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El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, analizó en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), en una entrevista con Daniel Enz, el papel del organismo frente a las causas de corrupción que comprometen fondos públicos, los mecanismos de recuperación patrimonial y los desafíos que plantea la futura Ley de Ética Pública y Ficha Limpia. También se refirió a las expropiaciones vinculadas con Juan Pablo Aguilera, a los procesos derivados de la gestión del exgobernador Sergio Urribarri y al funcionamiento de los organismos de control.
Uno de los ejes de la entrevista conducida por Daniel Enz, fue el recupero de los bienes vinculados con causas de corrupción. Rodríguez Signes confirmó que la imprenta de Juan Pablo Aguilera ya fue decomisada y quedó a disposición del Poder Ejecutivo, que deberá definir su destino y administración. Además, explicó que Fiscalía de Estado trabaja en la reparación patrimonial y que existen medidas cautelares sobre bienes de los imputados.
En relación con los resarcimientos, plantea un criterio diferente para actualizar el perjuicio provocado al Estado. Frente a montos que quedaron desactualizados por el paso del tiempo, Rodríguez Signe sostuvo que no alcanza con aplicar índices de inflación, dólar o tasas de interés. “Cuántos salarios docentes se pagaban con estos montos en aquella época y cuánto dinero se necesita hoy para pagar la misma cantidad de salarios docente”, propone como una forma de medir con mayor precisión la pérdida ocasionada al patrimonio provincial.
El fiscal de Estado también detalló en qué causas la Provincia se constituyó como actor civil, entre ellas Jóvenes Emprendedores, la investigación por los contratos truchos, el caso José Ángel Allende y una causa vinculada con Vialidad. Explicó que la estrategia responde a la necesidad de proteger los intereses patrimoniales del Estado en expedientes de “mucha relevancia institucional y económica”.
Sobre el proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia, que ya tiene media sanción de Diputados, Rodríguez Signes afirmó en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que desconoce los motivos de la demora en el Senado, aunque expresó su acuerdo general con la iniciativa, pero marcó discrepancia en muchos otros. Al mismo tiempo, advirtió que la nueva legislación debería contemplar con precisión situaciones de incompatibilidad y avanzar sobre el funcionamiento de los organismos de control. En ese punto propuso revisar el papel de la Contaduría General en la Legislatura, la relación entre los municipios y el Tribunal de Cuentas y las facultades operativas de la Fiscalía de Estado.
La situación de Sergio Urribarri también ocupó un tramo relevante de la entrevista con Daniel Enz. En ese diálogo, Rodríguez Signes sostuvo que, en los casos vinculados con contrataciones directas, publicidad oficial y otros procedimientos cuestionados, la Fiscalía de Estado intentó había realizado observaciones en su momento. “Si se cometieron errores, sería bueno aceptar que se cometieron errores y tratar de repararlos en su momento”, recordó como una postura que mantuvo durante aquellos años.
Finalmente, el fiscal de Estado abordó la actualidad del organismo y reivindicó su funcionamiento interno. Aseguró que en casi 19 años nunca se venció un plazo judicial y destacó el compromiso del conjunto del personal que integran la estructura. Sobre su continuidad en el cargo -que cumplirá 19 años-, evitó plantear un límite inmediato y afirmó: “Me identifico con lo que hago y quiero lo que hago y me gusta mi Provincia y amo mi Provincia”, sellando de esa manera su vocación por la continuidad.
-Ya fue recuperada para el Estado la imprenta de Aguilera. ¿En qué etapa está el proceso? ¿Ya se sabe el destino que se le dará?
-Se practicó -como usted dice- el decomiso el lunes de esta semana. Ya se puso a disposición del Poder Ejecutivo el bien, todavía no está dispuesto. Es el Poder Ejecutivo el que dispone a cargo de quién va a quedar este inmueble, quién lo va a administrar y para qué se lo va a utilizar. Pero, está en marcha el procedimiento del decomiso.
-Este recupero se dio en cumplimiento de la sentencia penal. ¿Habrá o hay, además, una acción civil por esta causa ahora que la sentencia quedó firme?
- Sí. Tiene que haberla porque incluso está dispuesta en la sentencia que se corre traslado. Se notifica a Fiscalía de Estado a los efectos del decomiso y a los efectos que correspondan por la reparación patrimonial. Y en eso estamos trabajando ahora, actualmente, con una… esto usted me lo ha preguntado antes… con una salvedad. Nosotros -en este caso-, en este juicio, no somos actores civiles, no fuimos actores civiles. Pero, están las medidas cautelares trabadas. Fue uno de los casos en que los jueces de Garantía en el proceso penal aceptaron trabar medidas cautelares, inhibiciones, embargos. Con lo cual quedó cautelado el patrimonio de los entonces imputados y después hay una parte que hay juicios abreviados, en los cuales ha habido personas que han resarcido ya al Estado, eso hay que descontarlo, pero estamos trabajando en eso.
-Mientras tanto, recientemente, el propio gobernador Rogelio Frigerio rechazó una propuesta de acuerdo económico de un exfuncionario de Sergio Urribarri, condenado por corrupción, por ser un monto irrisorio respecto a los valores actuales que se desviaron desde el Estado. ¿Esto puede ser un precedente para otros casos parecidos, donde aún debe resolver al respecto la Justicia?
- No, porque son casos totalmente distintos. Uno es este caso que usted menciona, en el cual todos los imputados fueron a un juicio abreviado. Aceptaron que habían recibido una especie de comisión. Pero, los contratos, el contrato que da origen a esa condena, nunca fue anulado. Es decir, el contrato surtió efecto; el contrato de liquidación de sueldos o en distintas áreas: Ministerio de Trabajo y otras áreas más. Distinto es este caso en el que hay contratos celebrados que son objeto de la condena. El tema de la publicidad, están nominados los decretos que autorizaron esos contratos. Por lo tanto, está muy claro que esos contratos no son válidos. Después, está aquella contratación que se hizo para la Cumbre del Mercosur, de una publicidad también. Después está la contratación del parador de Mar del Plata y después está la contratación de la publicidad, una solicitada contra los fondos buitres. Todos esos contratos habría que pensar como que nunca se hicieron, nunca se ejecutaron. Y esa sería la hipótesis que en la cual nos plantamos para el resarcimiento. Si usted quiere le digo cómo pienso esto. Porque estamos discutiendo con el Ministerio Público y con el propio Poder Ejecutivo acerca de cómo se opera en estos casos. Pero, a mí me parece que actualizar por índices, ya sea dólar, ya sea inflación, o tasa de interés activa no nos va a llevar a ningún resultado que conforme. Yo pienso que, si se detrajo de los presupuestos de la provincia en los años que se produjeron los hechos, mi cálculo es este: cuántos salarios docentes, por ejemplo. Cuántos salarios docentes se pagaban con estos montos en aquella época y cuánto dinero se necesita hoy para pagar la misma cantidad de salarios docente. Me parece que ese es un criterio mucho más justo, más real y que nadie puede sospechar que haya algún tipo de balanceo, de asimetría en el reclamo.
-Ese decreto de Frigerio, que sorprendió gratamente, porque nunca un gobernador había dispuesto algo así.
-Con ese énfasis…
-Y con esa disposición. Siempre se acataba lo que decidía la Justicia y listo.
