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El sacerdote Justo José Ilarraz, dice su abogado tucumano, Jorge Muñoz, nunca pensó que fuera conveniente apelar al recurso de prescripción para evitar sentarse en el banquillo de los acusados en la causa por abuso de menores en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, que se abrió en su contra en la Justicia entrerriana en septiembre de 2012.
Ilarraz está acusado de abuso de menores en el Seminario de Paraná.
En ese expediente, caratulado “Ilaraz Justo José s/Promoción a la corrupción de menores agravada”, siete víctimas contaron de qué modo fueron abusados por el cura, cuando éste ocupó el cargo de prefecto de disciplina en el Seminario Menor, una escuela secundaria orientada al sacerdocio con internado, entre 1985 y 1993.
Ilarraz era, a la vez, director espiritual y confesor de muchos de ellos. La declaración del acusado será en el hipotético escenario en el cual quede firme la resolución sobre la prescripción, que ahora está en proceso de apelación. Tanto la Fiscalía como los querellantes han acudido con un recurso de casación. Sus abogados defensores, el tucumano Muñoz y el letrado paranaense Juan Ángel Fornerón, sostuvieron el principio de que la causa estaba prescripta, y si bien el juez de la causa, Alejandro Grippo, rechazó el planteo, la Sala Primera de la Cámara del Crimen les dio la razón, el 6 del actual.
Pero el fiscal de Cámara, Rafael Martín Cotorruelo, y los querellantes Walter Rolandelli y Álvaro Piérola, rechazaron la decisión de la Cámara, y presentaron un recurso de casación. Todavía los camaristas no se pronunciaron respecto de la admisibilidad –“no hay razones para que no lo hagan”, afirmó Cotorruelo–, pero una vez que lo hagan, y lo acepten, el escrito llegará a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), donde finalmente será resuelto.
El abogado Muñoz, de todos modos, está confiado en que definitivamente la prescripción quedará firme. Y aunque evitó dar cuenta de cuáles serán las estrategias defensivas, “que vamos a adoptar en el curso de los días que vienen”, anticipó que hay una decisión de Ilarraz, que ha pedido poder presentarse ante los jueces entrerrianos y contar su versión de los hechos, que fueron motivo de una causa penal en su contra.
“Recién cuando quede firme la prescripción, veremos qué hacemos. De todos modos, el padre Ilarraz me manifestó siempre la necesidad de no apelar al recurso de la prescripción. Pero lamentablemente, por una estrategia de la defensa, no pudimos atender ese pedido, porque es un derecho en toda causa. El instituto de prescripción es de orden público. No se puede renunciar al derecho. Además, al comienzo de esta persecución penal pidió declarar en la Justicia. Pero por sugerencia nuestra, no se le permitió hacerlo”, reveló el abogado.
Muñoz aseguró además que Ilarraz pretende venir a Paraná –actualmente reside en Tucumán– a declarar por propia voluntad, una vez que quede firme la prescripción. “Pero ésa es una estrategia que debemos manejar bien con el codefensor. Esto sería una vez que queden en firme las resoluciones. Ilarraz quiere contar su verdad, y cuenta en su poder con mucha prueba documental que desacredita todo lo que se ha dicho en su contra”, indicó.
El abogado indicó que el cura quiere declarar porque “es un derecho que tiene. Puede hacer una presentación espontánea, en la que solicita ser oído, y explica ante el juez las circunstancias de los hechos que se le imputan”.
El fiscal Cotorruelo cree que ese camino es inviable. “Una vez que la causa se cierra, no hay posibilidades de tomar más declaraciones. De todos modos, nosotros no apostamos a la prescripción. Creemos que la resolución de la Cámara se va a revertir, y si es necesario, vamos a ir con un recurso de queja ante la Corte Suprema. Así es que esta causa tiene para largo rato, y no sé si el año que viene estará resuelta”, anticipó.
