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Juan Pablo Sotelo seguirá alojado en la cárcel de Paraná hasta el 3 de diciembre por la revocación de la resolución que le concedió el arresto domiciliario mientras se determina su responsabilidad y la de Lautaro Molaro Leonard, en el crimen de Luciano Emanuel Emeri. En audiencia del 2 de septiembre, se dispuso prórroga de la preventiva: domiciliaria para Sotelo, y Molaro en el penal.
La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, dispuso este lunes hacer lugar al recurso de apelación que presentaron el fiscal, Laureano Dato, y el querellante particular, Javier Aiani, contra la resolución de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, que el miércoles 2 dispuso prorrogar la preventiva de Juan Pablo Sotelo y Lautaro Molaro Leonard, acusados del crimen de Luciano Emanuel Emeri: Molaro en el penal y el Sotelo en una casa con control de tobillera electrónica. La defensa de Sotelo, a cargo de Pablo Minetti y Boris Cohen, se opuso al pedido y solicitó que se confirmara la decisión de la jueza de Garantías en todos sus términos.
Castagno recogió los agravios que presentaron Fiscalía y Querella en el punto en que señalaron que el dispositivo de control electrónico no era suficiente para cautelar el peligro de entorpecimiento de la investigación. Así, consideró, como las acusaciones, que la jueza no fundamentó su decisión e incurrió en una contradicción al considerar que los riesgos procesales estaban aún vigentes pero concedió la morigeración para Sotelo.
Fiscalía y Querella entendieron que Sotelo incurrió en actos de entorpecimiento cuando borró de su celular un mensaje de texto que posteriormente fue incorporado al legajo porque el padre de la víctima lo obtuvo del celular de su hijo y lo aportó.
También señalaron que Molaro intentó instalar versiones falsas para desviar la investigación, al influenciar a posibles testigos –que luego fueron entrevistados en Fiscalía y serán partes del juicio ante un Jurado Popular- con rumores sobre la permanencia de Sotelo en Cerrito la noche del crimen. En el mismo sentido se inscribió que Molaro desactivó las cámaras de seguridad de su casa con el presunto objetivo de que no queden registros de sus movimientos la noche del hecho.
La defensa rechazó los agravios de las acusaciones –que fueron los mismos que la jueza de Garantías consideró insuficientes para mantener a Sotelo en el penal, pero sí vigilado en una domiciliaria- y reiteró que haber borrado un mensaje no alcanzaba a interferir en la investigación.
También sostuvo que si se aceptara que el dispositivo de control electrónico no es competente para cautelar los riesgos procesales, su uso devendría inútil. La defensa también reiteró que en la audiencia del miércoles 2 los fundamentos de Fiscalía versaron sobre acciones y situaciones que habría generado Molaro y no su asistido.
Castagno expresó que Barbagelata no consignó en su resolución una explicación acerca de porqué entendió que la tobillera permitía conjurar el riesgo de entorpecimiento, que fue el principal agravio de las acusaciones y tema de debate en la primera audiencia, quedando el peligro de fuga en segundo plano
La jueza también manifestó que la defensa incurrió en una contradicción al solicitar la morigeración de la preventiva que Sotelo venía cumpliendo en el penal, lo que entendió significaba consentir que los riesgos procesales invocados eran concretos.
Molaro, de 21 años, y Sotelo, de 24 años, están acusados del crimen de Luciano Emanuel Emeri, cuyo cuerpo fue hallado, carbonizado y con dos disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros, dentro de un Ford Fiesta blanco destruido por el fuego y su perro ejecutado a varios metros del lugar donde se halló el rodado arrasado por las llamas, aparentemente con la misma arma con la que el autor del crimen le efectuó dos disparos a Emeri, en un hecho que habría ocurrido el miércoles 4 de febrero en zona rural del Departamento Paraná, ejido de Cerrito, en inmediaciones de Curtiembre.