-Ese es un juicio abreviado. La reparación civil la hace la Fiscalía de Estado. Para poder hacer la reparación civil, Fiscalía de Estado había recibido de parte de los imputados una oferta. Esa oferta se le corrió traslado al Poder Ejecutivo porque yo no hago ningún acuerdo que no tenga la autorización del Poder Ejecutivo. Compartimos responsabilidades. Que las personas se queden tranquilas, que no es que haya una persona que lo decide arbitrariamente o puede esconder un expediente. No. Cuando ocurre esto, entre la Fiscalía de Estado y el Poder Ejecutivo se establece un mecanismo de autorizaciones mutuas. Entonces, así se procede. Y acá hay que ser muy técnico. Tengo mis diferencias con el decreto del Poder Ejecutivo. No lo hablé con el Poder Ejecutivo. Así como recibí las ofertas, se las trasladé. Y así como se las trasladé me contestaron con el decreto. Está bien. Ahora veremos cómo instrumentar ese resarcimiento, porque tiene sus tecnicismos.
-Pero, deja un precedente.
-De la posición del Poder Ejecutivo de cómo proceder, sí, sí.
- ¿En qué otras causas de corrupción el Estado está constituido actualmente como actor civil? Jóvenes Emprendedores, contratos truchos…
-Jóvenes emprendedores, Beckman que es la causa de los contratos (truchos), nos habíamos constituido en (José Ángel) Allende, y actualmente nos constituimos en un caso que es importante, muy importante, que es el de Vialidad. Ahí el director de Vialidad hizo la denuncia. Ezequiel Donda hizo una denuncia que es importante, involucra muchas operaciones y ahí nos constituimos como actores civil. Hay razones. E decir, antes… como pasó con el caso Urribarri, se trababan medidas cautelares, aunque la Fiscalía no se constituya como actor civil. Luego, los jueces de Garantía empezaron a denegar esa posibilidad. Entonces, nos vimos -no en la obligación porque no es una obligación-, pero nos vimos en la conveniencia estratégica legal. procesal de constituirnos como actores civiles. Especialmente, en estas causas que son de mucha relevancia institucional y económica.
-En Jóvenes Emprendedores se definió el monto del reclamo que se hará a quienes se declararon un culpable en el juicio abreviado. ¿En qué etapa está esa situación?
-En los 100 millones de pesos que se comprometieron los imputados -hoy condenados- a pagar, son valores históricos de los 300 y tantos de casos que investigó el Ministerio Público Fiscal. Ese monto hay que actualizarlo. Para actualizarlo hay distintos procedimientos. Uno de ellos es el que les estoy diciendo: que es este de comparar salarios docentes al principio y al final. Estamos en la etapa de preparación de la demanda, que es mucho más fácil porque una cosa es tener una demanda con una condena, aunque sea pactada; pero, con una condena, y asumida la responsabilidad civil. Y otra cosa es remar desde la nada, ¿no? O sea, desde el proceso, sin admisión de responsabilidad. Por eso yo vi -y viene bien que se los diga ahora-, yo vi que era conveniente a los intereses del resarcimiento de la provincia. La estrategia del Ministerio Público Fiscal de llegar a ese acuerdo. A diferencia del Poder Ejecutivo que tenía otro criterio.
-Todo el proceso legislativo del proyecto de Ley de Ética Pública y Ficha Limpia. Se sabe que Esteban Vítor en su momento como diputado provincial había presentado un proyecto, hubo otras iniciativas anteriores y en otras gestiones. El actual está con media sanción en Diputados y se está debatiendo en el Senado. ¿Usted sabe por qué hay tanta demora en el Senado?
-No lo sé. Es más, pedí la semana pasada, como vi que había algunas convocatorias, pedí los contactos de los senadores, de los presidentes de bloque para poder conversar con ellos acerca de algunos aspectos del proyecto de ley. No sé los motivos de la demora.
-Se sabe que en la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales la senadora por el Departamento La Paz hizo -a través de su asesor legal- diez incorporaciones, diez puntos para incorporar. En fin…
-Está bien. No conozco el trámite legislativo. Sé que tiene media sanción de Diputados. Pasó al Senado. Entiendo que puede haber modificaciones en el Senado… irá a Diputados.
-Lo va siguiendo, aunque sea por los medios…
-Sí, sí. Eso sí, por supuesto. Pero, tengo mi posición respecto a ese proyecto.
-No está de acuerdo en algunas cosas.
-En algunas cosas creo que… no es que no esté de acuerdo con el proyecto. Con el proyecto estoy de acuerdo porque la Constitución de la Provincia dice que hay que sancionar una Ley de Ética Pública. Yo vengo de otra escuela. De otra formación jurídica en donde se distingue muy bien entre lo que es la ética y el Derecho en sí. Pero, esa es otra discusión. Acá va a ser una ley positiva, una ley sancionada por la Legislatura. Ocurren dos cosas: una es que nosotros después que se sancionan las leyes, constantemente somos requeridos para que hagamos dictámenes, si hay incompatibilidad, si no hay incompatibilidad, si el médico de “Feliciano”, si el concejal, si puede cobrar la jubilación y la dieta de concejal, en fin… se producen un montón de situaciones que en esta ley -que es muy reglamentaria- hay que preverlas mucho. Pero, además, le diría lo siguiente: está bien que se avance sobre el proyecto de Ética Pública. Pero, hay otros temas que surgen de las mismas causas que ustedes me preguntan, Beckman y demás. Le digo, sería interesante que articulemos mejor el funcionamiento de los organismos de control. Por ejemplo, tres cosas les digo: la primera, la Contaduría no interviene en la Legislatura. La Contaduría General de la provincia no interviene en la Legislatura. Podría intervenir.
-Sí, obviamente.
-Y yo diría que a la luz de lo que ha venido pasando en los últimos … muchos años… usted hace poco escribió un artículo sobre el tema de las cajas de alimentos en la Legislatura, en la década de los ´90, de los ´80. La Contaduría, la intervención de la Contaduría en la Legislatura, un punto. Segundo, el tema de municipios y Tribunal de Cuentas. Hoy en día el Tribunal de Cuentas dicta -artículo 49-, una conclusión, la manda el Concejo Deliberante y está ocurriendo que hay municipios que están desconociendo esas resoluciones o directivas del Tribunal de Cuentas. ¡Y eso ocurre!
-Así es. El más complicado, por lo menos que se conoce es el de Santa Elena.
- ¡Claro! Y eso está ocurriendo porque los Municipios tienen autonomía. Entonces, el criterio es que ya no los controla la Provincia, sino el propio Municipio. Es un tema que quedó sin una adecuada legislación. Y el tercero es la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado -artículo 209 de la Constitución-, tiene una amplitud de competencia muy grande a nivel de la Constitución. A nivel operativo, todavía rige la Ley 7296, que dice, por ejemplo, que el dictamen legal de Fiscalía de Estado es a requerimiento del gobernador o de los ministros. No es obligatorio, no es oficio siempre. ¿Podría pasar? ¿Podría yo pedir informes? Sí, por supuesto que sí. Pero, el control lo hace la Fiscalía requerimiento del Poder Ejecutivo y de los ministros. Entonces, por ahí la gente cree que la Fiscalía es omnipresente en todos los organismos, que puede revisar todo y de hecho si ustedes ven la cantidad de dictámenes, 20.000 dictámenes y compara con la cantidad de expedientes -tres millones-, se darán cuenta que la capacidad de control está muy apuntada a determinados expedientes.