En medio, es incierta la situación canónica de Ilarraz
El 22 de septiembre de 2012, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, dio a conocer un comunicado sobre el caso Ilarraz, y entonces la Iglesia se mostró dispuesta a colaborar “con el Tribunal competente en todo lo que esté a su alcance para el completo esclarecimiento de los hechos”, y manifestó “la firme determinación y compromiso con la búsqueda de la verdad y la aplicación de las sanciones legales que en su caso correspondan”, se indicó.
“Cumpliendo expresas directivas generales de S.S. Benedicto XVI en el trato de estos gravísimos y dolorosos hechos, el Arzobispado, en el transcurso del año 2011, por propia iniciativa, antes que cualquier denuncia periodística, pidió instrucciones a la Santa Sede para lograr una solución definitiva y en procura de la justicia”, indicó y agregó: “A raíz de la actuación eclesial del Arzobispado de Paraná y del Obispado de Concepción del Tucumán, a partir del 7 de septiembre pasado, se ha apartado del ejercicio del ministerio al sacerdote involucrado”.
La diócesis de Concepción, Tucumán, de la que depende la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Montero, adonde Ilarraz estuvo en los últimos años, está presidida por el obispo José María Rossi, con quien Puiggari pactó la suspensión del cura.
Pero en declaraciones a El Diario, el abogado Muñoz dio otra versión de los hechos. “Hasta donde yo sé, él pidió voluntariamente la suspensión en el ejercicio del sacerdocio. No fue suspendido. No hubo resolución de apartamiento. Él, personalmente, optó por suspenderse; fue una decisión adecuada y oportuna. Ese plazo de suspensión no lo sé. Es una resolución administrativa de la Iglesia que la propia Iglesia deberá resolver”.
Justicia divina
En 1995, y luego de tomar conocimiento de los hechos a partir de las confesiones de las víctimas, la Iglesia de Paraná ordenó investigar a Ilarraz, un proceso que concluyó un año después con la decisión de expulsarlo de la diócesis. Pero el caso nunca llegó a la Justicia. Recién se abrió una causa a partir de la difusión pública de los hechos, y por una presentación del procurador general Jorge Amílcar García. (Fuente: El Diario)
Ilarraz pedirá a la Justicia poder contar su versión de los hechos
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El sacerdote Justo José Ilarraz, dice su abogado tucumano, Jorge Muñoz, nunca pensó que fuera conveniente apelar al recurso de prescripción para evitar sentarse en el banquillo de los acusados en la causa por abuso de menores en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, que se abrió en su contra en la Justicia entrerriana en septiembre de 2012.
Ilarraz está acusado de abuso de menores en el Seminario de Paraná.
En ese expediente, caratulado “Ilaraz Justo José s/Promoción a la corrupción de menores agravada”, siete víctimas contaron de qué modo fueron abusados por el cura, cuando éste ocupó el cargo de prefecto de disciplina en el Seminario Menor, una escuela secundaria orientada al sacerdocio con internado, entre 1985 y 1993.
Ilarraz era, a la vez, director espiritual y confesor de muchos de ellos. La declaración del acusado será en el hipotético escenario en el cual quede firme la resolución sobre la prescripción, que ahora está en proceso de apelación. Tanto la Fiscalía como los querellantes han acudido con un recurso de casación. Sus abogados defensores, el tucumano Muñoz y el letrado paranaense Juan Ángel Fornerón, sostuvieron el principio de que la causa estaba prescripta, y si bien el juez de la causa, Alejandro Grippo, rechazó el planteo, la Sala Primera de la Cámara del Crimen les dio la razón, el 6 del actual.
Pero el fiscal de Cámara, Rafael Martín Cotorruelo, y los querellantes Walter Rolandelli y Álvaro Piérola, rechazaron la decisión de la Cámara, y presentaron un recurso de casación. Todavía los camaristas no se pronunciaron respecto de la admisibilidad –“no hay razones para que no lo hagan”, afirmó Cotorruelo–, pero una vez que lo hagan, y lo acepten, el escrito llegará a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), donde finalmente será resuelto.
