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El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este viernes por mayoría, una autorización al Ejecutivo a formular el “desestimiento en las actuaciones caratuladas Municipalidad de Paraná S/acción de lesividad –contrato de gerenciamiento Municipalidad de Paraná/Nación Fideicomiso SA/FOR SRL”. Se trata de una acción civil que viene desde la gestión de José Carlos Halle, contra un fideicomiso iniciado en la intendencia de Julio Solanas.
Sesionó el HCD.
Se llevó a cabo este viernes, la 31º sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná, en la cual se aprobó un solo proyecto con dictamen de comisión. Se trata de una ordenanza que deroga a otra ordenanza (la 8735) y que autoriza al Departamento Ejecutivo a “formular el desestimiento en las actuaciones caratuladas: Municipalidad de Paraná S/acción de lesividad – contrato de gerenciamiento Municipalidad de Paraná/Nación Fideicomisos SA/FOR (Fideicomiso Financiero y de Administración Municipalidad de Paraná/Nación Fideicomisos S.A)”.
La iniciativa fue acompañada por el bloque mayoritario y el concejal Marcelo Haddad (PS), que, si bien no votó porque se había retirado momentáneamente del recinto, firmó el despacho de comisión y fundamentó que lo acompañaría. Las concejalas del Bloque de la UCR, Roxana Villagra y Adriana Torner, no lo votaron, argumentando no tener acceso al expediente en cuestión, ni siquiera en el despacho de comisiones. Tampoco lo acompañó la única representante del Bloque Eva Perón, Graciela Berón, pero no dio a conocer los motivos.
Fue el edil del Bloque unipersonal (UCR-Irigoyenista), Miguel Rettore, quién fundamentó largamente su voto negativo, dando una descripción histórica de los hechos y dejando en claro que “esta irresponsabilidad” se dio en “tres gobiernos peronistas”.
Ordenanzas en mano, el radical se dedicó a detallar que la gestión municipal 2003-2007 (Julio Solanas) “celebró un contrato con el Banco Nación, por el cual se realizarían obras en la ciudad de Paraná por un monto de 16 millones y el Fideicomiso del Banco Nación, una vez concretadas, debía hacer el desembolso para pagarlas; mientras que la Municipalidad cedía en propiedad al Fideicomiso, las contribuciones por mejoras de las obras a ejecutar y otros fondos provenientes de la coparticipación de Impuestos nacionales y provinciales, y de la recaudación de la tasa general inmobiliaria, que ascendían a cinco millones (3,6 millones por coparticipación y 1,4 millones por recaudación de la tasa general)”.
Según Rettore, entre otras cosas, “se estableció que la Municipalidad de Paraná, como organizador del proyecto, contratara un Gerente de Proyecto, distinto de las partes, designación que recayó en la firma FOR S.R.L, cuyo Presidente era el Contador Sebastián Faure, quien percibiera los importes por esa tarea y que luego la Municipalidad denunciara judicialmente por Fraude a la Administración Pública, causa de la cual fue sobreseído”.
“Quien por ese entonces era la Contadora General de la Municipalidad, María Inés Deharbe, oportunamente realizó varias observaciones al contrato, pero estas observaciones fueron desechadas por el entonces Fiscal Municipal de esa gestión, quien por Ordenanza 8434 tenía la función de control de legalidad de los actos de gobierno, y dictaminó que el contrato con el Banco Nación estaba correcto”, recordó el edil.
“Iniciada la operación, comenzaron las distintas interpretaciones sobre si el Fideicomiso debía mandar el dineropara luego pagar las obras, o si por el contrario, el Fideicomiso le reembolsaba el dinero a la municipalidad, luego que esta pagara a las empresas. Esto quedó definido posteriormente entre ambos, ya que la mecánica que se adoptó fue que los Auditores del Fideicomiso certificaban la obra realizada, constataban que la municipalidad las había pagado, y posteriormente giraban el dinero en forma de reembolso; mientras que la Municipalidad de Paraná debía girar posteriormente al banco los dineros que se les cobraba a los frentistas como Contribución por Mejoras por dichas obras, juntamente con el resto de los ingresos que había cedido en propiedad al Fideicomiso”, relató.