- ¿Qué funcionarios en actividad pueden ser alcanzados por algunos de los artículos de la Ley de Ética Pública? Ejemplos: Jorge Satto es secretario de Turismo y accionista de Termas Concepción (el organismo es el que habilita los alojamientos). Néstor Roncaglia, que cobra sueldo de ministro de Seguridad y Justicia y como retirado de la Policía Federal Argentina, incluso usted hizo un dictamen…
-Sí, lo puede cobrar.
-Mauro Vazón que cobra por el Consejo de la Magistratura de la provincia y de la Nación.
-Por la incompatibilidad dice usted. Pero, la incompatibilidad es un viejo tema de la época de (Sergio) Montiel.
-Claro, pero está establecido en el proyecto de Ley…
-Sí, por eso le digo. Yo pido intervenciones en el Senado, si me la quieren dar, si no, veremos después. Justamente, por los temas conflictivos, ¿no? Por ejemplo, la incompatibilidad.
-La ley no alcanza a aquellos que tienen emprendimientos privados y a la vez negocios con el Estado. Usted tiene emprendimiento privado hace mucho tiempo. Pero ¿tiene relación con el Estado?
-No, no. Yo no tengo ninguna relación. A mí la única cosa que me cambia en lo mío esa legislación es en la publicidad de las declaraciones juradas. Yo declaro impuesto a las Ganancias desde que estoy inscripto hace más de 20 y pico de años en el impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y pago IVA. Soy un contribuyente inscripto en la DGI, presento mis declaraciones juradas en la DGI y en la Contaduría General de la Provincia como corresponde. Cuando se sancione esa ley, será pública. Punto.
-O sea, su empresa de transporte no tiene ninguna relación con el Estado.
-No, no.
- ¿Los legisladores les han consultado sobre este tema?
-No, no. Yo creo que sería una linda ocasión para algunos temas abordarlos. No digo grandes, pero algunos temas de los cuales Fiscalía tiene incumbencias, sobre todo, en el régimen de incompatibilidades.
- ¿Cómo quedó jurídicamente el tema de Teknofood y los desayunos escolares?
-Teknofood, el contrato y los desayunos. El juez (Juan Francisco) Malvasio dictó la sentencia en primera instancia. Mejor dicho, hizo lugar a la demanda parcialmente, y lo que dictó fue: no incorporen alimentos que tengan el octógono, exceso en calorías, exceso en azúcares, exceso en sodio. Por el otro lado, el Superior Tribunal de Justicia dicta sentencia. Queda definitiva la sentencia y agrega el cumplimiento de una ley provincial de política de promoción de una buena salud alimentaria en las escuelas, etcétera. Está convalidado el contrato. El contrato lo terminó convalidando. No estuvo en juegos ese tema. Le deja el Poder Ejecutivo como corresponde, las potestades de ejercicio al poder de policía y el contrato en sí mismo es un contrato dinámico. El contrato acepta la posibilidad de que aquel que va a distribuir el producto, el alimento, a la escuela concretamente, pueda rechazarlo si tiene algún tipo de observación…
-Ese es un detalle interesante…
-Sí, sí. Nosotros lo planteamos en la contestación de la demanda. (Puede rechazar) si tiene alguna observación, reclamo o planteo respecto a la calidad alimentaria. Creo que es un contrato que se va a ir ajustando con el tiempo. Pero, el Superior Tribunal de Justicia convalidó el contrato.
-Recordamos cuando vino el funcionario aquí a esta mesa y le preguntamos cuánto se puede hacer mixta la alimentación en cada lugar y dijo que eso está perfectamente habilitado. Pero, mientras tanto hay mucha queja, fundamentalmente, de todos aquellos que quedaron fuera como proveedores. Nos dijeron que son poco más de 1.200…
-Claro. Porque de un sistema descentralización se pasó a un sistema centralización. Esa es una decisión administrativa que está dentro del margen de legalidad y de discreción que tiene el Poder Ejecutivo. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero, es legal.
- ¿Cómo mira a la distancia esta realidad de Sergio Urribarri, preso en una cárcel de Entre Ríos, por lo menos por dos años más, cuando en un día como hoy (que cumplió 68 años) cumpla 70 años? Porque recordamos que usted le había advertido muchas veces de algunas situaciones que podían llevarlo a un lugar… imaginamos que nunca se le habrá pasado por la cabeza a usted de que Urribarri podía terminar en una cárcel. Pero, cuánto margen tuvo para decirle sobre las irregularidades como los usos y abusos de la imprenta de su cuñado Aguilera…
-Viene muy bien su pregunta…
-El uso abusivo de fondos públicos para cuestiones personales y crecimiento patrimonial.
-Ahí hay cuatro hechos: el tema de los contratos que se celebraban por contratación directa; el tema de la publicación de una solicitada por los fondos buitres; el tema de una publicación por la Cumbre del Mercosur y el tema de un parador en Mar del Plata. De los cuatro temas, ninguno de ellos tiene alguna habilitación de la Fiscalía para hacer lo que hizo. Es decir, ahí tenemos la enorme tranquilidad de obrar de que en todos esos casos la Fiscalía o no intervino… caso parador de Mar del Plata… o si intervino algo dijo, por ejemplo: la contratación directa -y esto no es hablar a destiempo, porque lo hicimos en su momento-. Nosotros sosteníamos y sostenemos que en materia de publicidad existe la contratación directa. Pero, no es la regla. Esto lo dijimos: es la excepción. Entonces, hay que fundar por qué es contratación directa en materia de publicidad. Esto fue una observación que se hizo en su momento. Y la otra intervención que tuvimos, que fue con respecto a la publicidad de Nelly Entertainment, allí viene a consulta -de Fiscalía- del Tribunal de Cuentas, de la Contaduría, previa, si se podían contratar a través de la ley especial que se había sancionado, una ley especial. Si se podía contratar directamente para esos fines y nosotros dijimos que en la medida que sea para eso, sí. Porque después había todo un mecanismo de control, de aprobación legislativa y demás… nunca vimos el contrato que se celebró después. Es decir, esa consulta fue previa, hubiera sido muy interesante que se haga al momento que se estaba celebrando el contrato. ¿Cómo lo vivo yo? Con esa tranquilidad de decirle, mire, nosotros, yo no era un consejero del…
-Pero, ustedes fueron juntos diputados en el gobierno de Montiel.
-Pero, en bloques distintos.
-Pero, después Urribarri lo designa a usted como Fiscal de Estado en función de una relación o un reconocimiento. ¿Usted me quiere decir a hoy, con el diario del lunes, considera que no se sintió escuchado por Urribarri cuando usted le advirtió “ojo con estas cosas”?
-Seguro… es decir… pero, ahí la dinámica de un candidato, de un gobernador que quería ser presidente de la Nación o que quería ser funcionario nacional lo lleva a ese estado de… a lo mejor de descuido. Yo alguna vez se lo dije a usted en Gualeguaychú en un programa. Le dije yo… bueno… si se cometieron errores, sería bueno aceptar que se cometieron errores y tratar de repararlos en su momento. Esa fue siempre mi postura. Pero, no actué nunca como defensor de él, ni como consejero de su defensa, ni nada por el estilo. Por suerte… y esto habla bien de él… a mí no me utilizó para eso. Él tenía su cuerpo de abogados, bien, mal, regular, lo que sea.
