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La diputada nacional Marianela Marclay cuestionó el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional, al que acusó de profundizar el ajuste sobre el sector de discapacidad. Contó que, mientras la Comisión de Discapacidad debatía la prórroga de la emergencia en la materia, horas antes había ingresado el proyecto de presupuesto con lo que definió como “un fuerte recorte nuevamente a la discapacidad”, que además elimina el nomenclador vigente. “Volviendo a un paradigma totalmente antiguo, que tiene que ver más con una mirada de salud y no una perspectiva social de derecho hacia la persona”, explicó.
Marclay relató que en esa reunión de comisión participaron prestadores del sector —transportistas, asociaciones civiles con centros de día y espacios de cuidado, y representantes de cottolengos— que expusieron la realidad del sector frente a los recortes. Cuestionó el discurso oficial que niega esas restricciones: “el Gobierno nacional permanentemente dice que no hay recorte. Yo creo que el relato se cae, se cae enseguida en este sentido”. Denunció además lo que calificó como “un ensañamiento” con el sector desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
En diálogo con Un martillo para darle forma – Radio Plaza, la legisladora amplió el panorama a otras áreas sociales golpeadas por el ajuste: mencionó el impacto sobre las universidades, la eliminación del programa Remediar en salud, y el ajuste sobre los jubilados, a quienes —dijo— “les pegan todos los miércoles a los jubilados en vivo y pareciera que no, que está bien”. Sumó el caso de la primera infancia: citó una respuesta a un pedido de informe propio en la que el Gobierno nacional habría reconocido un recorte del 75% en esa área, pese a haber anunciado por cadena nacional “un plan innovador de primera infancia” del cual, según esa misma respuesta oficial, no se realizó “ningún tipo de transferencia” en lo que va del año. “Este ataque sistematizado contra una sociedad y su perspectiva de derecho es aberrante”, planteó.
420 amparos por medicamentos y transporte en tres ciudades
Como dato concreto del impacto territorial de estos recortes, Marclay detalló que, solo entre Concepción del Uruguay, Colón y Villaguay, el fuero judicial correspondiente acumula 420 acciones de amparo vinculadas a reclamos por medicamentos, acompañantes terapéuticos y transporte para personas con discapacidad. Remarcó que, más allá de la especificidad del sector, lo que está en juego es una perspectiva más amplia: “lo que se está atacando es toda perspectiva de derecho social sobre las personas”.
El proyecto de desendeudamiento familiar
Consultada sobre la discusión legislativa por el endeudamiento de las familias, en la que hay presentados más de 50 proyectos de ley, Marclay explicó que junto al diputado Guillermo Michel presentaron en febrero una iniciativa inspirada en un antecedente que consideró exitoso: el esquema de la Tarjeta Argentina, mediante el cual la ANSES paga la deuda de las familias endeudadas y luego les descuenta el monto en cuotas más bajas. “Es un proyecto que ya funcionó, funcionó bien”, sostuvo, y diferenció su propuesta de otras iniciativas centradas más en regular a las entidades financieras: “el nuestro va en función de cómo ayudamos puntualmente a las personas a poder pagar su deuda”.
Sobre el estado del debate, contó que el martes previo se realizó una reunión informativa en comisión con la participación de entidades bancarias y financieras, convocadas por el propio sector. Fue crítica con los planteos escuchados en ese encuentro: “era increíble escuchar a las entidades bancarias diciendo que necesitaban respaldo jurídico, cuando en realidad las que necesitan respaldo jurídico en esta Argentina que estamos viendo son las personas”.
Granja Tres Arroyos: 930 familias afectadas en Concepción del Uruguay
Consultada sobre la situación de Granja Tres Arroyos, Marclay confirmó que los legisladores entrerrianos vienen reuniéndose con los trabajadores afectados y que presentaron proyectos de comunicación exigiendo al Gobierno nacional que intervenga. Precisó la magnitud del conflicto: 7.000 familias afectadas entre las plantas de la empresa en distintas provincias, de las cuales 930 corresponden puntualmente a Concepción del Uruguay. Señaló que la empresa entró en concurso de acreedores hacía apenas dos días al momento de la entrevista, lo que abre una instancia judicial cuyos tiempos —advirtió— no se corresponden con la urgencia que atraviesan las familias, que llevan entre tres y cuatro meses sin cobrar, luego de un año previo de atrasos.
Marclay fue especialmente crítica con la respuesta del Gobierno provincial ante esta crisis. Cuestionó que el acompañamiento oficial no sea “real”: “el Gobierno provincial dio un subsidio a las familias por $200.000. ¿Ustedes me pueden decir quién puede vivir con $200.000 cuando hace tres meses que no te pagan el sueldo?”. Reclamó una intervención de fondo por parte del gobernador Rogelio Frigerio: “lo que necesitaríamos es que el Gobierno provincial y Rogelio Frigerio se sienten a negociar con la empresa y ver de dónde pueden sacar los fondos y acompañar a estas familias y devolverle el trabajo, que es lo que necesitan”. Diferenció esa crítica de la respuesta del municipio local, al que reconoció el envío periódico de alimentos a las familias afectadas, aunque remarcó que se necesita “otro tipo de ayuda” más allá de esas medidas puntuales.