Rettore remarcó que luego del cambio de gestión en diciembre del año 2007 (intendencia de José Carlos Halle), “cuando el país estaba convulsionado por el escandaloso caso Skanska”, la nueva administración “tomó la decisión de desaprobar lo actuado por la gestión anterior y revocar el contrato con el Fideicomiso Banco Nación por haber sido dañoso para las arcas municipales”, lo que se materializó en la Ordenanza 8735. A partir de esta decisión, la nueva gestión “denunció judicialmente” a la administración anterior (Julio Solanas) por “los daños económicos al municipio, lo que prescribió en la Justicia y solo continuó su trámite el expediente caratulado Faure Sebastián Miguel /Defraudación a la administración pública, Expediente N° 39482, que se tramitaba en el Juzgado de Instrucción N°1, de esta ciudad”.
El edil radical calificó a esta serie de sucesos como “efectos internos” y en ese sentido comentó que la nueva “administración peronista del año 2008” (Blanca Osuna), “aduciendo mal desempeño, dictó el Decreto N° 647/08 y removió del cargo de Contadora General Municipal María Inés Deharbe”, quien desempeñaba ese cargo “con todas las garantías legales” y lo hizo “sin la instrucción de un sumario previo y sin la intervención del HCD”.
El desistimiento que se trató este viernes, “es sólo de la acción civil por lesividad contra Faure, por la suma de 88.760,57 pesos, ya que en la causa penal el Juez determinó que el servicio del Sr. Faure se había prestado correctamente de acuerdo a lo convenido por las partes y por lo tanto la Municipalidad de Paraná se quedó sin argumento en el proceso contencioso administrativo, ya que el Juez afirmó que los fondos fueron legítimamente abonados a Faure, y si se continúa con esta causa el estado municipalidad, no sólo no cobrará la suma que se le reclama a Faure, sino que también terminará pagando todas las costas y honorarios profesionales de todos los peritos actuantes en la causa”, indicó.
Para Rettore, el Ejecutivo tiene hoy, la “urgencia de desistir de acciones judiciales iniciadas en nombre de la Municipalidad de Paraná”, iniciadas “por un gobierno justicialista; contra actos de gobierno de otro gobierno peronista que, según ellos mismos y como consta en toda la documentación a la que hemos tenido acceso, fueron lesivos para las arcas municipales en varios millones de pesos”.
“Dos causas penales que, una cayó por prescripción debido al tiempo transcurrido sin la producción de pruebas y la restante tiene una sentencia contraria a la municipalidad que es justamente la que impone el apuro de esta administración para desistir en la causa civil que también había iniciado, ya que si se prosigue acarrearía una mayor erogación económica que el monto de 88.760,57 pesos que pretende resarcirse”.
“Definitivamente, una irresponsabilidad tras otra en el manejo de la cosa pública municipal”, señaló el edil opositor.
Tras argumentar que el radicalismo en todas estas ordenanzas, había votado en contra, expresó que tenía “coherencia” y adelantó su voto negativo.
Los dichos del radical generaron la reacción del presidente del Cuerpo, Gastón Grand, quién bajó al recinto para hacer uso de la palabra. Si bien aclaró que no entraría en chicanas políticas ni electoralistas, le contestó a su par afirmando que “las obras están hechas”. Le sugirió luego a la oposición que hagan “campaña propositiva” y que no “vengan a levantar sospechas”. Luego Cristina Sosa y Gustavo Guzmán, del Bloque oficialista, también defendieron la iniciativa que finalmente se aprobó. (Fuente: APFDigital)
Sesionó el Concejo Deliberante de Paraná
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El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este viernes por mayoría, una autorización al Ejecutivo a formular el “desestimiento en las actuaciones caratuladas Municipalidad de Paraná S/acción de lesividad –contrato de gerenciamiento Municipalidad de Paraná/Nación Fideicomiso SA/FOR SRL”. Se trata de una acción civil que viene desde la gestión de José Carlos Halle, contra un fideicomiso iniciado en la intendencia de Julio Solanas.
