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Alfredo Britos, abogado laboralista de Paraná, evaluó el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura. En diálogo con Página Gremial, sostuvo que la iniciativa se enmarca en un cambio normativo integral que coincide con la orientación ideológica del Gobierno nacional. Advirtió que, de aprobarse, las modificaciones podrían generar perjuicios para los trabajadores, particularmente en el acceso a la justicia laboral.
La reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados propone cambios en las pericias, la intervención de profesionales médicos y el acceso a una instancia de apelación, con posibles efectos sobre las condiciones que enfrenta un trabajador cuando necesita recurrir a la Justicia para reclamar por sus derechos.
La intención de modificar la Ley 5315 había sido anunciada por el gobernador Rogelio Frigerio durante un encuentro con representantes del sector industrial. Según planteó en esa oportunidad, la iniciativa busca “otorgar razonabilidad a los juicios” y evitar que los conflictos laborales puedan poner en riesgo la continuidad de pequeñas y medianas empresas.
Para Britos, el proyecto forma parte de “un cambio normativo integral en perjuicio de los sectores de los trabajadores” y se inscribe en la orientación que, a su entender, viene impulsando el Gobierno nacional en materia laboral. En ese marco, mencionó el DNU 70/2023, la Ley Bases N° 27.742 y la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
“Este cambio normativo no sólo afecta cuestiones como la contratación, el banco de horas y el salario dinámico, sino que también avanza sobre el derecho a la salud, la negociación colectiva, los sindicatos y el derecho de huelga. Todo apunta a eso”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la reforma del Código Procesal Laboral entrerriano “es una arista más de ese proceso, pero ya propia de la provincia”.
El abogado también vinculó la iniciativa con “una estrategia de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo”. Y sintetizó: “Por supuesto, esto trae perjuicios a los trabajadores. Todo apunta en cierto modo a disminuir la litigiosidad”.
Honorarios de peritos y su impacto en los juicios laborales
El proyecto propone tres cambios centrales: desacoplar la retribución de los peritos del monto de los juicios, crear un cuerpo médico oficial y eliminar el depósito obligatorio para acceder a una instancia de apelación.
Sobre el primer punto, Britos explicó que actualmente existe un parámetro objetivo para fijar la retribución de los peritos: “Es la cuantía económica del juicio”. Precisó, además, que ese criterio está establecido por la Ley de Aranceles Profesionales.
Por ese motivo, entendió que este cambio plantea “un cuestionamiento constitucional muy fuerte, porque deja librada la regulación de sus aranceles a la discrecionalidad del juez”.
A su entender, la propuesta “no es favorable para los peritos, porque quita el elemento objetivo que es la cuantía económica del litigio e impulsa una direccionalidad judicial que puede ser peligrosa”.
También observó un efecto sobre los peritos en su condición de trabajadores. “La labor de los profesionales auxiliares de justicia no deja de ser trabajo y merece la protección de las leyes. En este caso, se va a ver groseramente afectada”, sostuvo.
A esto sumó el impacto que la medida podría tener sobre los trabajadores que recurren a la justicia, al dificultar el acceso a la prueba pericial. “Hoy ya es complicado conseguir peritos, y si además se baja el valor de su trabajo, difícilmente quieran asumir esa tarea. Por lo tanto, si un trabajador que inicia un juicio laboral necesita una pericia como prueba, podría encontrarse con que no haya profesionales dispuestos a realizarla”, advirtió.
En un juicio laboral, una pericia puede resultar determinante para acreditar las consecuencias de un accidente, una enfermedad profesional o una incapacidad. Por eso, la discusión sobre cuánto y cómo se remunera a los profesionales también puede terminar afectando la posibilidad de producir esa prueba.
Incapacidades laborales, otra clave del debate
Respecto de la ampliación del cuerpo médico oficial, Britos señaló que en Entre Ríos ya existe esa estructura y consideró positivo que se amplíe. Sin embargo, entiende que el objetivo último de esta modificación es evitar que el trabajador tenga que recurrir a un médico privado como perito auxiliar de parte, lo que representa un costo para la ART. “La queja de las aseguradoras es el monto que deben abonar por las pericias”, explicó.
