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El abogado ambientalista Ricardo José Luciano sostuvo que la nueva normativa provincial implica un retroceso en materia de protección ambiental y reclamó al gobernador que revise sus alcances. También planteó objeciones sobre los controles a la extracción de arena destinada a Vaca Muerta y el uso de agua subterránea en la zona de Ibicuy.
El abogado Ricardo José Luciano dirigió una carta abierta al gobernador Rogelio Frigerio en la que cuestionó con dureza la Ley provincial 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, puede tener su aplicación sobre los recursos naturales de Entre Ríos.
Luciano, abogado de la Cooperativa de Agua de Ibicuy e integrante del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, sostiene que la norma es inconstitucional y supone una regresión respecto de la legislación ambiental anterior.
La Ley 11.250 fue publicada en el Boletín Oficial provincial el 22 de enero de este año. Su texto establece un nuevo régimen para la gestión ambiental de las actividades económicas y señala entre sus objetivos la preservación de los bienes naturales, la evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana. También dispone que su interpretación debe sujetarse a los principios establecidos por la Ley General del Ambiente Nº 25.675.
Uno de los puntos que objeta Luciano es que la nueva legislación derogó la Ley 6.260, que regulaba la prevención y el control de la contaminación ambiental de las industrias. El artículo 39 mantiene hasta su vencimiento los certificados otorgados bajo el régimen anterior, mientras que el artículo 40 deroga expresamente aquella norma y toda otra que se oponga a la Ley 11.250. La Ley 6.260 estaba vinculada específicamente con la prevención y fiscalización de la contaminación industrial.
Para Luciano, ese cambio contradice principios de la Ley General del Ambiente, entre ellos los de congruencia, progresividad y sustentabilidad. En su carta sostiene que existe una “regresión” normativa y anticipa que la ley podría ser objeto de acciones de inconstitucionalidad.
La extracción de arena en Ibicuy
Buena parte de la presentación está dedicada a la explotación de arena de sílice en la zona de Ibicuy, destinada principalmente a la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.
Luciano cuestionó los volúmenes declarados y fiscalizados y aseguró que existirían diferencias significativas entre la cantidad de arena controlada por los organismos provinciales y la que efectivamente habría llegado a Vaca Muerta durante 2025. Según la carta, esas diferencias motivaron una denuncia penal presentada junto con el ingeniero Carlos Humberto Cadoppi.
El abogado también puso el foco en las consecuencias ambientales de la actividad. Señaló que la extracción se realiza en sectores del Delta del Paraná y cuestionó tanto la profundidad de las excavaciones como los controles sobre las canteras. Según su planteo, los estudios de impacto ambiental declararían fosas de hasta tres metros, mientras que en la práctica existirían excavaciones considerablemente más profundas.
Otro de los puntos de preocupación es el consumo de agua subterránea para el lavado de la arena. Luciano afirma que la demanda de las empresas supera ampliamente el consumo de la población de Ibicuy y relaciona esa explotación con cambios registrados en la composición del agua utilizada por la cooperativa local.
Las cifras sobre volúmenes extraídos, consumo de agua, recaudación y eventual evasión forman parte de la presentación realizada por Luciano y de sus cálculos; la carta no incorpora en sí misma documentación técnica que permita corroborarlos de manera independiente.
El planteo al gobernador
Sobre el final del documento, Luciano interpela directamente a Frigerio y le pide revisar la nueva legislación ambiental. Sostiene que todavía existe tiempo para corregir lo que considera un deterioro de la protección del Delta y advierte que, de mantenerse el actual marco normativo, podrían impulsarse acciones judiciales contra la ley.
La norma, por su parte, declara como objetivos la preservación, conservación y recuperación del ambiente y crea un esquema único de evaluación y certificación ambiental para las actividades económicas. El punto en discusión planteado por Luciano es si ese nuevo régimen mantiene o reduce, en la práctica, los niveles de protección y control que existían bajo la normativa anterior.