Sesionó el HCD.
Se llevó a cabo este viernes, la 31º sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná, en la cual se aprobó un solo proyecto con dictamen de comisión. Se trata de una ordenanza que deroga a otra ordenanza (la 8735) y que autoriza al Departamento Ejecutivo a “formular el desestimiento en las actuaciones caratuladas: Municipalidad de Paraná S/acción de lesividad – contrato de gerenciamiento Municipalidad de Paraná/Nación Fideicomisos SA/FOR (Fideicomiso Financiero y de Administración Municipalidad de Paraná/Nación Fideicomisos S.A)”.
La iniciativa fue acompañada por el bloque mayoritario y el concejal Marcelo Haddad (PS), que, si bien no votó porque se había retirado momentáneamente del recinto, firmó el despacho de comisión y fundamentó que lo acompañaría. Las concejalas del Bloque de la UCR, Roxana Villagra y Adriana Torner, no lo votaron, argumentando no tener acceso al expediente en cuestión, ni siquiera en el despacho de comisiones. Tampoco lo acompañó la única representante del Bloque Eva Perón, Graciela Berón, pero no dio a conocer los motivos.
Fue el edil del Bloque unipersonal (UCR-Irigoyenista), Miguel Rettore, quién fundamentó largamente su voto negativo, dando una descripción histórica de los hechos y dejando en claro que “esta irresponsabilidad” se dio en “tres gobiernos peronistas”.
Ordenanzas en mano, el radical se dedicó a detallar que la gestión municipal 2003-2007 (Julio Solanas) “celebró un contrato con el Banco Nación, por el cual se realizarían obras en la ciudad de Paraná por un monto de 16 millones y el Fideicomiso del Banco Nación, una vez concretadas, debía hacer el desembolso para pagarlas; mientras que la Municipalidad cedía en propiedad al Fideicomiso, las contribuciones por mejoras de las obras a ejecutar y otros fondos provenientes de la coparticipación de Impuestos nacionales y provinciales, y de la recaudación de la tasa general inmobiliaria, que ascendían a cinco millones (3,6 millones por coparticipación y 1,4 millones por recaudación de la tasa general)”.
Según Rettore, entre otras cosas, “se estableció que la Municipalidad de Paraná, como organizador del proyecto, contratara un Gerente de Proyecto, distinto de las partes, designación que recayó en la firma FOR S.R.L, cuyo Presidente era el Contador Sebastián Faure, quien percibiera los importes por esa tarea y que luego la Municipalidad denunciara judicialmente por Fraude a la Administración Pública, causa de la cual fue sobreseído”.
“Quien por ese entonces era la Contadora General de la Municipalidad, María Inés Deharbe, oportunamente realizó varias observaciones al contrato, pero estas observaciones fueron desechadas por el entonces Fiscal Municipal de esa gestión, quien por Ordenanza 8434 tenía la función de control de legalidad de los actos de gobierno, y dictaminó que el contrato con el Banco Nación estaba correcto”, recordó el edil.
“Iniciada la operación, comenzaron las distintas interpretaciones sobre si el Fideicomiso debía mandar el dineropara luego pagar las obras, o si por el contrario, el Fideicomiso le reembolsaba el dinero a la municipalidad, luego que esta pagara a las empresas. Esto quedó definido posteriormente entre ambos, ya que la mecánica que se adoptó fue que los Auditores del Fideicomiso certificaban la obra realizada, constataban que la municipalidad las había pagado, y posteriormente giraban el dinero en forma de reembolso; mientras que la Municipalidad de Paraná debía girar posteriormente al banco los dineros que se les cobraba a los frentistas como Contribución por Mejoras por dichas obras, juntamente con el resto de los ingresos que había cedido en propiedad al Fideicomiso”, relató.
