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El pedido de informe se fundó en la necesidad de “transparentar el destino y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos provinciales en un escenario de extrema fragilidad, colapso y tensión del sistema sanitario entrerriano”. Se trata del anuncio, el lunes 3 de agosto en CABA, de la firma de un convenio de cooperación con una ONG representada por el actor y conductor Gastón Pauls.
Las diputadas peronistas Silvia del Carmen Moreno, Lorena Arrozogaray, Silvina Deccó y Laura Stratta, presentaron este lunes un pedido de informes en el que se solicitó al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud informe sobre qué tipo de vínculo uniría al Gobierno entrerriano con la Organización No Gubernamental (ONG) “La Casa de la Cultura de la Calle”, que es representada por el actor y conductor, Gastón Pauls.
El pedido de informes solicitó que se informe “si existe convenio formal, acuerdo de cooperación, contrato o vínculo jurídico de cualquier naturaleza suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos —incluyendo ministerios, secretarías u organismos descentralizados— y Gastón Pauls, o en su defecto, con la organización no gubernamental asociada ‘La Casa de la Cultura de la Calle’ (u otra denominación jurídica afín), especificando fecha de rúbrica, vigencia, objetivos institucionales y alcance territorial de las acciones programadas”.
Moreno, la autora del pedido de informes, los fundamentó “en la imperiosa necesidad de transparentar el destino y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos provinciales en un escenario de extrema fragilidad, colapso y tensión del sistema sanitario entrerriano”. Añadió que “como representantes del pueblo, nos vemos obligados a contrastar de manera directa las prioridades de gasto del Poder Ejecutivo con la dolorosa realidad cotidiana que padecen nuestros hospitales, centros de atención primaria y sus trabajadores y trabajadoras”.
La diputada señaló que “el pasado lunes 3 de agosto de 2026, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó un acto en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(CABA) para anunciar con amplio despliegue mediático la firma de un convenio de cooperación con la organización no gubernamental ‘La Casa de la Cultura de la Calle’, representada por el actor y conductor Gastón Pauls”.
“Acción prioritaria”
En aquella línea expresó que “dicho acuerdo, enmarcado dentro de la iniciativa nacional denominada ‘25 Firmas’, fue catalogado por el oficialismo como una ‘acción prioritaria’ destinada a desplegar campañas de concientización, charlas motivacionales y capacitaciones en el territorio provincial”.
Sin embargo, la diputada entendió que “este anuncio de fuerte impacto comunicacional echa luz sobre una contradicción flagrante en la conducción de la salud pública entrerriana. Hace escasos días, mediante el Decreto Provincial Nº 2.130/26, el propio Poder Ejecutivo declaró la ‘Urgencia Sanitaria en Materia de Salud Mental’ en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos por el plazo de un año”.
Reconocimiento formal
Moreno destacó que en el texto de aquella norma, “el Estado reconoce formalmente el incremento sostenido de las consultas, la gravedad de los consumos problemáticos y el desborde operativo de los efectores públicos” y pero entendió que “la mencionada urgencia contrasta de manera alarmante con una notoria reticencia a destinar un presupuesto real, tangible y suficiente”.
Asimismo desarrolló que “las comunidades hospitalarias, los colegios profesionales y las organizaciones sindicales advierten a diario que las declaraciones de emergencia o en este caso de urgencia se convierten en meras cáscaras vacías o enunciados de prensa si no van acompañados de partidas financieras genuinas que refuercen las guardias, los insumos y la infraestructura básica”.
En aquel contexto cuestionó que “mientras el Gobierno Provincial centraliza su agenda en la contratación de figuras de la escena pública porteña para tercerizar la palabra y la prevención en eventos aislados, los verdaderos pilares de la salud mental en Entre Ríos atraviesan una situación de profunda precarización laboral y salarial”.
Adicionó que “los planteles de trabajadores y trabajadoras (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, administrativos y de servicios generales) en los hospitales públicos sostienen la trinchera sanitaria bajo condiciones de extrema vulnerabilidad: contratos de locación de servicios desactualizados, ingresos que no cubren la canasta básica total, sobrecarga horaria extrema y una falta estructural de insumos y recursos didácticos en los centros asistenciales de barrio”.
Para Moreno, la “desinversión real desplaza la contención de las crisis sociales e individuales sobre las espaldas de trabajadores desprotegidos, pauperizados y expuestos al desgaste psicofísico”, añadiendo que “esta asfixia sobre los ingresos se vuelve insostenible en el marco de la discusión paritaria provincial”.
Asimismo criticó que “el Poder Ejecutivo viene ofreciendo propuestas salariales sistemáticamente rechazadas por los gremios estatales, con incrementos que marchan muy por detrás de la inflación real y sumas fijas no remunerativas que devalúan el escalafón general”, mientras “se le niega una recomposición digna a los profesionales de la salud en las mesas de negociación paritaria, empujándolos al pluriempleo y al conflicto gremial permanente, el Estado provincial demuestra una llamativa celeridad presupuestaria para financiar contratos externos de visibilidad mediática”.
Moreno sostuvo que aquel “cuadro de desprotección institucional y salarial se ve drásticamente agravado por el impacto regresivo de la Reforma Previsional provincial recientemente aprobada por el oficialismo. Lejos de proteger a quienes cuidan de la salud de los entrerrianos, la nueva ley previsional ataca de forma generalizada los derechos de las y los trabajadores del Estado, pero se ensaña de manera particular y restrictiva con el personal de la salud mental”.
