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A raíz de marchas luego de diferentes hechos de inseguridad, integrantes de los distintos poderes junto a ONGs, se reunieron para analizar el tema. Conformarán una “mesa chica” para avanzar en nueva legislación.

Conformarán una “mesa chica” para avanzar en nueva legislación.

Marchas de autoconvocados con la consigna “queremos vivir en paz y con paz”, a raíz de diferentes hechos delictivos ocurridos en la capital entrerriana y localidades de la provincia, habría sido el disparador.
Es así que este martes, integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, autoridades del Ejecutivo provincial y municipal y entidades intermedias, convergieron en un encuentro para abordar la problemática sobre la inseguridad y comenzar a diagramar acciones.

El integrante del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, puso relevancia en el hecho de que “hayan respondido al convite” diferentes instituciones y personalidades “vinculadas al quehacer judicial, de la seguridad, penitenciarios, del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo, con el ministro de Gobierno Adán Bahl; el jefe de policía de la provincia, Héctor Massuh y de la intendenta de Paraná, Blanca Osuna”.
“No es habitual tener este tipo de reuniones”, reconoció.

En este sentido, expresó que los presentes en el encuentro “prestaron su aporte en materia de ideas, de aplicación inmediata próxima o futura, que auguran a la gente que vamos a tener un panorama ciertamente comprometido desde el puntos de vista de funcionarios, para poder brindarle a la población lo que está pidiendo en las calles”.
De esta manera, indicó, “nos adelantamos a posibles peticiones concretas”.
Se busca, agregó, “tener mayores recaudos para prevenir el delito una vez cometido el hecho y mejores condiciones para las investigaciones para descubrir lo que ha venido a perturbar el orden y apropiarse y perjudicar bienes, afectando la tranquilidad de los paranaenses y de los entrerrianos en general”.

Reconoció que en el encuentro “se habló del narcomenudeo. Lo puse en resalto: al comenzar con las deliberaciones de parte de todos los delitos sin excepción y contravenciones se descubría el aporte de consumo de drogas, tanto autores como victimas aparecían involucrados en eso del narcomenudeo o sea del consumo. Esto es grave porque potencia la violencia, el quite de frenos inhibitorios y produce a veces consecuencias extremas en los daños físicos, en la propiedad. Hay muchas situaciones en donde racionalmente no se comprende porque se llegó a ese final con respecto a una persona, adversario circunstancial, y de aplicación. Está allí la incidencia de la droga, de ahí la importancia de tratar de involucrar a la provincia en la lucha que se tiene, desde el orden federal”. Recordó que “en la provincia no se puede llevar adelante la prosecución por el narcomenudeo y todas las figuras vinculadas con las droga por sí mismas, porque es competencia federal”.

“Uno de los factores que se analizó y seguramente será motivo de mayor profundización sobre todo desde el Poder Ejecutivo, es que será necesario que se adopten convenios con el gobierno federal, para que se dé la posibilidad de modificación a la legislación procesal para intervención de la fuerza policiales locales sino también, respecto a las unidades penales”, contó Chiara Díaz.

Las unidades penales provinciales “albergan también penados federales y generalmente estos, son adictos. La provincia tiene que aportar la colaboración para que estos condenados por la justicia nacional o por delitos federales, estén dentro de las mismas. La provincia lo hace no porque tenga que hacerlo como si fuera de competencia propia. Creemos que a esto lo tiene que arreglar la provincia con el gobierno nacional, para que quede saneado sobre todo. Quedó de manifiesto que hemos superado los 1000 internos que están procesados o condenados en las unidades penales de la provincia”.

Además puntualizó que se dialogó sobre los establecimientos para menores. “Es producto, no solo de que han aumentado los delitos, sino la velocidad en la realización de las investigaciones y en el castigo por el nuevo código que rige en toda la provincia, menos en Paraná, cuya aplicación comenzará pronto. Esto tiene que alertarnos que va a seguir creciendo. Habrá que hacer nuevos lugares de alojamiento, porque no vamos a tener donde poner a los procesados y condenados”.

A juicio de Chiara Díaz, “se obtendría más rápidamente si hay un convenio con la Nación, donde se habiliten edificios para poner los presos federales o la construcción de unidades penales correspondientes a hechos que han sido juzgados por la justicia federal o que están sujetos mientras dure el proceso a la jurisdicción”.
Para concluir, aportó que “se formará una comisión de mesa chica, de no más de diez miembros, en los próximos días, para expedirse en concreto de lo que se habló en el encuentro, sobre proyectos de ley, de actuación, para que se traduzca en leyes o resolución de la policía o del Superior Tribunal”.

Por su parte, el director de Investigaciones de la provincia, Ricardo Frank calificó la reunión “como fructífera” respecto de “algunos factores determinantes que se pusieron en la mesa, en lo que se refiere a una investigación policial y su conclusión en la parte judicial”.
Consideró que este trabajo que se encara “va a arribar a un trabajo exhaustivo en beneficio de la comunidad, para dar respuestas inmediatas”. (Fuente: Elonce.com)