Rettore remarcó que luego del cambio de gestión en diciembre del año 2007 (intendencia de José Carlos Halle), “cuando el país estaba convulsionado por el escandaloso caso Skanska”, la nueva administración “tomó la decisión de desaprobar lo actuado por la gestión anterior y revocar el contrato con el Fideicomiso Banco Nación por haber sido dañoso para las arcas municipales”, lo que se materializó en la Ordenanza 8735. A partir de esta decisión, la nueva gestión “denunció judicialmente” a la administración anterior (Julio Solanas) por “los daños económicos al municipio, lo que prescribió en la Justicia y solo continuó su trámite el expediente caratulado Faure Sebastián Miguel /Defraudación a la administración pública, Expediente N° 39482, que se tramitaba en el Juzgado de Instrucción N°1, de esta ciudad”.
El edil radical calificó a esta serie de sucesos como “efectos internos” y en ese sentido comentó que la nueva “administración peronista del año 2008” (Blanca Osuna), “aduciendo mal desempeño, dictó el Decreto N° 647/08 y removió del cargo de Contadora General Municipal María Inés Deharbe”, quien desempeñaba ese cargo “con todas las garantías legales” y lo hizo “sin la instrucción de un sumario previo y sin la intervención del HCD”.
El desistimiento que se trató este viernes, “es sólo de la acción civil por lesividad contra Faure, por la suma de 88.760,57 pesos, ya que en la causa penal el Juez determinó que el servicio del Sr. Faure se había prestado correctamente de acuerdo a lo convenido por las partes y por lo tanto la Municipalidad de Paraná se quedó sin argumento en el proceso contencioso administrativo, ya que el Juez afirmó que los fondos fueron legítimamente abonados a Faure, y si se continúa con esta causa el estado municipalidad, no sólo no cobrará la suma que se le reclama a Faure, sino que también terminará pagando todas las costas y honorarios profesionales de todos los peritos actuantes en la causa”, indicó.
Para Rettore, el Ejecutivo tiene hoy, la “urgencia de desistir de acciones judiciales iniciadas en nombre de la Municipalidad de Paraná”, iniciadas “por un gobierno justicialista; contra actos de gobierno de otro gobierno peronista que, según ellos mismos y como consta en toda la documentación a la que hemos tenido acceso, fueron lesivos para las arcas municipales en varios millones de pesos”.
“Dos causas penales que, una cayó por prescripción debido al tiempo transcurrido sin la producción de pruebas y la restante tiene una sentencia contraria a la municipalidad que es justamente la que impone el apuro de esta administración para desistir en la causa civil que también había iniciado, ya que si se prosigue acarrearía una mayor erogación económica que el monto de 88.760,57 pesos que pretende resarcirse”.
“Definitivamente, una irresponsabilidad tras otra en el manejo de la cosa pública municipal”, señaló el edil opositor.
Tras argumentar que el radicalismo en todas estas ordenanzas, había votado en contra, expresó que tenía “coherencia” y adelantó su voto negativo.
Los dichos del radical generaron la reacción del presidente del Cuerpo, Gastón Grand, quién bajó al recinto para hacer uso de la palabra. Si bien aclaró que no entraría en chicanas políticas ni electoralistas, le contestó a su par afirmando que “las obras están hechas”. Le sugirió luego a la oposición que hagan “campaña propositiva” y que no “vengan a levantar sospechas”. Luego Cristina Sosa y Gustavo Guzmán, del Bloque oficialista, también defendieron la iniciativa que finalmente se aprobó. (Fuente: APFDigital)