-Tampoco podía hacerlo porque usted estaba en un rol de Fiscalía de Estado, pero quizás había una relación de confianza…
-Podría haber sido… podría haber sido. Había una postura que, incluso hasta hoy la sostengo, esta idea de que una vez que el Tribunal de Cuentas aprobó, es como que se cierra la posibilidad de investigar penalmente. Siempre dije esto es insostenible. Y fue una postura que sostenían… Y quedó claro después en los procesos judiciales que tanto el Ministerio Público como los jueces dijeron que se puede investigar por más que el Tribunal de Cuentas haya aprobado las cuentas.
-Usted habla con los funcionarios de este gobierno o con el propio Rogelio Frigerio, y les advierte de estas cosas, del uso de dineros públicos. Porque estas resoluciones, creemos que deberían ser un claro llamado de atención para todos aquellos que están en la función pública, porque los puede comprender a futuro. Y más aún si se llega a un segundo mandato donde las desprolijidades siempre empeoran.
-Bueno, ahí es como yo le digo, Daniel… nosotros intervenimos cuando el Poder Ejecutivo nos pide que intervengamos. Y créame que cuando nos pide que tomemos intervención y en este sentido le quiero decir francamente este gobierno, esta gestión, pide más, ejerce más ese derecho a pedir consulta a la Fiscalía que gestiones anteriores. Es constante, le diría, los requerimientos de dictamen. Y nosotros en la medida que se nos consulta, evacuamos la consulta.
-Hay una situación que nosotros lo hemos planteado acá respecto de los juicios laborales que hay contra el Instituto del Seguro. Son resoluciones realmente millonarias. ¿Cómo siguen este tema?
-Lamentablemente, estamos a la cabeza, no en cantidad sino en crecimiento de la cantidad de juicios laborales por accidentes y enfermedades de trabajo. En gran medida, nosotros lo que más seguimos son aquellos casos en donde el asegurado es a su vez empleado público. Entonces, es empleado público y a su vez asegurado del Instituto del Seguro. Y están los asegurados privados. Esto tiene una enorme repercusión en los costos laborales y creo que hay que ser… hay que entrar a fondo en este tema para evitar los abusos que hay; porque le puedo asegurar que los hay. Es decir, enfermedades que no son enfermedades que aparecen planteadas como enfermedades, juicios al por mayor. Entonces, en ese sentido, pienso que el gobernador planteó ahora la reforma del Código Procesal Laboral. No será la única herramienta. Pero, es muy importante… es muy importante poder contar con lo que él plantea, con un cuerpo de peritos que efectivamente hagan una tarea peritaje lo más profesional posible, lo más justa posible, lo más técnicamente fundada posible y no convalidar todo… porque le puedo asegurar que hay sentencias por ahí que se convalida toda una historia que uno cuando la mira dice: esto no es verdad, esto no pasó o acá se falsifica. Incluso a nosotros nos están mandando algunos casos donde lo estamos mandando a sumario administrativo, porque vemos que es tanta la deformación… se utiliza mucho lo que nosotros le llamamos una especie de fraude procesal que nos llama la atención. Entonces, en buena hora que el gobernador mande este proyecto. Se discutirá… este sí es un proyecto muy importante para la economía de la provincia.
- ¿Cómo es la estructura de la Fiscalía del Estado? ¿Cuántos fiscales adjunto tiene?
-La Ley 7296 prevé dos fiscales adjuntos. De los dos fiscales adjuntos hay uno en funciones que es Martín Rettore. El otro está con licencia psiquiátrica.
- ¿Y qué pasa con un fiscal con licencia psiquiátrica? ¿Qué contempla la ley? ¿Cuándo puede estar en esa función?
-En la Ley 9755 está todo el régimen de licencia. Creo que son hasta 6 meses, la verdad no se lo puedo decir con precisión… pero, creo que son hasta 6 meses. Pero, él está ahí… la verdad que, debo decirles, a nosotros nos genera un problema desde todo punto de vista: ¡Un problema! Porque nosotros estamos todo el día dictaminando, contestando juicios. Tenemos mucho que hacer, todos los días en la Fiscalía. Aprovecho para agradecerles a todo el personal de la Fiscalía el enorme esfuerzo que hacen. Y, además, pasa esto y no genera realmente una asimetría.
- ¿Quién controla? Porque en tanto andamiaje puede haber desprolijidad e incluso algunas irregularidades. No estamos diciendo con intención, pero se pueden “escapar” muchas cosas.
-Por supuesto. Nosotros tenemos un sistema en el que todo está puesto en un sistema que es el sistema “Lex-Doctor”. Es decir, todo caso, todo juicio, todo procedimiento administrativo está todo expresado en un sistema informático. Por suerte, tenemos una organización que permite que una vez que entra un caso se agendan vencimientos. Es muy importante. Imagínese 5.000 casos que se le pase un plazo y pierde un juicio porque se le pasó un plazo. A nosotros no se nos pasó nunca ningún plazo en casi 19 años que llevo como Fiscal de Estado. ¡Nunca! Entonces, hacemos ese control por un sector que se llama la Procuración de la Fiscalía de Estado, que es muy importante, le diría que es central, un nervio motor ahí. Y después tenemos dividido dos cuerpos de asesores… asesores para la parte administrativa y asesores para la parte judicial. Todos, con un gran compromiso por lo que hacen, tienen una gran convicción y créame que no es un discurso lo que le estoy haciendo. Tienen una gran convicción de lo que hacen, un gran compromiso. Porque si fuera por la remuneración le digo que hay, no en el Poder Judicial, sino en otros organismos de la propia administración sectores donde los abogados ganan mucho más. Por ejemplo, Rentas o el Instituto Portuario u otros más donde ganan mucho más. Yo no los estoy criticando. Digo: hay desigualdades. Y a pesar de eso tenemos un Cuerpo… porque hay algo que yo creo que el abogado de Fiscalía siente que está defendiendo a la Provincia de Entre Ríos. Eso lo siente desde el Fiscal Adjunto hasta el último ordenanza de la Fiscalía de Estado, porque saben que están cumpliendo con un rol institucional de defensa del Estado.
-El año próximo cumplirá 19 años como fiscal de Estado. ¿Se pone un límite?
-El doctor Marciano Martínez, quien murió hace poco… me encontré con su hijo y le conté… él estuvo en la Convención Constituyente cuando se redactó el artículo 209 y él dijo: bueno, el fiscal de Estado para hacer todo lo que dice este artículo de la Constitución debe tener una salud inquebrantable. Por ahora tengo una salud, no sé si inquebrantable, pero una buena salud. Y me gusta lo que hago. Más que gustarme, me identifico con lo que hago. Fui concejal, fui legislador, fui soldado, fui periodista, fui empleado en salud pública, recorrí un montón de cosas, hago mis actividades privadas. Pero, me identifico con lo que hago y quiero lo que hago y me gusta mi Provincia y amo mi Provincia…
-Pero qué pasa si Frigerio va por la reelección e incluso tiene serias chances de ganar las elecciones. Qué pasa si el gobernador le dice: preciso ese lugar.
- ¡No me lo va a decir nunca! Porque el gobernador tiene un gran respeto por la Constitución y por los cargos. que tienen acuerdo del Senado, como es éste. Entonces, el gobernador es un hombre inteligente y sabe lo que hace. Y si ya no me lo dijo al principio… y él sabe además la respuesta con la que se encontraría. Entonces ese diálogo no existe ni va a existir por una cuestión de respeto mutuo. Yo le tengo un profundo respeto al gobernador.
