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Con las firmas de ocho bloques se presentó la solicitud para el próximo 15 de octubre, a las 14. El mega decreto de Milei ya cuenta con el rechazo del Senado. En los otros dos temas hay dictamen de mayoría del oficialismo y final abierto. El diputado entrerriano Gustavo Bordet acompañó el pedido.
La oposición formalizó el pedido de sesión en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/23, reflotado a raíz de un polémico fallo de la Corte Suprema, más los dictámenes vinculados a los temas de endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, que cuentan con despacho tras los emplazamientos a las comisiones.
La solicitud, para el próximo 15 de octubre desde las 14, se presentó este jueves con la firma de 32 diputados, de los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia. Entre los legisladores nacionales que firmaron el pedido se encuentra en entrerriano Gustavo Bordet.
Entre todos suman de base 122, a siete del quórum, pero eso sería contando absolutamente a todos sus integrantes, escenario que no se presenta tan fácil, ya que principal duda radica en si tendrán a todos sus miembros presentes. Principalmente, con una lupa sobre Provincias Unidas, en el cual hay injerencia de gobernadores clave como los de Córdoba y Santa Fe.
Y si de mandatarios provinciales se habla, también la negociación pasará por qué decisión tomarán otros bloques con terminal en sus gobiernos locales, como Argentina Federal (Misiones y Salta), Elijo Catamarca (Catamarca) e Independencia (Tucumán), por ejemplo, precisó parlamentario.com.
Con dos semanas por delante hasta esa fecha se abre un periodo extenso para las intensas negociaciones que habrá de un lado y el otro, porque claramente el oficialismo trabajará junto a sus aliados para desactivar esa sesión.
La oposición más dura reaccionó fuerte tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que se expidió sobre la legitimidad del Cecim La Plata (organización de excombatientes de Malvinas) en su reclamo sobre la derogación de la Ley de Tierras, prevista en el DNU 70, el mega decreto firmado por el Presidente Javier Milei cuando asumió y que desreguló numerosos sectores de la economía.
Aunque el máximo tribunal salió a aclarar este jueves que se expidió sobre un “aspecto procesal” y que la controversia en sí sobre la ley todavía “no ha sido resuelta”, desde la oposición convocaron a derogar definitivamente el DNU 70, que fue rechazado ya por el Senado en marzo de 2024. Sin embargo, en Diputados nunca se trató. De acuerdo a la Ley 26.122, para quedar derogado, un DNU debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.
Ante la polémica, y con la tarea de mantener la vigencia de un decreto clave para el Gobierno, La Libertad Avanza evaluaba la posibilidad de “restituir un capítulo con restricciones mínimas” sobre la compra de tierras por parte de extranjeros en el proyecto de inviolabilidad privada que está en la Cámara baja, pero que no se puso en debate desde su media sanción.
Media sanción obtenida de manera muy costosa en agosto pasado en el Senado, cuando justamente la reforma de la Ley de Tierras no prosperó por falta de votos y una masiva campaña social en su contra, con movilización en las afueras del Congreso y distintos puntos del país.
Precisamente la movilización es lo que la oposición busca para el 15 de octubre, cuando está previsto que se realice una nueva marcha federal de la comunidad universitaria, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, otro conflicto que lleva tiempo.
Mientras la oposición incorporó los temas de endeudamiento y discapacidad a este llamado de sesión, con el objetivo de alcanzar quórum, en el oficialismo ya piensan la chance de llamar a su propia sesión con ambos temas, pero sin el DNU, para hacer fracasar la convocatoria. Como siempre, la balanza la inclinarán los llamados diputados “del medio”.
Los dos temas fueron impulsados por la oposición en Diputados, pero LLA, acorralado, impulsó sus propios proyectos y por el número favorable en las comisiones se quedó con los dictámenes por la mayoría con la ayuda de sus aliados. Es decir, esos despachos deberán ser los primeros en someterse a votación dentro del recinto.
En el caso de discapacidad, se firmaron dos dictámenes: el del oficialismo, que no contiene la emergencia, pero sí gran parte de las garantías del sistema prestacional para personas con discapacidad (en un giro de 180 grados a lo propuesto en el Presupuesto 2027); mientras que el de la oposición va por la prórroga por un año de la emergencia dispuesta en la Ley 27.793.
En cuanto a endeudamiento y morosidad, hubo tres dictámenes: de LLA y sus aliados; Unión por la Patria, Provincias Unidas y Coalición Cívica; y el de Argentina Federal. El del oficialismo no interviene en acciones para aliviar la situación de casi seis millones de morosos, sino que prevé educación financiera y exigencias de información transparente para los consumidores a la hora de tomar créditos. Por su parte, los dos textos opositores son similares, al proponer una emergencia, planes de pagos para morosos, tope de tasas y quita de intereses punitorios, entre otros puntos.
El pedido de sesión fue firmado por Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Gustavo Bordet, Vanesa Siley, Ariel Rauschenberger, Eduardo Valdés, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Juan Marino, Itai Hagman, Diego Giuliano, Hugo Yasky, Graciela Parola, Lucía Cámpora y Andrea Freites, de Unión por la Patria.
Por Provincias Unidas lo hicieron Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Esteban Paulón y Pablo Farías; también Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade por la Coalición Cívica.
Completan las firmas Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Niccolás Del Caño, Frente de Izquierda; Jorge “Gato” Fernández, de Primero San Luis; y las monobloquista Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia.
