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Se trataría de un monto cercano a los tres millones de pesos, producto de la acumulación desde 2011 de honorarios de abogados de la Municipalidad de Paraná que intervienen en los procesos de apremios a contribuyentes morosos.
Piden informes sobre honorarios en la comuna de Paraná
El manejo y destino de los honorarios estaba establecido a través de un decreto: el 1.749 emitido en 2008, mediante el que se establecía una distribución entre los empleados a cargo del trabajo y se destinaba una parte para costear gastos de las áreas concernientes. Pero esa modalidad, organizada mediante una cuenta extrapresupuestaria del Municipio donde iban a parar los honorarios abonados por los contribuyentes y con pagos semestrales por recibo de sueldo a los empleados de las áreas en cuestión, fue interrumpida con la llegada al Gobierno de Blanca Osuna.
A través del decreto 823, del 28 de mayo de 2012, la actual gestión derogó el decreto 1.749 de 2008 y dispuso que “todos los honorarios regulados o establecidos, judicial o extrajudicialmente o provenientes de la suscripción de convenios de pago realizados con los contribuyentes, a favor de los profesionales que intervienen en juicios en defensa de los derechos e intereses municipales, que se encuentran depositados y que se depositen en adelante en la cuenta extrapresupuestaria correspondiente, continuará en dicha cuenta hasta que el Ejecutivo considere su utilización”.
El tiempo pasó y todavía el Ejecutivo no ha comunicado si ya “consideró su utilización”. La cuenta ha seguido engrosándose con honorarios, que en el fondo del asunto pertenecería al profesional firmante, y nada se sabe de esos recursos. Eso plantea Diego Pérez, empleado y delegado gremial por ATE en la Dirección de Apremios, área que junto a la Dirección de Procesos Judiciales, interviene en el procedimiento de cobro de las tasas adeudadas.
Ante la situación, los empleados elevaron a la intendente Osuna una propuesta de distribución de esos fondos. Pusieron en papel lo que ya venían reclamando y hablando con funcionarios de la Secretaría Legal y Administrativa de la Comuna, concretamente con el secretario Gustavo Acosta, el subsecretario Dante Molina y un coordinador general, Javier Pereira, entre otros.
La presentación del proyecto, que cuenta con el aval de la comisión provincial de ATE, generó un expediente cuyo número es el 25.405 del 13 de agosto de 2014, y todavía no ha tenido respuesta.
Diego Pérez, en diálogo con Entre Ríos Ahora, remarcó que el dinero que se ha ido acumulando en estos casi tres años en concepto de honorarios no pertenece al presupuesto municipal, iba a parar a una cuenta extrapresupuestaria de la que los empleados no han podido obtener datos de parte de la Comuna, y que existe consenso entre las áreas actuantes sobre el destino y distribución.
Así, en la nota elevada al Ejecutivo municipal, los empleados expresan que esos honorarios regulados por la Justicia en los apremios “fueron generados por el trabajo y esfuerzo de los empleados municipales y directivos avocados a la tarea” y proponen una forma de distribución acordada con la abogada firmante, titular de esos recursos.
Del 100% del fondo, el 45% proponen que sea para los empleados (11 de la Dirección de Apremios y 5 de la Dirección de Procesos Judiciales, dependientes de la Coordinación de Asuntos Judiciales); el 3% para el funcionamiento de la Dirección (pago de sellados de tasa judicial, movilidad); el 10% para compra de mobiliario (escritorios, computadoras), refacciones y refuncionalización edilicia del área de Apremios adonde esperan los contribuyentes ser atendidos; el 20% a directivos; el 5% para el Centro Educativo Municipal de Integración; el 2% para material bibliográfico relacionada a la actividad, ya que el área carece de lo “básico” para el desempeño de la tarea y el 15% para gastos de la Secretaría Legal.
