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*Por Raúl Barrandeguy
El golpe de estado de 1976 que entronizó en la Argentina la dictadura cívico militar más sanguinaria de la historia y destruyo la economía, la producción nacional y el empleo, ejecutó a la vez la mas espantosa violación masiva de DDHH que se pueda imaginar. Tex Harris, un testigo de la época tan autorizado como insospechado, desde que en su condición de diplomático recibía en la embajada de EEUU las denuncias de los familiares de los ciudadanos desaparecidos de las que registró 13.500, pudo decir veinticuatro años después:
“El grado de violación de los derechos humanos en la Argentina era repugnante para todo el mudo civilizado. La hipocresía del gobierno al negar lo que todo el mundo sabía que estaba pasando era indignante. Los militares habían decidido exterminar clandestinamente a todo el sector de la izquierda argentina porque decían que había que terminar con el cáncer”.
Con algunas características propias, pero reconociendo como factor común el apoyo decisivo de Henry Kissinger, premio Nóbel de la paz y Secretario de Estado de los presidentes de EEUU Nixon y Ford, todos los países de la región sufrieron dictaduras similares. Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia padecieron como Argentina, gobiernos militares que liquidaron la Constitución y se dedicaron a la abominable tarea de reprimir salvajemente a los dirigentes políticos, a la oposición y a los disidentes.
Trabajadores, estudiantes, sindicalistas, pensadores, artistas y militantes populares, todos por igual fueron destinatarios directos de la represión.
Esta brutal coincidencia permitió concretar en nuestros países, siempre bajo la supervisión criminal de Kissinger, la más siniestra coordinación de actividades represivas que se pudiera imaginar. El seguimiento, la detención, los interrogatorios bajo tormentos, las desapariciones y los fusilamientos de las personas consideradas subversivas por cualquiera de las dictaduras que padecieron nuestros países, se concretaron con la efectiva cooperación de los dictadores que entonces nos gobernaban.
Dichas actividades se llevaron adelante en el actual “Mercosur” mediante una organización clandestina y criminal para la práctica del Terrorismo de Estado que hoy conocemos como “Plan Cóndor”.
La recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983 en la Argentina clausuró esta época tenebrosa de la historia nacional. Un nuevo gobierno, legítimo y con enorme apoyo popular, se hizo cargo de rescatar al país del horror. El pueblo en los comicios de octubre había manifestado una clara voluntad de dejar definitivamente atrás ese tiempo sombrío, para lo cual se imponía juicio y castigo para los genocidas y desmantelamiento definitivo del aparato represivo institucional que había llevado adelante la siniestra represión.
Ninguna de estas tareas fue sencilla. Sobre todo porque Bignone, el último dictador firmó el Decreto- 2726/83 que dispuso la destrucción de todas las pruebas y el 22 de septiembre de 1983 sancionó la llamada ley 22.924 que dispuso la autoamnistía de los genocidas. En ese itinerario azaroso, después vinieron triunfos gloriosos, pero también derrotas terribles que sacudieron a nuestra democracia hasta tornarla precaria. Al juicio a las Juntas ordenado por el Dr. Alfonsín en 1983, que termino con la sentencia que condenó a los comandantes; y a la creación de la CONADEP que preparó un informe soberbio sobre el crimen masivo de los desaparecidos, le siguieron las leyes de punto final y de obediencia debida y los indultos del Presidente Menem.
Así comenzó entonces, motorizado por la indignación popular que dichas medidas produjeron, el momento decisivo del proceso de recuperación plena de la Democracia que se hace presente como una enérgica demanda colectiva de justicia. Juicio y castigo para los asesinos dejó de ser la consigna que nuclea y galvaniza a las víctimas de los delitos aberrantes cometidos por los genocidas. Impregnando la cultura popular hasta la médula, hoy se define como la principal condición de posibilidad de la democracia, en verdad inconcebible sin Justicia para todas las víctimas del terrorismo de Estado.