Fuente: APFDigital
Diputadas peronistas piden que el Gobierno dé precisiones sobre el tipo de vínculo que lo uniría con el actor Gastón Pauls
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El pedido de informe se fundó en la necesidad de “transparentar el destino y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos provinciales en un escenario de extrema fragilidad, colapso y tensión del sistema sanitario entrerriano”. Se trata del anuncio, el lunes 3 de agosto en CABA, de la firma de un convenio de cooperación con una ONG representada por el actor y conductor Gastón Pauls.
Las diputadas peronistas Silvia del Carmen Moreno, Lorena Arrozogaray, Silvina Deccó y Laura Stratta, presentaron este lunes un pedido de informes en el que se solicitó al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud informe sobre qué tipo de vínculo uniría al Gobierno entrerriano con la Organización No Gubernamental (ONG) “La Casa de la Cultura de la Calle”, que es representada por el actor y conductor, Gastón Pauls.
El pedido de informes solicitó que se informe “si existe convenio formal, acuerdo de cooperación, contrato o vínculo jurídico de cualquier naturaleza suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos —incluyendo ministerios, secretarías u organismos descentralizados— y Gastón Pauls, o en su defecto, con la organización no gubernamental asociada ‘La Casa de la Cultura de la Calle’ (u otra denominación jurídica afín), especificando fecha de rúbrica, vigencia, objetivos institucionales y alcance territorial de las acciones programadas”.
Moreno, la autora del pedido de informes, los fundamentó “en la imperiosa necesidad de transparentar el destino y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos provinciales en un escenario de extrema fragilidad, colapso y tensión del sistema sanitario entrerriano”. Añadió que “como representantes del pueblo, nos vemos obligados a contrastar de manera directa las prioridades de gasto del Poder Ejecutivo con la dolorosa realidad cotidiana que padecen nuestros hospitales, centros de atención primaria y sus trabajadores y trabajadoras”.
La diputada señaló que “el pasado lunes 3 de agosto de 2026, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó un acto en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(CABA) para anunciar con amplio despliegue mediático la firma de un convenio de cooperación con la organización no gubernamental ‘La Casa de la Cultura de la Calle’, representada por el actor y conductor Gastón Pauls”.
“Acción prioritaria”
En aquella línea expresó que “dicho acuerdo, enmarcado dentro de la iniciativa nacional denominada ‘25 Firmas’, fue catalogado por el oficialismo como una ‘acción prioritaria’ destinada a desplegar campañas de concientización, charlas motivacionales y capacitaciones en el territorio provincial”.
Sin embargo, la diputada entendió que “este anuncio de fuerte impacto comunicacional echa luz sobre una contradicción flagrante en la conducción de la salud pública entrerriana. Hace escasos días, mediante el Decreto Provincial Nº 2.130/26, el propio Poder Ejecutivo declaró la ‘Urgencia Sanitaria en Materia de Salud Mental’ en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos por el plazo de un año”.
Reconocimiento formal
Moreno destacó que en el texto de aquella norma, “el Estado reconoce formalmente el incremento sostenido de las consultas, la gravedad de los consumos problemáticos y el desborde operativo de los efectores públicos” y pero entendió que “la mencionada urgencia contrasta de manera alarmante con una notoria reticencia a destinar un presupuesto real, tangible y suficiente”.
Asimismo desarrolló que “las comunidades hospitalarias, los colegios profesionales y las organizaciones sindicales advierten a diario que las declaraciones de emergencia o en este caso de urgencia se convierten en meras cáscaras vacías o enunciados de prensa si no van acompañados de partidas financieras genuinas que refuercen las guardias, los insumos y la infraestructura básica”.
En aquel contexto cuestionó que “mientras el Gobierno Provincial centraliza su agenda en la contratación de figuras de la escena pública porteña para tercerizar la palabra y la prevención en eventos aislados, los verdaderos pilares de la salud mental en Entre Ríos atraviesan una situación de profunda precarización laboral y salarial”.
Adicionó que “los planteles de trabajadores y trabajadoras (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, administrativos y de servicios generales) en los hospitales públicos sostienen la trinchera sanitaria bajo condiciones de extrema vulnerabilidad: contratos de locación de servicios desactualizados, ingresos que no cubren la canasta básica total, sobrecarga horaria extrema y una falta estructural de insumos y recursos didácticos en los centros asistenciales de barrio”.
Para Moreno, la “desinversión real desplaza la contención de las crisis sociales e individuales sobre las espaldas de trabajadores desprotegidos, pauperizados y expuestos al desgaste psicofísico”, añadiendo que “esta asfixia sobre los ingresos se vuelve insostenible en el marco de la discusión paritaria provincial”.
Asimismo criticó que “el Poder Ejecutivo viene ofreciendo propuestas salariales sistemáticamente rechazadas por los gremios estatales, con incrementos que marchan muy por detrás de la inflación real y sumas fijas no remunerativas que devalúan el escalafón general”, mientras “se le niega una recomposición digna a los profesionales de la salud en las mesas de negociación paritaria, empujándolos al pluriempleo y al conflicto gremial permanente, el Estado provincial demuestra una llamativa celeridad presupuestaria para financiar contratos externos de visibilidad mediática”.
Moreno sostuvo que aquel “cuadro de desprotección institucional y salarial se ve drásticamente agravado por el impacto regresivo de la Reforma Previsional provincial recientemente aprobada por el oficialismo. Lejos de proteger a quienes cuidan de la salud de los entrerrianos, la nueva ley previsional ataca de forma generalizada los derechos de las y los trabajadores del Estado, pero se ensaña de manera particular y restrictiva con el personal de la salud mental”.
Fuente: APFDigital