En este punto, el abogado hizo referencia a la TEIL, la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, que se utiliza para determinar qué porcentaje de incapacidad laboral le queda a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
“Esa tabla se modificó el año pasado mediante un decreto nacional. Y esa modificación es regresiva”, advirtió el abogado laboralista. Precisó que “donde antes había incapacidades en lesiones de rodilla que era el 20%, ahora es la mitad. Entonces se valora menos el derecho a la salud y, consecuentemente, sería menor el pago del sujeto obligado, que son las ART”.
Afirmó que “ya se han planteado las inconstitucionalidades de este decreto porque es muy regresivo en relación a la tabla anterior”.
En ese marco, consideró que con el cambio planteado por el gobierno de Rogelio Frigerio “se pondrían más galenos especializados en medicina laboral, pero con un criterio más restrictivo en la graduación de la incapacidad de los trabajadores”.
Apelación: el cambio que Britos considera saludable
La tercera reforma propuesta por el proyecto legislativo se relaciona con la eliminación de condiciones para que el empleador condenado pueda acceder a una revisión de la sentencia condenatoria. Actualmente, cuando pierde un juicio laboral en primera instancia, está obligado depositar el capital de la condena más un 30% para poder acceder a la segunda instancia.
“A este cambio lo veo bastante saludable, porque esa condición de algún modo cercena el derecho a la apelación”, explicó Britos. En ese sentido, señaló que “hay muchas cooperativas de trabajo que tienen juicios laborales y la discusión queda en primera instancia porque no tienen el dinero para garantir el capital”.
Este punto aparece como una excepción dentro de las modificaciones analizadas por Britos, quien advierte que otros cambios podrían dificultar que los trabajadores sostengan sus reclamos cuando consideran vulnerados sus derechos.
En definitiva, el impacto de la reforma sobre el acceso a la justicia debería ocupar un lugar central durante el debate legislativo.
Fuente: Página Gremial
Reforma Procesal Laboral: “Todo apunta a disminuir la litigiosidad de los trabajadores”
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Alfredo Britos, abogado laboralista de Paraná, evaluó el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura. En diálogo con Página Gremial, sostuvo que la iniciativa se enmarca en un cambio normativo integral que coincide con la orientación ideológica del Gobierno nacional. Advirtió que, de aprobarse, las modificaciones podrían generar perjuicios para los trabajadores, particularmente en el acceso a la justicia laboral.
La reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados propone cambios en las pericias, la intervención de profesionales médicos y el acceso a una instancia de apelación, con posibles efectos sobre las condiciones que enfrenta un trabajador cuando necesita recurrir a la Justicia para reclamar por sus derechos.
La intención de modificar la Ley 5315 había sido anunciada por el gobernador Rogelio Frigerio durante un encuentro con representantes del sector industrial. Según planteó en esa oportunidad, la iniciativa busca “otorgar razonabilidad a los juicios” y evitar que los conflictos laborales puedan poner en riesgo la continuidad de pequeñas y medianas empresas.
Para Britos, el proyecto forma parte de “un cambio normativo integral en perjuicio de los sectores de los trabajadores” y se inscribe en la orientación que, a su entender, viene impulsando el Gobierno nacional en materia laboral. En ese marco, mencionó el DNU 70/2023, la Ley Bases N° 27.742 y la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
“Este cambio normativo no sólo afecta cuestiones como la contratación, el banco de horas y el salario dinámico, sino que también avanza sobre el derecho a la salud, la negociación colectiva, los sindicatos y el derecho de huelga. Todo apunta a eso”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la reforma del Código Procesal Laboral entrerriano “es una arista más de ese proceso, pero ya propia de la provincia”.
El abogado también vinculó la iniciativa con “una estrategia de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo”. Y sintetizó: “Por supuesto, esto trae perjuicios a los trabajadores. Todo apunta en cierto modo a disminuir la litigiosidad”.