El gobierno del Presidente Kirchner, instalado el 25 de mayo de 2003, honrando este proceso histórico y social del que el mismo se declaró parte, puso nuevamente en marcha los mecanismos institucionales necesarios para que la Justicia funcionara y les dio un impulso oficial extraordinario. Así remitió al Congreso en septiembre de 2003, un proyecto que sancionado como ley 27.779 declaró inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida.
Y el 24 de marzo de 2004, le ordenó al Jefe del Ejército que descolgara los cuadros de Videla y de Bignone que en la galería de Directores del Colegio Militar de la Nación presidían la formación de los jóvenes cadetes aspirantes a subtenientes. El mismo día, al firmar el convenio de creación del museo de la memoria (ex ESMA) el Pte. Kirchner dijo: “Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia por tantas atrocidades…no es rencor ni es odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad”.
El tema quedaba claro, en adelante, el Estado nacional se pondría del lado de las víctimas en su reclamo de justicia. Las cosas habían cambiado drásticamente en la Argentina.
Como consecuencia de esta virtuosa decisión política se reiniciaron los juicios por la memoria dando marco a la época que hoy estamos viviendo.
Respetando todas las garantías constitucionales fueron juzgados por jueces imparciales y condenados a severas penas, mas de 354 imputados entre los cuales, por citar las figuras mas conocidas, revistan Simón, Etchecolatz, Von Wernich, Nicolaides, Suárez Mason, Menéndez, Videla, Bussi, Riveros, Olivera Rovere, Astiz, Acosta, Pernias, Cavallo, Radice, Brusa y Díaz Bessone.
La Justicia, con excepción honrosa del juicio a las juntas, quizás por primera vez en Argentina se impartía sin debilidad alguna a quienes habían ejercido el poder de vida y muerte más brutal que se recuerde sobre nuestros ciudadanos.
Conjuntamente fue progresando la lucha de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo por encontrar a los cientos de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres. Y cada uno de ellos, al ser hallado multiplicaba la fuerza moral de este proceso por la verdad, la memoria y la justicia.
Ellos, los nietos, casi en silencio y hasta a veces sin saberlo, hablaban por sus padres, contando verdades atroces y formulando una y mil veces la misma pregunta: ¿Qué clase de sociedad proponían los genocidas que se debía defender produciendo tanto dolor a tantos inocentes? Así cada nieto recuperado (hoy ya son 116) proclamaba un triunfo enorme de la verdad y la justicia sobre el crimen, una condena moral inapelable que la historia le imponía a los genocidas. Y una celebración plenaria de la Democracia como el sistema que permitía castigar estos delitos execrables para que nunca más volvieran a ocurrir.
De esta manera la vigencia plena de los DDHH se fue afirmando en la Argentina y en la región trasvasando sus debates hacia el plano internacional, donde inundaron las reuniones multilaterales que en adelante dieron espacio en sus nutridas agendas a esta temática y en particular a la relacionada con los nuevos derechos. Violencia de género, trata de personas, abuso y explotación infantil, trabajo esclavo en contextos migratorios son otros tantos mojones que nos indican la dirección del camino que debemos recorrer.
El Mercosur ha sido atravesado por esta venturosa tendencia. Ya nunca más “Plan Cóndor”. De allí que entre sus objetivos principales hoy registra el de promover y garantizar la vigencia efectiva de los DDHH en todo el territorio de sus Estados miembros. A través de su Reunión de Altas Autoridades en el área de DDHH el tema se mantiene en agenda permanente. La reunión cumbre de sus autoridades, a realizarse en apenas días en nuestra ciudad y la cumbre social convocada para sesionar en paralelo, ofrecerán a nuestros pueblos una preciosa oportunidad para continuar avanzando por este terreno promisorio donde, la primera preocupación de los gobernantes es poner el poder al servicio de la condición humana.
Ante un acontecimiento semejante, con alegría, debemos celebrar.
