Solanas propone un sistema de protección para adultos mayores

El Diputado Nacional Julio Solanas presentó un proyecto de ley que establece un protocolo específico para casos de violencia contra adultos mayores. “Tiene por finalidad ubicar a los adultos mayores dentro de un marco protectorio adecuado y eficaz”, remarcó.

“La violencia contra los mayores es una problemática específica y requiere de un tratamiento acorde, es necesario plantear abordajes que atiendan a causas simultáneas para dar respuestas específicas”, explicó Solanas.

El proyecto ingresó con la denominación D-7712 en la Cámara de Diputados de la Nación, titulado “Institúyase un Sistema de Protección para Adultos Mayores”, propone un sistema de protección contra toda acción u omisión que cause daño psicológico o físico, agresión verbal, abuso financiero, patrimonial o sexual, negligencia, abandono  o amenazas a adultos mayores.

“La legislación actual por la que se rigen las intervenciones en este tipo de situaciones es la ley 24.417, que si bien coloca a los ancianos como supuestas víctimas de violencia, no contempla un tratamiento específico. Las víctimas se encuentran relegadas y sin reglas de tratamiento protectorias eficaces”, comentó Solanas.

“Mediante este proyecto tratamos de abordar las diversas situaciones que merecen un estudio particularizado, a fin de otorgar herramientas de acción a quienes se deben encargar de garantizar el debido acceso a la justicia y la pronta reparación ante una situación de violencia”, subrayó.

“Se fijan plazos para que la justicia responda con celeridad a la víctima y resguarde su bienestar físico y sus bienes”, explicó el legislador. “Presentada la denuncia, se deberá dar conocimiento al juez competente en un plazo no superior a 24 horas. Una vez que el juez haya tomado conocimiento de la misma, deberá expedirse en un plazo no mayor a  48 hora”, agregó.

“Durante ese periodo podrá disponer medidas que resguarden la integridad física y la tranquilidad del adulto mayor, pudiendo ordenar desde la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma; ordenar la restitución de bienes a la víctima, en caso de haberse realizado transferencias de bienes registrables; hasta inhabilitar a los supuestos autores de la situación de abuso a percibir pensiones y/o jubilaciones de los que resultare titular el adulto mayor”, concluyó. (Fuente: Debate Abierto)