El criterio de la Municipalidad, surgido en las conversaciones mantenidas por empleados con los funcionarios municipales mencionados, es muy distinto, aclara Pérez. La idea sería destinar el 50% para gastos de la Secretaría Legal y el otro 50% repartirlo entre todos los empleados de la Secretaría Legal. La posibilidad, adelantada verbalmente, sería resistida porque “los que trabajamos y los que generamos ese dinero somos alrededor de 15 empleados y la secretaría Legal tiene muchas otras áreas”, que no tendrían intervención directa en el tema, explica el delegado.
Un informe remitido al Tribunal de Cuentas de la Provincia en diciembre de 2011 por la Dirección de Apremios y Créditos Fiscales, al que accedió este sitio, menciona la situación. Se informa que mediante el decreto 74 de 2007 se creó la Dirección de Apremios y uno de los objetivos desde el inicio fue que los honorarios que se regularan en juicio o que pagaran los contribuyentes fueran utilizados en beneficio del área, “ya sea en la compra de bienes o para repartirlos en forma igualitaria entre los empleados”. Eso quedó dispuesto en el decreto 1.749. La cuenta extrapresupuestaria creada para el depósito de esos recursos era auditada por la Contaduría General de la Comuna y eran abonados a empleados de la dirección por recibo de sueldo a razón de 4 mil y 5 mil pesos cada uno por semestre, consigna el texto. El último reparto fue en el mes de junio/julio de 2011, quedando para distribuir a fines de ese año, principios de 2012 unos 600 mil pesos, se afirma en el escrito. Desde entonces no hubo más noticias.
En cuanto al dinero en sí, el delegado gremial dice que no tienen precisiones respecto del monto actual, ni siquiera si efectivamente está la plata en la cuenta. “Hemos pedido que nos informen y ni siquiera nos han dado el número de la cuenta (extrapresupuestaria)”, afirma. Se estima que son unos 5 mil juicios por apremios los que se han tramitado desde el comienzo de la gestión hasta ahora. (Fuente: Entre Ríos Ahora)
Piden saber qué pasó con el dinero por honorarios en la Municipalidad de Paraná
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Se trataría de un monto cercano a los tres millones de pesos, producto de la acumulación desde 2011 de honorarios de abogados de la Municipalidad de Paraná que intervienen en los procesos de apremios a contribuyentes morosos.
Piden informes sobre honorarios en la comuna de Paraná
El manejo y destino de los honorarios estaba establecido a través de un decreto: el 1.749 emitido en 2008, mediante el que se establecía una distribución entre los empleados a cargo del trabajo y se destinaba una parte para costear gastos de las áreas concernientes. Pero esa modalidad, organizada mediante una cuenta extrapresupuestaria del Municipio donde iban a parar los honorarios abonados por los contribuyentes y con pagos semestrales por recibo de sueldo a los empleados de las áreas en cuestión, fue interrumpida con la llegada al Gobierno de Blanca Osuna.
A través del decreto 823, del 28 de mayo de 2012, la actual gestión derogó el decreto 1.749 de 2008 y dispuso que “todos los honorarios regulados o establecidos, judicial o extrajudicialmente o provenientes de la suscripción de convenios de pago realizados con los contribuyentes, a favor de los profesionales que intervienen en juicios en defensa de los derechos e intereses municipales, que se encuentran depositados y que se depositen en adelante en la cuenta extrapresupuestaria correspondiente, continuará en dicha cuenta hasta que el Ejecutivo considere su utilización”.
El tiempo pasó y todavía el Ejecutivo no ha comunicado si ya “consideró su utilización”. La cuenta ha seguido engrosándose con honorarios, que en el fondo del asunto pertenecería al profesional firmante, y nada se sabe de esos recursos. Eso plantea Diego Pérez, empleado y delegado gremial por ATE en la Dirección de Apremios, área que junto a la Dirección de Procesos Judiciales, interviene en el procedimiento de cobro de las tasas adeudadas.
