucionales, las causas se atrasaban por la burocracia del sistema escrito, porque el escriturismo, que es un sistema medieval, permitía el alongamiento por parte de las defensas de aquellas causas donde había pruebas”. En este punto resaltó que “también debo reconocer con respeto la tarea de los defensores que tiene que bregar por la mejor defensa posible, si un sistema les posibilita alongar las causas indefinidamente, léase las causas como la de Liliana Rivas, la de Gorosito, que duró más de diez años, la de los delitos de lesa humanidad o corrupción económico política como la causa Pacayut o Alanis. Esto es porque los defensores hacen bien su trabajo en un sistema que se los permite, que es el sistema escrito. Esto cambia, en un sistema como el actual, todos los planteos para alongar no los pueden hacer porque la Investigación Penal Preparatoria es meramente para juntar los elementos y después ir a juicio y en el juicio es donde se ventila todo”.
García contextualizó que la emergencia de estos temas de gran auge se enmarca en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal que “da una participación preponderante a los fiscales en un marco de unidad de acción, de oralidad permanente, de celeridad y transparencia y de direccionamiento de la política criminal para llevar toda la batería de instrumentos y herramientas para la persecución penal legítima hacia los delito más graves”.
En este sentido, el jefe de los fiscales hizo eje en el caso del crimen de Priscila Hartman para explicar el juego de roles en el actual sistema. “Es un caso gravísimo donde todos los fiscales han actuado inmediatamente y se los ve permanentemente en la calle a altas horas de la noche discutiendo o llevando adelante audiencias donde se plantean cuestiones por nuestra parte o de la defensa. Esto le da una notoria celeridad al trámite y además sincera la posición del fiscal, quien además de que haya querella, es decir representante particular de las víctimas, interviene en representación del colectivo social, en representación de todas las víctimas, esta es la representación que tenemos nosotros” y añadió: “El fiscal está afectado por el deber de legalidad, pero no es un sujeto procesal imparcial. La imparcialidad en este juego de nuevos roles es para los jueces. El fiscal es parcial, busca, legítimamente las pruebas que lleven a la condena si consideramos que debe ser llevada a juicio y si el principio de legalidad le dice que no hay pruebas suficientes, no avanza”, explicó.
En relación a las presiones que reciben los fiscales en el desarrollo de su función, García resaltó: “Nosotros estamos acostumbrados, este es uno de los riesgos del rol, estamos preparados para este riesgo. Se puede recordar una causa importante por asociación ilícita, drogas y homicidio, de hace tiempo, que involucra a (Gustavo) Petaco Barrientos, también nos organizaron una marcha con patoteros de la hinchada de Patronato que pretendieron de alguna manera influenciar, inútilmente por supuesto, porque se ganaron una causa penal en trámite”.
García reiteró su reconocimiento a la tarea de las defensas al precisar: “Quiero dejar a salvo la tarea legítima de la defensa de declarar lo que quieran o establecer todos los argumentos que planteen en esta etapa o sobre todo en la que corresponde que es la del juicio y la tarea obstaculizadora de los familiares, amigos o quiénes fueran como sucedió en la causa Céparo donde sucedió lo mismo. El límite es el Derecho Penal, por eso, frente a una amenaza o acciones permanentes, como ha recibido la familia del querellante, que formalizó la denuncia vamos a proceder como cuando se pretende violentar la libertad de un testigo o se quiere destruir la prueba bajo encubrimiento amenazas o coacciones”.
Límites
García también se refirió a la complejidad que se plantea a partir que la opinión pública se forma ideas sobre una investigación penal en curso por la información parcial que surge o se expresa a través de las redes sociales por allegados a alguna de las partes involucradas. En este sentido indicó categórico que el límite lo plantea el Derecho Penal, y para esto se valió como ejemplo del caso por el homicidio del ex basquetbolista Enzo Benedetich. “El prototipo de todo esto lo tenemos en la causa (de la esposa de la víctima Liliana) Rivas. Allí se ha demostrado hasta el cansancio, desde dos jueces de instrucción que actuaron, dos Cámaras de juicio que condenaron a la imputada, y la Cámara de Casación del actual Superior Tribunal de Justicia que confirmó la sentencia condenatoria, más allá de una primera anulación, (encontraron) la culpabilidad de la imputada”.
Y el procurador añadió: “se confirmaron todas las pruebas; durante todos los años que duró este proceso, (Rivas) contó con los mejores abogados defensores del medio, contó con la más absoluta asistencia y control de todas las pruebas que se ofrecían, llevó adelante todas las estrategias defensivas, incluso hasta esta pequeña operatoria de prensa (N. del E.: se refiere a recientes declaraciones donde echa dudas sobre una de las testimoniales) de intentar desnaturalizar (el proceso), desde la propia voz de la acusada en momentos en que puede llegar a perder la libertad si es que el superior Tribunal rechaza, como lo hemos dictaminado desde la querella, el recurso extraordinario (contra su condena)”, apuntó.
En otro aspecto, continuó el funcionario, indicó que cuando se esgrimen opiniones en las redes sociales “no hay ningún problema si es en el marco de la libertad de prensa y de expresión; se puede expresar lo que se quiera. Ahora, el límite es el Derecho Penal: puedo expresar que alguien es inocente aunque haya pruebas; puedo creer como familiar de un genocida que es inocente, lo que no puedo hacer es amenazar a quienes están investigando para llevar agua al molino en el que creo, ahí es el límite que señalo del Derecho Penal, y contra eso vamos actuar porque ahí no rige la libertad de expresión, ahí rige el Derecho Penal”, afirmó. (Fuente. El Diario)