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El abogado penalista de Paraná que impulsó la denuncia en 2015 analizó el dictamen de la Corte Suprema de Justicia que dejó firmes las condenas por corrupción. Advirtió sobre la necesidad de extremar la custodia de los condenados ante el riesgo de fuga y cuestionó con dureza los juicios abreviados para funcionarios públicos. Lo manifestó en diálogo con el portal Debate Abierto.
La política y la justicia de Entre Ríos asisten a un punto de inflexión histórico. Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de desestimar los recursos extraordinarios presentados por el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, y Juan Pablo Aguilera, las condenas por delitos de corrupción en la denominada mega causa han quedado
firmes.
En diálogo con Debate Abierto, el abogado penalista Guillermo Mulet, que inició esta causa penal junto al doctor Rubén Pagliotto en diciembre de 2015, analizó el desenlace judicial y los pormenores de un proceso que se extendió por más de una década.
Mulet explicó que el máximo tribunal nacional aplicó el artículo 280 para rechazar la apertura del recurso, confirmando que la condena es efectiva e inapelable en instancias locales, sin que una eventual presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda suspender su ejecución. Aunque el letrado aclaró que profesionalmente no siente alegría por el encarcelamiento de ninguna persona, destacó un profundo sentimiento de deber cumplido como ciudadano: “Siento una satisfacción en el sentido de decir no nos equivocamos”, afirmó a Debate Abierto.
“Cuando todos miraban para otro lado, nosotros denunciamos. La mejor forma de esconder un elefante en la peatonal es poner mil elefantes; acá nadie hacía nada ni veía la corrupción. Un camino de once años marcado por mafias, amenazas y ofrecimientos”, enfatizó.
“El camino hasta este fallo definitivo estuvo plagado de hostigamientos y dilaciones institucionales”, reseñó.
Mulet rememoró que la denuncia original fue radicada el 22 de diciembre de 2015 por enriquecimiento ilícito. Pocas semanas después, en febrero de 2016, el estudio del doctor Paglioto fue asaltado en lo que describió como un claro mensaje mafioso: “Le revientan el estudio, entran y se llevan papeles y la foto de la hija, ese era el mensaje”, argumentó.
A lo largo de los once años de litigio, ambos denunciantes debieron convivir con amenazas de muerte en las rutas y rechazar sistemáticamente intentos de soborno mediante ofrecimientos de dinero y de cargos públicos para que detuvieran la acusación.
Mulet también apuntó contra los tiempos de la justicia entrerriana, señalando que la Procuración General, en aquel entonces bajo la conducción de García, demoró entre tres y cuatro años en imputar formalmente a Urribarri.
Asimismo, recordó el proceso de destitución de la fiscal Goyeneche por ocultar su sociedad comercial con el contador de la causa de los “contratos truchos”.
Condiciones de detención y el peligro inminente de fuga
Respecto al cumplimiento efectivo de las penas, el abogado penalista fue categórico en que Urribarri (de 67 años y en buen estado de salud) debe ser alojado en una unidad penal común. Aclaró que el beneficio de la prisión domiciliaria se contempla legalmente a partir de los 70 años o ante enfermedades terminales severas que no puedan ser tratadas en prisión. No obstante, por
cuestiones de seguridad física y psíquica, tanto el exmandatario como su cuñado Aguilera (condenado a 6 años y medio de prisión) deberán ser ubicados en pabellones especiales alejados de la población común, bajo un esquema similar al que se aplica con los miembros de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la mayor preocupación de Mulet en lo inmediato radica en la posibilidad de que los condenados evadan la acción de la justicia antes de ser trasladados a la Unidad Penal de Paraná. “Yo por lo pronto lo que haría es tener sumo cuidado en evitar que se profuguen. Cualquiera de ellos podría profugarse. Cruzas por la represa y estás en Uruguay”, advirtió, sugiriendo que la Jefatura Departamental de Policía y las autoridades de seguridad provincial deben establecer de inmediato una custodia de extrema inteligencia sobre los involucrados.
El rechazo a los juicios abreviados para los políticos
En el tramo final de su análisis, Mulet dejó una fuerte crítica a la política criminal vigente en la provincia de Entre Ríos, cuestionando con dureza el uso recurrente de los juicios abreviados para los funcionarios públicos acusados de corrupción.
Citó como ejemplo el caso del ex ministro Smaldone, quien evitó una pena de prisión efectiva mediante este mecanismo.
Para el abogado penalista, es indispensable que los ciudadanos observen el proceso de juzgamiento de manera abierta y transparente. “Lleve los juicios adelante, que la sociedad los vea sentados en el banquillo de los acusados, que vean cómo actúan los jueces, las pruebas de los fiscales y cómo se defienden. No hagan las cosas entre gallos y medianoche; la sociedad necesita ver que la justicia actúa”, concluyó, citando la máxima del jurisconsulto Ulpiano sobre el verdadero sentido de la justicia: “Dar a cada cual lo suyo”. (Fuente: Debate Abierto)
Guillermo Mulet tras el histórico fallo contra Sergio Urribarri: “Sentimos la satisfacción de que no nos equivocamos”
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El abogado penalista de Paraná que impulsó la denuncia en 2015 analizó el dictamen de la Corte Suprema de Justicia que dejó firmes las condenas por corrupción. Advirtió sobre la necesidad de extremar la custodia de los condenados ante el riesgo de fuga y cuestionó con dureza los juicios abreviados para funcionarios públicos. Lo manifestó en diálogo con el portal Debate Abierto.