Ante la situación, los empleados elevaron a la intendente Osuna una propuesta de distribución de esos fondos. Pusieron en papel lo que ya venían reclamando y hablando con funcionarios de la Secretaría Legal y Administrativa de la Comuna, concretamente con el secretario Gustavo Acosta, el subsecretario Dante Molina y un coordinador general, Javier Pereira, entre otros.
La presentación del proyecto, que cuenta con el aval de la comisión provincial de ATE, generó un expediente cuyo número es el 25.405 del 13 de agosto de 2014, y todavía no ha tenido respuesta.
Diego Pérez, en diálogo con Entre Ríos Ahora, remarcó que el dinero que se ha ido acumulando en estos casi tres años en concepto de honorarios no pertenece al presupuesto municipal, iba a parar a una cuenta extrapresupuestaria de la que los empleados no han podido obtener datos de parte de la Comuna, y que existe consenso entre las áreas actuantes sobre el destino y distribución.
Así, en la nota elevada al Ejecutivo municipal, los empleados expresan que esos honorarios regulados por la Justicia en los apremios “fueron generados por el trabajo y esfuerzo de los empleados municipales y directivos avocados a la tarea” y proponen una forma de distribución acordada con la abogada firmante, titular de esos recursos.
Del 100% del fondo, el 45% proponen que sea para los empleados (11 de la Dirección de Apremios y 5 de la Dirección de Procesos Judiciales, dependientes de la Coordinación de Asuntos Judiciales); el 3% para el funcionamiento de la Dirección (pago de sellados de tasa judicial, movilidad); el 10% para compra de mobiliario (escritorios, computadoras), refacciones y refuncionalización edilicia del área de Apremios adonde esperan los contribuyentes ser atendidos; el 20% a directivos; el 5% para el Centro Educativo Municipal de Integración; el 2% para material bibliográfico relacionada a la actividad, ya que el área carece de lo “básico” para el desempeño de la tarea y el 15% para gastos de la Secretaría Legal.
El criterio de la Municipalidad, surgido en las conversaciones mantenidas por empleados con los funcionarios municipales mencionados, es muy distinto, aclara Pérez. La idea sería destinar el 50% para gastos de la Secretaría Legal y el otro 50% repartirlo entre todos los empleados de la Secretaría Legal. La posibilidad, adelantada verbalmente, sería resistida porque “los que trabajamos y los que generamos ese dinero somos alrededor de 15 empleados y la secretaría Legal tiene muchas otras áreas”, que no tendrían intervención directa en el tema, explica el delegado.
Un informe remitido al Tribunal de Cuentas de la Provincia en diciembre de 2011 por la Dirección de Apremios y Créditos Fiscales, al que accedió este sitio, menciona la situación. Se informa que mediante el decreto 74 de 2007 se creó la Dirección de Apremios y uno de los objetivos desde el inicio fue que los honorarios que se regularan en juicio o que pagaran los contribuyentes fueran utilizados en beneficio del área, “ya sea en la compra de bienes o para repartirlos en forma igualitaria entre los empleados”. Eso quedó dispuesto en el decreto 1.749. La cuenta extrapresupuestaria creada para el depósito de esos recursos era auditada por la Contaduría General de la Comuna y eran abonados a empleados de la dirección por recibo de sueldo a razón de 4 mil y 5 mil pesos cada uno por semestre, consigna el texto. El último reparto fue en el mes de junio/julio de 2011, quedando para distribuir a fines de ese año, principios de 2012 unos 600 mil pesos, se afirma en el escrito. Desde entonces no hubo más noticias.
En cuanto al dinero en sí, el delegado gremial dice que no tienen precisiones respecto del monto actual, ni siquiera si efectivamente está la plata en la cuenta. “Hemos pedido que nos informen y ni siquiera nos han dado el número de la cuenta (extrapresupuestaria)”, afirma. Se estima que son unos 5 mil juicios por apremios los que se han tramitado desde el comienzo de la gestión hasta ahora. (Fuente: Entre Ríos Ahora)