Fuente: Programa “Cuestión de Fondo”
Julio Rodríguez Signes: “Frigerio tiene un gran respeto por la Constitución y nunca me va a pedir mi lugar”
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El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, analizó en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), en una entrevista con Daniel Enz, el papel del organismo frente a las causas de corrupción que comprometen fondos públicos, los mecanismos de recuperación patrimonial y los desafíos que plantea la futura Ley de Ética Pública y Ficha Limpia. También se refirió a las expropiaciones vinculadas con Juan Pablo Aguilera, a los procesos derivados de la gestión del exgobernador Sergio Urribarri y al funcionamiento de los organismos de control.
Uno de los ejes de la entrevista conducida por Daniel Enz, fue el recupero de los bienes vinculados con causas de corrupción. Rodríguez Signes confirmó que la imprenta de Juan Pablo Aguilera ya fue decomisada y quedó a disposición del Poder Ejecutivo, que deberá definir su destino y administración. Además, explicó que Fiscalía de Estado trabaja en la reparación patrimonial y que existen medidas cautelares sobre bienes de los imputados.
En relación con los resarcimientos, plantea un criterio diferente para actualizar el perjuicio provocado al Estado. Frente a montos que quedaron desactualizados por el paso del tiempo, Rodríguez Signe sostuvo que no alcanza con aplicar índices de inflación, dólar o tasas de interés. “Cuántos salarios docentes se pagaban con estos montos en aquella época y cuánto dinero se necesita hoy para pagar la misma cantidad de salarios docente”, propone como una forma de medir con mayor precisión la pérdida ocasionada al patrimonio provincial.
El fiscal de Estado también detalló en qué causas la Provincia se constituyó como actor civil, entre ellas Jóvenes Emprendedores, la investigación por los contratos truchos, el caso José Ángel Allende y una causa vinculada con Vialidad. Explicó que la estrategia responde a la necesidad de proteger los intereses patrimoniales del Estado en expedientes de “mucha relevancia institucional y económica”.
Sobre el proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia, que ya tiene media sanción de Diputados, Rodríguez Signes afirmó en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que desconoce los motivos de la demora en el Senado, aunque expresó su acuerdo general con la iniciativa, pero marcó discrepancia en muchos otros. Al mismo tiempo, advirtió que la nueva legislación debería contemplar con precisión situaciones de incompatibilidad y avanzar sobre el funcionamiento de los organismos de control. En ese punto propuso revisar el papel de la Contaduría General en la Legislatura, la relación entre los municipios y el Tribunal de Cuentas y las facultades operativas de la Fiscalía de Estado.
La situación de Sergio Urribarri también ocupó un tramo relevante de la entrevista con Daniel Enz. En ese diálogo, Rodríguez Signes sostuvo que, en los casos vinculados con contrataciones directas, publicidad oficial y otros procedimientos cuestionados, la Fiscalía de Estado intentó había realizado observaciones en su momento. “Si se cometieron errores, sería bueno aceptar que se cometieron errores y tratar de repararlos en su momento”, recordó como una postura que mantuvo durante aquellos años.
Finalmente, el fiscal de Estado abordó la actualidad del organismo y reivindicó su funcionamiento interno. Aseguró que en casi 19 años nunca se venció un plazo judicial y destacó el compromiso del conjunto del personal que integran la estructura. Sobre su continuidad en el cargo -que cumplirá 19 años-, evitó plantear un límite inmediato y afirmó: “Me identifico con lo que hago y quiero lo que hago y me gusta mi Provincia y amo mi Provincia”, sellando de esa manera su vocación por la continuidad.
-Ya fue recuperada para el Estado la imprenta de Aguilera. ¿En qué etapa está el proceso? ¿Ya se sabe el destino que se le dará?
-Se practicó -como usted dice- el decomiso el lunes de esta semana. Ya se puso a disposición del Poder Ejecutivo el bien, todavía no está dispuesto. Es el Poder Ejecutivo el que dispone a cargo de quién va a quedar este inmueble, quién lo va a administrar y para qué se lo va a utilizar. Pero, está en marcha el procedimiento del decomiso.
-Este recupero se dio en cumplimiento de la sentencia penal. ¿Habrá o hay, además, una acción civil por esta causa ahora que la sentencia quedó firme?
- Sí. Tiene que haberla porque incluso está dispuesta en la sentencia que se corre traslado. Se notifica a Fiscalía de Estado a los efectos del decomiso y a los efectos que correspondan por la reparación patrimonial. Y en eso estamos trabajando ahora, actualmente, con una… esto usted me lo ha preguntado antes… con una salvedad. Nosotros -en este caso-, en este juicio, no somos actores civiles, no fuimos actores civiles. Pero, están las medidas cautelares trabadas. Fue uno de los casos en que los jueces de Garantía en el proceso penal aceptaron trabar medidas cautelares, inhibiciones, embargos. Con lo cual quedó cautelado el patrimonio de los entonces imputados y después hay una parte que hay juicios abreviados, en los cuales ha habido personas que han resarcido ya al Estado, eso hay que descontarlo, pero estamos trabajando en eso.
-Mientras tanto, recientemente, el propio gobernador Rogelio Frigerio rechazó una propuesta de acuerdo económico de un exfuncionario de Sergio Urribarri, condenado por corrupción, por ser un monto irrisorio respecto a los valores actuales que se desviaron desde el Estado. ¿Esto puede ser un precedente para otros casos parecidos, donde aún debe resolver al respecto la Justicia?
- No, porque son casos totalmente distintos. Uno es este caso que usted menciona, en el cual todos los imputados fueron a un juicio abreviado. Aceptaron que habían recibido una especie de comisión. Pero, los contratos, el contrato que da origen a esa condena, nunca fue anulado. Es decir, el contrato surtió efecto; el contrato de liquidación de sueldos o en distintas áreas: Ministerio de Trabajo y otras áreas más. Distinto es este caso en el que hay contratos celebrados que son objeto de la condena. El tema de la publicidad, están nominados los decretos que autorizaron esos contratos. Por lo tanto, está muy claro que esos contratos no son válidos. Después, está aquella contratación que se hizo para la Cumbre del Mercosur, de una publicidad también. Después está la contratación del parador de Mar del Plata y después está la contratación de la publicidad, una solicitada contra los fondos buitres. Todos esos contratos habría que pensar como que nunca se hicieron, nunca se ejecutaron. Y esa sería la hipótesis que en la cual nos plantamos para el resarcimiento. Si usted quiere le digo cómo pienso esto. Porque estamos discutiendo con el Ministerio Público y con el propio Poder Ejecutivo acerca de cómo se opera en estos casos. Pero, a mí me parece que actualizar por índices, ya sea dólar, ya sea inflación, o tasa de interés activa no nos va a llevar a ningún resultado que conforme. Yo pienso que, si se detrajo de los presupuestos de la provincia en los años que se produjeron los hechos, mi cálculo es este: cuántos salarios docentes, por ejemplo. Cuántos salarios docentes se pagaban con estos montos en aquella época y cuánto dinero se necesita hoy para pagar la misma cantidad de salarios docente. Me parece que ese es un criterio mucho más justo, más real y que nadie puede sospechar que haya algún tipo de balanceo, de asimetría en el reclamo.
-Ese decreto de Frigerio, que sorprendió gratamente, porque nunca un gobernador había dispuesto algo así.
-Con ese énfasis…
-Y con esa disposición. Siempre se acataba lo que decidía la Justicia y listo.