“Tenemos que pensarlo en esta magnitud”
La diputada pidió dimensionar el conflicto más allá de la cifra de trabajadores directos: “hay que pensarlo en esta magnitud, porque si no pareciera que queda muy individualizada la cuenta, y me parece que detrás de cada trabajador por lo menos hay dos personas más”. Relató historias puntuales de empleados que ingresaron a la empresa a los 18 años y hoy, con 40, atravesaron todo su ciclo laboral dentro del frigorífico sin haber aprendido otro oficio. Describió la situación como “desgarradora”: personas acostumbradas a cobrar un sueldo estable que hoy no tienen para pagar el alquiler ni para darle de comer a sus hijos.
Marclay amplió el panorama económico de la ciudad al mencionar otros cierres recientes: recordó que YPF se retiró de Concepción del Uruguay hace dos o tres meses, con un impacto directo de unas 45 familias, en lo que describió como una serie de cierres de comercios y empresas que se replica tanto en la provincia como en el país en general.
Crítica al discurso oficial en el Día de la Industria
Hacia el cierre de la entrevista, Marclay retomó su cuestionamiento al “relato” oficial, esta vez en referencia a los festejos del Día de la Industria: “pareciera que para Frigerio está todo bien. Yo le pregunto de qué provincia habla cuando habla del progreso que ha tenido Entre Ríos”. Extendió la crítica al discurso de los legisladores oficialistas en el Congreso sobre la gestión en discapacidad, al que contrapuso con lo que —según relató— escucha directamente de la ciudadanía: “cuando vos salís afuera y la gente te pide por favor, porque ya no es que están enojados, están desesperados”. Cerró con una descripción de la angustia cotidiana que, a su criterio, atraviesan las familias entrerrianas: sin poder pagar el alquiler, sin comida, sin trabajo, y sin posibilidad de atender a familiares con discapacidad ni ofrecerles tratamiento o traslado. “Las situaciones son muy complejas donde mires”, concluyó.
Fuente: Análisis Digital
Marclay sobre el Presupuesto: “Fueron por las universidades, la salud, los jubilados y la discapacidad”
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La diputada nacional Marianela Marclay cuestionó el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional, al que acusó de profundizar el ajuste sobre el sector de discapacidad. Contó que, mientras la Comisión de Discapacidad debatía la prórroga de la emergencia en la materia, horas antes había ingresado el proyecto de presupuesto con lo que definió como “un fuerte recorte nuevamente a la discapacidad”, que además elimina el nomenclador vigente. “Volviendo a un paradigma totalmente antiguo, que tiene que ver más con una mirada de salud y no una perspectiva social de derecho hacia la persona”, explicó.
Marclay relató que en esa reunión de comisión participaron prestadores del sector —transportistas, asociaciones civiles con centros de día y espacios de cuidado, y representantes de cottolengos— que expusieron la realidad del sector frente a los recortes. Cuestionó el discurso oficial que niega esas restricciones: “el Gobierno nacional permanentemente dice que no hay recorte. Yo creo que el relato se cae, se cae enseguida en este sentido”. Denunció además lo que calificó como “un ensañamiento” con el sector desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
En diálogo con Un martillo para darle forma – Radio Plaza, la legisladora amplió el panorama a otras áreas sociales golpeadas por el ajuste: mencionó el impacto sobre las universidades, la eliminación del programa Remediar en salud, y el ajuste sobre los jubilados, a quienes —dijo— “les pegan todos los miércoles a los jubilados en vivo y pareciera que no, que está bien”. Sumó el caso de la primera infancia: citó una respuesta a un pedido de informe propio en la que el Gobierno nacional habría reconocido un recorte del 75% en esa área, pese a haber anunciado por cadena nacional “un plan innovador de primera infancia” del cual, según esa misma respuesta oficial, no se realizó “ningún tipo de transferencia” en lo que va del año. “Este ataque sistematizado contra una sociedad y su perspectiva de derecho es aberrante”, planteó.
420 amparos por medicamentos y transporte en tres ciudades
Como dato concreto del impacto territorial de estos recortes, Marclay detalló que, solo entre Concepción del Uruguay, Colón y Villaguay, el fuero judicial correspondiente acumula 420 acciones de amparo vinculadas a reclamos por medicamentos, acompañantes terapéuticos y transporte para personas con discapacidad. Remarcó que, más allá de la especificidad del sector, lo que está en juego es una perspectiva más amplia: “lo que se está atacando es toda perspectiva de derecho social sobre las personas”.