Honorarios de peritos y su impacto en los juicios laborales
El proyecto propone tres cambios centrales: desacoplar la retribución de los peritos del monto de los juicios, crear un cuerpo médico oficial y eliminar el depósito obligatorio para acceder a una instancia de apelación.
Sobre el primer punto, Britos explicó que actualmente existe un parámetro objetivo para fijar la retribución de los peritos: “Es la cuantía económica del juicio”. Precisó, además, que ese criterio está establecido por la Ley de Aranceles Profesionales.
Por ese motivo, entendió que este cambio plantea “un cuestionamiento constitucional muy fuerte, porque deja librada la regulación de sus aranceles a la discrecionalidad del juez”.
A su entender, la propuesta “no es favorable para los peritos, porque quita el elemento objetivo que es la cuantía económica del litigio e impulsa una direccionalidad judicial que puede ser peligrosa”.
También observó un efecto sobre los peritos en su condición de trabajadores. “La labor de los profesionales auxiliares de justicia no deja de ser trabajo y merece la protección de las leyes. En este caso, se va a ver groseramente afectada”, sostuvo.
A esto sumó el impacto que la medida podría tener sobre los trabajadores que recurren a la justicia, al dificultar el acceso a la prueba pericial. “Hoy ya es complicado conseguir peritos, y si además se baja el valor de su trabajo, difícilmente quieran asumir esa tarea. Por lo tanto, si un trabajador que inicia un juicio laboral necesita una pericia como prueba, podría encontrarse con que no haya profesionales dispuestos a realizarla”, advirtió.
En un juicio laboral, una pericia puede resultar determinante para acreditar las consecuencias de un accidente, una enfermedad profesional o una incapacidad. Por eso, la discusión sobre cuánto y cómo se remunera a los profesionales también puede terminar afectando la posibilidad de producir esa prueba.
Incapacidades laborales, otra clave del debate
Respecto de la ampliación del cuerpo médico oficial, Britos señaló que en Entre Ríos ya existe esa estructura y consideró positivo que se amplíe. Sin embargo, entiende que el objetivo último de esta modificación es evitar que el trabajador tenga que recurrir a un médico privado como perito auxiliar de parte, lo que representa un costo para la ART. “La queja de las aseguradoras es el monto que deben abonar por las pericias”, explicó.
En este punto, el abogado hizo referencia a la TEIL, la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, que se utiliza para determinar qué porcentaje de incapacidad laboral le queda a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
“Esa tabla se modificó el año pasado mediante un decreto nacional. Y esa modificación es regresiva”, advirtió el abogado laboralista. Precisó que “donde antes había incapacidades en lesiones de rodilla que era el 20%, ahora es la mitad. Entonces se valora menos el derecho a la salud y, consecuentemente, sería menor el pago del sujeto obligado, que son las ART”.
Afirmó que “ya se han planteado las inconstitucionalidades de este decreto porque es muy regresivo en relación a la tabla anterior”.
En ese marco, consideró que con el cambio planteado por el gobierno de Rogelio Frigerio “se pondrían más galenos especializados en medicina laboral, pero con un criterio más restrictivo en la graduación de la incapacidad de los trabajadores”.
Apelación: el cambio que Britos considera saludable
La tercera reforma propuesta por el proyecto legislativo se relaciona con la eliminación de condiciones para que el empleador condenado pueda acceder a una revisión de la sentencia condenatoria. Actualmente, cuando pierde un juicio laboral en primera instancia, está obligado depositar el capital de la condena más un 30% para poder acceder a la segunda instancia.
“A este cambio lo veo bastante saludable, porque esa condición de algún modo cercena el derecho a la apelación”, explicó Britos. En ese sentido, señaló que “hay muchas cooperativas de trabajo que tienen juicios laborales y la discusión queda en primera instancia porque no tienen el dinero para garantir el capital”.
Este punto aparece como una excepción dentro de las modificaciones analizadas por Britos, quien advierte que otros cambios podrían dificultar que los trabajadores sostengan sus reclamos cuando consideran vulnerados sus derechos.
En definitiva, el impacto de la reforma sobre el acceso a la justicia debería ocupar un lugar central durante el debate legislativo.
Fuente: Página Gremial