-Ese es un juicio abreviado. La reparación civil la hace la Fiscalía de Estado. Para poder hacer la reparación civil, Fiscalía de Estado había recibido de parte de los imputados una oferta. Esa oferta se le corrió traslado al Poder Ejecutivo porque yo no hago ningún acuerdo que no tenga la autorización del Poder Ejecutivo. Compartimos responsabilidades. Que las personas se queden tranquilas, que no es que haya una persona que lo decide arbitrariamente o puede esconder un expediente. No. Cuando ocurre esto, entre la Fiscalía de Estado y el Poder Ejecutivo se establece un mecanismo de autorizaciones mutuas. Entonces, así se procede. Y acá hay que ser muy técnico. Tengo mis diferencias con el decreto del Poder Ejecutivo. No lo hablé con el Poder Ejecutivo. Así como recibí las ofertas, se las trasladé. Y así como se las trasladé me contestaron con el decreto. Está bien. Ahora veremos cómo instrumentar ese resarcimiento, porque tiene sus tecnicismos.
-Pero, deja un precedente.
-De la posición del Poder Ejecutivo de cómo proceder, sí, sí.
- ¿En qué otras causas de corrupción el Estado está constituido actualmente como actor civil? Jóvenes Emprendedores, contratos truchos…
-Jóvenes emprendedores, Beckman que es la causa de los contratos (truchos), nos habíamos constituido en (José Ángel) Allende, y actualmente nos constituimos en un caso que es importante, muy importante, que es el de Vialidad. Ahí el director de Vialidad hizo la denuncia. Ezequiel Donda hizo una denuncia que es importante, involucra muchas operaciones y ahí nos constituimos como actores civil. Hay razones. E decir, antes… como pasó con el caso Urribarri, se trababan medidas cautelares, aunque la Fiscalía no se constituya como actor civil. Luego, los jueces de Garantía empezaron a denegar esa posibilidad. Entonces, nos vimos -no en la obligación porque no es una obligación-, pero nos vimos en la conveniencia estratégica legal. procesal de constituirnos como actores civiles. Especialmente, en estas causas que son de mucha relevancia institucional y económica.
-En Jóvenes Emprendedores se definió el monto del reclamo que se hará a quienes se declararon un culpable en el juicio abreviado. ¿En qué etapa está esa situación?
-En los 100 millones de pesos que se comprometieron los imputados -hoy condenados- a pagar, son valores históricos de los 300 y tantos de casos que investigó el Ministerio Público Fiscal. Ese monto hay que actualizarlo. Para actualizarlo hay distintos procedimientos. Uno de ellos es el que les estoy diciendo: que es este de comparar salarios docentes al principio y al final. Estamos en la etapa de preparación de la demanda, que es mucho más fácil porque una cosa es tener una demanda con una condena, aunque sea pactada; pero, con una condena, y asumida la responsabilidad civil. Y otra cosa es remar desde la nada, ¿no? O sea, desde el proceso, sin admisión de responsabilidad. Por eso yo vi -y viene bien que se los diga ahora-, yo vi que era conveniente a los intereses del resarcimiento de la provincia. La estrategia del Ministerio Público Fiscal de llegar a ese acuerdo. A diferencia del Poder Ejecutivo que tenía otro criterio.
-Todo el proceso legislativo del proyecto de Ley de Ética Pública y Ficha Limpia. Se sabe que Esteban Vítor en su momento como diputado provincial había presentado un proyecto, hubo otras iniciativas anteriores y en otras gestiones. El actual está con media sanción en Diputados y se está debatiendo en el Senado. ¿Usted sabe por qué hay tanta demora en el Senado?
-No lo sé. Es más, pedí la semana pasada, como vi que había algunas convocatorias, pedí los contactos de los senadores, de los presidentes de bloque para poder conversar con ellos acerca de algunos aspectos del proyecto de ley. No sé los motivos de la demora.
-Se sabe que en la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales la senadora por el Departamento La Paz hizo -a través de su asesor legal- diez incorporaciones, diez puntos para incorporar. En fin…
-Está bien. No conozco el trámite legislativo. Sé que tiene media sanción de Diputados. Pasó al Senado. Entiendo que puede haber modificaciones en el Senado… irá a Diputados.
-Lo va siguiendo, aunque sea por los medios…
-Sí, sí. Eso sí, por supuesto. Pero, tengo mi posición respecto a ese proyecto.
-No está de acuerdo en algunas cosas.
-En algunas cosas creo que… no es que no esté de acuerdo con el proyecto. Con el proyecto estoy de acuerdo porque la Constitución de la Provincia dice que hay que sancionar una Ley de Ética Pública. Yo vengo de otra escuela. De otra formación jurídica en donde se distingue muy bien entre lo que es la ética y el Derecho en sí. Pero, esa es otra discusión. Acá va a ser una ley positiva, una ley sancionada por la Legislatura. Ocurren dos cosas: una es que nosotros después que se sancionan las leyes, constantemente somos requeridos para que hagamos dictámenes, si hay incompatibilidad, si no hay incompatibilidad, si el médico de “Feliciano”, si el concejal, si puede cobrar la jubilación y la dieta de concejal, en fin… se producen un montón de situaciones que en esta ley -que es muy reglamentaria- hay que preverlas mucho. Pero, además, le diría lo siguiente: está bien que se avance sobre el proyecto de Ética Pública. Pero, hay otros temas que surgen de las mismas causas que ustedes me preguntan, Beckman y demás. Le digo, sería interesante que articulemos mejor el funcionamiento de los organismos de control. Por ejemplo, tres cosas les digo: la primera, la Contaduría no interviene en la Legislatura. La Contaduría General de la provincia no interviene en la Legislatura. Podría intervenir.
-Sí, obviamente.
-Y yo diría que a la luz de lo que ha venido pasando en los últimos … muchos años… usted hace poco escribió un artículo sobre el tema de las cajas de alimentos en la Legislatura, en la década de los ´90, de los ´80. La Contaduría, la intervención de la Contaduría en la Legislatura, un punto. Segundo, el tema de municipios y Tribunal de Cuentas. Hoy en día el Tribunal de Cuentas dicta -artículo 49-, una conclusión, la manda el Concejo Deliberante y está ocurriendo que hay municipios que están desconociendo esas resoluciones o directivas del Tribunal de Cuentas. ¡Y eso ocurre!
-Así es. El más complicado, por lo menos que se conoce es el de Santa Elena.
- ¡Claro! Y eso está ocurriendo porque los Municipios tienen autonomía. Entonces, el criterio es que ya no los controla la Provincia, sino el propio Municipio. Es un tema que quedó sin una adecuada legislación. Y el tercero es la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado -artículo 209 de la Constitución-, tiene una amplitud de competencia muy grande a nivel de la Constitución. A nivel operativo, todavía rige la Ley 7296, que dice, por ejemplo, que el dictamen legal de Fiscalía de Estado es a requerimiento del gobernador o de los ministros. No es obligatorio, no es oficio siempre. ¿Podría pasar? ¿Podría yo pedir informes? Sí, por supuesto que sí. Pero, el control lo hace la Fiscalía requerimiento del Poder Ejecutivo y de los ministros. Entonces, por ahí la gente cree que la Fiscalía es omnipresente en todos los organismos, que puede revisar todo y de hecho si ustedes ven la cantidad de dictámenes, 20.000 dictámenes y compara con la cantidad de expedientes -tres millones-, se darán cuenta que la capacidad de control está muy apuntada a determinados expedientes.
