Una solución para Argentina, un ejemplo para el mundo

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*Por Adán Bahl

Bahl Cerrito 2

La promulgación de la Ley de Pago Soberano de Deuda es un nuevo y firme paso en el camino de la soberanía económica y política de nuestro país.

Esta ley es muy importante, porque después del polémico y arbitrario fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitres, Argentina había quedado en una situación muy difícil. Por un lado, porque el fallo del juez Griesa es imposible de cumplir: viola las condiciones que se establecieron entre Argentina y sus acreedores durante el larguísimo y costoso proceso de reestructuración de la deuda de nuestro país, que inició Néstor Kirchner, que supuso hacerse cargo de deuda creada por gobiernos anteriores y que significó muchos padecimientos económicos para nuestro país.

Por otra parte, el fallo hace que Argentina no pueda cumplir con aquellos acreedores que aceptaron las reestructuraciones del 2005 y 2010, ya que el juez Griesa no autoriza al banco de New York a pagar a los acreedores (al menos mientras no haya un acuerdo con los buitres). Argentina y sus acreedores tienen hoy una cuota depositada en “el limbo“, como ha dicho nuestra presidenta.

Con la Ley de pago soberano, Argentina avanza en resolver esta situación, porque permite a todos aquellos bonistas que quieran cambiar la jurisdicción de sus bonos, cobrar en Argentina o bien proponer otra alternativa.

A fin de septiembre (luego en octubre y a fin de año) hay que hacer nuevos pagos a los bonistas. El agente que redistribuía esos pagos era el banco de New York, pero como decíamos, está inhabilitado a pagar por el fallo de Griesa. De tal manera, sin esta ley, Argentina no tenía manera de pagar.

Hoy, con esta ley de pago soberano se crea una cuenta especial y se establecerán todos los mecanismos para que se pueda llevar adelante el proceso de pago, sin perjuicio de las partes y cumpliendo con los acuerdos preexistentes. Inclusive, se deja abierta la puerta a aquellos buitres que quisieran aceptar entrar al mismo canje que el resto de los bonistas, en condiciones igualitarias y equitativas.

Es claro que ha sido un escenario difícil y el curso de los acontecimientos forzó al gobierno a tomar una iniciativa de este tipo. Como bien se expresó a lo largo de los debates en el Congreso, el éxito de esta medida depende en gran parte de la voluntad de los bonistas, ya que a la larga ellos tienen la última palabra. Sin embargo, creemos que es muy importante el esfuerzo que se ha hecho para mostrar, como dijo la presidenta, que “Argentina quiere pagar, puede pagar y va a pagar todas sus deudas con todos los tenedores de bonos“.

Aún así, en medio de esta injusta situación en la que nos encontramos por la sed de millonarios cuestionados a lo largo de todo el planeta, la oposición de este gobierno –en su conjunto- no ha apoyado esta medida (salvo honrosas excepciones). Muchos se han manifestado de acuerdo con la caracterización de todo el juicio, pero con la excusa de algún punto o coma, o pidiendo garantías de éxito rotundo imposibles de otorgar, han decidido votar en contra. El caso más llamativo es quizás el del diputado Sergio Massa, quién ni siquiera participó del debate que duró más de 14horas (llegó a hacia la noche, cuando ya habían pasado unas 8 o 9hs de discusiones). Sus planteos han ido a contramano de la lectura que ha hecho la mayoría y el proyecto alternativo que presentó, como dijo el ministro Kicillof, es irresponsable y viola por completo cláusulas que podrían poner en riesgo la situación financiera de nuestro país.

Lo paradójico de la cuestión es que, mientras los representantes argentinos le daban la espalda al gobierno en la defensa de nuestro patrimonio, en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) –y casi en simultáneo- se votaba con amplia mayoría una resolución para crear un “marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”. Es decir, 124 países de todo el mundo le daban su apoyo a Argentina en esta batalla, entendiendo que los Estados soberanos no pueden ser víctimas de millonarios que compran jueces y fallos para engrosar sus arcas.

Apoyamos esta Ley, que tiene como objetivo final despejar el horizonte de nuestro país, en el corto y en el largo plazo. Para seguir creciendo, para sostener lo que hemos logrado a lo largo de estos años y afirmarnos en el camino de un desarrollo inclusivo.

(*) Contador – Ministro de Gobierno y Justicia de Entre Ríos