El abogado Muñoz, de todos modos, está confiado en que definitivamente la prescripción quedará firme. Y aunque evitó dar cuenta de cuáles serán las estrategias defensivas, “que vamos a adoptar en el curso de los días que vienen”, anticipó que hay una decisión de Ilarraz, que ha pedido poder presentarse ante los jueces entrerrianos y contar su versión de los hechos, que fueron motivo de una causa penal en su contra.
“Recién cuando quede firme la prescripción, veremos qué hacemos. De todos modos, el padre Ilarraz me manifestó siempre la necesidad de no apelar al recurso de la prescripción. Pero lamentablemente, por una estrategia de la defensa, no pudimos atender ese pedido, porque es un derecho en toda causa. El instituto de prescripción es de orden público. No se puede renunciar al derecho. Además, al comienzo de esta persecución penal pidió declarar en la Justicia. Pero por sugerencia nuestra, no se le permitió hacerlo”, reveló el abogado.
Muñoz aseguró además que Ilarraz pretende venir a Paraná –actualmente reside en Tucumán– a declarar por propia voluntad, una vez que quede firme la prescripción. “Pero ésa es una estrategia que debemos manejar bien con el codefensor. Esto sería una vez que queden en firme las resoluciones. Ilarraz quiere contar su verdad, y cuenta en su poder con mucha prueba documental que desacredita todo lo que se ha dicho en su contra”, indicó.
El abogado indicó que el cura quiere declarar porque “es un derecho que tiene. Puede hacer una presentación espontánea, en la que solicita ser oído, y explica ante el juez las circunstancias de los hechos que se le imputan”.
El fiscal Cotorruelo cree que ese camino es inviable. “Una vez que la causa se cierra, no hay posibilidades de tomar más declaraciones. De todos modos, nosotros no apostamos a la prescripción. Creemos que la resolución de la Cámara se va a revertir, y si es necesario, vamos a ir con un recurso de queja ante la Corte Suprema. Así es que esta causa tiene para largo rato, y no sé si el año que viene estará resuelta”, anticipó.
En medio, es incierta la situación canónica de Ilarraz
El 22 de septiembre de 2012, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, dio a conocer un comunicado sobre el caso Ilarraz, y entonces la Iglesia se mostró dispuesta a colaborar “con el Tribunal competente en todo lo que esté a su alcance para el completo esclarecimiento de los hechos”, y manifestó “la firme determinación y compromiso con la búsqueda de la verdad y la aplicación de las sanciones legales que en su caso correspondan”, se indicó.
“Cumpliendo expresas directivas generales de S.S. Benedicto XVI en el trato de estos gravísimos y dolorosos hechos, el Arzobispado, en el transcurso del año 2011, por propia iniciativa, antes que cualquier denuncia periodística, pidió instrucciones a la Santa Sede para lograr una solución definitiva y en procura de la justicia”, indicó y agregó: “A raíz de la actuación eclesial del Arzobispado de Paraná y del Obispado de Concepción del Tucumán, a partir del 7 de septiembre pasado, se ha apartado del ejercicio del ministerio al sacerdote involucrado”.
La diócesis de Concepción, Tucumán, de la que depende la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Montero, adonde Ilarraz estuvo en los últimos años, está presidida por el obispo José María Rossi, con quien Puiggari pactó la suspensión del cura.
Pero en declaraciones a El Diario, el abogado Muñoz dio otra versión de los hechos. “Hasta donde yo sé, él pidió voluntariamente la suspensión en el ejercicio del sacerdocio. No fue suspendido. No hubo resolución de apartamiento. Él, personalmente, optó por suspenderse; fue una decisión adecuada y oportuna. Ese plazo de suspensión no lo sé. Es una resolución administrativa de la Iglesia que la propia Iglesia deberá resolver”.
Justicia divina
En 1995, y luego de tomar conocimiento de los hechos a partir de las confesiones de las víctimas, la Iglesia de Paraná ordenó investigar a Ilarraz, un proceso que concluyó un año después con la decisión de expulsarlo de la diócesis. Pero el caso nunca llegó a la Justicia. Recién se abrió una causa a partir de la difusión pública de los hechos, y por una presentación del procurador general Jorge Amílcar García. (Fuente: El Diario)