- ¿Qué funcionarios en actividad pueden ser alcanzados por algunos de los artículos de la Ley de Ética Pública? Ejemplos: Jorge Satto es secretario de Turismo y accionista de Termas Concepción (el organismo es el que habilita los alojamientos). Néstor Roncaglia, que cobra sueldo de ministro de Seguridad y Justicia y como retirado de la Policía Federal Argentina, incluso usted hizo un dictamen…
-Sí, lo puede cobrar.
-Mauro Vazón que cobra por el Consejo de la Magistratura de la provincia y de la Nación.
-Por la incompatibilidad dice usted. Pero, la incompatibilidad es un viejo tema de la época de (Sergio) Montiel.
-Claro, pero está establecido en el proyecto de Ley…
-Sí, por eso le digo. Yo pido intervenciones en el Senado, si me la quieren dar, si no, veremos después. Justamente, por los temas conflictivos, ¿no? Por ejemplo, la incompatibilidad.
-La ley no alcanza a aquellos que tienen emprendimientos privados y a la vez negocios con el Estado. Usted tiene emprendimiento privado hace mucho tiempo. Pero ¿tiene relación con el Estado?
-No, no. Yo no tengo ninguna relación. A mí la única cosa que me cambia en lo mío esa legislación es en la publicidad de las declaraciones juradas. Yo declaro impuesto a las Ganancias desde que estoy inscripto hace más de 20 y pico de años en el impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y pago IVA. Soy un contribuyente inscripto en la DGI, presento mis declaraciones juradas en la DGI y en la Contaduría General de la Provincia como corresponde. Cuando se sancione esa ley, será pública. Punto.
-O sea, su empresa de transporte no tiene ninguna relación con el Estado.
-No, no.
- ¿Los legisladores les han consultado sobre este tema?
-No, no. Yo creo que sería una linda ocasión para algunos temas abordarlos. No digo grandes, pero algunos temas de los cuales Fiscalía tiene incumbencias, sobre todo, en el régimen de incompatibilidades.
- ¿Cómo quedó jurídicamente el tema de Teknofood y los desayunos escolares?
-Teknofood, el contrato y los desayunos. El juez (Juan Francisco) Malvasio dictó la sentencia en primera instancia. Mejor dicho, hizo lugar a la demanda parcialmente, y lo que dictó fue: no incorporen alimentos que tengan el octógono, exceso en calorías, exceso en azúcares, exceso en sodio. Por el otro lado, el Superior Tribunal de Justicia dicta sentencia. Queda definitiva la sentencia y agrega el cumplimiento de una ley provincial de política de promoción de una buena salud alimentaria en las escuelas, etcétera. Está convalidado el contrato. El contrato lo terminó convalidando. No estuvo en juegos ese tema. Le deja el Poder Ejecutivo como corresponde, las potestades de ejercicio al poder de policía y el contrato en sí mismo es un contrato dinámico. El contrato acepta la posibilidad de que aquel que va a distribuir el producto, el alimento, a la escuela concretamente, pueda rechazarlo si tiene algún tipo de observación…
-Ese es un detalle interesante…
-Sí, sí. Nosotros lo planteamos en la contestación de la demanda. (Puede rechazar) si tiene alguna observación, reclamo o planteo respecto a la calidad alimentaria. Creo que es un contrato que se va a ir ajustando con el tiempo. Pero, el Superior Tribunal de Justicia convalidó el contrato.
-Recordamos cuando vino el funcionario aquí a esta mesa y le preguntamos cuánto se puede hacer mixta la alimentación en cada lugar y dijo que eso está perfectamente habilitado. Pero, mientras tanto hay mucha queja, fundamentalmente, de todos aquellos que quedaron fuera como proveedores. Nos dijeron que son poco más de 1.200…
-Claro. Porque de un sistema descentralización se pasó a un sistema centralización. Esa es una decisión administrativa que está dentro del margen de legalidad y de discreción que tiene el Poder Ejecutivo. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero, es legal.
- ¿Cómo mira a la distancia esta realidad de Sergio Urribarri, preso en una cárcel de Entre Ríos, por lo menos por dos años más, cuando en un día como hoy (que cumplió 68 años) cumpla 70 años? Porque recordamos que usted le había advertido muchas veces de algunas situaciones que podían llevarlo a un lugar… imaginamos que nunca se le habrá pasado por la cabeza a usted de que Urribarri podía terminar en una cárcel. Pero, cuánto margen tuvo para decirle sobre las irregularidades como los usos y abusos de la imprenta de su cuñado Aguilera…
-Viene muy bien su pregunta…
-El uso abusivo de fondos públicos para cuestiones personales y crecimiento patrimonial.
-Ahí hay cuatro hechos: el tema de los contratos que se celebraban por contratación directa; el tema de la publicación de una solicitada por los fondos buitres; el tema de una publicación por la Cumbre del Mercosur y el tema de un parador en Mar del Plata. De los cuatro temas, ninguno de ellos tiene alguna habilitación de la Fiscalía para hacer lo que hizo. Es decir, ahí tenemos la enorme tranquilidad de obrar de que en todos esos casos la Fiscalía o no intervino… caso parador de Mar del Plata… o si intervino algo dijo, por ejemplo: la contratación directa -y esto no es hablar a destiempo, porque lo hicimos en su momento-. Nosotros sosteníamos y sostenemos que en materia de publicidad existe la contratación directa. Pero, no es la regla. Esto lo dijimos: es la excepción. Entonces, hay que fundar por qué es contratación directa en materia de publicidad. Esto fue una observación que se hizo en su momento. Y la otra intervención que tuvimos, que fue con respecto a la publicidad de Nelly Entertainment, allí viene a consulta -de Fiscalía- del Tribunal de Cuentas, de la Contaduría, previa, si se podían contratar a través de la ley especial que se había sancionado, una ley especial. Si se podía contratar directamente para esos fines y nosotros dijimos que en la medida que sea para eso, sí. Porque después había todo un mecanismo de control, de aprobación legislativa y demás… nunca vimos el contrato que se celebró después. Es decir, esa consulta fue previa, hubiera sido muy interesante que se haga al momento que se estaba celebrando el contrato. ¿Cómo lo vivo yo? Con esa tranquilidad de decirle, mire, nosotros, yo no era un consejero del…
-Pero, ustedes fueron juntos diputados en el gobierno de Montiel.
-Pero, en bloques distintos.
-Pero, después Urribarri lo designa a usted como Fiscal de Estado en función de una relación o un reconocimiento. ¿Usted me quiere decir a hoy, con el diario del lunes, considera que no se sintió escuchado por Urribarri cuando usted le advirtió “ojo con estas cosas”?
-Seguro… es decir… pero, ahí la dinámica de un candidato, de un gobernador que quería ser presidente de la Nación o que quería ser funcionario nacional lo lleva a ese estado de… a lo mejor de descuido. Yo alguna vez se lo dije a usted en Gualeguaychú en un programa. Le dije yo… bueno… si se cometieron errores, sería bueno aceptar que se cometieron errores y tratar de repararlos en su momento. Esa fue siempre mi postura. Pero, no actué nunca como defensor de él, ni como consejero de su defensa, ni nada por el estilo. Por suerte… y esto habla bien de él… a mí no me utilizó para eso. Él tenía su cuerpo de abogados, bien, mal, regular, lo que sea.