* Ex Diputado Nacional FPV
También una celebración por la condición humana
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*Por Raúl Barrandeguy
El golpe de estado de 1976 que entronizó en la Argentina la dictadura cívico militar más sanguinaria de la historia y destruyo la economía, la producción nacional y el empleo, ejecutó a la vez la mas espantosa violación masiva de DDHH que se pueda imaginar. Tex Harris, un testigo de la época tan autorizado como insospechado, desde que en su condición de diplomático recibía en la embajada de EEUU las denuncias de los familiares de los ciudadanos desaparecidos de las que registró 13.500, pudo decir veinticuatro años después:
“El grado de violación de los derechos humanos en la Argentina era repugnante para todo el mudo civilizado. La hipocresía del gobierno al negar lo que todo el mundo sabía que estaba pasando era indignante. Los militares habían decidido exterminar clandestinamente a todo el sector de la izquierda argentina porque decían que había que terminar con el cáncer”.
Con algunas características propias, pero reconociendo como factor común el apoyo decisivo de Henry Kissinger, premio Nóbel de la paz y Secretario de Estado de los presidentes de EEUU Nixon y Ford, todos los países de la región sufrieron dictaduras similares. Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia padecieron como Argentina, gobiernos militares que liquidaron la Constitución y se dedicaron a la abominable tarea de reprimir salvajemente a los dirigentes políticos, a la oposición y a los disidentes.
Trabajadores, estudiantes, sindicalistas, pensadores, artistas y militantes populares, todos por igual fueron destinatarios directos de la represión.
Esta brutal coincidencia permitió concretar en nuestros países, siempre bajo la supervisión criminal de Kissinger, la más siniestra coordinación de actividades represivas que se pudiera imaginar. El seguimiento, la detención, los interrogatorios bajo tormentos, las desapariciones y los fusilamientos de las personas consideradas subversivas por cualquiera de las dictaduras que padecieron nuestros países, se concretaron con la efectiva cooperación de los dictadores que entonces nos gobernaban.
Dichas actividades se llevaron adelante en el actual “Mercosur” mediante una organización clandestina y criminal para la práctica del Terrorismo de Estado que hoy conocemos como “Plan Cóndor”.
La recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983 en la Argentina clausuró esta época tenebrosa de la historia nacional. Un nuevo gobierno, legítimo y con enorme apoyo popular, se hizo cargo de rescatar al país del horror. El pueblo en los comicios de octubre había manifestado una clara voluntad de dejar definitivamente atrás ese tiempo sombrío, para lo cual se imponía juicio y castigo para los genocidas y desmantelamiento definitivo del aparato represivo institucional que había llevado adelante la siniestra represión.
Ninguna de estas tareas fue sencilla. Sobre todo porque Bignone, el último dictador firmó el Decreto- 2726/83 que dispuso la destrucción de todas las pruebas y el 22 de septiembre de 1983 sancionó la llamada ley 22.924 que dispuso la autoamnistía de los genocidas. En ese itinerario azaroso, después vinieron triunfos gloriosos, pero también derrotas terribles que sacudieron a nuestra democracia hasta tornarla precaria. Al juicio a las Juntas ordenado por el Dr. Alfonsín en 1983, que termino con la sentencia que condenó a los comandantes; y a la creación de la CONADEP que preparó un informe soberbio sobre el crimen masivo de los desaparecidos, le siguieron las leyes de punto final y de obediencia debida y los indultos del Presidente Menem.
Así comenzó entonces, motorizado por la indignación popular que dichas medidas produjeron, el momento decisivo del proceso de recuperación plena de la Democracia que se hace presente como una enérgica demanda colectiva de justicia. Juicio y castigo para los asesinos dejó de ser la consigna que nuclea y galvaniza a las víctimas de los delitos aberrantes cometidos por los genocidas. Impregnando la cultura popular hasta la médula, hoy se define como la principal condición de posibilidad de la democracia, en verdad inconcebible sin Justicia para todas las víctimas del terrorismo de Estado.