El proyecto de desendeudamiento familiar
Consultada sobre la discusión legislativa por el endeudamiento de las familias, en la que hay presentados más de 50 proyectos de ley, Marclay explicó que junto al diputado Guillermo Michel presentaron en febrero una iniciativa inspirada en un antecedente que consideró exitoso: el esquema de la Tarjeta Argentina, mediante el cual la ANSES paga la deuda de las familias endeudadas y luego les descuenta el monto en cuotas más bajas. “Es un proyecto que ya funcionó, funcionó bien”, sostuvo, y diferenció su propuesta de otras iniciativas centradas más en regular a las entidades financieras: “el nuestro va en función de cómo ayudamos puntualmente a las personas a poder pagar su deuda”.
Sobre el estado del debate, contó que el martes previo se realizó una reunión informativa en comisión con la participación de entidades bancarias y financieras, convocadas por el propio sector. Fue crítica con los planteos escuchados en ese encuentro: “era increíble escuchar a las entidades bancarias diciendo que necesitaban respaldo jurídico, cuando en realidad las que necesitan respaldo jurídico en esta Argentina que estamos viendo son las personas”.
Granja Tres Arroyos: 930 familias afectadas en Concepción del Uruguay
Consultada sobre la situación de Granja Tres Arroyos, Marclay confirmó que los legisladores entrerrianos vienen reuniéndose con los trabajadores afectados y que presentaron proyectos de comunicación exigiendo al Gobierno nacional que intervenga. Precisó la magnitud del conflicto: 7.000 familias afectadas entre las plantas de la empresa en distintas provincias, de las cuales 930 corresponden puntualmente a Concepción del Uruguay. Señaló que la empresa entró en concurso de acreedores hacía apenas dos días al momento de la entrevista, lo que abre una instancia judicial cuyos tiempos —advirtió— no se corresponden con la urgencia que atraviesan las familias, que llevan entre tres y cuatro meses sin cobrar, luego de un año previo de atrasos.
Marclay fue especialmente crítica con la respuesta del Gobierno provincial ante esta crisis. Cuestionó que el acompañamiento oficial no sea “real”: “el Gobierno provincial dio un subsidio a las familias por $200.000. ¿Ustedes me pueden decir quién puede vivir con $200.000 cuando hace tres meses que no te pagan el sueldo?”. Reclamó una intervención de fondo por parte del gobernador Rogelio Frigerio: “lo que necesitaríamos es que el Gobierno provincial y Rogelio Frigerio se sienten a negociar con la empresa y ver de dónde pueden sacar los fondos y acompañar a estas familias y devolverle el trabajo, que es lo que necesitan”. Diferenció esa crítica de la respuesta del municipio local, al que reconoció el envío periódico de alimentos a las familias afectadas, aunque remarcó que se necesita “otro tipo de ayuda” más allá de esas medidas puntuales.
“Tenemos que pensarlo en esta magnitud”
La diputada pidió dimensionar el conflicto más allá de la cifra de trabajadores directos: “hay que pensarlo en esta magnitud, porque si no pareciera que queda muy individualizada la cuenta, y me parece que detrás de cada trabajador por lo menos hay dos personas más”. Relató historias puntuales de empleados que ingresaron a la empresa a los 18 años y hoy, con 40, atravesaron todo su ciclo laboral dentro del frigorífico sin haber aprendido otro oficio. Describió la situación como “desgarradora”: personas acostumbradas a cobrar un sueldo estable que hoy no tienen para pagar el alquiler ni para darle de comer a sus hijos.
Marclay amplió el panorama económico de la ciudad al mencionar otros cierres recientes: recordó que YPF se retiró de Concepción del Uruguay hace dos o tres meses, con un impacto directo de unas 45 familias, en lo que describió como una serie de cierres de comercios y empresas que se replica tanto en la provincia como en el país en general.
Crítica al discurso oficial en el Día de la Industria
Hacia el cierre de la entrevista, Marclay retomó su cuestionamiento al “relato” oficial, esta vez en referencia a los festejos del Día de la Industria: “pareciera que para Frigerio está todo bien. Yo le pregunto de qué provincia habla cuando habla del progreso que ha tenido Entre Ríos”. Extendió la crítica al discurso de los legisladores oficialistas en el Congreso sobre la gestión en discapacidad, al que contrapuso con lo que —según relató— escucha directamente de la ciudadanía: “cuando vos salís afuera y la gente te pide por favor, porque ya no es que están enojados, están desesperados”. Cerró con una descripción de la angustia cotidiana que, a su criterio, atraviesan las familias entrerrianas: sin poder pagar el alquiler, sin comida, sin trabajo, y sin posibilidad de atender a familiares con discapacidad ni ofrecerles tratamiento o traslado. “Las situaciones son muy complejas donde mires”, concluyó.
Fuente: Análisis Digital