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El denunciante y querellante central de la causa Ilarraz analizó el fallo de la Corte Suprema que decretó la prescripción del caso, confirmó la admisión de su denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigió al Congreso Nacional modificar las leyes para que los delitos de abuso sexual infantil sean imprescriptibles.
En diálogo con el programa Debate Abierto Radio, Hernán Rausch, ciudadano oriundo de Aldea Santa María y preceptor escolar en Paraná, ofreció un testimonio sobre el recorrido judicial, institucional y personal tras haberse convertido en uno de los primeros denunciantes de los abusos cometidos por el ex sacerdote Justo José Ilarraz en el Seminario de Paraná entre 1989 y 1992.
Rausch recordó que tenía entre 15 y 16 años cuando sufrió los abusos, y que la decisión de romper el silencio respondió al deber moral y ético de no callar frente a un secreto a voces: “A mi no me lo contaron, lo viví en carne propia, si en mi fe llegaba al destino que tenemos todos, me iban a decir Hernán, vos sabías y no hiciste nada”, señaló.
Del encubrimiento institucional al fallo de la Corte Suprema
Al repasar los inicios del reclamo, Rausch rememoró el abismo institucional que debieron enfrentar las víctimas al acudir a las máximas autoridades eclesiásticas de la época, como el entonces rector del seminario y el arzobispo monseñor Estanislao Karlic. “Hablé con el cardenal Karlic y le conté todo; me dijo rezá mucho, nada más”, relató, cuestionando que la Iglesia priorizó proteger el prestigio de la institución por sobre la integridad de los menores.
Aunque la investigación interna del Vaticano reconoció los hechos bajo el pontificado de Francisco y la justicia de Entre Ríos condenó a Ilarraz a 25 años de prisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó finalmente la prescripción de la causa.
Frente al cierre del proceso en el país, Rausch fue enfático al aclarar las implicancias del fallo judicial: “Al decretar la prescripción no es que queda impune, libre o que no sea culpable, la prescripción no indica que no es culpable; pasó el tiempo y por las leyes argentinas lo benefician a él”, afirmó.
Asimismo, advirtió sobre el peligroso precedente que sienta esta doctrina, dado que abogados defensores en otras provincias utilizan el fallo de la causa Ilarraz para solicitar el cierre de expedientes antes de que las víctimas puedan llegar a la instancia de juicio.
Demanda internacional y reclamo de imprescriptibilidad al Congreso
Ante el agotamiento de las vías judiciales internas, las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que ya admitió la denuncia formal contra el Estado argentino por haber aplicado la prescripción en lugar de ponderar los tratados internacionales de protección a la niñez. “Nosotros presentamos la denuncia ante la Comisión Interamericana y fue admitida; ahora el Estado argentino debe contestar y evaluar si sancionan o no”, explicó Rausch.
En relación al plano eclesiástico y social, el querellante expresó su indignación por la reciente reaparición pública del ex sacerdote Marcelino Moya -también beneficiado por la prescripción tras una condena de 17 años-en una exposición rural en María Grande revestido con indumentaria clerical.
Rausch cuestionó la falta de controles sobre abusadores que quedan libres y exigió que las autoridades eclesiásticas actúen con mayor firmeza para evitar la exposición pública de sacerdotes denunciados.
Finalmente, formuló un llamado directo a los legisladores nacionales: “Tenemos que seguir en la lucha para lograr la modificación de las leyes y que de una vez por todas el Congreso se ponga las barbas en remojo para que estas causas de abuso no prescriban nunca más”. (Fuente: Debate Abierto)
Hernán Rausch: “La prescripción no significa inocencia; la lucha sigue en la justicia internacional”
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El denunciante y querellante central de la causa Ilarraz analizó el fallo de la Corte Suprema que decretó la prescripción del caso, confirmó la admisión de su denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigió al Congreso Nacional modificar las leyes para que los delitos de abuso sexual infantil sean imprescriptibles.
En diálogo con el programa Debate Abierto Radio, Hernán Rausch, ciudadano oriundo de Aldea Santa María y preceptor escolar en Paraná, ofreció un testimonio sobre el recorrido judicial, institucional y personal tras haberse convertido en uno de los primeros denunciantes de los abusos cometidos por el ex sacerdote Justo José Ilarraz en el Seminario de Paraná entre 1989 y 1992.
Rausch recordó que tenía entre 15 y 16 años cuando sufrió los abusos, y que la decisión de romper el silencio respondió al deber moral y ético de no callar frente a un secreto a voces: “A mi no me lo contaron, lo viví en carne propia, si en mi fe llegaba al destino que tenemos todos, me iban a decir Hernán, vos sabías y no hiciste nada”, señaló.
Del encubrimiento institucional al fallo de la Corte Suprema
Al repasar los inicios del reclamo, Rausch rememoró el abismo institucional que debieron enfrentar las víctimas al acudir a las máximas autoridades eclesiásticas de la época, como el entonces rector del seminario y el arzobispo monseñor Estanislao Karlic. “Hablé con el cardenal Karlic y le conté todo; me dijo rezá mucho, nada más”, relató, cuestionando que la Iglesia priorizó proteger el prestigio de la institución por sobre la integridad de los menores.
Aunque la investigación interna del Vaticano reconoció los hechos bajo el pontificado de Francisco y la justicia de Entre Ríos condenó a Ilarraz a 25 años de prisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó finalmente la prescripción de la causa.
Frente al cierre del proceso en el país, Rausch fue enfático al aclarar las implicancias del fallo judicial: “Al decretar la prescripción no es que queda impune, libre o que no sea culpable, la prescripción no indica que no es culpable; pasó el tiempo y por las leyes argentinas lo benefician a él”, afirmó.
Asimismo, advirtió sobre el peligroso precedente que sienta esta doctrina, dado que abogados defensores en otras provincias utilizan el fallo de la causa Ilarraz para solicitar el cierre de expedientes antes de que las víctimas puedan llegar a la instancia de juicio.
Demanda internacional y reclamo de imprescriptibilidad al Congreso
Ante el agotamiento de las vías judiciales internas, las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que ya admitió la denuncia formal contra el Estado argentino por haber aplicado la prescripción en lugar de ponderar los tratados internacionales de protección a la niñez. “Nosotros presentamos la denuncia ante la Comisión Interamericana y fue admitida; ahora el Estado argentino debe contestar y evaluar si sancionan o no”, explicó Rausch.
En relación al plano eclesiástico y social, el querellante expresó su indignación por la reciente reaparición pública del ex sacerdote Marcelino Moya -también beneficiado por la prescripción tras una condena de 17 años-en una exposición rural en María Grande revestido con indumentaria clerical.
Rausch cuestionó la falta de controles sobre abusadores que quedan libres y exigió que las autoridades eclesiásticas actúen con mayor firmeza para evitar la exposición pública de sacerdotes denunciados.
Finalmente, formuló un llamado directo a los legisladores nacionales: “Tenemos que seguir en la lucha para lograr la modificación de las leyes y que de una vez por todas el Congreso se ponga las barbas en remojo para que estas causas de abuso no prescriban nunca más”. (Fuente: Debate Abierto)