Fuente: Analisis Digital
Plantean objeciones a la Ley 11.250 y advierten sobre la extracción de arena en Ibicuy
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El abogado ambientalista Ricardo José Luciano sostuvo que la nueva normativa provincial implica un retroceso en materia de protección ambiental y reclamó al gobernador que revise sus alcances. También planteó objeciones sobre los controles a la extracción de arena destinada a Vaca Muerta y el uso de agua subterránea en la zona de Ibicuy.
El abogado Ricardo José Luciano dirigió una carta abierta al gobernador Rogelio Frigerio en la que cuestionó con dureza la Ley provincial 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, puede tener su aplicación sobre los recursos naturales de Entre Ríos.
Luciano, abogado de la Cooperativa de Agua de Ibicuy e integrante del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, sostiene que la norma es inconstitucional y supone una regresión respecto de la legislación ambiental anterior.
La Ley 11.250 fue publicada en el Boletín Oficial provincial el 22 de enero de este año. Su texto establece un nuevo régimen para la gestión ambiental de las actividades económicas y señala entre sus objetivos la preservación de los bienes naturales, la evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana. También dispone que su interpretación debe sujetarse a los principios establecidos por la Ley General del Ambiente Nº 25.675.
Uno de los puntos que objeta Luciano es que la nueva legislación derogó la Ley 6.260, que regulaba la prevención y el control de la contaminación ambiental de las industrias. El artículo 39 mantiene hasta su vencimiento los certificados otorgados bajo el régimen anterior, mientras que el artículo 40 deroga expresamente aquella norma y toda otra que se oponga a la Ley 11.250. La Ley 6.260 estaba vinculada específicamente con la prevención y fiscalización de la contaminación industrial.
Para Luciano, ese cambio contradice principios de la Ley General del Ambiente, entre ellos los de congruencia, progresividad y sustentabilidad. En su carta sostiene que existe una “regresión” normativa y anticipa que la ley podría ser objeto de acciones de inconstitucionalidad.
La extracción de arena en Ibicuy
Buena parte de la presentación está dedicada a la explotación de arena de sílice en la zona de Ibicuy, destinada principalmente a la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.
Luciano cuestionó los volúmenes declarados y fiscalizados y aseguró que existirían diferencias significativas entre la cantidad de arena controlada por los organismos provinciales y la que efectivamente habría llegado a Vaca Muerta durante 2025. Según la carta, esas diferencias motivaron una denuncia penal presentada junto con el ingeniero Carlos Humberto Cadoppi.
El abogado también puso el foco en las consecuencias ambientales de la actividad. Señaló que la extracción se realiza en sectores del Delta del Paraná y cuestionó tanto la profundidad de las excavaciones como los controles sobre las canteras. Según su planteo, los estudios de impacto ambiental declararían fosas de hasta tres metros, mientras que en la práctica existirían excavaciones considerablemente más profundas.
Otro de los puntos de preocupación es el consumo de agua subterránea para el lavado de la arena. Luciano afirma que la demanda de las empresas supera ampliamente el consumo de la población de Ibicuy y relaciona esa explotación con cambios registrados en la composición del agua utilizada por la cooperativa local.
Las cifras sobre volúmenes extraídos, consumo de agua, recaudación y eventual evasión forman parte de la presentación realizada por Luciano y de sus cálculos; la carta no incorpora en sí misma documentación técnica que permita corroborarlos de manera independiente.
El planteo al gobernador
Sobre el final del documento, Luciano interpela directamente a Frigerio y le pide revisar la nueva legislación ambiental. Sostiene que todavía existe tiempo para corregir lo que considera un deterioro de la protección del Delta y advierte que, de mantenerse el actual marco normativo, podrían impulsarse acciones judiciales contra la ley.
La norma, por su parte, declara como objetivos la preservación, conservación y recuperación del ambiente y crea un esquema único de evaluación y certificación ambiental para las actividades económicas. El punto en discusión planteado por Luciano es si ese nuevo régimen mantiene o reduce, en la práctica, los niveles de protección y control que existían bajo la normativa anterior.
Fuente: Analisis Digital