El gobierno del Presidente Kirchner, instalado el 25 de mayo de 2003, honrando este proceso histórico y social del que el mismo se declaró parte, puso nuevamente en marcha los mecanismos institucionales necesarios para que la Justicia funcionara y les dio un impulso oficial extraordinario. Así remitió al Congreso en septiembre de 2003, un proyecto que sancionado como ley 27.779 declaró inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida.
Y el 24 de marzo de 2004, le ordenó al Jefe del Ejército que descolgara los cuadros de Videla y de Bignone que en la galería de Directores del Colegio Militar de la Nación presidían la formación de los jóvenes cadetes aspirantes a subtenientes. El mismo día, al firmar el convenio de creación del museo de la memoria (ex ESMA) el Pte. Kirchner dijo: “Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia por tantas atrocidades…no es rencor ni es odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad”.
El tema quedaba claro, en adelante, el Estado nacional se pondría del lado de las víctimas en su reclamo de justicia. Las cosas habían cambiado drásticamente en la Argentina.
Como consecuencia de esta virtuosa decisión política se reiniciaron los juicios por la memoria dando marco a la época que hoy estamos viviendo.
Respetando todas las garantías constitucionales fueron juzgados por jueces imparciales y condenados a severas penas, mas de 354 imputados entre los cuales, por citar las figuras mas conocidas, revistan Simón, Etchecolatz, Von Wernich, Nicolaides, Suárez Mason, Menéndez, Videla, Bussi, Riveros, Olivera Rovere, Astiz, Acosta, Pernias, Cavallo, Radice, Brusa y Díaz Bessone.
La Justicia, con excepción honrosa del juicio a las juntas, quizás por primera vez en Argentina se impartía sin debilidad alguna a quienes habían ejercido el poder de vida y muerte más brutal que se recuerde sobre nuestros ciudadanos.
Conjuntamente fue progresando la lucha de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo por encontrar a los cientos de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres. Y cada uno de ellos, al ser hallado multiplicaba la fuerza moral de este proceso por la verdad, la memoria y la justicia.
Ellos, los nietos, casi en silencio y hasta a veces sin saberlo, hablaban por sus padres, contando verdades atroces y formulando una y mil veces la misma pregunta: ¿Qué clase de sociedad proponían los genocidas que se debía defender produciendo tanto dolor a tantos inocentes? Así cada nieto recuperado (hoy ya son 116) proclamaba un triunfo enorme de la verdad y la justicia sobre el crimen, una condena moral inapelable que la historia le imponía a los genocidas. Y una celebración plenaria de la Democracia como el sistema que permitía castigar estos delitos execrables para que nunca más volvieran a ocurrir.
De esta manera la vigencia plena de los DDHH se fue afirmando en la Argentina y en la región trasvasando sus debates hacia el plano internacional, donde inundaron las reuniones multilaterales que en adelante dieron espacio en sus nutridas agendas a esta temática y en particular a la relacionada con los nuevos derechos. Violencia de género, trata de personas, abuso y explotación infantil, trabajo esclavo en contextos migratorios son otros tantos mojones que nos indican la dirección del camino que debemos recorrer.
El Mercosur ha sido atravesado por esta venturosa tendencia. Ya nunca más “Plan Cóndor”. De allí que entre sus objetivos principales hoy registra el de promover y garantizar la vigencia efectiva de los DDHH en todo el territorio de sus Estados miembros. A través de su Reunión de Altas Autoridades en el área de DDHH el tema se mantiene en agenda permanente. La reunión cumbre de sus autoridades, a realizarse en apenas días en nuestra ciudad y la cumbre social convocada para sesionar en paralelo, ofrecerán a nuestros pueblos una preciosa oportunidad para continuar avanzando por este terreno promisorio donde, la primera preocupación de los gobernantes es poner el poder al servicio de la condición humana.
Ante un acontecimiento semejante, con alegría, debemos celebrar.
* Ex Diputado Nacional FPV