-Tampoco podía hacerlo porque usted estaba en un rol de Fiscalía de Estado, pero quizás había una relación de confianza…
-Podría haber sido… podría haber sido. Había una postura que, incluso hasta hoy la sostengo, esta idea de que una vez que el Tribunal de Cuentas aprobó, es como que se cierra la posibilidad de investigar penalmente. Siempre dije esto es insostenible. Y fue una postura que sostenían… Y quedó claro después en los procesos judiciales que tanto el Ministerio Público como los jueces dijeron que se puede investigar por más que el Tribunal de Cuentas haya aprobado las cuentas.
-Usted habla con los funcionarios de este gobierno o con el propio Rogelio Frigerio, y les advierte de estas cosas, del uso de dineros públicos. Porque estas resoluciones, creemos que deberían ser un claro llamado de atención para todos aquellos que están en la función pública, porque los puede comprender a futuro. Y más aún si se llega a un segundo mandato donde las desprolijidades siempre empeoran.
-Bueno, ahí es como yo le digo, Daniel… nosotros intervenimos cuando el Poder Ejecutivo nos pide que intervengamos. Y créame que cuando nos pide que tomemos intervención y en este sentido le quiero decir francamente este gobierno, esta gestión, pide más, ejerce más ese derecho a pedir consulta a la Fiscalía que gestiones anteriores. Es constante, le diría, los requerimientos de dictamen. Y nosotros en la medida que se nos consulta, evacuamos la consulta.
-Hay una situación que nosotros lo hemos planteado acá respecto de los juicios laborales que hay contra el Instituto del Seguro. Son resoluciones realmente millonarias. ¿Cómo siguen este tema?
-Lamentablemente, estamos a la cabeza, no en cantidad sino en crecimiento de la cantidad de juicios laborales por accidentes y enfermedades de trabajo. En gran medida, nosotros lo que más seguimos son aquellos casos en donde el asegurado es a su vez empleado público. Entonces, es empleado público y a su vez asegurado del Instituto del Seguro. Y están los asegurados privados. Esto tiene una enorme repercusión en los costos laborales y creo que hay que ser… hay que entrar a fondo en este tema para evitar los abusos que hay; porque le puedo asegurar que los hay. Es decir, enfermedades que no son enfermedades que aparecen planteadas como enfermedades, juicios al por mayor. Entonces, en ese sentido, pienso que el gobernador planteó ahora la reforma del Código Procesal Laboral. No será la única herramienta. Pero, es muy importante… es muy importante poder contar con lo que él plantea, con un cuerpo de peritos que efectivamente hagan una tarea peritaje lo más profesional posible, lo más justa posible, lo más técnicamente fundada posible y no convalidar todo… porque le puedo asegurar que hay sentencias por ahí que se convalida toda una historia que uno cuando la mira dice: esto no es verdad, esto no pasó o acá se falsifica. Incluso a nosotros nos están mandando algunos casos donde lo estamos mandando a sumario administrativo, porque vemos que es tanta la deformación… se utiliza mucho lo que nosotros le llamamos una especie de fraude procesal que nos llama la atención. Entonces, en buena hora que el gobernador mande este proyecto. Se discutirá… este sí es un proyecto muy importante para la economía de la provincia.
- ¿Cómo es la estructura de la Fiscalía del Estado? ¿Cuántos fiscales adjunto tiene?
-La Ley 7296 prevé dos fiscales adjuntos. De los dos fiscales adjuntos hay uno en funciones que es Martín Rettore. El otro está con licencia psiquiátrica.
- ¿Y qué pasa con un fiscal con licencia psiquiátrica? ¿Qué contempla la ley? ¿Cuándo puede estar en esa función?
-En la Ley 9755 está todo el régimen de licencia. Creo que son hasta 6 meses, la verdad no se lo puedo decir con precisión… pero, creo que son hasta 6 meses. Pero, él está ahí… la verdad que, debo decirles, a nosotros nos genera un problema desde todo punto de vista: ¡Un problema! Porque nosotros estamos todo el día dictaminando, contestando juicios. Tenemos mucho que hacer, todos los días en la Fiscalía. Aprovecho para agradecerles a todo el personal de la Fiscalía el enorme esfuerzo que hacen. Y, además, pasa esto y no genera realmente una asimetría.
- ¿Quién controla? Porque en tanto andamiaje puede haber desprolijidad e incluso algunas irregularidades. No estamos diciendo con intención, pero se pueden “escapar” muchas cosas.
-Por supuesto. Nosotros tenemos un sistema en el que todo está puesto en un sistema que es el sistema “Lex-Doctor”. Es decir, todo caso, todo juicio, todo procedimiento administrativo está todo expresado en un sistema informático. Por suerte, tenemos una organización que permite que una vez que entra un caso se agendan vencimientos. Es muy importante. Imagínese 5.000 casos que se le pase un plazo y pierde un juicio porque se le pasó un plazo. A nosotros no se nos pasó nunca ningún plazo en casi 19 años que llevo como Fiscal de Estado. ¡Nunca! Entonces, hacemos ese control por un sector que se llama la Procuración de la Fiscalía de Estado, que es muy importante, le diría que es central, un nervio motor ahí. Y después tenemos dividido dos cuerpos de asesores… asesores para la parte administrativa y asesores para la parte judicial. Todos, con un gran compromiso por lo que hacen, tienen una gran convicción y créame que no es un discurso lo que le estoy haciendo. Tienen una gran convicción de lo que hacen, un gran compromiso. Porque si fuera por la remuneración le digo que hay, no en el Poder Judicial, sino en otros organismos de la propia administración sectores donde los abogados ganan mucho más. Por ejemplo, Rentas o el Instituto Portuario u otros más donde ganan mucho más. Yo no los estoy criticando. Digo: hay desigualdades. Y a pesar de eso tenemos un Cuerpo… porque hay algo que yo creo que el abogado de Fiscalía siente que está defendiendo a la Provincia de Entre Ríos. Eso lo siente desde el Fiscal Adjunto hasta el último ordenanza de la Fiscalía de Estado, porque saben que están cumpliendo con un rol institucional de defensa del Estado.
-El año próximo cumplirá 19 años como fiscal de Estado. ¿Se pone un límite?
-El doctor Marciano Martínez, quien murió hace poco… me encontré con su hijo y le conté… él estuvo en la Convención Constituyente cuando se redactó el artículo 209 y él dijo: bueno, el fiscal de Estado para hacer todo lo que dice este artículo de la Constitución debe tener una salud inquebrantable. Por ahora tengo una salud, no sé si inquebrantable, pero una buena salud. Y me gusta lo que hago. Más que gustarme, me identifico con lo que hago. Fui concejal, fui legislador, fui soldado, fui periodista, fui empleado en salud pública, recorrí un montón de cosas, hago mis actividades privadas. Pero, me identifico con lo que hago y quiero lo que hago y me gusta mi Provincia y amo mi Provincia…
-Pero qué pasa si Frigerio va por la reelección e incluso tiene serias chances de ganar las elecciones. Qué pasa si el gobernador le dice: preciso ese lugar.
- ¡No me lo va a decir nunca! Porque el gobernador tiene un gran respeto por la Constitución y por los cargos. que tienen acuerdo del Senado, como es éste. Entonces, el gobernador es un hombre inteligente y sabe lo que hace. Y si ya no me lo dijo al principio… y él sabe además la respuesta con la que se encontraría. Entonces ese diálogo no existe ni va a existir por una cuestión de respeto mutuo. Yo le tengo un profundo respeto al gobernador.
Fuente: Programa “Cuestión de Fondo”