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El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, explicó el proceso que se deberá llevar adelante desde la provincia para el decomiso de los bienes, luego de que quedara firme la condena al exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes sostuvo que se accionará “de la misma manera en que lo hemos hecho en otras causas; la función de Fiscalía de Estado en este caso es cumplir con la sentencia en la parte patrimonial. Esto ya ha sucedido en causas anteriores, como fue la causa Yedro y en las causas Righelato, Pacayut, Taleb, Rodríguez, y en todos esos casos lo que hicimos fue proceder a cumplir la sentencia. Se le comunica a la Fiscalía de Estado que hay que decomisar y con la Escribanía Mayor de Gobierno hacemos la medida que corresponde”.
Sobre los tiempos que lleva el proceso, afirmó que “siempre lo hemos hecho de inmediato; yo estoy esperando que me notifiquen el oficio del tribunal que dictó la sentencia, pero no es una medida que exija demasiado tiempo. Por el contrario, le diría que es bastante inmediata”:
Respecto del destino que se le da a los bienes decomisados, indicó que “corresponde al Poder Ejecutivo. En este caso la sentencia no asigna una función a los bienes, de manera que la asignación de esos bienes queda bajo la órbita del Poder Ejecutivo”.
Consultado por el destino que se le dio al departamento decomisado al exlegislador y exembajador Raúl Taleb, reiteró: “En todos los casos nosotros lo ponemos a disposición del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo asigna. En su momento era ministra de Gobierno la doctora (Rosario) Romero, y me parece que ella asignó el departamento de Taleb a una oficina o a alguna repartición pública”.
Agregó que “en el caso de Pacayut yo fui personalmente a la zona de Mazaruca donde se produjo el decomiso y se asignó a la policía de Entre Ríos” y mencionó que “hubo un solo caso en el cual discutimos y al final no se llegó a ningún acuerdo que fue el caso de (José) Allende en donde el acuerdo se frustró porque el tribunal no lo homologó. En el acuerdo había una asignación del destino de los bienes que nosotros discutimos y planteamos que era el Poder Ejecutivo el que le tenía que asignar la función. Pero en todos los demás se ha cumplido el decomiso y el Poder Ejecutivo le ha asignado una función para alguna repartición pública”.
Sobre el monto a recuperar, el fiscal especificó que “en la sentencia no hay una nominación en dólares del perjuicio, es una nominación en pesos que serán actualizables, pero el decomiso está ordenado, está firme y hay que ejecutarlo. Pero hay una discusión respecto a si el decomiso absorbe o no absorbe el total del perjuicio o si son susceptibles de división. Es decir, por un lado va el decomiso y por el otro lado una acción resarcitoria respecto a los demás hechos, porque nosotros tenemos identificados cinco hechos en esta causa. Entonces hay que ver si el decomiso absorbe todo o simplemente es decomiso por el primer hecho, y a lo sumo por el segundo, y los demás son hechos independientes que requieren de una acción distinta”.
Por último, sobre la continuidad de las jubilaciones de Báez y Urribarri, aclaró que “las jubilaciones son derechos personales de ellos que no se tocan”. En tanto, respecto del sueldo que aún cobra Aguilera por su cargo en el Senado, Rodríguez Signes planteó: “Entiendo que la condena es inhabilitación, por lo tanto, ahí al cumplir la inhabilitación supongo que el Senado operará la baja de la persona”.
Fuente: Análisis Digital
Corrupción: “El destino de los bienes decomisados corresponde al Poder Ejecutivo”, explicó Rodríguez Signes
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El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, explicó el proceso que se deberá llevar adelante desde la provincia para el decomiso de los bienes, luego de que quedara firme la condena al exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes sostuvo que se accionará “de la misma manera en que lo hemos hecho en otras causas; la función de Fiscalía de Estado en este caso es cumplir con la sentencia en la parte patrimonial. Esto ya ha sucedido en causas anteriores, como fue la causa Yedro y en las causas Righelato, Pacayut, Taleb, Rodríguez, y en todos esos casos lo que hicimos fue proceder a cumplir la sentencia. Se le comunica a la Fiscalía de Estado que hay que decomisar y con la Escribanía Mayor de Gobierno hacemos la medida que corresponde”.
Sobre los tiempos que lleva el proceso, afirmó que “siempre lo hemos hecho de inmediato; yo estoy esperando que me notifiquen el oficio del tribunal que dictó la sentencia, pero no es una medida que exija demasiado tiempo. Por el contrario, le diría que es bastante inmediata”:
Respecto del destino que se le da a los bienes decomisados, indicó que “corresponde al Poder Ejecutivo. En este caso la sentencia no asigna una función a los bienes, de manera que la asignación de esos bienes queda bajo la órbita del Poder Ejecutivo”.
Consultado por el destino que se le dio al departamento decomisado al exlegislador y exembajador Raúl Taleb, reiteró: “En todos los casos nosotros lo ponemos a disposición del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo asigna. En su momento era ministra de Gobierno la doctora (Rosario) Romero, y me parece que ella asignó el departamento de Taleb a una oficina o a alguna repartición pública”.
Agregó que “en el caso de Pacayut yo fui personalmente a la zona de Mazaruca donde se produjo el decomiso y se asignó a la policía de Entre Ríos” y mencionó que “hubo un solo caso en el cual discutimos y al final no se llegó a ningún acuerdo que fue el caso de (José) Allende en donde el acuerdo se frustró porque el tribunal no lo homologó. En el acuerdo había una asignación del destino de los bienes que nosotros discutimos y planteamos que era el Poder Ejecutivo el que le tenía que asignar la función. Pero en todos los demás se ha cumplido el decomiso y el Poder Ejecutivo le ha asignado una función para alguna repartición pública”.
Sobre el monto a recuperar, el fiscal especificó que “en la sentencia no hay una nominación en dólares del perjuicio, es una nominación en pesos que serán actualizables, pero el decomiso está ordenado, está firme y hay que ejecutarlo. Pero hay una discusión respecto a si el decomiso absorbe o no absorbe el total del perjuicio o si son susceptibles de división. Es decir, por un lado va el decomiso y por el otro lado una acción resarcitoria respecto a los demás hechos, porque nosotros tenemos identificados cinco hechos en esta causa. Entonces hay que ver si el decomiso absorbe todo o simplemente es decomiso por el primer hecho, y a lo sumo por el segundo, y los demás son hechos independientes que requieren de una acción distinta”.
Por último, sobre la continuidad de las jubilaciones de Báez y Urribarri, aclaró que “las jubilaciones son derechos personales de ellos que no se tocan”. En tanto, respecto del sueldo que aún cobra Aguilera por su cargo en el Senado, Rodríguez Signes planteó: “Entiendo que la condena es inhabilitación, por lo tanto, ahí al cumplir la inhabilitación supongo que el Senado operará la baja de la persona”.
Fuente: Análisis Digital