La política y la justicia de Entre Ríos asisten a un punto de inflexión histórico. Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de desestimar los recursos extraordinarios presentados por el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, y Juan Pablo Aguilera, las condenas por delitos de corrupción en la denominada mega causa han quedado
firmes.
En diálogo con Debate Abierto, el abogado penalista Guillermo Mulet, que inició esta causa penal junto al doctor Rubén Pagliotto en diciembre de 2015, analizó el desenlace judicial y los pormenores de un proceso que se extendió por más de una década.
Mulet explicó que el máximo tribunal nacional aplicó el artículo 280 para rechazar la apertura del recurso, confirmando que la condena es efectiva e inapelable en instancias locales, sin que una eventual presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda suspender su ejecución. Aunque el letrado aclaró que profesionalmente no siente alegría por el encarcelamiento de ninguna persona, destacó un profundo sentimiento de deber cumplido como ciudadano: “Siento una satisfacción en el sentido de decir no nos equivocamos”, afirmó a Debate Abierto.
“Cuando todos miraban para otro lado, nosotros denunciamos. La mejor forma de esconder un elefante en la peatonal es poner mil elefantes; acá nadie hacía nada ni veía la corrupción. Un camino de once años marcado por mafias, amenazas y ofrecimientos”, enfatizó.
“El camino hasta este fallo definitivo estuvo plagado de hostigamientos y dilaciones institucionales”, reseñó.
Mulet rememoró que la denuncia original fue radicada el 22 de diciembre de 2015 por enriquecimiento ilícito. Pocas semanas después, en febrero de 2016, el estudio del doctor Paglioto fue asaltado en lo que describió como un claro mensaje mafioso: “Le revientan el estudio, entran y se llevan papeles y la foto de la hija, ese era el mensaje”, argumentó.
A lo largo de los once años de litigio, ambos denunciantes debieron convivir con amenazas de muerte en las rutas y rechazar sistemáticamente intentos de soborno mediante ofrecimientos de dinero y de cargos públicos para que detuvieran la acusación.
Mulet también apuntó contra los tiempos de la justicia entrerriana, señalando que la Procuración General, en aquel entonces bajo la conducción de García, demoró entre tres y cuatro años en imputar formalmente a Urribarri.
Asimismo, recordó el proceso de destitución de la fiscal Goyeneche por ocultar su sociedad comercial con el contador de la causa de los “contratos truchos”.
Condiciones de detención y el peligro inminente de fuga
Respecto al cumplimiento efectivo de las penas, el abogado penalista fue categórico en que Urribarri (de 67 años y en buen estado de salud) debe ser alojado en una unidad penal común. Aclaró que el beneficio de la prisión domiciliaria se contempla legalmente a partir de los 70 años o ante enfermedades terminales severas que no puedan ser tratadas en prisión. No obstante, por
cuestiones de seguridad física y psíquica, tanto el exmandatario como su cuñado Aguilera (condenado a 6 años y medio de prisión) deberán ser ubicados en pabellones especiales alejados de la población común, bajo un esquema similar al que se aplica con los miembros de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la mayor preocupación de Mulet en lo inmediato radica en la posibilidad de que los condenados evadan la acción de la justicia antes de ser trasladados a la Unidad Penal de Paraná. “Yo por lo pronto lo que haría es tener sumo cuidado en evitar que se profuguen. Cualquiera de ellos podría profugarse. Cruzas por la represa y estás en Uruguay”, advirtió, sugiriendo que la Jefatura Departamental de Policía y las autoridades de seguridad provincial deben establecer de inmediato una custodia de extrema inteligencia sobre los involucrados.
El rechazo a los juicios abreviados para los políticos
En el tramo final de su análisis, Mulet dejó una fuerte crítica a la política criminal vigente en la provincia de Entre Ríos, cuestionando con dureza el uso recurrente de los juicios abreviados para los funcionarios públicos acusados de corrupción.
Citó como ejemplo el caso del ex ministro Smaldone, quien evitó una pena de prisión efectiva mediante este mecanismo.
Para el abogado penalista, es indispensable que los ciudadanos observen el proceso de juzgamiento de manera abierta y transparente. “Lleve los juicios adelante, que la sociedad los vea sentados en el banquillo de los acusados, que vean cómo actúan los jueces, las pruebas de los fiscales y cómo se defienden. No hagan las cosas entre gallos y medianoche; la sociedad necesita ver que la justicia actúa”, concluyó, citando la máxima del jurisconsulto Ulpiano sobre el verdadero sentido de la justicia: “Dar a cada cual lo suyo”. (Fuente: Debate Abierto)