Fuente: APFDigital
Revocan la prisión domiciliaria de uno de los acusados del crimen en Cerrito
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Juan Pablo Sotelo seguirá alojado en la cárcel de Paraná hasta el 3 de diciembre por la revocación de la resolución que le concedió el arresto domiciliario mientras se determina su responsabilidad y la de Lautaro Molaro Leonard, en el crimen de Luciano Emanuel Emeri. En audiencia del 2 de septiembre, se dispuso prórroga de la preventiva: domiciliaria para Sotelo, y Molaro en el penal.
La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, dispuso este lunes hacer lugar al recurso de apelación que presentaron el fiscal, Laureano Dato, y el querellante particular, Javier Aiani, contra la resolución de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, que el miércoles 2 dispuso prorrogar la preventiva de Juan Pablo Sotelo y Lautaro Molaro Leonard, acusados del crimen de Luciano Emanuel Emeri: Molaro en el penal y el Sotelo en una casa con control de tobillera electrónica. La defensa de Sotelo, a cargo de Pablo Minetti y Boris Cohen, se opuso al pedido y solicitó que se confirmara la decisión de la jueza de Garantías en todos sus términos.
Castagno recogió los agravios que presentaron Fiscalía y Querella en el punto en que señalaron que el dispositivo de control electrónico no era suficiente para cautelar el peligro de entorpecimiento de la investigación. Así, consideró, como las acusaciones, que la jueza no fundamentó su decisión e incurrió en una contradicción al considerar que los riesgos procesales estaban aún vigentes pero concedió la morigeración para Sotelo.
Fiscalía y Querella entendieron que Sotelo incurrió en actos de entorpecimiento cuando borró de su celular un mensaje de texto que posteriormente fue incorporado al legajo porque el padre de la víctima lo obtuvo del celular de su hijo y lo aportó.
También señalaron que Molaro intentó instalar versiones falsas para desviar la investigación, al influenciar a posibles testigos –que luego fueron entrevistados en Fiscalía y serán partes del juicio ante un Jurado Popular- con rumores sobre la permanencia de Sotelo en Cerrito la noche del crimen. En el mismo sentido se inscribió que Molaro desactivó las cámaras de seguridad de su casa con el presunto objetivo de que no queden registros de sus movimientos la noche del hecho.
La defensa rechazó los agravios de las acusaciones –que fueron los mismos que la jueza de Garantías consideró insuficientes para mantener a Sotelo en el penal, pero sí vigilado en una domiciliaria- y reiteró que haber borrado un mensaje no alcanzaba a interferir en la investigación.
También sostuvo que si se aceptara que el dispositivo de control electrónico no es competente para cautelar los riesgos procesales, su uso devendría inútil. La defensa también reiteró que en la audiencia del miércoles 2 los fundamentos de Fiscalía versaron sobre acciones y situaciones que habría generado Molaro y no su asistido.
Castagno expresó que Barbagelata no consignó en su resolución una explicación acerca de porqué entendió que la tobillera permitía conjurar el riesgo de entorpecimiento, que fue el principal agravio de las acusaciones y tema de debate en la primera audiencia, quedando el peligro de fuga en segundo plano
La jueza también manifestó que la defensa incurrió en una contradicción al solicitar la morigeración de la preventiva que Sotelo venía cumpliendo en el penal, lo que entendió significaba consentir que los riesgos procesales invocados eran concretos.
Molaro, de 21 años, y Sotelo, de 24 años, están acusados del crimen de Luciano Emanuel Emeri, cuyo cuerpo fue hallado, carbonizado y con dos disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros, dentro de un Ford Fiesta blanco destruido por el fuego y su perro ejecutado a varios metros del lugar donde se halló el rodado arrasado por las llamas, aparentemente con la misma arma con la que el autor del crimen le efectuó dos disparos a Emeri, en un hecho que habría ocurrido el miércoles 4 de febrero en zona rural del Departamento Paraná, ejido de Cerrito, en inmediaciones de Curtiembre.
Fuente: APFDigital