Fuente: APFDigital
Bordet acompañó el pedido de sesión para tratar el DNU 70, endeudamiento y discapacidad
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Con las firmas de ocho bloques se presentó la solicitud para el próximo 15 de octubre, a las 14. El mega decreto de Milei ya cuenta con el rechazo del Senado. En los otros dos temas hay dictamen de mayoría del oficialismo y final abierto. El diputado entrerriano Gustavo Bordet acompañó el pedido.
La oposición formalizó el pedido de sesión en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/23, reflotado a raíz de un polémico fallo de la Corte Suprema, más los dictámenes vinculados a los temas de endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, que cuentan con despacho tras los emplazamientos a las comisiones.
La solicitud, para el próximo 15 de octubre desde las 14, se presentó este jueves con la firma de 32 diputados, de los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia. Entre los legisladores nacionales que firmaron el pedido se encuentra en entrerriano Gustavo Bordet.
Entre todos suman de base 122, a siete del quórum, pero eso sería contando absolutamente a todos sus integrantes, escenario que no se presenta tan fácil, ya que principal duda radica en si tendrán a todos sus miembros presentes. Principalmente, con una lupa sobre Provincias Unidas, en el cual hay injerencia de gobernadores clave como los de Córdoba y Santa Fe.
Y si de mandatarios provinciales se habla, también la negociación pasará por qué decisión tomarán otros bloques con terminal en sus gobiernos locales, como Argentina Federal (Misiones y Salta), Elijo Catamarca (Catamarca) e Independencia (Tucumán), por ejemplo, precisó parlamentario.com.
Con dos semanas por delante hasta esa fecha se abre un periodo extenso para las intensas negociaciones que habrá de un lado y el otro, porque claramente el oficialismo trabajará junto a sus aliados para desactivar esa sesión.
La oposición más dura reaccionó fuerte tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que se expidió sobre la legitimidad del Cecim La Plata (organización de excombatientes de Malvinas) en su reclamo sobre la derogación de la Ley de Tierras, prevista en el DNU 70, el mega decreto firmado por el Presidente Javier Milei cuando asumió y que desreguló numerosos sectores de la economía.
Aunque el máximo tribunal salió a aclarar este jueves que se expidió sobre un “aspecto procesal” y que la controversia en sí sobre la ley todavía “no ha sido resuelta”, desde la oposición convocaron a derogar definitivamente el DNU 70, que fue rechazado ya por el Senado en marzo de 2024. Sin embargo, en Diputados nunca se trató. De acuerdo a la Ley 26.122, para quedar derogado, un DNU debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.
Ante la polémica, y con la tarea de mantener la vigencia de un decreto clave para el Gobierno, La Libertad Avanza evaluaba la posibilidad de “restituir un capítulo con restricciones mínimas” sobre la compra de tierras por parte de extranjeros en el proyecto de inviolabilidad privada que está en la Cámara baja, pero que no se puso en debate desde su media sanción.
Media sanción obtenida de manera muy costosa en agosto pasado en el Senado, cuando justamente la reforma de la Ley de Tierras no prosperó por falta de votos y una masiva campaña social en su contra, con movilización en las afueras del Congreso y distintos puntos del país.
Precisamente la movilización es lo que la oposición busca para el 15 de octubre, cuando está previsto que se realice una nueva marcha federal de la comunidad universitaria, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, otro conflicto que lleva tiempo.
Mientras la oposición incorporó los temas de endeudamiento y discapacidad a este llamado de sesión, con el objetivo de alcanzar quórum, en el oficialismo ya piensan la chance de llamar a su propia sesión con ambos temas, pero sin el DNU, para hacer fracasar la convocatoria. Como siempre, la balanza la inclinarán los llamados diputados “del medio”.
Los dos temas fueron impulsados por la oposición en Diputados, pero LLA, acorralado, impulsó sus propios proyectos y por el número favorable en las comisiones se quedó con los dictámenes por la mayoría con la ayuda de sus aliados. Es decir, esos despachos deberán ser los primeros en someterse a votación dentro del recinto.
En el caso de discapacidad, se firmaron dos dictámenes: el del oficialismo, que no contiene la emergencia, pero sí gran parte de las garantías del sistema prestacional para personas con discapacidad (en un giro de 180 grados a lo propuesto en el Presupuesto 2027); mientras que el de la oposición va por la prórroga por un año de la emergencia dispuesta en la Ley 27.793.
En cuanto a endeudamiento y morosidad, hubo tres dictámenes: de LLA y sus aliados; Unión por la Patria, Provincias Unidas y Coalición Cívica; y el de Argentina Federal. El del oficialismo no interviene en acciones para aliviar la situación de casi seis millones de morosos, sino que prevé educación financiera y exigencias de información transparente para los consumidores a la hora de tomar créditos. Por su parte, los dos textos opositores son similares, al proponer una emergencia, planes de pagos para morosos, tope de tasas y quita de intereses punitorios, entre otros puntos.
El pedido de sesión fue firmado por Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Gustavo Bordet, Vanesa Siley, Ariel Rauschenberger, Eduardo Valdés, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Juan Marino, Itai Hagman, Diego Giuliano, Hugo Yasky, Graciela Parola, Lucía Cámpora y Andrea Freites, de Unión por la Patria.
Por Provincias Unidas lo hicieron Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Esteban Paulón y Pablo Farías; también Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade por la Coalición Cívica.
Completan las firmas Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Niccolás Del Caño, Frente de Izquierda; Jorge “Gato” Fernández, de Primero San Luis; y las monobloquista Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia.
Fuente: APFDigital